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15 de Marzo del 2022
Historias
Lectura: 15 minutos
15 de Marzo del 2022
Susana Morán
Amnistías: El 40% de los casos es por conflictos mineros
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Dirigentes de la comunidad de Yaap, asentada en las faldas del Bosque Protector Kutukú Shaimi, son algunos de los beneficiados por las amnistías de la Asamblea. Foto: FAO

De los 53 casos judiciales en los que la Asamblea aprobó las amnistías, 21 tienen que ver con conflictos causados por la presencia de empresas mineras. Se ubican principalmente en las provincias de Imbabura y Morona Santiago. En esta última, la comunidad Yaap ha rechazado las actividades extractivas. Pero hay división en estas poblaciones.

 

José Esach es shuar y nació hace 45 años en la comunidad Yaap, que está en las faldas del Bosque Protector Kutukú-Shaimi (BPKS), ubicado al este de la ciudad de Macas. Es presidente del colectivo de defensa territorial de esta zona protegida que a su vez pertenece a la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y a la Nacionalidad Shuar del Ecuador (Nashe).


El Bosque Protector Kutukú está en la provincia de Morona Santiago. Según el Ministerio de Ambiente, tiene las mismas características endémicas que la Cordillera del Cóndor. Foto: FAO 

Él es una de las 268 personas amnistiadas por la Asamblea, el pasado 10 de marzo. Junto a otras seis indígenas shuar, era investigado por la Fiscalía por presunta paralización de un servicio público. Fue después de que habitantes de Yaupi bloquearan el paso a la empresa Ecuasolidus S.A., el 18 de enero de 2021, dice el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea. Los indígenas instalaron un control para impedir la entrada del personal de esta empresa.

Este es uno de los 21 casos por conflictos mineros cuyos involucrados se han beneficiado de las amnistías. Eso representa el 40% de los 53 casos que constan en el informe de la Comisión, que abogó por el perdón de los procesados por diversas causas, entre ellos las protestas de octubre de 2019 y defensores de derechos comunitarios y de la Naturaleza.

Yaap pertenece a la parroquia Yaupi, del cantón Logroño, en la provincia de Morona Santiago, donde habitan 380 familias. A Yaupi sus habitantes la llaman “el pulmón del mundo” donde se asienta este bosque protector declarado como tal en 1990. El BPKS pertenece a la Cordillera del Kutukú, que se encuentra separada de los Andes por el valle de los ríos Zamora y Upano, según un informe del Ministerio de Ambiente.

En ese mismo reporte, Ambiente afirma que, a los 2.200 metros de altitud, este bosque es de “tipo matorral esclerófilo”, lo que lo hace similar a zonas como la Cordillera de El Cóndor, donde se “han denotado altos niveles de endemismo”. En el BPKS se estima la presencia de 480 especies de aves, 51 de mamíferos, 81 de anfibios y 41 de reptiles. Pero no hay estudios de toda su fauna porque hay lugares de la cordillera que son inaccesibles.

En el BPKS solo existen comunidades shuar, hermanas con las asentadas en Perú. Desde allí nacen los ríos Yaupi y Morona, los mismo que alimentan el río Santiago.

Ambiente identificó en el 2012 a las actividades mineras e hidrocarburíferas como una de sus amenazas, además de la expansión no planificada de la frontera agropecuaria, la cacería, la construcción de carreteras, entre otras.

Desde Yaap, una pequeña población rural pegada a la frontera con Perú, se ha librado una batalla contra la minería. José Esach asegura que él y su comunidad son radicales respecto al extractivismo. “Para nosotros, la selva, el bosque, el agua, el oxígeno son vida. Es nuestra casa común, es nuestro alimento y sustento para nuestras familias”.

El dirigente shuar cuenta que la empresa Ecuasolidus entró a este territorio a realizar actividades de exploración minera y de socialización. En una respuesta por correo electrónico, Ecuasolidus está desde 2017 en el Kutukú Shiam. Es titular de nueve concesiones “que en diferentes porcentajes intersectan con la parroquia de Yaupi”. Estas son Florian, Elababalus, Didius Julianus, Diadumenian, Commodus, Claudius Gothicus, Caracalla, Caligula y Augustus.


