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5 de Julio del 2022
Historias
Lectura: 17 minutos
5 de Julio del 2022
Manuel Novik
Desaparecidos: las búsquedas de las familias reemplazan a la inoperancia estatal
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En la Plaza Grande se dan plantones de familiares de desaparecidos. La desaparición de Jennifer a inicios de 2022 es una de las 457 denuncias que no han tenido respuesta en lo que va del año. Foto: Luis Argüello. PlanV

 

En el país hay cientos de familiares que llevan meses y años sin conocer el paradero de sus seres queridos. Los casos se complican aún más si no se cuenta con los recursos para costear abogados que presionen a las autoridades. La desaparición involuntaria es un delito en el país.


El Estado ecuatoriano no sabe con exactitud cuántos desaparecidos hay en Ecuador. Las cifras entregadas por las instituciones encargadas de la búsqueda no coinciden. Según la Fiscalía son 2937, mientras que según la Dirección de Desaparecidos de la Policía (DINASED) son 1957. Más de mil casos de diferencia que dan una idea de la dificultad que tiene el aparato estatal para cumplir con sus obligaciones constitucionales.

En lo que va del 2022, ya hay el doble de denuncias de desaparecidos que en 2021. De los 3127 casos del presente año, hay 457 que no han sido localizados. Del total de localizados en 2022 se encontraron 122 personas sin vida, de las que 19 fueron producto de en un asesinato, 2 de un femicidio, 57 casos no determinados, 32 por muerte accidental, 3 por suicidio y 9 por muerte natural. 

Varias fuentes consultadas por este medio digital corroboran un patrón: demora en la atención, estigmatización, falta de iniciativa y de resultados.


Jennifer lleva seis meses desaparecida. Su madre, Ximena, organizó un plantón en las afueras de la Presidencia.  Fotos: Luis Argüello


oizx La Asociasión de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador se plegó al plantón de Ximena. Esta asociasión apoya a los familiares en la búsqueda de sus seres queridos. 


Jennifer estaba próxima a cumplir 29 años mientras cumplía casi seis meses de desaparición. Fue vista por última vez en un terminal de buses.  


Fernando, padre de Michelle Montenegro, busca a su hija desde 2018. Su hija desapareció en el sector de La Armenia.


Fernando Montenegro asegura que durante la pandemia no hubo acciones porque los agentes corrían peligro de contraer covid. 


Maribel, madre de Álvaro Nazareno. Su hijo desapareción del Hospital Eugenio Espejo. 


Familiares y amigos de Jennifer se congregaron en la Plaza Grande vestidos de blanco.  


Lo último que supieron los padres de Michelle Montenegro es que estuvo dentro de un taxi. Su padre asegura que la investigación tardó un año para allanar la casa del chofer.  


Miroslava Cando, madre de la subteniente 
desaparecida, María José Morillo, acudió a un plantón en la Plaza Grande.


Organizaciones como ASFADEC organizan protestas cada miércoles en torno a las instituciones representativas del sistema de búsqueda.  

Jennifer, otro caso sin respuesta

El 8 de enero de 2022 Jennifer, de 28 años, desapareció. Su madre, Ximena García, lleva seis meses buscándola  Lo último que Jennifer dijo en casa fue que saldría de viaje, a un paseo con amigas de su instituto. “Pero descubrimos que se había hecho amiga de un ciudadano colombiano”, cuenta Ximena. En realidad, Jennifer no salió con sus amigas, según constató la familia luego.

Ya se habían encontrado con el ciudadano colombiano en varias ocasiones en Quito. “Era un mochilero”, cuenta la madre. El sospechoso vivía en Ilumán, Otavalo y le había propuesto a Jennifer que tuvieran un encuentro en esa ciudad.

Ximena asegura que basada en mensajes de Messenger que se pudo recuperar, su hija fue víctima de un secuestro planificado. Para el supuesto viaje con amigas, Ximena dejó a Jennifer en el terminal de Carcelén. “Me dijo que confíe en ella, que ya no es una niña”. Luego de eso no la volvió a ver.

Ese día le empezaron a llegar mensajes, que ya no eran de su hija. “Me pidieron $1000 dólares para no hacerle daño a mi hija”. Ximena fue a una UPC, donde le direccionaron para que ponga una denuncia en Otavalo.

“Recibimos una llamada, donde se escuchaba la voz de costeños y colombianos. Me dijeron que gane tiempo hasta que consiga el dinero. Me dieron hasta las 13:30 para que deposite la plata en un banco. Ya eran cerca de las 14:00 y yo no había llegado. Recuerde señora, en este momento acaba de terminar con la vida de su hija”, le dijeron vía telefónica.

Antes de continuar con el caso de Jennifer, es preciso conocer algunas estadísticas nacionales que contextualizan este y otros cientos de casos a los que el Estado no logra dar una respuesta.

