Marlon Carrera, abogado del Ministerio de Vivienda (Miduvi), decidió pararse para defender a su representada acusada de afectar derechos de los habitantes de Socio Vivienda. Vestido con un terno oscuro y camisa blanca, dejó por un momento su asiento de la sala de audiencias de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Guayas para “demostrar” con documentos que aquello no era verdad. Pero casi no se lo pudo ver pues se salía del cuadro de la cámara. Era una audiencia virtual.

Esta mañana, 13 de enero, se desarrolló la audiencia de protección contra el Miduvi y Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Este pedido lo hicieron representantes de las familias de este sector, ubicado en el noroeste de Guayaquil, en una de las zonas más pobres de la ciudad.

La audiencia duró casi tres horas. Al final, el juez Humberto Barzola negó la acción de protección.

El proyecto Socio Vivienda ha sido un conflicto casi ignorado. Pero afecta a más de 7.000 personas, según denuncias que han llegado a instancias judiciales. Las principales perjudicadas -dicen los testimonios- son madres solteras, viudas o jefas de hogar pobres de Guayaquil. Reclaman por sus derechos a ser propietarios de las casas donde fueron reubicadas, una promesa que les hizo el gobierno de Rafael Correa.

El problema arrancó en 2010 cuando se inició el proyecto Guayaquil Ecológico. Su objetivo era recuperar la biodiversidad y la estructura boscosa del Estero Salado, impactado por los asentamientos irregulares. Quienes habitaban allí, sobre todo familias de escasos recursos, fueron reasentados en el proyecto Socio Vivienda para mejorar sus condiciones. Aunque no todos. Hubo más censados, 8.175 familias, que reasentados en los Socio Vivienda N1, N2 y N3: 4.408, según datos divulgados hoy por el abogado del Miduvi.

Pero uno de los principales ofrecimientos del Gobierno fue subsidiar las casas que prometían ser dignas para estas poblaciones empobrecidas. Cuando se dio el reasentamiento, muchas veces en contra de la voluntad, apareció el ‘copago’. Esta es una figura a través de la cual se ha cobrado o se pretende cobrar 900 dólares a los beneficiarios por sus viviendas. Carrera afirmó que ese monto es por el valor del terreno. A algunos les descontaron 15 dólares durante 5 años del Bono de Desarrollo Humano y otros se niegan a pagar. De los datos que obtuvo el Comité Permanente por los DDHH, a través de una acción de acceso a la información pública, solo 449 familias han hecho el copago en Socio Vivienda N1 y N2. Pero de ellos, solo 20 han obtenido su título de propiedad. En otras palabras, estos habitantes se han quedado en un limbo y sin acceso a una escritura.

Los demandantes rechazan el copago porque aseguran que nunca se les informó. Roxana Bravo, representante de la Defensoría del Pueblo, recordó que son personas de pobreza extrema y que esos costos pueden comprometer otras necesidades como la salud o educación.

El Miduvi estima en 3,9 millones los valores que quiere recuperar. Para su respaldo, el abogado Cabrera llevó documentos. Leyó un acta de compromiso de una beneficiaria que firmó el papel con su huella. “Acepto el derrocamiento de mi vivienda por encontrarse 150 metros” en la franja ecológica. También llevó testigos para demostrar que el Miduvi sí ‘socializó’ el copago durante la administración de Correa. Uno de ellos, sin desprenderse de su mochila, enseñaba a la cámara una carpeta donde dijo estaba la escritura de su casa. Un segundo habitante afirmó que nunca ha existido desalojos por la falta del copago sino por “venta de drogas”.

Los afectados han realizado plantones y protestas. Este jueves se reunieron en una cancha deportiva para ver la audiencia. La gran mayoría de los reubicados no tiene los título de propiedad de sus casas.

El testigo del Miduvi se refirió a las denuncias sobre allanamientos de las casas por no cancelar el copago. Billy Navarrete, del Comité Permanente de DDHH, contó que esos ingresos se dan cuando no hay habitantes en las casas. El Miduvi, sostuvo, rompe las seguridades y se lleva los enseres. Citó el caso de Lino Márquez, un artesano que trabaja todo el día y es el único habitante de la casa. “En Socio Vivienda los casos abundan”.

