Jesús Trabada Guijarro, administrador y propietario de Bustren PM, es un viejo conocido de la justicia española. En 2003, el político Francisco Granados, actualmente preso, lo nombró en la empresa pública Mintra, encargada de gestionar los planes de ampliación del metro de Madrid. En julio de 2011, fue destituido, pero con lo aprendido en el sector público, se convirtió en un empresario internacional de metros. 

El detalle no sería revelante a no ser porque Trabada y Granados serían socios en Bustren, una empresa que fue dueña del 60% del consorcio que gerenció el Metro de Quito. Este mismo personaje está bajo la lupa de la Audiencia Nacional, una corte de justicia de España, desde hace varios años, por pagos de sobornos para obtener contratos de obra pública en España y también en Rusia, así como por relaciones con políticos del Partido Popular (derechas) a los que financiaba.

A los supuestos sobornos se suma ahora el Metro de Quito, donde también trabajaron desde 2013, y habrían pagado hasta 1.2 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos para obtener el contrato, que, sostienen los fiscales españoles, estuvo amarrado desde el primer papel. 

Durante la construcción del Metro de Quito,  y por pedido de los financistas internacionales de la obra de transporte, que aún no funciona aunque ya está terminada, la empresa a cargo debió implementar una gerencia del proyecto,  que fue adjudicada a un consorcio conformado por Bustren, la empresa de Trabada, y Prointec, otra firma española con sede en Madrid.

Los dos contratos del Consorcio español con el Metro de Quito 

El consorcio GMQ se comprometió con el Metro de Quito a entregar 40 productos de consultoría, entre el 31 de enero de 2014 y el 28 de abril de 2017. El contrato fue firmado por Edgar Jácome Zambrano, en ese momento gerente de la Empresa Metro de Quito, autorizado por el ex alcalde Augusto Barrera, y por Patrick Barrera, procurador del consorcio. El contrato continuó durante la gestión de Mauricio Rodas. La forma de pago fue establecida de esta forma: el 30% a la firma del contrato y el resto contra entrega de cada uno de los 40 informes de consultoría. Cada informe fue pagado a razón de USD 384 mil.

El contrato original, con una duración de 45 meses, incluyó una serie de gestiones de consultoría, que serán presentadas por el consorcio GMQ conformado por Bustren, aunque el nombre de la empresa española no aparece en el documento. Según el contrato, los participantes del consorcio GMQ son KV consultores de ingeniería y Prointec.

Documentos de acceso público evidencian que el Metro de Quito realizó una licitación para esta servicio de gerencia del proyecto, que fue adjudicado al consorcio español por USD 15'356.104. Esto ocurrió durante la alcaldía de Augusto Barrera (Alianza PAÍS). A eso hay que sumar un contrato adicional de 2015, lo que significa que el consorcio español tuvo realmente dos contratos en Quito.

El ex gerente de Metro de Quito, Mauricio Anderson, le dijo a PLANV que era indispensable la contratación, pues no hay en el país expertos en trenes subterráneos y fue un pedido de los financistas internacionales. Anderson precisó que el Metro tenía dos gerencias: una que se encargaba de la obra física y otra de las instalaciones y los trenes, y que el papel de los asesores españoles era clave, pues mucho del trazado original del Metro había tenido que ser replanteado.

La contratación se realizó por pedido de los financistas del proyecto, explicó el ex gerente. Anderson agregó que los bancos multilaterales pusieron como condición contractual que se debía contratar una gerencia de proyecto, aunque deslinda cualquier responsabilidad sobre el contrato original de 2014. 

Según explicó Anderson a este portal en 2017, la gerencia del proyecto se realizaba en gran medida desde Madrid, en las oficinas del consorcio liberado por Bustren, y era un aporte indispensable debido a la complejidad de la obra del Metro quiteño.

El ex ejecutivo precisó, en un nuevo diálogo con ese portal en 2022, que se hizo una ampliación del contrato por USD 4.3 millones en 2015, en su administración, con el mismo consorcio, para realizar optimizaciones al diseño de ingeniería que había hecho Metro de Madrid.

Anderson precisó que la decisión se informó al ex alcalde Mauricio Rodas, al Directorio del Metro y a los bancos que financiaban la obra. La optimización de los diseños de ingeniería produjo "ahorros sustanciales" en la obra del Metro que no afectaron la calidad, indicó Anderson, quien destaca que el impacto de las optimizaciones en el presupuesto generaron ahorros en la construcción, que pudieron alcanzar hasta USD 120 millones. Anderson afirma que hasta octubre de 2018, cuando salió de su cargo, el consorcio español continuaba en la gerencia del contrato. 

