El caso del programador sueco Ola Bini, quien se encuentra procesado en el Ecuador por un supuesto acceso no autorizado a un servidor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tiene una semana decisiva. Tras varias postergaciones se realizará la audiencia de juzgamiento en contra del extranjero.

El pasado 20 de octubre de 2021, la audiencia que se había previsto no pudo ser instalada, puesto que el gerente de la CNT, que actúa como acusador en este caso, se excusó de asistir, debido a compromisos previos en Cuenca. 

La audiencia de juzgamiento se ha convocado para este miércoles, pero también se ha informado que en esta ocasión no asistirá tampoco el gerente de CNT, quien ya ha anunciado que deberá ir su abogado. 

Por lo menos tres días tomará la audiencia en contra del programador sueco, que está previsto se realice los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de enero de 2022. Un tribunal compuesto por tres jueces deberá conocer el caso, luego de lo cual se decidirá si Ola Bini es condenado o no por el presunto delito por el cual ha sido investigado.

Proceso penal contra el perito de la defensa

Pero antes de que la audiencia se instale, la Fiscalía anunció la semana anterior que pidió se realice  una audiencia de  formulación de cargos en contra del perito Luis Fabián Hurtado, a quien ha investigado por un supuesto fraude procesal. El proceso está a cargo de la fiscal Claudia Romero. 

Hurtado es un perito informático que fue contratado por la defensa de Ola Bini para investigar el "pantallazo" que constituye la prueba reina de la Fiscalía. Tras lograr desbloquear el celular del sueco, un Iphone del que se negó a dar la contraseña, la Policía encontró en el dispositivo una captura de pantalla que muestra el acceso a un servidor de la CNT, que se ha convertido en la base de la acusación contra el programador.

El perito, en su informe, había descartado que el pantallazo sea, efectivamente, una prueba de que Ola Bini ingresó al sistema de la telefónica estatal, sino que simplemente se trataba de una captura de la pantalla de acceso. 

Luego de que el perito presentó su informe, el funcionario de la Fiscalía Carlos Bedón envió un oficio al coronel de Policía Álvaro Proaño, quien dirige la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía, para que se investigue si el perito había realizado el documento previo la realización de un sorteo. Según determinó la investigación, el perito no había sido sorteado para realizar ese reporte. 

El abogado de Ola Bini, Carlos Soria, explicó que en septiembre del 2019 y después haber hecho un informe pericial en el caso, la Policía allanó al perito Fabián Hurtado. Policías de asalto fuertemente armados irrumpieron en la casa del perito, en donde había dos menores de edad, para llevarse únicamente la computadora y el celular.

Según Soria, Hurtado es un perito acreditado en la Función Judicial, cuyo nombre fue encontrado en el listado público y al que la defensa del sueco pidió, por escrito, que le realice el peritaje. Soria sostiene que se puede elegir un perito acreditado y pedirle que realice un informe. "Esto es una persecución contra este pobre profesional que cometió el error de haber aceptado un pedido de la defensa técnica de Ola Bini", precisó Soria. 

El 5 de septiembre de 2019 se realizó el allanamiento del domicilio del perito informático Fabián Hurtado. Fuerzas de asalto de la Policía ingresaron fuertemente armadas de madrugada. 

Las preocupaciones de Amnistía Internacional

El proceso contra el perito motivó un pronunciamiento de Amnistía Internacional: “Amnistía Internacional evidenció interferencias indebidas del gobierno en el caso de Ola Bini. La manera violenta en que las autoridades han llevado a cabo este operativo parece tener la intención de intimidar a la defensa de Ola Bini y a quienes defienden el derecho a la privacidad y otros derechos digitales. Este hecho muestra una vez más que Ola Bini está en peligro de no obtener un juicio justo.”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, en 2019, como reacción al allanamiento. 

"Hurtado presentó el 30 de agosto de 2019 un informe técnico sobre la evidencia que la Fiscalía declaró haber extraído del celular de Bini. Un día antes la Fiscalía había reformulado la acusación original contra Ola Bini por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos” al delito de “acceso no consentido a un sistema informático”, recordó Amnistía Internacional sobre el caso del perito.

Para Soria, la Fiscalía busca amedrentar al perito que había puesto en duda que el "pantallazo" sea una verdadera prueba del delito por que se le acusa al programador sueco. "Han pasado más de 1.000 días y más de 100 violaciones al debido proceso y a pesar de ello aún guardamos la esperanza de que sea el derecho y la ley la que impere y no el interés político", dijo Soria, quien en su momento había responsabilizado del proceso contra Bini al gobierno de Lenin Moreno, pues tanto el ex presidente cuanto su ministra de Gobierno, María Paula Romo, hicieron declaraciones que marcaron el rumbo del proceso judicial. 

Las injerencias políticas y las declaraciones confusas de Romo y Moreno, quienes en su momento llegaron a suscribir la tesis de una conspiración de hackers internacionales operando desde el Ecuador, se produjeron en momentos en que el gobierno había decidido entregar a Gran Bretaña a Julián Assange, quien tras ser sacado de la Embajada del Ecuador en Londres fue llevado a una prisión en donde espera su extradición a Estados Unidos, país que lo acusa de espionaje. 

