La Secretaría de Derechos Humanos lleva días intentando apagar un incendio. La semana pasada, la titular de esa entidad, Bernarda Ordóñez, convocó a medios de comunicación para explicar el presupuesto que reciben cinco casas de acogida y 16 centros de atención a víctimas de violencia.

A finales de diciembre, la Red Nacional de Casas de Acogida de mujeres víctimas de violencia y otras organizaciones reclamaron en sus redes sociales sobre la falta de claridad en los fondos públicos para estos servicios vitales. Una situación -alertaron- que ponía en riesgo su permanencia y, por lo tanto, más mujeres y más niños quedarían en riesgo.

El pasado 5 de enero, Bernarda Ordóñez, secretaria de DDHH, llamó a una rueda de prensa para explicar los cambios que habrá en este año respecto a la asignación de recursos para las casas de acogida. Pero rehuyó a contestar una de las preguntas más reiteradas: la reducción del presupuesto. Foto: Secretaría de DDHH

Todo comenzó cuando la Secretaría decidió cambiar la forma en la asignación de recursos. Antes de la actual administración, las cinco casas de acogida y los 16 centros de atención integral a víctimas de violencia -que reciben recursos de esta entidad- firmaban directamente un convenio, que se renovaba cada año. Este procedimiento, según la Secretaría, ha sido deficiente y asegura que “no existe una lógica en la distribución de los recursos”.

Ahora, propone un concurso público para que participen las actuales casas de acogida y nuevas organizaciones que necesiten recursos del Estado. La propuesta tiene sentido, pero falta un detalle: el presupuesto es el mismo desde el 2019, es decir dos millones de dólares.

Si el presupuesto se mantiene desde hace tres años, pero ahora se distribuirá entre las 21 casas y centros, y posiblemente con más organizaciones que entren al concurso, ¿habrá una reducción de recursos para los actuales servicios? Esta fue la inquietud que rehuyó Ordóñez y que cuatro periodistas plantearon, cada uno a su manera, a la titular del organismo rector del país en prevención de la violencia, durante la rueda de prensa del pasado 5 de enero.

Pese al cambio de modalidad, Ordóñez confirmó que los 2,17 millones se mantienen para el 2022. En este momento, agregó, no es viable pedir un incremento del techo presupuestario porque aún no se ha gastado lo correspondiente al 2022. Esto ocurrirá “cuando se ejecute”, dijo.

En 2022, sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos tendrá el presupuesto más alto desde su creación en 2018, cuando reemplazó en algunas de sus competencias al extinto Ministerio de Justicia. Para este 2022 contará con 21 millones de dólares, lo que implica un incremento de 133% respecto al 2021.

De esos 21 millones de dólares, 13 millones serán destinados a dos proyectos para la prevención de la violencia, según mencionó Ordóñez. Uno de ellos son los centros violetas que -de acuerdo a la explicación de la funcionaria- contarán con los servicios de primera línea para atender situaciones de violencia. En este año, la Secretaría espera crear cinco centros violeta que estarán en las fronteras norte, sur, Amazonía y Guayas.

El segundo proyecto tiene como meta que mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad puedan acceder a un empleo, aunque no dio mayores detalles sobre su implementación.

Ambos son proyectos que estarán financiados por el presupuesto de inversión de la Secretaría que creció de 1,7 millones de dólares (monto que se mantuvo entre 2019 y 2021) a 24 millones de dólares para el periodo 2022 – 2025.

Pero dentro del presupuesto general de la Secretaría, los montos destinados a los centros de atención y casas de acogida, algunas de ellas con reconocimientos nacionales e internacionales como lo dijo Ordóñez, siguen estáticos. Los 2.17 millones representan el 27,5% del presupuesto para el gasto corriente de la institución, que es de 7,9 millones. Plan V solicitó un detalle de cómo se ejecutará el presupuesto global de la Secretaría. Llegó un documento, pero sin el desglose solicitado.

La intención de la Secretaría es que los gobiernos locales asuman el financiamiento de estos centros, como lo establece la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El artículo 38 de esta normativa dice que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben “garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de casas de acogida con personal especializado, tanto en los cantones como en las provincias, que pueden para su garantía, establecerse en mancomunidad o a través de alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a nivel nacional”.