De su lado, Anderson sostuvo también que no conoce ni ha hablado con Jesús Trabada, aunque admitió que Juan Pablo Alonso, quien según su ficha en la web de Bustren es un arquitecto "especialista en dirección, diseño, ejecución y gestión de Infraestructuras de Transporte Público, especialmente ferroviarias en el ámbito urbano" sí había visitado el proyecto en el Ecuador.

Anderson reiteró que Juan Pablo Alonso era el director técnico del consorcio GMQ y que el segundo contrato  de 2015 fue firmado con él.

La página web de Bustren evidenciaba su participación en el Metro de Quito y en el de Moscú, Rusia, así como en otros trenes subterráneos en Lima, Medellín y Buenos Aires.

Los cuestionamientos a Bustren se extienden no solo a su país, donde se investiga un presunto esquema de sobornos, sino también a Rusia. Así, según medios españoles, como en Rusia no podía concursar una empresa española, crearon otra sociedad pantalla dependiente de Bustren pero dirigida por un ruso que fue colocado en el cargo por el  propio vicealcalde de Moscú, municipio que contrataba la obra.

Nueva denuncia en España

Las oficinas del Metro fueron allanadas en 2017, durante la gestión de Mauricio Rodas, luego de que la ex asambleísta del correísmo, María José Carrión, denunciara supuestos viajes del ex alcalde al Brasil y se insinuara una posible conexión con el caso Odebrecht. Tras la consabida incautación de computadoras y papeles, la denuncia fue desechada por la Fiscalía y no se investigó la conexión española. 
La Fiscalía allanó el Metro de Quito pero la indagatoria no condujo a nada.  Foto: Fiscalía. Archivo

Pero Trabada y Bustren volvieron a estar en la mira de la justicia este 5 de abril cuando el juez Alejandro Abascal de la Audiencia Nacional de España, fijo fecha para los próximos 3, 4 y 5 de mayo para imputar a nueve acusados por el supuesto pago de sobornos en el contrato de gerencia del Metro de Quito. 

La Fiscalía Anticorrupción española presentó ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1 una denuncia sobre este contrato y los supuestos sobornos que se habrían pagado. Aunque el monto original fue de 15 millones, se firmó un adendum por cinco millones más, por lo que alcanzó los USD 20 millones. 

Los indicios de los fiscales españoles apuntan a que  los sobornos se disimulaban como pagos a terceros por la prestación de servicios y se dividieron en pagos más pequeños para pasar inadvertidos. Se pagó una cuota inicial de USD 300 mil y luego se desembolsó hasta 24 cuotas de USD 35 mil, dicen los fiscales españoles. Uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, quien fue cónsul honorario del Ecuador en Madrid, era quien al parecer recibía los pagos, pero al momento no se ha revelado en la acusación qué funcionarios ecuatorianos pudieron haber recibido los sobornos, y cual sería su grado de vinculación con la toma de decisiones en el Municipio de Quito y la empresa Metro de Quito. 

Jesús Miguel Trababa, a quien ya se acusó en el llamado caso Púnica de usar su cargo en el Metro de Madrid para beneficiarse luego como empresario privado de Bustren, podría haber obtenido información del Metro de Quito por su condición y haber logrado acceso al ex alcalde Augusto Barrera, cree la Fiscalía ibérica. 

Según el fiscal español Luis Rodríguez Sol, el consorcio que Trabada montó en Ecuador para conseguir ese contrato pagó sobornos incluso en la fase previa de la licitación, y hasta el pliego del concurso habría estado ya amañado a favor de los españoles. El fiscal cree que la comisión técnica del Metro estuvo tan involucrada que el concurso fue direccionado para que lo gane el consorcio que manejaba Trabada desde Madrid. Ante el fiscal, uno de los informantes dijo que llegó a Quito con una maleta para los sobornos que tenía que distribuir.

La Fiscalía ecuatoriana no se ha pronunciado sobre estos hechos, aunque la actual administración del Metro dijo que le fue solicitada información al respecto de este caso que ya entregó.

 COMUNICADO OFICIAL

En relación con el supuesto pago de sobornos hace nueve años investigado por la Fiscalía de España, la administración actual del Metro de Quito se mantiene atenta para facilitar toda la información que se requiera en la investigación.#IniciaElViaje pic.twitter.com/RwMYELqjtY

— MetrodeQuito (@MetrodeQuito) April 7, 2022