El informe sombra para el Examen Periódico Universal (EPU) preparado por la Fundación Desafío, sobre la violencia contra la mujer en Ecuador, revela un grave problema de violencia de género. Según el informe, los índices de violencia no sólo que no han bajado, sino que han aumentado en los últimos 10 años en el país. La primera encuesta de Violencia de Género realizada  por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 2011 reveló que el 60% de las mujeres ecuatorianas sufrían algún tipo de violencia; en 2019 la cifra ascendió a 65%, equivalente a unas 5.7 millones de mujeres.

Desde que se tipificó el feminicidio en el Código Penal (COIP) en 2014, se registraron 1022 feminicidios, siendo el 2021 el año más violento. En ese año se registró un femicidio cada 44 horas, lo que convirtió al Ecuador, con 172 casos, en el segundo país con mayor cantidad de femicidios en América Latina y el Caribe.

Según una publicación de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), citado en el informe sombra para el EPU, al menos 1000 niños perdieron a sus madres a causa del femicidio desde 2014. Estos niños deberían acceder a un bono estatal, aunque requisitos como una sentencia ejecutoriada o ser de pobreza extrema permitió que por ejemplo en 2019 sólo 13 niños reciban el bono. A pesar de que el Ecuador cuenta con una robusta legislación y es signatario de numerosos convenios internacionales, el país sigue en deuda en materia de protección a la mujer.

Foto: Prensa Latina

Falencias sistemáticas

La investigación recopiló cinco ejes estructurales sobre los que el aparato estatal necesita intervenir para saldar su deuda con las mujeres. El primero es la desinformación y falta de conocimiento de derechos. Las víctimas deciden mantenerse en una situación que creen poder manejar, aun teniendo sus vidas en riesgo. Se genera un círculo en el que es mejor “aguantar” que enfrentar un entorno adverso sin pareja.

El segundo eje es la ausencia de percepción de riesgo de femicidio. “Él me pegaba y me obligaba a salir a la calle para que la gente me vea, él me humillaba sacándome a la calle golpeada”, dijo un testimonio anónimo recopilado en el informe sombra. La muerte se ve como una consecuencia muy extrema, por lo que las sospechas de un femicidio se aplacan con la esperanza de que la relación mejore.

El 8 de marzo se ha convertido en un día de protesta contra la violencia de género. En Quito, en la avenida 10 de Agosto se dio una movilización masiva. Foto Luis Argüello. Archivo Planv

El tercer eje tiene que ver con el carácter privado de la violencia machista. Se considera que en pro de la privacidad no se puede intervenir en problemas de pareja. La violencia machista es una vergüenza que se mantiene en secreto.

El cuarto punto es el de comunidades que son ausentes y espectadoras de la violencia. Como el femicidio de una joven madre en Ibarra en 2019 que fue cometido en plena calle y frente a la Policía, que no pudo evitarlo.

El femicidio de Diana Carolina en Ibarra conmocionó a la opinión pública. Un tribunal en Imbabura sentenció al agresor a 34 años de privación de libertad. Foto: Radio WQ

El último eje del informe plantea que la respuesta del Estado es insuficiente. Según el informe sombra para el EPU hay USD 24 millones para que la Secretaría de Derechos Humanos haga frente a esta problemática, cifra que plantean es insuficiente. Hay miedo por realizar las denuncias ante la inoperancia del Estado y la tramitología previa. Incluso realizar una denuncia no es sinónimo de garantías ya que depende de la percepción del servidor público el riesgo de violencia que determina para la protección que se da a las denunciantes, y no tanto de una medición técnica.

La violencia aumentó en pandemia

En 2020 el ECU 911 recibió más de 45 mil llamadas reportando violencia psicológica, física o sexual contra la mujer. Según las instituciones que conforman el Sistema de Protección, solo 3128 casos fueron atendidos. A pesar de las alarmantes cifras, en 2020 se redujo el personal de los servicios de protección integral de 230 a 84 servidores.

El informe sombra asevera que la atención estatal se enfoca en actividades curativas y no de prevención. En la pandemia, el Ministerio de Salud y el IESS tenían destinados USD 12.5 millones para actividades de promoción de salud sexual, atención a violencia de género y de infecciones de transmisión sexual que no se realizaron. Según el informe, 1 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual. La administración de Lenin Moreno evitó declarar la emergencia social en esta problemática.

Una investigación patrocinada por la Cooperación Alemana (GIZ) indica que la violencia machista le cuesta al Ecuador USD 4.608 millones al año en daño empresarial, doméstico o sanitario. Un costo cercano  al 4,28% del PIB. De entre pérdidas para el Estado o las empresas, las propias mujeres serían las que asumirían los gastos en al menos la mitad de los casos.

