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18 de Marzo del 2022
Historias
Lectura: 23 minutos
18 de Marzo del 2022
Redacción Plan V
25 años de ignominia contra Gustavo Cortez
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Gustavo Cortez (Guayaquil, 1959) en la sala de audiencias del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entidad que auspicia su demanda contra el Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fotos: PlanV

 

Un ex sargento de la FAE demandó al Ecuador desde el año 2000 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por vulneración de sus derechos humanos. En 1997 la institución militar lo acusó y juzgó por un robo, delito por el cual no presentó una sola prueba. Pero Gustavo Cortez fue encarcelado en un recinto militar y luego en una cárcel común; fue juzgado dos veces por un mismo delito, fue interrogado sin abogado, fue maltratado física y mentalmente. Los impactos de esto le cambiaron la vida. Y ahora, 25 años después de los hechos, el Estado debió responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Tiene 63 años de edad y casi 25 años ha perdido en la lucha por encontrar justicia por una acusación en un robo que no cometió: la Fuerza Aérea, siendo ya un ex miembro de la misma, acusó a este guayaquileño y ex sargento de la sustracción de un equipo electrónico de un avión Hércules C-130. El lo negó siempre, nunca presentaron pruebas, pero la justicia militar lo detuvo en 1997, lo sometió a tratos crueles y degradantes y lo juzgó —cuando no tenía jurisdicción sobre él—, estuvo preso por orden de la justicia civil y luego fue perseguido. Nunca pudo volver a trabajar formalmente como el técnico electrónico experto en aviación que es, nunca tuvo una sentencia, nunca sus acusadores pudieron probar nada. Su caso superó los filtros —largos y rigurosos— de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y ahora es juzgado en la Corte Interamericana.

El caso pasó a la Comisión en el año 2000. Luego del trámite en la CIDH esta levantó un informe de fondo, que determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano por vulneración de derechos de Gustavo Cortez. La CIDH envió el caso a la Corte Interamericana. La audiencia se dio el 21 de marzo. La Comisión encontró que el Ecuador violó los derechos al debido proceso, a la integridad física, a la protección judicial, la violación al derecho a la libertad privada, a la libertad personal, fue sometido varias veces a detenciones ilegales y arbitrarias; fue procesado en la justicia militar cuando era civil y fue procesado por la justicia civil sin mérito alguno. En la justicia civil el caso pasó abierto durante mucho tiempo y le perjudicó porque Cortez tuvo antecedentes penales hasta el 2012. Eso le hizo imposible encontrar un trabajo y le persiguió el estigma de haber estado en la cárcel.

Las reparaciones que se pidió en la Corte Interamericana fueron: investigación y sanción a los responsables por las detenciones arbitrarias; lo mismo para los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fue sometido cuando estuvo preso. Se le violaron todas las garantías fundamentales básicas; también debe ser reparado por el daño material sufrido, lo que dejó de percibir por las falsas acusaciones; el daño a su proyecto de vida y ese es un daño inmaterial, un daño moral. También se pidió meidas de reparación como reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, disculpas públicas y garantías de no repetición.

"el mismo oficial de inteligencia había hecho un informe al juez diciendo que yo no tenía nada que ver con eso. Pero un mes después, cuando habían tomado detenidos a los que hicieron este delito, me volvieron a detener y me declararon autor intelectual".