“Usted no es un reubicado”, contestó Karina Luna, una de las demandantes, al testigo del Miduvi. Ella y otros afectados siguieron la audiencia desde una cancha deportiva de Socio Vivienda 2. Fue la única que pudo dar su testimonio en la diligencia. En 2012, Luna fue la última persona que salió de su sector, una hilera de casas a espalda del Estero Salado. Contó que se negaba a ir porque -con una hija con una discapacidad- el cambio era para ella cuesta arriba, trabajaba en ese sector y porque le había costado construir su casa.

Hasta que, en 2013, una máquina grande “puso su uña” en el techo de su vivienda para derrumbarla. “Solo me dijeron: ‘firme, firme’”, dijo Luna al recordar cómo le hicieron firmar un documento que no le dejaron leer. Solo le entregaron el recibo de la luz. En Socio Vivienda, cuando abrió la puerta de la casa donde fue reubicada, esta había sido saqueada. No tenía cableado de luz ni tasa para el baño. Después, le quitaron el Bono de Desarrollo Humano porque le dijeron que había salido de la pobreza. “Una vez que me dieron casa, me hice millonaria”, ironizó Luna. Ahora se niega al copago. “A nosotros nos dijeron que no debíamos cancelar nada porque íbamos a pagar un bien por otro bien”.

Pero si en algo se esmeró el abogado en la audiencia fue tratar de eliminar la palabra ‘desalojo’. Aunque los hechos ocurrieron hace una década, el jurista defendió las acciones de la administración de Correa. Esto fue más evidente cuando se refirió a Jorge Estrella Benavides, un exfuncionario del Miduvi que presentó un amicus curiae en respaldo de las demandantes.

Estrella fue asesor de despacho de María Duarte -exministra de Vivienda y sentenciada en el caso Sobornos- y secretario técnico de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. También participó en los proyectos del Miduvi de 2010 cuando era parte de la Unidad de Análisis Político de la Presidencia de la República. Según dijo en la audiencia, desde allí se diseñó la política pública para Socio Vivienda, sobre todo para Socio Vivienda 1, un proyecto distinto al de Socio Vivienda 2. En el N. 1 se planteó el ahorro y crédito para las casas y ahí se estableció la figura del copago. En el N.2 fue diferente porque allí hubo un reasentamiento involuntario. “La gente no iba a las buenas, ni acordado, simplemente ‘sales de aquí y te vas a Socio Vivienda o te quedas sin nada”, explicó.

El exfuncionario agregó que este proyecto, el N.2, fue ampliado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 71 millones de dólares. El Miduvi colocó 4 millones. Recordó el desalojo del 2016 también del Estero Salado, que “nos ocasionó al Miduvi problemas y que tuvimos construir un espacio en Monte Sinaí para reubicar a 33 familias, que fueron desalojadas inconsultamente por la Secretaría al mando de Julio César Quiñónez”.

Estrella explicó que en Socio Vivienda 2, el modelo a seguir era “el cambio de casa por casa”.  Es decir, muchos de los reubicados en ese proyecto tenían escrituras en lo que hoy es el parque lineal en la Isla Trinitaria, sector aledaño al Estero Salado. Hubo un intento de legalización en el 2015. “Pero hubo errores por parte del Miduvi y del Estado al haber construido ese tramo sin permisos municipales y eso dificultó la legalización”. Otro problema fue haber realizado la reubicación sin que exista “equipamiento social”. Eso convirtió a ese sector -dijo- en un gran gueto, al que otros reubicados no fueron a vivir en esa zona por el temor a la delincuencia. “El Miduvi en lugar de garantizar la seguridad de esos moradores, hacía desalojos forzosos”.

“¿Quién socializó el copago antes de ejecutar la reubicación?”, preguntó Fernando Bastias, otro abogado de los demandantes. Insistió que en este caso hay dos derechos vulnerados: la seguridad jurídica y el derecho a la vivienda. “Sin títulos no tienen vivienda y por lo tanto no tienen derechos”, enfatizó Bastias.

Fernando Bastias, uno de los abogados de los afectados, sostuvo que los derechos de sus defendidos a la vivienda y a la seguridad jurídica fueron vulnerados.

Pero el juez constitucional Humberto Barzola negó el pedido por considerar que la acción de protección no era la vía adecuada para el reclamo. Pero los habitantes de Socio Vivienda impugnarán la sentencia porque necesitan una respuesta a esta política, que lleva más de una década, y a la que llaman inconsulta y arbitraria.