En el Kutukú habitan más de 50 comunidades que se dedican a la agricultura y pesca. Foto: Proamazonia

Asegura que trabaja con 41 de las 56 comunidades que se encuentran en el Kutukú Shiam. Sus primeros acercamientos con Yaupi datan de 2018, según la compañía. “Sin embargo, solo hasta el año 2020 Ecuasolidus realizó socializaciones con las comunidades de Wawaim y Yaap, que culminaron con la suscripción de acuerdos de cooperación en octubre de dicho año. Así mismo, en enero de 2021 como producto de socializaciones con el asentamiento Shuar Mashinkiash, Ecuasolidus también suscribió un acuerdo de cooperación. La empresa tiene como política no ingresar a territorios de comunidades, sin la autorización correspondiente”.

En Yaap existe una pista de aterrizaje y una vía terrestre. Según Esach, la minera usaba ambos accesos. Asegura que hubo un acuerdo entre el presidente de la comunidad y Ecuasolidus. La organización de Esach nació de ese malestar. Se alió con otras comunidades de la zona. “Al inicio era 50% a favor y 50% en contra. Luego avanzamos al 60/40 y ya el 75% se dio cuenta que era un engaño más”, manifiesta el dirigente.

En mayo de 2021, habitantes de Yaupi retuvieron una avioneta. Ese día, contó Esach, llegó una representante de Ecuasolidus para hablar con la comunidad. La aeronave, de la empresa AeroKashurco, aterrizó con ella y más personal. La comunidad no les permitió salir porque se ubicaron en la pista. A las 06:00, dijo el dirigente, un helicóptero sacó a la gerenta desde el estadio del lugar. Los técnicos habrían corrido a la selva.

Después de la retención de una avioneta, habitantes de Yaupi se reunieron en una asamblea para exigir la salida de la empresa minera Ecuasolidus. Foto: NotiAmazonia.com 

Pero para la empresa esta información era falsa. En su respuesta, sostiene que llegaron a la comunidad e hicieron una reunión de socialización sin ninguna novedad. “Por condiciones climáticas, los representantes del Gobierno provincial y de Ecuasolidus no pudieron salir de la zona y tuvieron que pernoctar hasta el 15 de mayo, divididos en dos grupos: uno en Yaupi y otro en Yaap. Esa noche, opositores a las actividades mineras, externos a la comunidad de Yaupi, emitieron comunicados en redes sociales indicando que tenían retenido a personal de Ecuasolidus. Inmediatamente pobladores de la comunidad de Yaupi desvirtuaron esta información por ser falsa. Sin embargo, minutos más tarde, los activistas emitieron nuevos comunicados, indicando que demostrarían la certeza de esta información. Al día siguiente, pobladores de la zona comunicaron que en Santiago de Tukup este grupo de individuos cerraron las vías y robaron los alimentos del Centro de Salud de Yaupi”.

Ecuasolidus asegura que por esa “información falsa” ingresó un helicóptero y una avioneta a las comunidades de Yaupi y Yaap, respectivamente, para evacuar a los representantes del Gobierno provincial y de la empresa. “Mientras el personal ingresaba al helicóptero, aparecieron tres camionetas llenas de personas de las comunidades aledañas con piedras, armas y palos para impedir la evacuación. Gracias al apoyo de la comunidad de Yaupi, se logró evacuar el grupo de personas que se encontraban en ese lugar”.

Tras este hecho, el 17 de mayo de 2021, llegó a Yaupi una comitiva de la Ficsh y de la Confeniae, además de la gobernadora de Morona Santiago, Adriana Jaramillo, el Alcalde de Logroño, y un representante de la Defensoría del Pueblo. En esa asamblea, la comunidad Yaap dejó libre al piloto y la avioneta después de acordar tres puntos. Primero resolvió suspender toda actividad de la empresa Ecuasolidus; también presentar una acción de protección para la suspensión y reversión de los títulos mineros; y finalmente, prohibir a AeroKashurco, empresas terrestres, autoridades locales, cantonales y de la provincia que presten servicios ocasionales o permanentes a Ecuasolidus en esos territorios. El incumplimiento de estas medidas, establecieron, será sancionado con justicia indígena.

No ha sido la única resolución. El 4 de diciembre de 2020, otra asamblea de la comunidad de Yaupi ratificó su oposición a la minería, exigió el retiro de Ecuasolidus y anunció justicia indígena para los miembros de la Ficsh y Nashe que promuevan el ingreso del personal de esa minera. El documento tiene la firma de 13 dirigentes en comunidades shuar. Para la minera, sus opositores no pertenecen a Yaupi.  

Sobre esta oposición y la falta de consulta previa en estas comunidades, la empresa respondió que ha difundido información acerca del proyecto, consulta y suscripción de acuerdos y autorizaciones. “Es decir, ha ido construyendo una licencia social que le permite entablar comunicación directa y efectiva entre las partes”.