Acusaciones contra el Estado ecuatoriano por la ya inveterada práctica de la administración de justicia de someter a las personas a indebidos procesos, abuso de poder y la denegación de justicia. Este es su testimonio:

"En el año 1997 yo tenía tres años y medio de haber salido de la Fuerza Aérea como militar activo. Estaba trabajando para la empresa Ícaro. Era técnico de mantenimiento electrónico de las aeronaves. Un día, miembros de Inteligencia Militar llegaron con una orden de detención firmada por un fiscal del juzgado penal militar de la Base Aérea de Quito. Me llevaron a la Base, como a las cinco de la tarde. No me llevaron ante una autoridad judicial, no me permitieron hacer una llamada, no tuve un abogado. Me llevaron al Departamento de Inteligencia, donde un capitán me interrogó, y lo hicieron hasta el dia siguiente sobre la pérdida de un equipo de radionavegación del C-130. No recibí alimentos, estuve solo con mi overol de trabajo de manga corta y así amanecí en ese frío. Luego del chequeo médico salí de ahí y el mismo oficial de inteligencia había hecho un informe al juez diciendo que yo no tenía nada que ver con eso. Pero un mes después, cuando habían tomado detenidos a los que hicieron este delito, me volvieron a detener y me declararon autor intelectual. Porque el ingeniero que había comprado este equipo robado estaba prófugo fuera del país; se había fugado a pesar de que estaba detenido en la villa de oficiales. Me dictaron medidas como bloqueo de cuentas, orden de arraigo y la detención. 

Yo nada sabía de leyes. Ellos actuaron con arbitrariedad. Lo primero que obtuvo fue una copia del Código Penal Militar, y me di cuenta que ellos no tenía autoridad judicial sobre mi. El 11 de julio de ese años, Inteligencia Militar me volvió a arrestar con once agentes vestidos de civil con metralleta en mano. Me llevaron de nuevo a la Base Aérea mariscal Sucre, al departamento de Inteligencia, y me pasaron luego a una celda adecuada en la parte inferior de una villa conocida como Villa Avión, donde está el personal de tropa. Ahí permanecí preso cinco meses y tres semanas. Los primeros tres días fui maltratado, no me dieron de comer. En todo el tiempo que estuvo preso no me dieron de comer regularmente, no me vio un médico. En los primeros tres días fui golpeado para que acepte la acusación de que yo había participado en ese delito. Nunca lo acepté. Me daban las sobras de la comida. Mi celda tenía solo una apertura de quince centímetros y por ahí me pasaban la comida. Los doce primeros días, el guardia, un paracaidista, golpeaba la puerta metálica para no dejarme dormir. Pasé incomunicado 19 días y el 30 de julio me llevaron al juzgado penal militar. Ahí vi al juez, al fiscal, me tomaron declaraciones y me dijeron que estaba a órdenes del juzgado militar. Estuve cinco meses y tres semanas hasta que me pusieron una fianza de 1500 dólares, que me hicieron pagar el pagaduría de la Base Aérea. Nunca he aceptado la responsabildiad ni acuso a nadie porque no vi el delito. 

Lo que me asombraba de esta situación es que el ingeniero que se declaró culpable de haber comprado el equipo robado y que declaró que sabía que yo no tenía nada que ver, djó una computadora en garantía hasta él recuperar el equipo robado y devolverlo. Y me preguntaba dónde la justicia negocia de ese modo. 

Si hubiera sido culpable, en el supuesto no consentido, me hubiera ido del país, porque tenía una visa vigente. Pero yo quería que se aclaren las cosas y estar con mi familia.

Cuando salí en libertad pensaron que iba a abandonar el caso, pero seguí luchando. Perdí mi trabajo en la empresa Ícaro. Ganaba cinco o seis veces más que en la Fuerza Aérea. No tenía necesidades para cometer un delito por dinero ni por otra razón. La FAE se encargó de hacer circular entre las empresas que no me den trabajo. Ni siquiera eventual. Me fui entonces a Guayaquil. Llegué a la empresa AECA que necesitaba técnicos de mantenimiento electrónico. No me pidieron el récord policial, que era un requisito en ese tiempo. Tenía mi licencia actualizada y trabajé un par de meses antes de la segunda detención, de la cual salí en diciembre del 97 y ya a mi licencia le quedaban dos meses de vigencia. Ya no la pude volver a obtener. 