En cuanto a la etnia, las mujeres afrodescendientes superan por 7 puntos a la media de la población femenina afectada por la violencia machista en el país. También hay delitos asociados con los femicidios como la desaparición de mujeres, la explotación sexual o la esclavitud laboral. Solo en los primeros 7 meses de 2021 se registraron más de 5000 denuncias de desaparición, de las que el 55% eran mujeres.

Este 8 de marzo de 2022 organizaciones sociales y grupos feministas se movilizaron hacia el casco colonial.
Foto: Ecuavisa/API

La Coalición Nacional de Mujeres y el Colectivo Dignidad Más Derechos propusieron el Pacto Fiscal Por Una Vida Libre de Violencias Para Niñas y Mujeres en Ecuador. Entre sus argumentos figuran que no existen criterios técnicos para la priorización de asignaciones presupuestarias para la protección de niñas y mujeres. La iniciativa advierte que en el país se ha priorizado dar frente a desigualdades económicas y se ha relegado a las sociales.

La propuesta del pacto incluye crear un sistema nacional de cuidados, asegurar la renta básica de mujeres jefes de hogar, fortalecer la red de centros de acogida, sostener los programas de emergencia, desarrollar una estrategia de reparación, entre otras. El pacto estaría encaminado a garantizar la autonomía económica, social y política de la mujer.

La violencia sexual infantil

En plena pandemia, en 2020, el Ministerio de Salud atendió a 4041 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. De estos 3692 fueron niñas. Desde 2014 se han recibido más de 28 mil denuncias de violencia sexual infantil solo en el sistema educativo. De ello se deriva un grave problema como lo es el embarazo infantil. Según el INEC en 2019 hubo 57 mil embarazos de menores de 19 años, de los cuales un 18% eran menores de 14 años.

Esta situación coloca a las jóvenes mujeres en situación de pobreza futura e implica un grave riesgo de deserción escolar. Sin tomar en cuenta los subregistros, la tasa de embarazos adolescentes fue el doble en 2019 con 2.2 niñas de cada 1000, a la que era en 1990.

La inoperancia del Estado en materia infantil se vio reflejada en la sentencia de la CIDH contra el Ecuador por la negligencia en el ámbito escolar y judicial cometida contra Paola Guzmán, la adolescente que se suicidó tras ser abusada sexualmente por elsu vicerrector de su colegio fiscal.

Según Salud, apenas un tercio de las niñas abusadas sexualmente reciben atención. Algo que se debe a que la mayoría de las violaciones en menores ocurren en el entorno familiar. Según las cifras del Ministerio, un 40% decide callar y a un 28% no les creen.  Un hecho difícil de cambiar si se tiene en cuenta que en el Ecuador la Educación Sexual Integradora no es una política de Estado.

Hace más de 30 años organizaciones no gubernamentales han dado servicio de atención a la mujer. Las casas de acogida y centros de refugio tienen actualmente dificultades de financiamiento. Han sido espacios de asesoría y refugio que han subsidiado al Estado. El Gobierno anunció que habrá una convocatoria por fondos.

La lucha de una madre contra el femicidio

Plan V contactó a la madre de una víctima de femicidio en 2017 en Río Verde, Esmeraldas. Luego de tres años, Alexa Perlaza sigue buscando que se haga justicia por el fallecimiento de su hija, Danny Bruno. Fue otra de sus hijas la que encontró el cuerpo de Danny sin vida. Los hechos habrían sucedido un domingo, pero recién un martes se encontró el cuerpo de la víctima.

La pareja de Danny se dio a la fuga. Después de unos meses la hija de Alexa que había encontrado muerta a Danny tuvo un encuentro con el presunto asesino. La joven estudiaba Agronomía en Esmeraldas, “tuvieron la desgracia de encontrarse, pero otros carros no dejaron que él se acercara”. Alexa llamó a la Policía, se coordinaron grupos de retén, pero no se dio con su paradero.  “Dicen que si lo vemos no lo reconocemos, que anda con peluca y barbas. Un amigo allegado a la familia de ellos dijo que andaba por Perú”.

Alexa denunció que el fiscal de turno tuvo que ver con la impunidad del caso. “No quiso darme la audiencia enseguida. Tuve que hacer un plantón en una casa abierta y el fiscal encargado ordenó que hicieran la audiencia”. Esta madre se indignó cuando ese fiscal le pidió que ella misma colocara fotos del agresor “en muchos lugares para poder capturarlo”.

Otras instancias todavía estaban a la mano de Alexa. Acudió a un foro de la mujer esmeraldeña donde entregó todos los documentos que le habían pedido para ingresar al presunto asesino en la lista de los más buscados, pero tampoco tuvo éxito. Luego de varias esperas, se inició la instrucción fiscal y se dictó prisión preventiva por femicidio y se emitió una boleta de captura contra el presunto asesino.