Pero desde el 17 de mayo de 2021, dice Esach, estas comunidades han cortado todo tipo de entrada a Ecuasolidus y dicen que están en permanente vigilia.

41 criminalizados por conflictos mineros en Morona

José Esach no solo ha sido investigado por el caso Yaap. Asegura que fue parte del grupo de perseguidos por Nankints desde hace años. Esach recuerda que tuvo que vivir un buen tiempo en Perú separado de su familia. En Nankints vivían sus amigos y parientes.


La empresa china Ecuacorriente instaló un campamento en el territorio de la comunidad de Nankints. Foto: Lalo Calle/ MongabayLatam

Los habitantes de Nankints y Tsunsuim sufrieron el desalojo forzoso de su territorio después de que se tomaran el campamento La Esperanza de la empresa minera Ecuacorriente. Los enfrentamientos más fuertes se dieron el 14 de diciembre de 2016 cuando indígenas y policías resultaron heridos y un uniformado murió por “armas aparentemente de uso militar o policial”, agrega el reporte legislativo.

Dos días después, la Fiscalía abrió una investigación previa. Aunque han pasado cinco años, la fiscal provincial Ana Madera no la ha archivado, dice el mismo informe. Otra investigación se abrió por la quema del campamento de Ecuacorriente en Nankints, en 2020. “La empresa minera siempre presume que estarían involucrados los antes habitantes del extinto Nankints y el centro Shuar Tsunsuim”.

Tarquino Cajamarca, abogado de Esach y de otras 17 personas de la provincia, afirma que sus defendidos han sido criminalizados por la resistencia a las actividades mineras en sus territorios sin consulta previa e informada. “Con tener solo el título de la concesión minera y el permiso -si es que lo hay- para desarrollar actividades prospectivas, no es suficiente para llegar a un territorio indígena”. Después de Imbabura, Morona Santiago es la provincia con más casos.

 

En el informe de la Comisión, hay cuatros casos por conflictos mineros en las comunidades de Yaap, Nankints y Tsunsuim relacionados con las empresas Ecuasolidus y Ecuacorriente. La Fiscalía de Sucúa, que es la competente para esa zona, abrió investigaciones previas por supuesta delincuencia organizada, ataque y resistencia y paralización de servicio público. En total, 17 personas fueron amnistiadas en esta provincia. Todos son shuar. En los 21 casos por conflictos mineros, el delito más frecuente es el daño a bien ajeno.

 

De los 17, solo seis personas lograron completar los documentos para la amnistía porque ha sido difícil la comunicación con todos los implicados. En Morona Santiago, hay 41 personas criminalizadas en total, según el abogado. Solo en el caso de Yaap, la defensa no pudo localizar a 10 personas más porque desde Macas hay siete horas de camino hasta Yaap donde termina la carretera. De ahí la comunidad más cercana está a dos horas a pie; hay otros caseríos que están a siete u ocho horas a pie donde no hay internet.

Cajamarca dice que les urge trabajar en una lista de personas para las amnistías. Solo en Gualaquiza, a raíz de los incidentes en Nankints, se abrieron 31 procesos, de ellos seis no han sido archivados. De estos dos han avanzado, dijo Cajamarca.

El abogado explica que en esta provincia las mineras han influido en las comunidades indígenas y los han convencido de que son pobres desde el punto de vista económico. “Pero ellos no requieren algo para ser algo, porque son los dueños de este territorio”. Dice que algunas campañas de socialización de los proyectos mineros, estas han sido pasadas por supuestas consultas porque las mineras piden a los asistentes que firmen documentos para justificar un almuerzo o un sánduche. “Pero jamás han hecho consulta previa informada”.

La minería ha dividido a las poblaciones. Cajamarca recuerda las declaraciones de Numi Vicente Tsakim, expresidente del pueblo Shuar Arutam y hoy coordinador de la Alianza Estratégica Warints y Yawi, que trabaja con la empresa minera Lowell Mineral Exploration Ecuador, subsidiaria de compañía minera canadiense Solaris Resources. En una entrevista, Tsakim sostuvo que el 60% de los habitantes de Warinsts y Yawi estaban a favor de minera.

Cajamarca cree que solo el 50% se ha mostrado a favor de este tipo de actividades por “la manipulación de la información” y porque los líderes están “cooptados”. Afirma que los indígenas shuar que trabajan con la empresa no es por convencimiento sino por la falta de trabajo en la zona.  

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