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12 de Julio del 2023
Historias
Lectura: 23 minutos
12 de Julio del 2023
Redacción Plan V
Caso Gabela: un largo camino en busca de la verdad
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Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, lee conmovida el informe llamado Tercer Producto, en medio de Fausto Cobo, director del CIES, y Jeannine Cruz, presidenta de la Consejo de Comunicación. Fotos: Luis Argüello. PlanV

 

Diez años después de entregado el desaparecido Tercer Producto por el perito Roberto Meza, la viuda del general Gabela, Patricia Ochoa, pudo tener entre sus manos el texto reconstruido por el propio perito, por orden de la Corte Constitucional. Esta es la historia de una persistente lucha de su familia por obtener verdad en el asesinato de Jorge Gabela, ex comandante de la FAE y denunciante de la compra de siete helicópteros Dhurv.


El informe del perito Roberto Meza, llamado Tercer Producto, involucra a dos ex generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, como posibles autores intelectuales: Alonso Espinosa, ex jefe de operaciones, y Rodrigo Bohorquez, ex comandante general. Esa es una de las tres conclusiones fundamentales del informe. La otra sostiene que el asesinato del general Jorge Gabela fue para silenciarlo por sus denuncias en contra de la compra de los siete helicópteros Dhruv, de la India, de los cuales se cayeron cuatro, causando tres tripulantes muertos y otros heridos. 

Varias cajas con los documentos de la investigación enmarcaron la mesa principal, durante el acto público en el cual la comisión especial y otras autoridades entregaron el Tercer Producto a Patricia Ochoa, en la sede del Consejo de Comunicación, en el centro norte de Quito. Fotos: Luis Argüello. PlanV

Trece años tuvo que esperar su viuda, Patricia Ochoa, para tener en sus manos un informe que ratifique lo que ella y su familia sostuvieron todo ese tiempo, a pesar de presiones, amenazas, juicios y campañas de descrédito: que mataron a Jorge Gabela para silenciarlo. En septiembre del 2013, durante el gobierno de Correa, el perito Meza, contratado por ese gobierno, firmó los productos que entregó al ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En una rueda de prensa, la entonces ministra Lady Zúñiga, ahora candidata por el correísmo a la Asamblea, mostró dos páginas escritas a máquina y dijo que ese era el informe. El perito reaccionó y señaló que su informe estaba sumillado en todas las hojas, y que esas no eran las conclusiones a las que había llegado. Luego reveló que hubo varias comunicaciones electrónicas  de funcionarios de ese ministerio y de otros en las cuales se le habría dispuesto que sacara de las conclusiones todo lo que señalara que la muerte del general Gabela no fue por delincuencia común, teoría del régimen de ese entonces.  Los esfuerzos de Patricia Ochoa por llegar a la verdad de lo ocurrido por su esposo, llegaron hasta la Defensoría del Pueblo.  El 25 de abril del 2018, el defensor Ramiro Rivadeneira propuso una acción de acceso a la información pública en contra de la Presidencia de la República del Ecuador para acceder al informe final elaborado por el Comité Interinstitucional creado para “conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del señor General Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana”.

La Corte Constitucional dispuso que la Comisión especial entregara el informe en un acto público con presencia de los medios de comunicación.

Ochoa y la Defensoría perdieron las batallas en primera y segunda instancia, para exigir a la Presidencia de la República que entregue la documentación, por lo cual el 30 de agosto del 2018, la Defensoría del Pueblo presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, CC. Nueve meses después, la acción fue admitida por la Sala de Admisiones de la CC y tres años cinco meses después, en octubre del 2022, el juez ponente avocó conocimiento de la causa. Es decir, la Corte demoró cuatro años y más en empezar el trámite del pedio de la Defensoría del Pueblo.

Ante la Corte, Patricia Ochoa argumentó que "nunca obtuvo el informe completo y que existen cuestionamientos sobre su veracidad. Refiere que los documentos que entregó el Ministerio de Justicia, por solicitud de la Presidencia de la República, no están completos, no poseen firmas de autenticidad o sumillas y que no tienen consistencia. Por ello, dijo que se vulneró el derecho al acceso a la información pública.

Ante la Corte constitucional, Patricia Ochoa argumentó que "nunca obtuvo el informe completo y que existen cuestionamientos sobre su veracidad. Refiere que los documentos que entregó el Ministerio de Justicia, por solicitud de la Presidencia de la República, no están completos, no poseen firmas de autenticidad o sumillas y que no tienen consistencia". 

