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23 de Enero del 2024
Historias
Lectura: 25 minutos
23 de Enero del 2024
Fermín Vaca Santacruz
Conflicto armado: ¿cuáles son los delitos de guerra en Ecuador según el COIP?
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Los delitos de guerra están tipificados en Ecuador  en el COIP. Tropas del Ejército recorren el sur de Quito en el marco del conflicto armado interno. Foto: Luis Argüello / PlanV

 

En especial en Colombia y Argentina, situaciones de conflicto interno llevaron a violaciones de derechos humanos que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos casos se consideran emblemáticos en la materia, mientras que en el Ecuador, una serie de delitos cometidos en el marco del Derecho Internacional Humanitario están ya tipificados.


Una masacre cometida por el Ejército colombiano contra un grupo de campesinos, y el combate entre una guerrilla marxista y el Ejército argentino son dos casos emblemáticos en la región en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado precedentes relacionados con la aplicación del derecho internacional humanitario en el caso de los conflictos armados en los países de Latinoamérica.

En el caso de Colombia, la práctica del Ejército y la Policía de presentar cadáveres de supuestos guerrilleros caídos en combate, cuando en realidad se trataba de campesinos, fue conocido como el escándalo de los "falsos positivos" que evidenció que las fuerzas del orden del país vecino cometían delitos de guerra para justificar su accionar y presupuesto. Varios de estos delitos continúan en la impunidad, pues el juzgamiento se ha visto entorpecido por los tribunales penales militares que aún existen en Colombia.

También en Colombia, las denuncias que ante la impunidad interna han llegado al sistema interamericano de derechos humanos, no han obtenido pronunciamientos de la Corte apelando al Derecho Internacional Humanitario, pues el sistema intermericano se rigue por su propia Convención.

Mientras tanto, en Argentina, el ataque de un grupo armado marixista a un cuartel del Ejército en los años 80 motivó un pronunciamiento del sistema interamericano recordando la necesidad de aplicar el derecho internacional humanitario en la región y en respetar los derechos de los prisioneros de guerra.

En el Ecuador, los delitos de guerra y los que pueden ser cometidos en el marco de un conflicto interno armado están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) mientras que la Constitución los declara imprescriptibles. 

Pero a diferencia de los sistemas legales de Colombia y Argentina en la época de los casos Las Palmeras y La Tablada, el ordenamiento legal ecuatoriano ya contiene la tipificación de los delitos de lesa humanidad y los posibles crímenes de guerra que, en teoría, pueden cometer cualquiera de las partes involucradas en el conflicto interno armado que vive el país.

En un análisis publicado por la Inredh, el jurista David Cordero Heredia hizo un recuento de las normas que el ordenamiento legal ecuatoriano tiene para la aplicación del derecho internacional humanitario.

David Cordero. Foto: Luis Argüello / PlanV

Cordero destaca los artículos 79 y 80 de la Constitución. El primero (que busca ser reformado por el actual Gobierno) prohíbe la extradición de los ecuatorianos. El artículo 80, en cambio, dice: "Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó", lo que podría ser aplicado en la situación actual de conflicto interno.

Cordero precisa también que el Estatuto de Roma, que regula las acciones de la Corte Penal Internacional, y del que es signatario el Ecuador, forma parte de nuestro ordenamiento legal, en función del artículo 425 de la Constitución, que dice: "El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos".

El jurista destaca además que, luego de reformas al COIP en 2010 y otras que se han hecho en 2019, se incluyeron los Delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y el Capitulo correspondiente a los crímenes de genocidio y etnocidio.

¿Quiénes son las personas protegidas en el conflicto armado?

Efectivamente, tales normas penales constan en el artículo 111 y siguientes, hasta el 139, en donde se explica que para las leyes del Ecuador, las personas protegidas por el derecho internacional humanitario son:

1. La población civil.

2. Las personas que no participan directamente en las hostilidades o que han dejado de participar en ellas y los civiles en poder de la parte adversa.