Un fenómeno que crece

A lo que va del año fiscal hay 3584 reportes, un 87% se ha resuelto, 457 causas quedaron abiertas en este 2022, de las que más de la mitad son de niños, niñas y adolescentes. Más de 46 mil denuncias se han atendido históricamente, con un porcentaje de efectividad, dicen las autoridades, de 96%. Sin embargo, desde que se tiene registro, hay 1957 desaparecidos. Estimaciones de organizaciones como ASFADEC o del abogado Juan Pablo Albán, afirman que la cifra está más cercana a los 5000 casos.

El jefe de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas de la DINASED, Teniente Coronel Miguel Ángel Egas, contó en entrevista para Plan V la forma de operar de su institución.

“En comparación a Colombia y México en el Ecuador la mayoría de desapariciones son voluntarias, por maltrato, problemas familiares” afirma el policía Egas, que asegura que en perspectiva las cifras de desapariciones sin resolver son pocas. Según la DINASED, de 46 mil casos reportados desde que se tiene registros se ha resuelto un 96% de las causas. Egas asegura que solo un 1% de las 46 mil causas son por causas dolosas. El resto son casos cuyas investigaciones siguen sin resolución hasta la fecha, y que se han acumulado desde años tan remotos como 1911.


El teniente coronel Miguel Ángel Egas es el jefe de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas de la DINASED. Foto: Manuel Novik. PlanV

La madre de Jennifer lleva seis meses en búsqueda de una respuesta. En un inicio la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) asumió el caso. “Ellos pensaron que como mi hija era mayor de edad, ella se fue”, relata Ximena. Un agente acudió a investigar en casa las redes sociales de Jennifer. “Pero no lograron ni siquiera ubicar el bus que le llevó a Ibarra, supuestamente por falta de presupuesto”.

Los agentes le dijeron que la situación “no cuadraba” porque pedían poco dinero. “Para mi que su hija se fue”, habría sido la tesis de la UNASE. “Antes de cerrar el caso me demuestra dónde está mi hija. Si yo tengo que pedirle disculpas lo hago, si dice que se fue está bien, pero demuéstrelo”, les respondió Ximena. “El agente insinuó que mi hija manipuló el secuestro”, afirma la madre de familia.

En su desesperación, Ximena había colocado carteles y posteos en redes sociales para difundir la imagen de su hija. Pero UNASE le dijo que retirara toda información de rescate porque su hija corría peligro. Luego de más de un mes sin respuestas puso una denuncia, pero en calidad de desaparecida, ya no como secuestro. Su caso pasó a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED).

“Los agentes en la DINASED no hicieron nada, las pocas investigaciones las hicieron mis hijos”, afirma Ximena. Los agentes de la DINASED que siguieron el caso en Quito fueron a ver las cámaras del terminal luego de dos meses, cuando ya no había registro de las cámaras. Gracias a investigaciones de su hijo, que también es policía, lograron dar con el paradero del sospechoso.

“Él se sabía hospedar en unas cabañas que cobraban $1 dólar diario. Ahí se les daba comida por trabajo”. Encontraron el paradero del ciudadano en cabañas gracias al seguimiento que hicieron de sus redes sociales.

Pero el dueño del hostal les dijo que el ciudadano colombiano había abandonado la zona. Ingresaron al cuarto del sospechoso, que se habría ido de ahí hace dos semanas. “Tras la cama encontré la toalla de baño, que todavía estaba húmeda. Él estaba allí, el dueño del hostal debió avisarle”, advirtió Ximena.

Nos falta una

El cuarto de Jennifer está como ella lo dejó. “En cinco meses no he ganado nada, entonces si voy a llorar, voy a llorar afuera. Ya ni siquiera hay como llevarse un pan a la boca”, lo cuenta Ximena entre lágrimas. “Yo he investigado, les venden a la guerrilla, para que empaquen droga, para las minas, tal vez no sea, pero es lo que uno ve. Tanta burocracia, es simple, los procesos deberían ser más eficientes”.


Ximena y María José, madre y hermana de Jennifer. Tras seis meses de búsqueda mantienen la esperanza de encontrar a su familiar. El cuarto de Jennifer se mantiene como ella lo dejó, en casa guardan un scooter que la joven había adquirido fruto de su trabajo.  Foto: Manuel Novik. PlanV

El teniente coronel Egas de la DINASED defiende a su institución y argumenta que las investigaciones de desaparecidos son las más complicadas porque se debe empezar “con un nombre y un apellido”, y ni siquiera tienen un cuerpo para empezar la investigación con algo de evidencia.

“Las pericias no dependen de nuestras competencias. Un ADN demora 45 días, es un término de tiempo científico” dice Egas. Según el coronel, los trámites internacionales demoran 4 meses, porque se pide autorizaciones a la Fiscalía y la Cancillería.

Actualmente la DINASED procesa un test de ADN de un cadáver que encontraron por el sector donde se reportó el teléfono de Jennifer por última vez. Pero habrá que esperar al menos 2 meses, mientras tanto, la madre asegura, la investigación no avanzará. Hay abogados que han ofrecido seguir el caso por $10 o $15 mil dólares.