También insistió en "solo quiere la verdad sobre la muerte de su esposo y que se persiga a los responsables". Consideraba ella que la vulneración del derecho al acceso a la información pública, por parte de la Presidencia de la República y de la administración de jusiticia, "no solo trajo como consecuencia la afectación al esclarecimiento de la muerte de su esposo, sino que también era fundamental para emprender acciones oportunas y, así, evitar los siniestros que ocurrieron con las cuatro aeronaves que cobraron la vida de más personas".

El 9 de febrero del 2023, la CC emitió la sentencia 2366-18-EP/23, cuyo ponente fue el juez constitucional Enrique Herrería Bonet. El contenido de la sentencia, que puede considerarse histórica en cuanto al derecho a la verdad de los ciudadanos, fue resumido por la CC de la siguiente manera: 

"La Corte Constitucional (CC) aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por la Defensoría del Pueblo en contra de la sentencia de apelación que resolvió una acción de acceso a la información pública, relacionada con la petición del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional creado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia en torno a la muerte del general Jorge Gabela.

Arriba: el perito Meza entrega varios ejemplares el director del CIES, Fausto Cobo. Abajo, el coordinador de la Comisión, Arturo Moscoso, abraza a Patricia Ochoa luego de entregarle oficialmente el Tercer Producto reconstruido. 

"La Corte consideró que existió una vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, y en análisis de mérito resolvió aceptar la acción de acceso a la información pública, determinó que la información entregada fue incompleta, y que la que sí se entregó, en varias partes, presentó inconsistencias por lo que no es fidedigna.

La CC mencionó que el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la verdad tienen un vínculo estrecho, cuando la información requerida se relaciona con “infracciones penales” o violaciones a derechos humanos, y estableció cinco obligaciones específicas para el Estado, en casos relacionados con este tipo de información: i) la preservación;  ii) la identificación del lugar en donde reposa; iii) el acceso sin restricciones a la información a los familiares y a las autoridades competentes para investigaciones; iv) el manejo adecuado de la información para prevenir su alteración, mutilación, ocultación o destrucción; y, v) la reconstrucción en los casos en los que la información se haya extraviado, sea incompleta y no puede ser recuperada.

Patricia Ochoa firma el acta de entrega recepción del documento.

"La CC ordenó varias medidas de reparación por la vulneración de derechos constitucionales, entre ellas, la coordinación y entrega de la información faltante, la investigación para determinar el manejo de la información solicitada en el caso; y, las disculpas públicas a los familiares del general Jorge Gabela Bueno y a la ciudadanía".

Las medidas de reparación fueron las siguientes: 

Que la Presidencia de la República coordine y recabe la información contenida en el párrafo 99 (La CC se refiere a los siguiente documentos: Anexo 2, el Acta No 3 de la reunión de trabajo del Comité que no contiene ninguna firma. Los CDs del Anexo 5 respecto al proceso penal por la muerte del Gral. Jorge Gabela Bueno. Los CDs del Anexo 6 sobre el trámite de juicio político en contra del ministro de Defensa Nacional y la comparecencia del general Jorge Gabela Bueno a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los 21 CDs sobre la información recopilada por el Comité. El CD del Anexo 12 relativo a la información entregada por el Ministerio de Defensa Nacional al Comité. para su entrega a la entidad accionante en el plazo de dos meses desde la notificación de esta sentencia).

Que, en el término de 15 días desde la notificación de esta sentencia, la Presidencia de la República informe a esta Corte sobre la designación de una Comisión o Comité encargado de coordinar con el perito Roberto Meza la entrega de un ejemplar del Tercer Producto. Para tal efecto, en el término de los 15 días antedichos, deberá remitir a este Organismo la identificación de las personas que conformarán dicho Comité.

El Comité es el responsable de coordinar con el perito Roberto Meza la entrega de un nuevo ejemplar del Tercer Producto pericial —con las certificaciones pertinentes— en el plazo de tres meses desde la notificación de la presente sentencia. La entrega deberá ser realizada a la señora Patricia Ochoa Santos y a la Defensoría del Pueblo en un acto público con asistencia de los medios de comunicación. Tras la entrega pública y oficial de este informe, la señora Patricia Ochoa Santos y a la Defensoría del Pueblo
podrán formular las consideraciones u observaciones que estimen pertinentes en el término de 20 días y éstas serán absueltas en el término de 30 días por el perito.

La CC también ordenó a la Fiscalía General y la Contraloría que "emprendan las acciones pertinentes en contra de los servidores públicos que en su momento estaban obligados al manejo, elaboración y recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios públicos responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe".

Que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado realicen una investigación en el marco de sus competencias para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios que en su momento fueron responsables del manejo del informe del Comité Interinstitucional de conformidad con el párrafo 101 de esta sentencia. Para tal efecto, deberán entregar a este Organismo un informe sobre las medidas y sanciones emprendidas en el plazo de 5 meses desde la notificación de esta sentencia.

