Poco más de un año después de haber asumido la presidencia de la Asamblea Nacional, en el marco de un pacto entre Pachakutik y el oficialismo, Guadalupe Llori, ex prefecta de Orellana, dejó el cargo.

Le sucede Virgilio Saquicela, asambleísta por Cañar y quien ocupaba la primera vicepresidencia. De momento,  no se habló de más cambios, ni de la estructura del Consejo de Administración de la Legislatura, ante cuyo miembro más polémico, el correísta Ronny Aleaga, juró Saquicela su cargo en el hemiciclo, ni de los presidentes de las comisiones, aunque no se puede descartar que también se intente en las próximas semanas. 

Durante varios meses, la Asamblea se vio envuelta en un conflicto propiciado por la oposición, sobre todo desde el Partido Social Cristiano y el correísmo, para sacar a Llori del cargo. Su gestión, marcada por la polémica, provocó la ruptura del bloque de Pachakutik, en donde varios legisladores se declararon rebeldes, a pesar de lo que cual la cúpula del movimiento indígena, encabezada por Salvador Quishpe y Marlon Santi, defendió hasta el último a Llori, asegurando que buscaban conservar el "espacio" de la presidencia para su formación política.

Virgilio Saquicela es un político de Cañar que llegó a la Asamblea con la Democracia Sí de Gustavo Larrea. Es abogado, de Azogues, y tiene 50 años.  Pero también tiene nexos con el CREO de Guillermo Lasso, partido con el que fue alcalde de la capital de Cañar entre 2014 y 2019. En 2019 intentó la reelección, pero fracasó. Es para la Asamblea que se acercó a Gustavo Larrea, el principal líder de Democracia Sí, con el que logró una curul. Saquicela se había mantenido en el bloque cercano al Gobierno, pero cuando la presidencia de Llori se volvió insostenible, apareció públicamente en una protesta del PSC y UNES en el hemiciclo legislativo y tomó distancia de la amazónica. 

Virgilio Saquicela tiene 50 años y es de Azogues.  Foto: Asamblea Nacional

La tarde de los 81 

El informe de la Comisión Ad Hoc, que tiene más de 80 páginas, fue leído en la tarde de hoy en la sesión 772 de la Asamblea, luego de que el PSC mocionara que el informe sea conocido. Esto, a pesar de que un juez de Pichincha dictó medidas cautelares a favor de Guadalupe Llori y el movimiento Pachakutik, que reclamaron que no se les permitió integrar la Comisión. Peter Calo, un asambleísta indígena de Cotopaxi, pero distanciado del movimiento indígena, fue quien integró la Comisión, aunque no contó con la venía la dirigencia indígena. 

Según las medidas cautelares de la justicia de Pichincha, como Pachakutik no participó, entonces se debía conformar una nueva comisión y, sobretodo, no conocer el informe. Pero por lo menos 81 legisladores (se necesitaban solo 70) decidieron no hacerle caso al juez de Pichincha que dictó las medidas.

Los argumentos para no hacerlo fueron expuestos en el debate por Esteban Torres (PSC) y Marcela Holguín (UNES). Ya en el pasado, dijeron ambos durante el debate, el intento de un ex asambleísta de CREO, Fausto Villamar, de parar su destitución con medidas cautelares judiciales fue desconocido por la Asamblea y nada pasó. Entonces, destacaron, se alegó la independencia de funciones y el hecho de que los jueces no pueden intervenir en otro poder del Estado como es el Legislativo. 

De esta forma, los 81 legisladores se encaminaron a no hacerle caso al juez. Bruno Segovia, ex Pachakutik que fue abogado de Yaku Pérez, advirtió que uno o varios "jueces de bolsillo" podría proceder en contra de los legisladores por no acatar la sentencia del magistrado. Advirtió que con un Gobierno que controla la Judicatura, se podría intentar destituir a los legisladores de oposición. Pero, a pesar de ello, decidió sumarse, dijo, por la dignidad de la Asamblea. 

Según el informe, Llori nunca compareció ante la Comisión, por lo que se la consideró en rebeldía. Y siguió en esa línea, pues la política, cuya religiosidad excesiva y misticismo insistente fueron señalados por sus colegas, prefirió no asistir.

No se defendió de las acusaciones de un Esteban Torres que recurrió a una anécdota de la antigua Roma sobre lo transitorio del poder político, mientras reiteró que la gestión de Llori impedía el trabajo legislativo no solo en lo político, ante su evidente falta de respaldo, sino también en lo administrativo, pues la ex presidenta, para blindarse, se atrincheró en su despacho sin convocar a los plenos legislativos y sin enfrentar a sus rivales.

Quishpe dice que la sacan por "runa"

Además de Llori, estuvieron ausentes los oficialistas de CREO y el BAN, su bloque satélite, por lo que la defensa de Llori estuvo a cargo de un Salvador Quishpe que no dudó en denunciar que los sacaban de la Presidencia por ser indígenas. O "runas", como señaló en varias ocasiones, mientras les encaraba a los correístas sus atropellos y corruptelas del pasado, lo que los aludidos intentaban evitar a gritos.

Para Quishpe, más que defender a Llori, se estaba defendiendo la lucha de "500 años" de los indígenas y por ello, cuando le cuestionaron los correístas que solo estaba siendo funcional a Lasso, no dudó en tachar de "derechoso" al Gobierno. 

Pamela Aguirre del correísmo arremetió contra Quishpe, a quien acusó de "poncho dorado" que se ha hecho rico en la política, mientras defendía el informe. El propio Peter Calo, con poncho rojo de Cotopaxi, y Lucía Placencia, lojana y ex ID, que conformaron la Comisión, defendieron su trabajo y sus conclusiones. 

Pero tanto el PSC cuando UNES denunciaron la presencia en el Palacio Legislativo de la Policía Judicial (no aclararon detrás de cuál delito estaban los uniformados) y amenazas de apagar el sistema de voto electrónico que, al final, funcionó perfectamente. 

Escoltado por correístas y socialcristianos, Saquicela tomó posesión del despacho del presidente en el Palacio Legislativo. Foto: Asamblea Nacional

Saquicela ofrece poner el acelerador 

Tras el cierre del debate, Saquicela mandó a votar, y los mismos 81 votos marcaron el fin de la gestión de Llori. El ex alcalde de Azogues juró su cargo y enseguida, anunció destrabar el trabajo legislativo, con el debate el viernes del proyecto de Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, que contiene disposiciones para blindar a los policías y militares, un debate que la cerril gestión de Llori tenía paralizado. Además, anunció reuniones con los jefes de bloque y con los presidentes de las comisiones, a los que al parecer, aún no tienen la intención de cambiar. 

Saquicela habló también del diálogo político con el Gobierno y de una nueva dinámica legislativa que permita destrabar el funcionamiento de las comisiones, Y, a diferencia de Llori, ni hizo referencia a su biografía, ni a su piedad religiosa.

El nuevo presidente llega con el apoyo de la oposición, pero sus nexos en el pasado con CREO y su cercanía con Gustavo Larrea pueden permitir anticipar una nueva dinámica en la Asamblea, que sin duda tendrá mucho más de gestión y diálogo político que el apagar las luces y micrófonos que marcó la era de Llori. 

Siga la sesión en este hilo:

Por lo menos 81 legisladores votaron a favor de leer el informe que recomienda la destitución de Guadalupe Llori, a pesar de una disposición judicial que lo prohíbe. @revistaPlanV @pichondedino

— Fermín Antonio Vaca (@FerminVaca) May 31, 2022