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17 de Julio del 2023
Historias
Lectura: 19 minutos
17 de Julio del 2023
Pocho Álvarez

Cineasta.

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El presidente, Guillermo Lasso, durante la firma del Reglamento de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, que permitirá a Ecuador contar con mecanismos para atraer la inversión extranjera en producción audiovisual, implementar proyectos encaminados a fortalecer la industria digital, la innovación y brindar beneficios como la exoneración de tributos. Además de este reglamento, el Presidente firmó el decreto de restitución del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), que potenciará el fomento a la industria cinematográfica nacional y posicionará al país como un destino de interés para producir cine de calidad. Fotos: Bolívar Parra y Jonathan Miranda. Presidencia de la República

 

Sostengo y sostendré siempre que la única posibilidad de tener un mañana cierto, con certeza institucional, es recuperando el espacio perdido, el espacio propio, la Ley de Cine, marco jurídico que nos garantizará institucionalidad y sostenibilidad frente al Estado y los gobiernos de turno, sus interpretaciones y apetitos.


En 8 ½, la película, Federico Fellini quería trasmitir, según relatan algunos críticos, los tres niveles en los que vive la mente humana: el pasado, el presente y el condicional, es decir, el reino de la fantasía.

En Ochoymedio, la sala, el presidente del Ecuador, pidió prestada la emblemática pantalla de cine de la Floresta de Quito para, el miércoles 5 de julio, suscribir los decretos N.° 812 y 813: restitución del ICCA —Instituto de Cine y Creación Audiovisual— y el Reglamento de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, respectivamente.

En el estreno de los decretos Lasso Mendoza mostró que su pluma fuente hace realidad la fantasía de transformar el ayer en un presente cargado de mañanas. El momento mismo de rayarla, su firma desvaneció 1141 días de la matemática del decreto 1039 del gobierno de Moreno, una suma que restó —ICCA+IFAIC=IFCI—, una operación de siglas y letras que licuó la institucionalidad de la política pública para la cultura y el arte, la llamada LOAC, Ley Orgánica de Cultura, y alteró por más de dos años la estructura misma del Ministerio de Cultura.

Con la proyección de estos decretos, en sala cinematográfica propia, aprehendimos —una vez más— que solo en el Ecuador político nos damos el lujo de errar y persistir en el error para luego enmendar y hacer cuenta nueva, borrar el tiempo y su memoria, sin siquiera una reflexión por delante del calendario perdido, los recursos desperdiciados y el daño producido.

Los cineastas y el presidente Lasso, así como varios ministros, participaron del acto de la firma de los decretos.. Foto: Bolívar Parra-Presidencia de la República

La desmemoria y el discurso

Así de sorprendente es nuestra conducta oficial. El Presidente en su discurso ceremonial,  no solo que  confundió el objetivo del ICCA,  de ser instituto para el fomento del cine, convirtiéndolo en  instituto de formación de  “…camarógrafos, iluminadores, escenógrafos, vestuaristas; además de directores, guionistas, productores y otras necesidades del séptimo arte”, penosa confusión que dejó al descubierto no solo el pobre  conocimiento y consideración que el poder guarda respecto del arte,  la cultura y sus actores, sino que además él y los discursos de sus ministros en escenario de séptimo arte, nos develaron eso que los escritores llaman las entrelíneas, los subtextos, los otros niveles de la escritura. Esos ciertos ocultos de la realidad que no se quiere ver.

Una ministra de Cultura desmemoriada, limitada al adulo en análisis, no comprendió lo que la restitución significa y dijo en modo reflexión en la presentación y en su página twitter que: “La restitución del Instituto de Cine y Creación Audiovisual es un hito para la institucionalidad del fomento a estos sectores…”. Me pregunto, ¿sabrán la ministra y los acólitos del hito su significado? 
De las 10 acepciones de la RAE (Real Academia Española) me permito citar dos:

• “Mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para indicar la dirección o la distancia en los caminos o para delimitar terrenos”.

• “Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto”.