Que la Función Ejecutiva ofrezca disculpas públicas, que debieron hacerse efectivas 30 días después de la notificación de la sentencia de la CC. El 14 de marzo del 2023, la Presidencia cumplió la orden de la Corte.

La CC también ordenó a la Fiscalía General del Estado y la Contraloría que "emprendan las acciones pertinentes en contra de los servidores públicos que en su momento estaban obligados al manejo, elaboración y recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios públicos responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe. Para tal efecto, deberán entregar a esta Corte un informe sobre las medidas emprendidas en el plazo de 5 meses desde la notificación de esta sentencia". El plazo para las dos entidades estarían por cumplirse.

Otra diposición de la Corte fue que la entrega del Tercer Producto "deberá ser realizada a la señora Patricia Ochoa Santos y a la Defensoría del Pueblo en un acto público con asistencia de los medios de comunicación. Tras la entrega pública y oficial de este informe, la señora Patricia Ochoa Santos y a la Defensoría del Pueblo podrán formular las consideraciones u observaciones que estimen pertinentes en el término de 20 días y éstas serán absueltas en el término de 30 días por el perito".

Esto se realizó a las 18:00 del martes 11 de julio, en la sede del Consejo de Comunicación, Cordicom. Fue un acto al que se invitó a todos los medios de comunicación y la ciudadanía, y fue trasmitido en directo por los canales de la entidad. Ahí, el perito Meza hizo entrega oficial del informe al secretario de Inteligencia, Crnel. Fausto Cobo. El CIES fue la entidad pública que hizo el contrato con el perito, por lo cual, de acuerdo al documento, el secretario debía recibir oficialmente el Tercer Producto. Luego, Cobo entregó el documento a la Comisión conformada por Arturo Moscoso, Jeaninne Cruz y Sebastián Palacios. Moscoso, en calidad de presidente de la Comisión, entregó formalmente el documento al representante de la Defensoría y a Patricia Ochoa.

La Corte también resolvió "exhortar a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes a continuar su labor, en el marco de sus competencias, para el esclarecimiento de los hechos y el señalamiento de los responsables de la muerte del general Jorge Gabela Bueno".

Esta es la sentencia de la CC 

Lea aquí la sentencia de la Corte Constitucional. Ver PDF

La novela del Cojo, de alias Francis, y un general fantasma que pagó para matar

Alias Cojo fue el personaje con el que el perito Meza empezó su explicación de las conclusiones del Tercer Producto. 

Cojo está detenido en la Penitenciaría por asesinato. En las entrevistas con el equipo de Meza dijo que el autor material del asesinato del general Gabela había sido un tal Francis. ¿Quién era alias Francis? La información de Cojo daba cuenta que Richard Párraga, que estaba también preso en la penitenciaría estuvo detenido con Francis y vinculado al caso Gabela. Meza entrevistó a Párraga, y la información que dio acerca de Francis fue que este era zurdo. Ya se sabía, de investigaciones anteriores, que el autor del disparo que mató a Gabela usó su mano izquierda. Los peritos fueron en la búsqueda del historial de detenciones de Párraga. Encontraron que Párraga, que estaba fallecido, estuvo detenido en febrero del 2011 en la Policía Judicial del Guayas. En el 2018 el entonces Fiscal René Astudillo dijo que Francis nunca estuvo detenido por el caso Gabela. Pero en ese año 2011, el fiscal Astudillo solicitó a las autoridades que tanto Richard Párraga como Derlys David Salazar Vargas, debían ser detenidos para investigación por estar relacionados con la muerte de Gabela. Cuando el perito fue a buscar las declaraciones de estas dos personas, estas no constaban dentro del expediente. ¿Por qué? Había algunas cosas extrañas: Alias Francis estaba identificado como sicario y con buenos contactos con la policía y con políticos y se dijo que había pagado veinte mil dólares al fiscal para quedar libre. Eso fue negado por el fiscal y demostró que en julio del 2011 sacó ese dinero de su cuenta y depositó en otra de su titularidad. Entonces, el primer dato nuevo es que alias Francis fue llamado a declarar por el caso Gabela pero sus declaraciones no constan en expediente alguno.

Al final del acto de entrega del informe, el perito Roberto Meza explicó las conclusiones y la relación de los involucrados con la muerte del general Gabela. 