3. El personal sanitario o religioso.

4. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.

5. Las personas que han depuesto las armas.

6. Las personas que, antes del inicio de las hostilidades, pertenecían a la categoría de apátridas.

7. Los asilados políticos y refugiados.

8. El personal de las Naciones Unidas y personal asociado protegido por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado. Asimismo, al personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra.

9. Cualquier otra persona que tenga esta condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales xomo los prisioneros de guerra, los heridos y enfermos, las mujeres y los niños, así como las personas desaparecidas.

Además, el artículo 112 del COIP enumera los bienes protegidos en el caso de conflictos armados:

1. Los de carácter civil que no constituyan objetivo militar.

2. Los destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas civiles, como las zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos militares y los bienes destinados a su supervivencia o atención.

3. Los que forman parte de una misión de mantenimiento de paz o de asistencia humanitaria.

4. Los destinados a la satisfacción de los derechos del buen vivir, de las personas y grupos de atención prioritaria, de las comunidades pueblos y nacionalidades de la población civil, así como los destinados al culto religioso, las artes, la ciencia o la beneficencia.

5. Los que son parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental.

6. Los edificios dedicados a la educación, así como los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos.

7. Los edificios, materiales, unidades y medios de transporte sanitarios

8. Los edificios o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas.

Actualmente, ya rigen las disposiciones aplicables al conflicto armado, pues el artículo 114 del COIP dice: "Aplicación de disposiciones en conflicto armado internacional o no internacional.- Las disposiciones relativas al conflicto armado internacional o no internacional se aplican desde el día en que este tiene lugar, independientemente de la declaración formal por parte de la Presidenta o del Presidente de la República o de que decrete el estado de excepción en todo el territorio nacional o parte de él, de acuerdo con la Constitución y la Ley. Se entiende concluido el estado de conflicto armado internacional o no internacional, una vez que han cesado las hostilidades o por dejar de existir el grupo armado organizado que era parte en el conflicto armado no internacional".

El COIP establece también, en su artículo Art. 119 sobre Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en persona protegida: "La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, en territorio nacional o a bordo de una aeronave o de un buque de bandera ecuatoriana, torture o inflija tratos crueles, inhumanos o degradantes a persona protegida será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años".

El asesinato de civiles en el marco del conflicto armado también está penado con hasta 26 años de cárcel. También se penalizan los castigos colectivos en el marco del conflicto. 

Por otro lado, el reclutamiento de jóvenes y adolescentes, que realizan algunas de las bandas armadas que operan en especial en las provincias de la Costa, también puede ser considerado un delito de guerra, según el artículo 127 del COIP: Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.- La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, o independientemente de este, reclute o enliste a niñas, niños o adolescentes en las fuerzas armadas o grupos armados; o, los utilice para participar en el conflicto armado, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años".

Algo similar puede ocurrir con las tomas de rehenes en la situación actual, pues el artículo 128 establece que "Toma de rehenes.- La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a otra de su libertad, condicionando la vida, la integridad o su libertad para la satisfacción de sus exigencias formuladas a un tercero o la utilice como medio para fines de defensa será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años".

Colombia: El caso Las Palmeras y la impunidad en la justicia militar

En Colombia, ante la falta de respuestas por parte de la justicia civil y de la penal militar, que todavía funciona en el país vecino, se han presentado decenas de denuncias apelando a los protocolos de La Haya  y Ginebra, es decir, ante la Corte Penal Internacional y en aplicación del derecho internacional humanitario.

En una investigación realizada por los catedráticos Clara María Mira y Juan Pablo Arenas de la Universidad CES, se relatan una serie de crímenes cometidos tanto por los grupos paramilitares (que inclusive recurrieron a asesinatos y descuartizamientos de las víctimas) cuanto por el Ejército colombiano, acusado de asesinar a activistas de derechos humanos, y de realizar torturas y ejecuciones extrajudiciales. En algunos de los casos, el Estado también ha sido demandado no por la acción de la fuerza pública sino por su omisión, al no haber impedido las acciones criminales de los grupos armados. 