Pero a Geraldine Guerra, coordinadora de la Red Nacional de Casas de Acogida, le preocupa esta decisión. Considera que los GAD deben aportar a estos centros, pero en la actualidad invierten montos mínimos sobre todo para la alimentación. En la actualidad, los recursos que entrega la Secretaría solo cubren dos dólares para una comida diaria. En las casas de acogida, las mujeres y sus hijos comen cinco veces al día. Por ejemplo, los recursos de los GAD ayudan a solventar el resto de las comidas que no cubre la Secretaría. “¿Quién garantiza que los GAD sostengan estos servicios?”, se pregunta. Sostiene que el cuidado de la vida de estas mujeres es una responsabilidad de los gobiernos central y locales.

En Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de alguna violencia a lo largo de su vida, según la última encuesta del INEC. Las casas de acogida, dicen las organizaciones, es la opción opción real para prevenir la violencia. Fotos: PlanV

El Presupuesto General del Estado para este 2022 contempla una disminución para el sector Bienestar Social. En el 2020 se destinaron 1.368 millones; en 2021 se gastaron 1.664 millones; y para el 2022 está presupuestado 1.648 millones.

Asimismo, hay rubros que superan los dos millones que sostienen las casas de acogida y centros de atención. Por ejemplo, este año se ha presupuestado 2,6 millones para el servicio de educación en el exterior de hijos del personal diplomático. También 3,2 millones para viajes al extranjero y 2,7 para los viáticos de esos viajes. En el caso de los viajes internos, este presupuesto supera seis veces más lo destinado para las casas y los montos para el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Estado, 14 veces más.

Guerra recuerda que, gracias a la lucha de las organizaciones, el Estado aumentó de 1,5 millones a 2 millones el presupuesto de las casas y centros de atención en 2018. Pero desde entonces no se han ampliado los servicios sobre todo en las zonas de la Amazonía con altos índices de violencia.

Además de los dos dólares diarios para alimentación, la Secretaría cubre los sueldos de siete profesionales, pero ahora en el reglamento para estos centros se propone disminuir a cuatro. El resto de gastos que tienen que ver con la salud, el internet cuyo uso se incrementó en la pandemia, los insumos de bioseguridad, es decir todo lo relacionado con el cuidado de la vida de las mujeres, lo asumen las organizaciones.

La entrega de estos dos millones a los 21 servicios ha sido atropellada. Por año, reciben dos desembolsos después de la firma de un convenio. Las organizaciones lo firmaron entre febrero y marzo. Pero a junio no recibieron el segundo desembolso sino recién en octubre y solo la mitad de los recursos. El 11 de octubre, la Secretaría les hizo una transferencia por 600.000 dólares que solo cubría los meses julio a septiembre. La explicación que se dio es que los valores de enero a marzo “estaban en un limbo jurídico”. Hubo malestar en las organizaciones y recién el 29 de diciembre, la Secretaría acreditó un medio millón de dólares por los tres primeros meses de 2021.

Esa retención de los recursos hizo que el personal de estas casas adquiera préstamos personales. Esa situación derivó en que Casa Amiga, de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, cerrara en este mes de enero. Ordoñez dijo no conocer esa decisión. Dos días después de la rueda de prensa, la funcionaria anunció en Twitter la firma de 21 nuevos convenios que estarán vigentes hasta marzo cuando se termine la convocatoria del concurso público y el proceso de selección. La Federación negó la suscripción del convenio. Casa Paula tampoco firmaba hasta la noche del lunes.

#URGENTE | La @Lafedesucumbios anuncia el cierre de la casa de acogida "Casa Amiga" para mujeres sobrevivientes de violencia de género, a partir de enero 2022 debido a la falta de presupuesto.
Exigimos presupuesto justo y a tiempo @DDHH_Ec #LasCasasDeAcogidaSalvanVidas pic.twitter.com/aS3XrUTpzR

— Fundación ALDEA (@AldeaFundacion) December 30, 2021

En la actualidad, las casas de acogida son los únicos mecanismos para prevenir la violencia, recalca Guerra. En la pandemia no dejaron de atender. “El financiamiento de las casas no debería estar en cuestionamiento”, dice la activista que apoya la idea de crear más centros, pero que pide que se fortalezcan también los actuales. El Estado financia entre el 40% y 60% del presupuesto de las casas. Un rubro que no alcanza y que ahora su futuro es incierto.