La Fiscalía recabo los testimonios de los allegados, que aseguraron que la relación era violenta y que no era el primer intento de asesinato. Pero al no saber del paradero del demandado se suspendió el juicio. Alexa responsabilizó de esto al fiscal de turno, “hizo todo lo que pudo para que no lo capturaran”, dijo.

Danny dejó a dos hijos huérfanos de los que su abuela Alexa se hace cargo. Hasta la fecha no han recibido el bono que les correspondía porque no hay una sentencia ejecutoriada. Tampoco recibieron protección de testigos como les habrían ofrecido. Incluso una de sus hijas abandonó los estudios universitarios por temor a encontrarse lejos de casa con el presunto asesino.

Alexa acudió a la Judicatura y a la Gobernación local a buscar apoyo, donde tampoco recibió una respuesta. La madre afirmó que conforme pasaba el tiempo se dieron capturas a otros casos mientras que el suyo fue omitido. Con impotencia vio cómo se dio paso a casos que sucedieron incluso luego del suyo.

En su momento pidió que cambien de fiscal. Tampoco le fue conseguida la petición. “Lo que pasó con mi hija está pasando con muchas hijas más”, concluyó esta madre y abuela, que sigue pidiendo ayuda en las instancias que puede para obtener justicia.

    Análisis    

“El Estado tiene que escribir un capítulo nuevo”

Estefanía Chávez, Surkuna

La abogada Estefanía Chávez trabaja para la organización de protección de derechos de la mujer Surkuna. Desde la organización actúan en varios ejes. Uno de ellos es la incidencia en política pública. El cabildeo con partidos políticos y comisiones legislativas forma parte de la lucha de esta organización. También brindan asesoría y hacen investigación en la rama de violencia de género.

Surkuna lideró una coalición integrada por Aldea, Taller Comunicación Mujer, CEPAM Guayaquil y la Alianza de Organizaciones de los Derechos Humanos donde posicionaron algunos nudos críticos en un informe sombra previo al de Fundación Desafío.

En el informe sombra liderado por Surkuna se presentaron hallazgos relacionados con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; la violencia de género en sus dimensiones y manifestaciones más específicas y la generación de esfuerzos para capacitar al personal de las instituciones públicas.

Estefanía Chávez es Máster en Género y Derechos Humanos. Ha sido consultora para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. 
Foto: Manuel Novik

Chávez hace un análisis de la situación nacional a partir del trabajo que realizaron para el informe que lideraron en paralelo. La abogada advirtió que el acceso a la justicia tiene muchos obstáculos. “Los familiares de las víctimas tienen que emprender verdaderos vía crucis”, dijo. Según la jurista, los tribunales no saben cómo abordar casos de género y no hay fiscales especializados. “En lugar de ser judicializados como femicidios son juzgados como homicidios u homicidios preterintencionados que es cuando más o menos se les fue la mano”, dijo.

Según los análisis de Chávez, el Estado no ha hecho los esfuerzos para capacitar a los Tribunales de Garantías para que tengan un enfoque de género o conozcan como aproximarse a un femicidio con argumentos como los de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Constitución o el Protocolo Latinoamericano para Investigación de Femicidios. La abogada también criticó que en la reciente Política Prospectiva de la Función Judicial para 2030, no se abordó el tema de género y que el anuncio se limitó a recalcar que faltan 500 fiscales para cumplir los estándares de cobertura.

En materia de aborto, Chávez analizó que los estados han ido avanzando a regímenes mixtos, en base a plazos y en cuanto a causales en que una mujer esté inmersa. “La tendencia es migrar a esos regímenes. Nos estancamos en regular causales y en regularlas desde las creencias personales de un presidente. Contrario a la tendencia regional, Ecuador sigue estancado en permitir el aborto de manera restrictiva”, dijo.

A pesar de que se logró que un gran número de especialistas intervengan en el debate, Chávez cree que hubo un pacto entre el Gobierno y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori para censurar la Ley de Aborto. “Llori suspende abusivamente la sesión y fuerza un allanamiento al veto”.

Desde la organización en la que Chávez colabora, trabajan en base a tejer redes. Acercan los servicios de salud a las mujeres, trabajan con médicos con interés en género y tienen una difusión amplia en redes. Son conscientes que una ley no es una garantía, “al final solo nosotras nos tenemos a nosotras mismas”.

Denunciar tampoco es sinónimo de obtener respuestas, Chávez aseguró que si no se tiene una red el proceso es solitario y duro. “Vas a sufrir estigmatización, no hay espacios privados para poner denuncias por violencia de género. El Estado tiene que escribir un capítulo nuevo tomándose en serio las deudas que tiene”.