Entre los casos mencionados, están la masacre de Mapiripán, cometida por los paramilitares, o la toma del grupo guerrillero M19 del Palacio de Justicia de Bogotá, en 1985,  en donde murieron los magistrados de la Corte Suprema, algunos durante el "rescate" por parte del Ejército, pero los investigadores señalan que la Corte Interamericana, a pesar de reconocer el conflicto armado en Colombia, ha evitado siempre pronunciarse sobre las violaciones al derecho internacional humanitario.

En 2017 se conmemoraron los 20 años de la masacre de Mapiripán. Foto Cristian Garavito / El Espectador.

Pero la Corte Interamericana sí se pronunció, en un caso emblemático, sobre las violaciones al derecho internacional humanitario en Colombia, destacan los expertos.

"El único de los casos en los cuáles la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica el DIH es el caso Las Palmeras vs Colombia. Este fue el primero de los casos en los que la Corte se pronuncia sobre la interpretación y aplicación del DIH. Anteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH- se había pronunciado en el caso La Tablada vs Buenos Aires y en el informe expedido al Estado de Argentina, la CIDH hizo referencia al DIH para aplicarlo de manera directa frente al principio de distinción, dado que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no contiene normas que permitan derivar responsabilidad de ataques armados de la fuerza pública frente a la población no combatiente. En esta ocasión, por tratarse de hechos dentro del conflicto armado, es necesario aplicar estas normas del Derecho Internacional Humanitario", señalan los expertos.

La sentencia del caso Las Palmeras fue emitida en diciembre de 2001, por una Corte integrada por el ex juez ecuatoriano Hernán Salgado Pesántez. En la sentencia, emitida 10 años después de los hechos, se relata como "el 23 de enero de 1991 el Comandante Departamental de la Policía de Putumayo ordenó a miembros de la Policía Nacional llevar a cabo una operación armada en la localidad de Las Palmeras, Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo. La Policía Nacional fue apoyada por efectivos del Ejército. En la mañana de ese mismo día, se encontraban en la escuela rural de Las Palmeras unos niños que esperaban el comienzo de las clases y dos trabajadores que reparaban un tanque séptico. Estos eran Julio Milciades Cerón Gómez y Artemio Pantoja. En un terreno lindero se hallaban los hermanos Wilian Hamilton y Edebraes Norverto, ambos Cerón Rojas, ordeñando una vaca. El maestro Hernán Javier Cuarán Muchavisoy estaba por llegar a la escuela".

Sentencia del caso Las Palmeras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. VER PDF

"Las fuerzas del Ejército abrieron fuego desde un helicóptero e hirieron al niño Enio Quinayas Molina, en ese entonces de seis años, quien se dirigía a la escuela. La Policía detuvo en la escuela y en sus alrededores al maestro Cuarán Muchavisoy, a los trabajadores Cerón Gómez y Pantoja, a los hermanos Wilian Hamilton y Edebraes Cerón y a otra persona no identificada que podría ser Moisés Ojeda o Hernán Lizcano Jacanamejoy. La Policía Nacional ejecutó extrajudicialmente por lo menos a seis de estas personas".

El relato de la Corte prosigue: "Los miembros de la Policía Nacional y del Ejército realizaron numerosos esfuerzos para justificar su conducta. En este orden de ideas, vistieron con uniformes militares los cadáveres de algunas de las personas ejecutadas, quemaron sus ropas y amedrentaron a varios testigos del caso. Igualmente, la Policía Nacional presentó siete cadáveres como pertenecientes a subversivos muertos en un presunto enfrentamiento. Entre esos cadáveres se encontraban seis cuerpos de las personas detenidas por la Policía y un séptimo, cuyas circunstancias de muerte no han sido esclarecidas".