Dos años girando sobre lo mismo

Pero da la asombrosa cantidad de tiempo que los jueces que han manejado la causa se han demorado en tramitir el proceso, los hechos giran en torno a los mismos elementos, en especial, sobre el "pantallazo" en donde se evidencia que se pedía un usuario para ingresar y que al no haber llenado ese campo, se cerró la conexión con el servidor de CNT, que, se conoce, era un antiguo enlace interno que ya está fuera de uso. 

La víspera de que se le acabara el plazo para la instrucción, el  29 de agosto de 2019, el fiscal Fabián Chávez reformuló los cargos contra el sueco. La acusación es haber violado el artículo 234 del Código Penal, que consta en el apartado de los "delitos contra el buen vivir" y que consiste en el "acceso no consentido" a un sistema informático. El fiscal esgrime desde 2019 la teoría del "pantallazo". Una foto encontrada en el celular del sueco que evidenciaría, cree la Fiscalía, que Bini ingresó sin permiso a un servidor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) que permitía un enlace entre Petroecuador y la Senain en 2015.

Otra prueba del fiscal pretende también inculpar a Marco Argüello, un ingeniero de sistemas que trabajaba con Bini, y es un chat de Whatsapp, en el que el programador se comunica con Argüello y, supuestamente, le alerta sobre la vulnerabilidad de un sistema informático que la CNT había facilitado para realizar un enlace entre Petroecuador y la Secretaría de Inteligencia.

En el chat, Bini habría enviado una foto de la pantalla que veía, supuestamente advirtiendo a su socio, quien era contratista de la CNT, de lo antiguo del interfase y de lo vulnerable que resultaba. Al menos esta es la explicación que da la defensa.

La CNT, consultada por la Fiscalía al respecto, aseguró que el enlace existía, así como el equipo del Estado que lo facilitaba, pero no está segura de que haya habido algún tipo de acceso no autorizado del sueco o de otra persona a la conexión, ya desactivada, entre Petroecuador y la Senain. El enlace se realizaba por medio de un sistema llamado Telnet, una aplicación antigua que es considerada poco segura.

El experto internacional  Danny O’Brien, miembro de la Filecoin Foundation for the Decentralized Web y asesor especial de la Electronic Frontier Foundation (EFF),  consultado por el periodista Diego Cazar, explicó que "una imagen como la usada por CNT y la Fiscalía ecuatoriana no puede ser indicio del cometimiento de ningún delito informático. Más bien, “es una indicación de que alguien está haciendo el equivalente en Internet a mirar por una ventana, pero sin atravesarla. Miles de personas en todo el mundo hacen lo mismo todos los días para comprobar qué pasa con su conexión a Internet, para ver por qué su sitio web fue visitado por una computadora en particular, etcétera...”.

Por su parte, John Matherly, creador y fundador de Shodan, un motor de búsqueda diseñado para rastrear todas las direcciones IP públicas,  y también citado por Cazar, ubicó la IP del computador al que -según el Estado ecuatoriano- Ola Bini habría intentado acceder, y comprobó que no se trata de una red privada. “Esa IP estaba conectada a Internet en 2015 y Shodan tiene un registro de esa IP ejecutando un servicio Telnet en el puerto 23”, aseguró Matherly, a través de un correo electrónico.

"La respuesta de Shodan demuestra que CNT —la empresa pública de telecomunicaciones de Ecuador que posee datos de millones de clientes— usaba el servicio Telnet, considerado muy inseguro por la comunidad global de la seguridad digital" destaca Cazar.

El sueco arriesga entre tres y cinco años de cárcel, la misma pena del delito por el que se le investigaba originalmente. Tras pasar 70 días en la cárcel, el programador fue liberado y ahora se presenta cada viernes ante la Fiscalía.

Los chats con el entorno de Julián Assange 

También se conoció que en el expediente constan una serie de chats de Bini con algunos de los miembros del entorno de Julián Assange, en donde el sueco reporta contactos y gestiones con funcionarios de la Cancillería en la presidencia de Rafael Correa.

En alguno de los chats, inclusive, se lee que Bini habría hecho gestiones de cabildeos sobre el texto del nuevo Código Integral Penal, aprobado durante el correato. ¿Era el "embajador" de Assange y su organización en el país? Su defensa lo niega enfáticamente.

Estos chats provienen de un reporte entregado a la Fiscalía por Estados Unidos y que fue agregado al expediente. La Fiscalía había enviado al país del norte "copias espejo" del contenido de los dispositivos electrónicos de Bini, con el fin de que ahí puedan ser desencriptados.

Al parecer, Bini se comunicaba con el entorno de Assange por medio de una aplicación para chats encriptados, y habría mantenido contactos con Renata Ávila, abogada guatemalteca de Assange; Felicity Ruby, activista a favor de Assange; y el periodista y abogado Glenn Greenwald, también alguien muy cercano al australiano. Bini había admitido su amistad con Assange pero decía no conocer a los cuadros de su entorno. Esta polémica amistad, nuevamente, saldrá a la luz este miércoles, durante la audiencia contra el sueco.