La ministra de Cultura, María Elena Machuca, durante su intervención en el cine Ochoymedio

Si ella sabía que la restitución del ICCA es una señal que direcciona, un hecho clave y fundamental para un ámbito o contexto, me pregunto ¿por qué calló 772 días? ¿Por qué demoró más de 110 semanas en decir algo al respecto? ¿Por qué no apoyó desde el comienzo de su gestión, hace más de dos años, el reclamo público de los cineastas, la demanda de inconstitucionalidad que la “Coordinadora del Cine y el Audiovisual Ecuador” presentó a la Corte Constitucional? ¿Por qué no convocó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su titular a apoyar esta demanda? ¿Por qué los dos titulares y las dos instituciones públicas, referentes del quehacer público para el arte y la cultura, no dialogaron y guardaron el mismo silencio cementerio respecto de esta realidad? ¿Será que para sus agendas personales y el quehacer institucional, no conviene incorporar las demandas de este sector del arte?

Junto a ello y como contagio interinstitucional, la Corte Constitucional hizo lo propio, copió la misma conducta y jamás atendió la demanda de los cineastas. Pregunto, ¿por qué esa alta instancia de justicia del Estado multiplicó el silencio como respuesta a un reclamo respetuoso que usó los mecanismos públicos que dispone la ley?

El lobby como camino

El decreto de Moreno y los ofrecimientos de mercader de feria del diseñador, creador, promotor y primer director del IFCI, prometiendo las bondades de la nueva institucionalidad como marca de exportación “Ecuadorcine, Ecuadormúsica, Ecuadorlibro, Ecuadorteatro, Ecuadorarte” , fue un impacto que afectó de manera singular al cine y sus actores. Al fusionar las instituciones, el decreto cambió la organicidad de la política pública para el sector, y —con gestor propio— su oferta, sedujo, alborotó y fomentó la división del débil y fraccionado escenario de sus organizaciones, que optaron como respuesta transitar por dos caminos distintos. El lobby directo con el poder político del Estado, liderado por la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (COPAE) y la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Coordinadora del Cine y Audiovisual Ecuador (CAE).

De este andar de 37 meses y 27 días, lo único que nos queda como acción efectiva para el quehacer público es el lobby como método. Sin lobby y sin padrino, el reclamo o la gestión es inoficiosa. Estamos sometidos, como sociedad civil, a un ejercicio clientelar que traduce un país desinstitucionalizado, que funciona no por la fortaleza de su organización, sus leyes, el respeto al orden, el vigor de sus instituciones públicas y la eficiencia en el debido proceso, sino por la cercanía, oportunidad y constancia del lobby y sus padrinos con el poder político.

Por ello me atrevo a pensar que Lasso se vistió de gala en modo 8 ½, para mostrarnos justamente eso: la dimensión cinematográfica de su poder. Una dimensión que puede conjugar calendarios y hacer del presente un ayer, un ahora cierto, con la sola voluntad de su firma como autoridad competente y sensible a las propuestas de sus conocidos, admitidos como cercanos. Porque para el poder, cabilderos y padrinos, el pasado y el presente son el único tiempo que cuenta.

El condicional de la dimensión de Fellini —la fantasía, el mañana— es propiedad de la voluntad, el humor y empatía, la comprensión y ganas del que vendrá a ser poder.  Por ello sostengo que la restitución del ICCA no es más que el regreso a un ayer que pretende ser mañana y su “permanencia” dependerá del poder de turno. Si ya una vez vaciaron su institucionalidad, seguro volverán a hacerlo cuando sus intereses lo adviertan y lo necesiten.

Parte del foro en la sala principal del cine Ochoymedio, durante el acto oficial. 

El espacio propio, la Ley de Cine

Sostengo y sostendré siempre que la única posibilidad de tener un mañana cierto, con certeza institucional, es recuperando el espacio perdido, el espacio propio, la Ley de Cine, marco jurídico que nos garantizará institucionalidad y sostenibilidad frente al Estado y los gobiernos de turno, sus interpretaciones y apetitos.