Durante el proceso, la Corte valoró las pruebas que presentó la Comisión Interamericana y la defensa del Estado de Colombia, en donde se determinó que la justicia interna del país vecino ya había determinado la responsabilidad del Estado en las muertes de cinco de las víctimas, pero que la Policía había realizado una investigación de apenas cinco días en la que absolvió a todos los involucrados, y la justicia penal militar no habpia avanzado en el proceso.

La Corte Interamericana recordó en el caso Las Palmeras que el sistema penal militar debe servir para faltas de orden y disciplina castenses, y no para tratar delitos como este tipo de asesinatos. El Consejo de Estado de Colombia había declarado la "responsabilidad del Estado" pero no hubo sentencias penales contra los asesinos en este caso, hasta el momento de la sentencia de la Corte. 

Además, la Corte consideró que ni la Policía ni el Ejército pueden ser juez y parte en este tipo de situaciones. Ello se confirmó en Colombia, donde la justicia militar no hizo nada durante siete años, lo que motivó el traslado del caso a la justicia ordinaria. Para la Corte, si han pasado más de cinco años en un proceso de hechos de este tipo y no ha habido resolución, se están violando los derechos de los familiares de las víctimas y propiciando la impunidad.

La sentencia sentó un precedente en determinar que las justicias implementadas por los uniformados no pueden procesar casos de este tipo, pues es evidente que violan la imparcialidad necesaria, además de que se encontró evidencia de que los policías involucrados en la masacre escondieron y manipularon la evidencia para evadir su responsabilidad. La Corte determinó que un sexto asesinado fue víctima de los agentes del Estado, mientras del séptimo cadáver presentado como caído en combate no se pudo determinar las circunstancias de su muerte. 

En su informe mundial 2024 sobre derechos humanos, la organización Human Rights Watch se refirió a los casos de "falsos positivos" en Colombia y las maniobras para llevar los procesos a los tribunales del Ejército y la Policía: "Los escasos avances en la investigación de abusos perpetrados por agentes de la fuerza pública continúan siendo un problema grave. El 28 de marzo de 2022, 11 personas murieron durante una operación del Ejército realizada en El Remanso, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia. Al menos cuatro civiles murieron. En mayo de 2023, la Fiscalía General de la Nación anunció que acusaría a 25 soldados por los asesinatos. Sin embargo, al momento de redactar este informe, la Corte Constitucional estaba analizando una petición de los abogados defensores para trasladar el caso a la justicia penal militar, que históricamente no ha sido capaz de garantizar la justicia", señaló la organización sobre un reciente caso.

Argentina: El caso La Tablada

Otro precedente frecuentemente señalado en el marco de conflictos internos en la región es el caso La Tablada. El 23 de enero de 1989, 47 integrantes del comando marxista Movimiento Todo por la Patria (MTP) entraron a los tiros al cuartel militar de La Tablada, ubicado cerca de Buenos Aires, en Argentina, con la intención de tomar el control de la instalación militar y de sus tanques.

El ataque armado al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 General Belgrano, ubicado en La Tablada dejó 45 personas muertas, de las que 32 formaban parte del comando subversivo, y cuatro fueron desaprecidos por los militares, así como nuevo  miembros del Ejército, dos policías, y  dos civiles. Más de 100 personas quedaron heridos en el combate. 

 El entonces presidente de Argentina, Raúl Alfonsín recorre el cuartel de La Tablada tras la batalla. 

Los detenidos por el Ejército argentino fueron desnudados y torturados. Por lo menos nueve de ellos fueron ejecutados por los militares a pesar de haberse rendido. 

Según se conoció, los guerrilleros intentaban robarse los tanques del Regimiento Mecanizado, para marchar sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires. Gobernaba en esa época Argentina Raúl Alfonsín, y la incursión guerrillera pretendía conseguir objetivos políticos con el robo de los tanques. 