Si hubiera sido culpable, en el supuesto no consentido, me hubiera ido del país, porque tenía una visa vigente. Pero yo quería que se aclaren las cosas y estar con mi familia. 

Aparece una tercera detención porque había hecho un escrito de 44 puntos que presenté al juez del juzgado penal militar. Luego de eso hubo un cambio en la actitid de los jueces. El fiscal pidió mi sobreseimiento definitivo. Mi abogado me dijo que iba a salir tranquilo de todo esto, pero que me iban a llamar a plenario al otro día. Me explicó que se me iba a dictar sentencia. ¿Sentencia? A pesar del resultado apelamos a la Corte Superior Militar. Los jueces anularon el juicio y levantaron las órdenes de arraigo y bloqueo de cuentas. Pero yo estaba arruinado, no teníamos cómo sobrevivir. Mi esposa, que trabajaba para la FAE en el ministerio de Defensa, había sido perseguida. A ella se le negaban los permisos, se la molestaba mucho. Tenía que ir una vez a la semana a la Comandancia General para ser interrogada. Solo contábamos con su sueldo, que no era suficiente para pagar los estudios de mis dos hijos, la vivienda, los gastos. Llegó a un día en que decidí ir a la Base Aérea a que me devuelvan la fianza. No aparecieron ni el pagador ni el juez. Uno de la pagaduría me dijo que la plata se la chuparon, porque pensaron que había abandonado el caso. Me fui a la fiscalía de la Corte Superior, le expliqué la situación económico, llamó a la Base Aérea e insultó a un coronel por mi fianza. Me dijo que el lunes me devolvía, la plata. Podía meterme a la boca el lobo, porque, como decía Martí: viví en el monstruo y conocí sus entrañas. En la pagaduría mi hicieron esperar y luego apareció un oficial con agentes de inteligencia y me dijo que estaba arrestado por orden de un juez tercero de lo penal, Jorge German. Pero era una orden para la policía, no para inteligencia militar. Luego de que me devolvieron la fianza me llevaron de nuevo a inteligencia militar. Llamé a mi esposa para que llegue con un abogado. Pero no le dieron permiso. 

Decidieron llevarme a la Policía Judicial, en la calle Juan León Mera. Ahí, el oficial a cargo se negó a recibirme, porque llegaron con una fotoscopia de la orden de detención. Los agentes de inteligenia me llevaron a la unidad de la Policía en la calle Montúfar, en el centro de Quito, y ahí hicieron un parte falso diciendo que yo me había ido a entregar. Ahí me ficharon y con un patrullero me trasladaron al CDP. El agente me recomendó que dijera que me llevaban por maltrato familiar, para que me manden al tercer piso, donde era tranquilo.

Los jueces anularon el juicio y levantaron las órdenes de arraigo y bloqueo de cuentas. Pero yo estaba arruinado, no teníamos cómo sobrevivir. Mi esposa, que trabajaba para la FAE en el ministerio de Defensa, había sido perseguida.


Gonzalo Cortez relata su testimonio en la Sala de Audiencias en la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. A su lado, el decano de la Facultad, Mario Melo y el director del Centro de Derechos Humanos.

Ahí estuve un mes. Durante mi instancia un guía llamaba a gritos a los que quería habeas corpus. Se presentó un abogado para eso. No sabía lo que era y me explicaron que se aplica cuando se lo ha detenido a uno sin el debido proceso, entonces con eso se podía recuperar la libertad. Al otro día me anoté y pedía habeas corpus. Luego nos llevaron a la Alcaldía de Quito con unos cien presos más. Ahí ni siquiera me preguntaron cómo me llamaba menos por qué estaba ahí.  Después de una hora nos volvieron a subir al bus. Luego pregunté al guía cómo quedó lo del habeas corpus, y de dijo que me lo habían negado.