Este derecho ganado, desde mucho antes de que existieran el Ministerio de Cultura y su Ley, desde antes de la aprobación de la Ley de Cultura que significó para el cine la extinción de su marco jurídico, ruptura del principio de progresividad de la ley, erosión regresiva en derechos, imposibilidad de participar en el diseño, planificación y toma de decisiones sobre las políticas públicas para el cine y en todo este proceso de restitución del ICCA, la ley de cine —como derecho ganado en una lucha de más de treinta años— ha sido un olvido.

Nunca en todo este tiempo las organizaciones se plantearon restituir la Ley de Cine, aunque no fuera sino por evocación o recuerdo. Poco o nada interesó e interesa a los cineastas pensar en organizarnos en torno a la reconstrucción de nuestro marco legal. Consideran al ICCA como el hito en la historia del cine equinoccial cuando la plataforma histórica, que estableció el antes y el después de la actividad cinematográfica del Ecuador, fue la Ley de Cine.

En esta lógica de silencio y desmemoria, al nosotros de los llamados gestores culturales no nos interesa saber el efecto de los fondos concursables, su impacto en el quehacer del arte y sus disciplinas artísticas, en los artistas, sus organizaciones y comunidades. Consideramos ocioso evaluar el camino hecho, al igual que sostener una visión crítica respecto del manejo de los fondos concursables que, en el caso de la convocatoria del IFCI 2022 para el cine, fue de vergüenza… Un silencio que calla y otorga porque lo único que interesa son los fondos y su monto.

La restitución demanda una evaluación crítica desde su origen: la Ley Orgánica de Cultura, su arquitectura y reglamento, el quehacer institucional del Ministerio y la Casa de la Cultura, un matrimonio a la fuerza que multiplica ausencia. Un no diálogo como quehacer institucional que genera vacío.

La restitución demanda una evaluación crítica desde su origen: la Ley Orgánica de Cultura, su arquitectura y reglamento, el quehacer institucional del Ministerio y la Casa de la Cultura, un matrimonio a la fuerza que multiplica ausencia. Un no diálogo como quehacer institucional que genera vacío.

Los pronombres del fomento…

Aprobada en los descuentos del gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado y reglamentada en el apuro del tiempo récord de su ministro de Cultura, encargado, Andrés David Aráuz Galarza, la Ley de Cultura se inaugura en el país en el 2017 desde la presidencia de Lenín Boltaire Moreno Garcés con el programa “Arte para todos”. Luego, en el mismo mandato, en el 2019 vendrá “Ecuador Creativo”, y en el llamado Gobierno del Encuentro de Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, la propuesta emblema para la cultura y el arte será “El Teatro del Barrio”.

Así, cada gobierno, cada presidente, inventa una iniciativa propia, una marca colorida para usar al arte y la cultura como el comodín del escenario para la propaganda y marketing de su imagen. El marco común para todos estos inventos como política pública, han sido el fomento y los incentivos económicos, es decir la entrega de fondos para las propuestas de los llamados “gestores culturales” que se inscriban en los objetivos de cada iniciativa presidencial.

Ningún programa ha tenido continuidad en el tiempo, excepto los fondos concursables para el cine y las otras iniciativas artísticas, el Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja, emblema de Correa, y algunas medidas de carácter tributario como el IVA 0 o la importación de bienes y equipos para uso artístico promovidas desde el gobierno de Moreno son las que se han mantenido en el tiempo. Por ello, me pregunto, ¿se necesita un Ministerio, una cartera de Estado para ejecutar la entrega de fondos como objetivo de una política pública para la cultura y el arte? ¿Hace sentido la Ley de Cultura?

Lasso con Mariana Almeida, princial del cine de La Floresta y presidenta de la COPAE, Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador.

La modernidad digital

Lasso, en el Ochoymedio, firmó también el Reglamento de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual. Un marco legal que establece como sector de interés nacional al audiovisual en la perspectiva de promover el  fomento y desarrollo de la producción cinematográfica para, según dice la oficialidad, “producir cine de calidad”. 