Los atacantes estaban armados con fusiles de guerra y lanzacohetes, según varias investigaciones posteriores evidenciaron que cuatro que se rindieron fueron ejecutados por los militares, lo que motivó una sentencia a cadena perpetua en 2012 contra el ex general Alfredo Manuel Arrillaga, responsable del operativo de rescate. 

En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre los sucesos del ataque subversivo contra el cuartel argentino. La Comisión destacó en su informe que "En su denuncia, los peticionarios alegan que, luego de terminar el combate en el cuartel, los agentes del Estado incurrieron en la ejecución sumaria de cuatro de los atacantes capturados, la desaparición de seis más, y la tortura de todos los prisioneros, tanto dentro del cuartel como en dependencias policiales.  Luego del ataque, fueron capturados cinco miembros del MTP en las inmediaciones del cuartel, y otros dos más se presentaron voluntariamente a las autoridades y fueron detenidos.  Conforme a la petición, estas siete personas fueron torturadas física y psicológicamente".

La Comisión también hizo un relato de la acción de la justicia argentina en este caso, pues se dictaron condenas de prisión contra 20 personas, mientras se constataron seis desapariciones y por lo menos cuatro ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército y la Policía.

En el relato de los denunciantes, cuando llegaron las tropas del general Arillaga al cuartel tomado, empezaron a bombardear las posiciones con los subversivos con artillería y bombas de fósforo, lo que produjo la destrucción de amplias zonas de la instalación militar. Además de la artillería, el Ejército desplegó helicópteros y por lo menos 3500 efectivos para combatir a los 40 subversivos, sin considerar que el cuartel estaba rodeado de casas particulares y que el comando había intentado rendirse. 

Ante la Comisión, los denunciantes argentinos citaron lo que habría dicho el general Arrillaga, "quien define al oponente como "...el enemigo permanente, en todo tiempo y en todo lugar". Conforme a los peticionarios, este concepto coincide con la definición del "subversivo" consagrada en la Doctrina de la Seguridad Nacional aplicada por las fuerzas armadas de América Latina durante las décadas anteriores.  El mismo militar, de acuerdo a la petición, habría afirmado en el juicio que usó proyectiles de efectos incendiarios porque "...las alimañas como los subversivos abandonan su guarida con el fuego".

Aunque en este caso no actuó la justicia militar, sino un tribunal civil, los acusados denunciaron falta de imparcialidad y abandono de sus tareas por parte del juez de la causa.

Destacaron también que el magistrado prácticamente investigó hasta donde le dejó el Ejército, y que uno de los dirigentes del movimiento, el cura capuchino Juan Antonio Puigjané de 60 años, fue sometido a presiones sicológicas y discriminación ideológica por simpatizar con la Teología de la Liberación, además de una condena de 10 años.

En su argumentación, la Comisión estableció que el ataque al cuartel de La Tablada fue un conflicto armado interno, que se desarrolló entre un grupo armado, organizado y con una reivindicación política y las Fuerzas Armadas argentinas. La Comisión dijo que los actos de bandoleros comunes, que realizan una toma de rehenes, no puede ser considerada un acto de guerra interna. La Comisión dijo también en este caso, que hay circunstancias en las cuales la Convención Interamericana no habla expresamente de situaciones de conflicto interno, por lo que debe recurrirse al derecho internacional humanitario.

Específicamente, el eje central de la argumentación de la Comisión en este caso fue que los hechos de La Tablada fueron un conflicto interno armado (aunque no había tal declaratoria oficial, como sí ocurre en el Ecuador actualmente) y que las personas que murieron en combate, a pesar del mayor poder de fuego del Ejército y el posible uso de armas incendiarias, no sufrieron violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, dejó claro que los por lo menos nueve guerrilleros que se rindieron y que fueron ejecutados por el Ejército, debieron ser tratados como prisioneros de guerra y, por tanto, se les debía respetar la vida y la integridad, aplicando la Convención de Ginebra y los protocolos que rigen el derecho internacional humanitario.

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