Una convocatoria y un reglamento que no convencen

La Secretaría ha anunciado que este año los recursos serán otorgados mediante un concurso público. Pero esto causa más incertidumbre a las organizaciones. Este martes, 11 de enero, lanzó el reglamento para la selección y suscripción de convenios con las casas de acogida y centros de atención.

El actual reglamento ha tenido deficiencias, según Ordóñez. Dijo que no establece criterios para controlar los gastos y mezcla funciones del administrador del contrato. Tampoco hace una distinción geográfica. “No es lo mismo servir en Aguarico que en Cuenca”, dijo. Asimismo no establece plazos para la firma de los convenios. Ordóñez mencionó que al ser un monto de 2 millones para estos servicios, está bajo el escrutinio de la Contraloría y por eso, ahora, será una convocatoria abierta.

Anunció que estos cambios serán “socializados”, pero esta mañana el reglamento llegó primero a la prensa antes que a las organizaciones. Guerra explicó que les llegó el documento por medio de un chat y las organizaciones que quieren enviar recomendaciones deben hacerlo por correo electrónico. Lo mínimo que esperan, dijo Guerra, es que las organizaciones sean convocadas a una reunión para un diálogo directo. Por la tarde, la cuenta de Twitter de la Secretaría publicó siete tuits de la entrega del reglamento a organizaciones en distintas provincias.

Las casas de acogida administradas por organizaciones de mujeres no dejaron de funcionar en la pandemia y ellas tuvieron que proveerse de los insumos de bioseguridad. Foto: Cortesía/Federación de Mujeres de Sucumbíos

Pero los diálogos entre la Secretaría y las responsables de estos servicios han sido tensos. A fin de año, la Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS) -que acoge a víctimas de violencia desde el 2000 y creó Casa Amiga en 2004- denunció la falta de claridad sobre el nuevo proceso para la entrega de los recursos y la ausencia de la titular en esas conversaciones. “Siempre ha existido comunicación directa”, respondió Ordóñez a la consulta sobre su relación con las mismas. Si alguna casa no resultare ganadora en la convocatoria, aseguró que encontrarán una solución. “Pero a nadie lo dejaremos en el abandono”.

Amparo Peñaherrera, coordinadora del Área de Erradicación la Violencia Género de la FMS, contradice a Ordóñez. Este es testimonio:

“Nosotras no continuaremos con la Secretaría de Derechos Humanos. No hemos firmado el convenio, ni lo vamos a firmar. En las condiciones en la que se presenta el nuevo reglamento, tampoco vamos a participar en este concurso. La Secretaría de Derechos Humanos lo ha hecho de forma unilateral. Este reglamento, por ejemplo, recién lo socializa con todo el mundo.

Nosotros hemos esperado que, al ser una relación cooperación, tendría que haber mirado a las casas de acogida y centros de atención con anticipación. Esto para que se incluyan los aspectos que demandamos. Por ejemplo, nos hubiese gustado que las facilitadoras tengan un mejor salario, porque ganan 700 dólares mensuales. El trabajo que hacen ellas es vital, las 24 horas del día. Ellas son las que se despiertan para dar los medicamentos a las enfermas. Para nosotras ese trabajo tiene una validez enorme y la Secretaría, en el nuevo reglamento, no las pone como parte del equipo técnico. Las excluye a ellas y a las educadoras.

Fundamentalmente, hay algo que a nosotros nos incomoda muchísimo: no nos dan lugar a las organizaciones de la sociedad civil, no nos miran. No han tomado en cuenta a la Red Nacional de Casas de Acogida en toda esta crisis. La decisión del convenio de los 3 meses se comunicó a través de una llamada personal a las directoras. Casa Amiga nunca la visitó la Secretaria. Ella ahora dice que todas las casas han firmado convenios. Es mentira. Nosotros no vamos a firmar y no hemos firmado. Casa Paula, en Orellana, hasta la noche de ayer no había firmado el convenio.

La Federación no dejará de trabajar con las sobrevivientes de violencia. Queremos buscar otros financiamientos que no sea la Secretaría. Vamos a seguir ofreciendo servicios de guardería, de ludoteca y servicios especializados que teníamos asociados a la casa de acogida para seguir apoyando la autonomía de las mujeres”.