Ximena García y María José pasaron durante varios días sin poder subir al segundo piso de su casa, donde se encuentra el cuarto de Jennifer, por el impacto emocional de su desaparición. Foto: Manuel Novik. PlanV

Ximena asegura que sabe la ubicación exacta del sospechoso. Agentes policiales en Colombia ayudaron de manera informal a ubicarlo. Pero reclama que no se activan protocolos internacionales para llevarlo a declarar. “Hay negligencia del Estado, existe el derecho de protección a mi hija”. Plan V visitó un plantón en la Plaza Grande organizado por Ximena para reclamar por su hija, un funcionario de Presidencia recibió los documentos de su caso y le dijo que “tomarán cartas en el asunto”.


El caso de Michelle Montenegro ha contado con el apoyo de ASFADEC. Estos volantes fueron repartidos en un plantón organizado en las afueras del Banco Central.

Ximena trabaja en una empresa que da servicios de limpieza en las dos plataformas gubernamentales en Quito. “Mi vida cambió 90 grados, cuando voy conduciendo, tratar de verle en otras caritas, cuando voy en el trole verle en otras niñas”. Jennifer también trabajaba en la empresa.

“Después del trabajo empieza el verdadero infierno. La casa que uno amaba, ahora uno entra y cada rincón es un recuerdo. Jennifer es una persona aquí, pero se ha llevado toda la felicidad de este hogar. Ya no hay la ilusión de sentarse a la mesa, porque nos falta una”, dice Ximena, y agrega, “para amanecer hay que dormir, y eso no hay. Cuando el cuerpo ya no avanza, solo ahí puedo dormir un par de horas. Abrir los ojos es una tortura, tener que seguir respirando, levantarse, mirar ese cuarto cerrado. Uno quiere que esto sea un sueño, pero no, es una realidad”.


Ximena García lideró un plantón al que se unieron otros núcleos familiares que tienen a seres queridos desaparecidos. Un funcionario de la Presidencia salió a la plaza y recibió documentos del caso de Ximena. Foto: Manuel Novik. PlanV

La gestión de la Policía y la Fiscalía

La Policía califica a los agentes anualmente por la productividad de los casos. Hay 200 investigadores en la DINASED a nivel nacional, en Quito hay 46 que es donde hay más incidencia de casos. Cada investigador maneja en promedio 10 casos al mes. Según el teniente coronel Egas en la primera semana se resuelve el 70% de los casos, en el primer mes un 15% más, “un 5% es lo que se queda para larga data”, afirma.

El promedio anual es 5000 reportes de desaparecidos, “este año hubo un incremento, pero hay que tomar en cuenta que en la pandemia se restringió la movilidad”, declara Egas. Según el jefe de la unidad la mayoría de los casos en investigación tienen que ver con algún tipo de actividad delictual.

La fiscal Verónica Murgueytio lidera una de las cuatro unidades especializadas en Quito. Foto: Fiscalía

Verónica Murgueytio es agente fiscal de la Fiscalía de Investigación de Personas Desaparecidas. Es parte de las cuatro fiscalías especializadas en desapariciones en Quito. Murgueytio dice que no hay discrepancias en los registros de desaparecidos. “Lo mismo que le refleja a la DINASED le refleja a la Fiscalía porque la ficha es única. No tengo conocimientos de las estadísticas que maneja la Policía ni tampoco de las que tiene la Fiscalía”, afirma la fiscal.

“Tenemos que recabar el mayor tipo de información, no estamos en estigmatizar sino de recuperar la mayor información de su ambiente y su familia. Son situaciones que necesitamos conocer para llegar a nuestro objetivo. Yo no puedo investigar de la misma manera a un adulto de la tercera edad que la de un alumno que desaparece del colegio”, afirma Murguyetio.

Las cifras intrainstitucionales no coinciden

Preguntamos a la DINASED y a la Fiscalía cuántos desaparecidos hay actualmente en el Ecuador. Según la DINASED son 1957 con corte al 16 de junio de 2022. La Fiscalía declaró que están, “en el proceso de validación de datos a partir de las fuentes de información disponibles". Según la cifra de la Fiscalía son 2937, con corte a octubre de 2021. A mitad de año, la Fiscalía no tiene procesadas las cifras de 2022.

Según la DINASED en 2021 se localizó a 1558 personas y quedaron 305 en investigación. Por su parte la Fiscalía publicó que en 2021 fueron 4812 localizados y 2007 en investigación. Ninguna de las dos instituciones supo explicar la diferencia de registros.

Las cifras tampoco coinciden con reportes del Ministerio de Gobierno. Por ejemplo, en 2020 el Gobierno reportó 6227 localizados y 227 en investigación. En el mismo año la Fiscalía reportó 6309 localizados, 82 más que el Gobierno, y 572 casos en investigación, más del doble de casos reportados por el Gobierno. En 2019 la Fiscalía también reportó 106 casos que quedaron en investigación más que el Gobierno.

Es un hecho que las cifras publicadas por la DINASED, la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno no coinciden. Son cientos de casos que son personas. Las discrepancias en las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que aseguran que los desaparecidos en el Ecuador son más del doble de lo que reporta el Gobierno. El Estado se escuda en que más del 90% de los reportes son localizados, aunque la mayoría de esos casos retorna por voluntad propia.

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