Otra de las informaciones que Cojo como Párraga habían dicho en ese momento era que Francis había muerto acribillado en diciembre del 2012, en Sauces 6. La información existe, pero les quedó la duda porque el fiscal Astudillo también había dicho que Derlys Salazar Vargas y Francisco Cruz Vargas eran la misma persona. Para corroborar eso solicitaron las impresiones dactilares de Salazar Vargas y de Cruz Vargas, las cotejaron y comprobaron que era la misma persona. Por tanto, el asesino del general Gabela estaría muerto. Pero en algunos registros olficiales aparecían actividades ilícitas de Derlys Salazar Vargas, como si para los registros oficiales estaría vivo. Es más, hay una duda pertinente de que el asesino de Gabela estaría vivo, incluso había votado en las elecciones generales del 2021. El perito Meza que es parte de una estrategia para crearse dos identidades. 

El Cojo también había dicho que alias Francis (o Derlys Salazar Vargas o Francisco Cruz Vargas) había sido pagado por un general de la FAE para asesinar al general Gabela. Pero el Cojo no podía especificar el nombre del supuesto contratante porque no lo sabía. El perito, entonces, no le quedó otra cosa que buscar entre los generales de la FAE quién podía tener motivos para mandar a matar al general Gabela. Entonces puso la mira en los generales Bohorquez y Espinosa. En el primero porque reabrió el proceso de compra de los helicópteros de la India y luego amenazó públicamente en la Asamblea al general Gabela (para entonces Gabela seguía denunciando la compra de las naves y había sido llamado, así como Bohórquez, a comparecer a la Comisión de Fiscalización, que investigaba la compra de los aparatos). Y en cuanto a Espinosa, porque Patricia Ochoa había denunciado constantemente a este general y se comprobó que puso un seguimiento de Inteligencia al general Gabela que, según dijo Espinosa en Ecuavisa hace cuatro años, fue por orden del comandante de la FAE ...el general Bohórquez.

El contenido de ese documento apócrifo manchaba la integridad moral del general Jorge Gabela, al mencionar que el deseo del comandante por echar abajo la compra de los Dhruv respondía a intereses comerciales más que técnicos.

Gabela renunció a la comandancia de la FAE en abril del 2008. Antes de eso se reunió con el presidente Correa y le puso al tanto de los problemas de los helicópteros Dhruv, incluso le entregó una carpeta con datos sobre el tema. Pocos días después de esta reunión, un informe de Expreso, firmado por Christian Zurita, daba cuenta de las discrepancias en el alto mando de la FAE por la compra de los helicópteros y señalaba que Gabela había echado abajo dos veces el concurso y sancionado con el pase a los mienbros del comité de contrataciones. Zurita se había basado en un documento firmado por un capitán Gavilanes, miembro de ese comité, que dijo al periodista que lo había escrito por petición del general Espinosa. Ese documento no tenía una numeración oficial, y aunque la información ahí contenida tenía visos de veracidad, era un documento apócrifo. El documento, que nunca fue reconocido por la FAE como oficial, había sido entregado a Zurita por Juan Cortez, el representante legal de la empresa Sumil, la que vendió los Dhruv. Se infiere que el empresario había recibido el documento de las manos del general Espinosa. Gabela, siendo aún comandante, buscó al autor de ese informe, infructuosamente. Incluso estuvo a punto de demandar a Expreso para obtener esa información. El contenido de ese documento apócrifo manchaba la integridad moral del comandante Gabela, al mencionar que el deseo del comandante por echar abajo la compra de los Dhruv respondía a intereses comerciales más que técnicos. ¿Cuál fue la motivación de Espinosa al hacer esta maniobra? ¿Por qué entregó ese documento al empresario Cortez? Según Roberto Meza, para "denigrar la imagen del general Gabela". Pero el mismo perito cuenta que Espinosa había dicho ante la Asamblea que el general Gabela, que era su inmediato superior en la FAE, jamás lo había sancionado y que su relación era de amistad. Pero Roberto Meza dice haber encontrado cuatro llamados de atención de Gabela a Espinosa. 

Existen suficientes motivos...

Las conclusiones finales del Tercer Producto dicen que "existen suficientes indicios para ubicar al general Bohorquez y al general Espinosa con motivaciones personales y económicas claras, que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela.

"La muerte del general Gabela terminaría con las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicóperos Dhruv.

"Respecto a la relación de mando dentro de las instituciones, el entonces presidente de la República, Rafael Correa; los ministros de Defensa, Wellinton Sandoval y Javier Ponce; los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE conocían de la falta de idoneidad ténica de los helicópteros Dhruv, y;

"Existió por parte de agentes de la FAE un sistemático seguimiento al general Gabela, desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte e incluso una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional".

Esta es la declaración completa del perito Roberto Meza Miella:

GALERÍA
Caso Gabela: un largo camino en busca de la verdad
 


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