De forma sorpresiva, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, suspendió la sesión que trataba el veto presidencial al proyecto para el acceso al aborto por violación. Sucedió después de que la Asamblea negara este jueves, 14 de abril, la moción de la asambleísta Pierina Correa (UNES) para que el Pleno se allane totalmente a las objeciones de Guillermo Lasso. Hubo 73 votos en contra y 17 a favor. Además, hubo 40 abstenciones, lo que representa el 30% de los asambleístas.

Pero tras esa votación, Llori anunció que se suspendía la sesión sin que se presentara la moción del asambleísta Alejandro Jaramillo para que se ratificara el texto original aprobado por la Asamblea. Llori deseó buen feriado a los asambleístas antes de abandonar el Pleno e ignorar a Jaramillo quien levantó la mano y hasta gritó para que no se suspenda. De esa manera, el veto presidencial entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley este viernes, 15 de abril.

Jaramillo criticó duramente a Llori. En su cuenta de Twitter calificó como “vergonzosa” la actuación de la Presidenta de la Asamblea. Contó que había ingresado su moción el 5 de abril pasado y aseguró que tenía los 92 votos para su aprobación.

¡Vergonzoso! Otra vez @GuadalupeLlori le hace juego al Gobierno.

Suspende la sesión sin considerar mi moción de ratificación del texto del Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación.

¡El documento fue ingresado el 5 de abril y teníamos los 92 votos! pic.twitter.com/IiHK2GzNTH

— Alejandro Jaramillo Gómez (@JaramilloG_A) April 15, 2022

En declaraciones a la prensa, el asambleísta Juan Fernando Flores, del partido oficialista CREO, también lo confirmó.  Dijo que el veto presidencial entrará en vigencia una vez que este 16 de abril se verifique la posición de la Asamblea. “Se va a determinar de que no tomó postura y por lo tanto se entiende un allanamiento tácito lo cual hace que el veto pase en su totalidad por el Ministerio de la Ley”.

El Pleno sesionó un día antes de que venciera el plazo para que el veto presidencial entrara en vigencia a través del Ministerio de la Ley. Guillermo Lasso presentó su texto el 15 de marzo pasado, en el que objetó 61 de los 63 artículos del proyecto aprobado por la Asamblea.

Para la Comisión de Justicia, que elaboró la propuesta, el veto de Lasso se fundamentó “en supuestas violaciones a principios y derechos reconocidos en la Constitución”. La Comisión consideró que cumplió con el mandato de la CC con los mayores estándares de deliberación médica y democrática.

Por esa razón, la Comisión pidió remitir a la Corte Constitucional (CC) el veto parcial de Lasso para que hiciera el respectivo análisis constitucional. El 5 de abril, el Pleno de la Asamblea aprobó esta moción de la asambleísta ponente Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática.

La Corte recibió el pedido y recayó en el despacho de la jueza Karla Andrade. Ella solicitó a la Presidencia, que en un plazo de 24 horas, especifique si el veto remitió al Legislativo era por inconstitucionalidad contra la ley para el aborto por violación. El Ejecutivo respondió enseguida que se trataba de un veto parcial. Los 8 jueces de la CC rechazaron la solicitud de la Asamblea y regresaron el veto al hemiciclo. 

Para la Comisión, a través de su veto, Lasso envió una nueva ley distinta a la aprobada por la Asamblea, porque la objeción parcial reforma en un 90% el proyecto de la ley original. “En este sentido, el proyecto de ley dejó de ser la expresión de la voluntad del pueblo representada por los legisladores”. 

Los movimientos feministas se han adelantado en anunciar que presentarán una demanda de inconstitucional contra la ley de Lasso por considerar a la propuesta del Ejecutivo como regresiva en derechos. Las Organizaciones por una Ley de aborto justa y reparadora (OLA) han considerado que el veto presidencial “perpetúa la tortura como una política de Estado” y ha sostenido que el presidente Lasso “ha adecuado argumentos científicos, jurídicos y bioéticos conforme a sus dogmas religiosos y convicciones personales, abusando del poder político que su cargo le significa”.

‘No es un veto, la de Lasso es una nueva ley’

Verónica Potes, abogada y defensora de DDHH

 Prefiero no llamarlo veto porque es una nueva ley que él presentó. Parece que él hizo su propia ley a partir de la nada,como por ejemplo cuando el Presidente quiere una nueva ley de inversiones. El origen de esta ley es una decisión de la Corte Constitucional (CC), que dice señores legisladores -a partir de un proceso democrático que debe iniciar la Defensoría del Pueblo- pase una ley de acceso al aborto por violación. Con esta decisión, la Asamblea está diciendo ‘señor Presidente, usted tiene la facultad de pasarse todos los procesos democráticos’. Eso es lo que me parece más grave. Es una ley que obstaculiza el acceso al aborto y a la vez es una clara demostración de un gobierno autoritario, que usa una de sus facultades constitucionales para pasar una ley como si fuera legislador.

Este es de los peores temores que teníamos incluso en la época de la campaña presidencial. Ese acercamiento con los grupos feministas fue una mentira que uno quiso creer. Es una muy mala ley que dejó peor el COIP. En la ley de Lasso hasta las personas con discapacidad tienen un plazo para abortar, lo cual no tenían con la antigua legislación. Deja ambigüedades y eso lo va a resolver el Ministerio de Salud, es decir el Ejecutivo.

“El veto obstaculiza el derecho a no vivir una maternidad forzada”

Virginia Gómez de la Torre, médica y directora de la Fundación Desafío

Este es un país donde la cultura de violación está instalada. Esta decisión es la demostración de que los derechos de las mujeres son moneda de cambio para favores políticos o consideran a este tema como de menor importancia. Pero afecta a miles de niñas y adolescentes que se embarazan en un contexto de violencia. En Ecuador, hay más de 5 millones de mujeres en edad reproductiva, de las cuales un tercio vive en medio de un entorno de violencia sexual, según el INEC. Ese no es un problema para la Asamblea ni tampoco lo fue para la Corte Constitucional. que negó la consulta sobre el veto de Lasso. Estamos en un Estado fallido.

Este resultado consolida una propuesta que obstaculiza el derecho a no vivir una maternidad producto de un crimen. Es un veto criminal porque eso es la violación. Al solicitar requisitos para acceder al aborto, es un veto que promueve la impunidad. Y pone en riesgo la vida de las mujeres porque tendrán que abortar en condiciones de riesgo y eso implica morir. A las que no pueden abortar de forma clandestina, tendrán que continuar con embarazos que también las exponen a riesgos. El embarazo de una niña tiene 16 veces más probabilidades de complicarse que el de una mujer adulta. El veto abre la posibilidad de la adopción desde el vientre materno. En un país donde la corrupción campea, cómo puedo asegurar que esas mujeres entreguen a sus hijos a organizaciones de trata de niños.

Desafortunadamente en la sentencia de la Corte pusieron los requisitos aunque digan que no son taxativos. La sentencia dejó la mesa servida para los antiderechos.