Ocho días después volví a solicitar habeas corpus y me lo negaron en veinte minutos. Luego me pasaron a la Cárcel 2 de la calle Ambato. Entre las dos prisiones cumplí 75 días. Presenté después un escrito al Tribunal de Garantías Constitucionales contándoles todo lo que había pasado, y me dieron la libertad. Incluso sancionaron al responsable de la Alcaldía.

El juez de lo penal, Jorge Herman, ordenó mi prisión y nunca lo conocí, nunca me llevaron a un juzgado. Había una disposición de que debía dar versión, nunca pasó eso. Y así ordenó que me pasen a la cárcel.

En la segunda detención, la que me acusó fue la Base Aérea de Quito. En la tercera detención me acusó el Ministerio de Defensa Nacional, por el mismo delito. Este pidió, incluso que si quería tener la libertad tenía que entregar 133 millones de sucres.

Yo no tenía dinero, no podía pagar un abogado. Estaba en una congregación religiosa y ahí pedí ayuda por un abogado y alguien me recomendó a la Universidad Católica. Y desde ese momento estuve con ellos, en la Clínica de Derechos Humanos, a finales del 99.

En mayo del año 2000 mi caso entró en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el día de hoy. He seguido luchando. Perdí mi trabajo, Ícaro me canceló porque no quería tener problemas con la Fuerza Aérea. No he podido conseguir un trabajo en aviación, pero como electrónico hice mantenimiento electrónico a escala industrial. Cuando esas personas me contrataron confiaron en mi.

El juez de lo penal, Jorge Herman, ordenó mi prisión y nunca lo conocí, nunca me llevaron a un juzgado. Había una disposición de que debía dar versión, nunca pasó eso. Y así ordenó que me pasen a la cárcel.

Averiguaba cómo estaba mi caso en la Corte, me fui a la Corte Provincial donde me pedían escrito de abogado, y todo eso hice con la Universidad. Ahí vimos que el Ministerio de Defensa había abandonado la causa, y el juzgado lo había cerrado. Pero yo seguía fichado. Ya no tenía la visa, ni la licencia, se me hacía difícil la situación de trabajo. Tuve que hacer los trámites para que se me borre el récord policial, pero nada estaba correcto en mi caso, no se decía la verdad. Pero el juzgado penal militar, la Corte Militar, el juzgado de lo penal, la Corte Provincial no hicieron justicia, nunca. No les importó ni les importa. He estudiado todo esto y veo que no solo es mi caso, sino miles de casos en este país.

Gracias a la ayuda de la universidad y a los abogados del Centro de Derechos Humanos he seguido avanzando. Pero mi situación es tan difícil que hasta hoy, desde que esto empezó, no he podido ir a una tienda a comprarme ropa, todo lo que tengo es regalado (llora). Hasta los zapatos. No me avergüenza, todo lo contrario, vivo agradecido con la gente.

Vea el maltrato que me dieron; los que eran mis compañeros en la Fuerza Aérea, me dieron maltrato físico, escupieron en mi comida y me dejaban tres días sin comer para que tenga que tragarme eso, y lo hice. Tuve que pagar por esa comida. ¿A qué prisionero se le hace eso? Hay documentos probando eso, están en el juicio. Se me prohibieron las visitas. Mi esposa tenía que ir donde el juez para que puedan pasar a verme. Tenía problemas de infecciones gripales, y siempre debía usar penicilina, nunca me dieron un médico, y mi esposa tuvo que inyectarme. Una vez fue el fiscal con un oficial que fue mi jefe directo y voltearon mi celda. La guardia se ponía a tomar con otros presos. Tenían los fusiles a un lado, y yo me salía y los apartaba. Me pude haber escapado, pero eso no demostraba mi inocencia.

Gracias a la ayuda de la universidad y a los abogados del Centro de Derechos Humanos he seguido avanzando. Pero mi situación es tan difícil que hasta hoy, desde que esto empezó, no he podido ir a una tienda a comprarme ropa, todo lo que tengo es regalado, hasta los zapatos.