En este empeño, la exoneración de tributos a quienes tengan “el certificado de inversión audiovisual” como dínamo para el fortalecimiento de la producción nacional —iniciativa de la ley— será un aliciente que busca atraer la inversión cinematográfica internacional a territorio ecuatoriano para fortalecer, también, las actividades directas e indirectas involucradas en la actividad audiovisual y potenciar al Ecuador como un destino cinematográfico.

Un desafío por construir como país que involucra a todos lo sectores. Una propuesta que necesariamente debe preservar la geografía y sus  escenarios naturales, la diversidad y su riqueza cultural, el nosotros como pueblos. Todo este reto llama a defender al país y su belleza humana, social y natural de la destrucción extractivista y la corrupción que la ambición de la política, los grupos de poder y  los gobiernos generan.

Significa que nos involucremos en la construcción de un todo posible, donde podamos complementarnos, anudarnos con los otros que nos habitan, de manera que podamos ser un espacio integral e integrador, holístico y suscitador.

En Colombia, país inspirador de esta ley y decreto, se procuró consolidar el desarrollo de su cinematografía a partir de tres líneas integradoras:

• Un Fondo para el desarrollo Cinematográfico (FDC)  recaudado a través de una cuota parafiscal (impuesto) obligatoria para exhibidores, distribuidores y productores por la exhibición de obras cinematográficas en territorio colombiano.

• La titularización de proyectos cinematográficos, es decir venta de películas en etapas de desarrollo para ser adquiridas como títulos por compradores particulares, y

• Estímulos tributarios para inversiones y donaciones a proyectos cinematográficos, una deducción a los impuestos de aquellas personas que efectúen donaciones o inversiones en proyectos cinematográficos colombianos; dichas deducciones no aplican en caso de realizar donaciones o inversiones a proyectos de este tipo que no sean nacionales.

Por  lo tanto, junto al certificado de inversión audiovisual, deberíamos luchar por nuestra fuente de financiamiento propia, generada por nuestra propia actividad. Esto no es nuevo. Ya lo planteamos hace muchos años para la Ley de Cine.  Hacer que el impuesto a los espectáculos públicos, las entradas al cine y las otras actividades de exhibición de obras audiovisuales, nutran la actividad que las genera y no las arcas públicas de los municipios, como ha sido siempre.

Junto a ello, debemos institucionalizar y reorganizar los fondos concursables y sus bases, no a partir del extravío que la ministra de Cultura propone como “bases técnicas” en las redes sociales, sino como resultado de una evaluación crítica de lo caminado, de manera tal que respondan a las necesidades actuales del sector y no repitan bases, convocatorias y asignación de fondos, los errores del ayer, las desviaciones conceptuales por conveniencia y los vicios criollos de nuestra forma de ser.

El reto de construir un diálogo que construya unidad

Creo que soy de los pocos, si no el único, que mantiene la propuesta de cambiar la Ley de Cultura, su arquitectura y competencias e impulsar la Ley de Cine. Sé que esta postura no está en ningún guión de las organizaciones de cineastas, pero no pierdo la esperanza de que algún día esta erosión regresiva que vivimos dejará de ser y se podrá sembrar la semilla de un marco jurídico propio, con participación plena de las y los cineastas en la construcción de su mañana.

En ese sentido, creo que en la actual reinstitucionalización del ICCA, si es que somos coherentes con el proceso que empezó el miércoles 5 de julio, cineastas y todas las organizaciones —la docena que  dicen ser el universo audiovisual del Ecuador—  deberían empujar unánimemente la designación como directora del restituido ICCA a la titular de la COPAE, para que sea quien establezca la ruta que debería seguir el proceso de reinstitucionalización de la política pública para el cine, de manera que haya esperanza de un mañana cierto.

Junto a ello, una construcción que en el universo de los cineastas depende de algo más complejo como desafío: es aceptar el diálogo hacia adentro con el distinto, como proceso imperativo que permite reconstruir la unidad y superar la secular exclusión como forma de ser plural.

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