¿Por qué tanto ensañamiento? Cuando salí de la Fuerza Aerea, en 1993, lo hice porque había visto la corrupción y no me querían ascender, me pidieron plata para ascenderme. Una vez un oficial me pidió que hiciera un informe para reparar un equipo de comunicación, contrato de tres millones de sucres, y me negué. Al otro día fui a dar parte al comandante de lo que había pasado. Me dijo que iba a investigar, pero por hablar mal de la oficialidad me puso tres días de arresto. Pensé que él fue el mandó al otro, y le dije al coronel que no iba a cumplir el arresto. Hablé con mi esposa  para salir. Estaba harto de todo eso. Mi esposa me dijo que cualquier decisión me daba su apoyo. Al otro día pedí mi baja, pero no quisieron firmárme la solicitud, dizque porque era un buen técnico y que ellos me habían entrenado. Al otro día el gerente de Ícaro me ofreció un trabajo. Tenía tres años y medio de estar trabajando en esa empresa privada. Desde que salí nunca más volví a pisar ninguna instalación de la Fuerza Aérea, porque, además, no tenía tiempo, era el único electrónico en la empresa. Tenía un buen sueldo en la empresa y en los ratos libres también daba servicios a pequeñas empresas. Estabamos ahorrando para hacer la casa. Pero luego de mi arresto y juicios, con el bloqueo de mis cuentas, nos agarró el feriado bancario. Cuando el bloqueo fue levantado ya no estaba mi dinero, porque el banco desapareció. Perdimos en ese entonces más de 80 millones de sucres. Todo está documentado y demostrado. 

Perdí la visa de Estados Unidos, perdí mi licencia, mi trabajo, mi honra. El sufrimiento de mi esposa, mis hijos... Hubo un problema familiar muy grande. Cuando mis hijos se enteraron que estaba detenido, acusado de un robo, cambiaron de actitud conmigo. Para ellos yo era un ladrón. He tenido que pasar humillaciones.

La Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa jamás pudieron presentar una sola prueba de que yo haya participado en ese delito. Hasta el día de hoy estoy esperando que pongan esa prueba. Que el capitán Salazar, jefe de Inteligencia, dijo que la tenía, y nunca la presentó. Y solo con la palabra de ese capitán me arrestaron y juzgaron. Nunca hubo una sentencia, solo me encarcelaron.

La Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa jamás pudieron presentar una sola prueba de que yo haya participado en ese delito. Hasta el día de hoy estoy esperando que pongan esa prueba.

La Corte Militar anuló el juicio que me hicieron en la Base Aérea, pero el hecho es que me hicieron un juicio. Así no hayan sido los jueces competentes, me hicieron un juicio. Pero la misma Corte sugirió que me demandaran jueces comunes. ¿Cómo un juez, sabiendo que ya me había hecho un juicio por ese delito, recomendaba que me demanden otra vez por lo mismo?

¿Cómo es que estos organismos de justicia actúan así? ¿Por qué son Fuerza Aérea pueden hacer lo que les da la gana? Yo siempre vi ese abuso mientras estuve en la Fuerza Aérea, pero no pensé que eso iban a hacer conmigo. Han pasado 25 años de ignominia, no les ha interesado la verdad. No he tenido trabajo estable desde entonces, ingresos suficientes para dar dignidad a mi vida y a la vida de mi familia. Nadie, de aquellas personas que me acusaron sin pruebas, ha dicho: el señor Cortez es inocente, no tuvo nada que ver en esto. El sargento que sí cometió el delito estuvo arretado en la base aérea, le dieron la baja y ahora esta en Italia; el ingeniero que compró los equipos está en Estados Unidos... A mi me siguieron persiguiendo, porque lo mío fue y es persecución. Lo mío no fue un arresto en la base aérea, fue un secuestro. 

 

GALERÍA
25 años de ignominia contra Gustavo Cortez
 


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