La desaparición involuntaria es un tipo de delito que supone la violación de los derechos humanos. Cometido en ciertas circunstancias, es también un crimen de lesa humanidad.

La ASFADEC presentó en su informe una serie de falencias estructurales, entre las que se encuentran una falta de aplicación de la normativa, insuficiente expedición de protocolos especializados, falta de campañas de prevención, no especialización de las unidades del Sistema Nacional de Búsqueda, constante rotación de fiscales y agentes, y estereotipos y sesgos de género al momento de la recepción de la denuncia.

El portal de desaparecidos del Gobierno presenta unos 65 mil casos desde 1947 hasta 2019. En ese tramo el 98% fueron resueltos. Las mismas cifras indican que un 91% de los desaparecidos  retornaron por su  voluntad. Pero el informe sombra afirma que para los miles que no son encontrados el Estado no logra dar una respuesta. Hay discrepancias en las cifras de desaparecidos, que van desde los 2000 hasta los 5000 casos sin resolver.

La apatía del Gobierno

Desde 2009, el Estado es signatario de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, dicho instrumento obliga al aparato estatal a dar respuesta a casos de personas desaparecidas. Sin embargo, las organizaciones y los afectados han tenido un camino de lucha para exigir esos derechos.

Entre 2013 y 2016 varias instancias de la sociedad civil mantuvieron reuniones con el entonces presidente Rafael Correa. Tras cuatro encuentros, las organizaciones civiles declinaron la invitación a una quinta reunión porque alegaron que no se estaba cumpliendo con las promesas. Este rechazo les costó amenazas y persecuciones por parte del régimen, según alegan miembros de la ASFADEC. Ni el gobierno de Moreno ni el de Lasso han mostrado señales de un cambio, desde las organizaciones argumentan haber enviado una multiplicidad de cartas al actual mandatario, Guillermo Lasso.

ASFADEC organiza plantones y protestas por los desaparecidos en la Plaza Grande. A pesar de las movilizacoines no han recibido respuesta del Gobierno. Foto: Facebook Asfadec

Recién en 2020 entró en vigor la tipificación de la desaparición involuntaria como un delito. Antes de ese año una desaparición involuntaria era una actuación administrativa, es decir, era equivalente a la pérdida de un auto. En ese mismo año se aprobó la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

La ley estableció que la búsqueda no debe terminar mientras no exista certeza del paradero de la persona, creó un registro de desaparecidos y la obligación de crear protocolos. Pero las leyes no han ayudado, hasta el momento no se registra ningún caso judicializado con este delito penal.

En Guayaquil la asociación realizó plantones por las calles de la urbe que terminaron en la DINASED y la Fiscalía. Foto: Facebook Asfadec

Sin tomar en cuenta el subregistro que puede haber a nivel nacional, según ASFADEC, hay al menos 2000 personas desaparecidas en la actualidad. Las cifras están creciendo. En 2020 fueron 227 y en 2021 fueron 319. Teniendo en cuenta las cifras acumuladas, el informe sombra asegura que dos personas desaparecen diariamente en el Ecuador. La provincia con mayor incidencia es Guayas con un 17% de los casos. Según la DINASED, en 2021 un 64% de los desaparecidos fueron mujeres.

Pero la certeza de las cifras oficiales es una incógnita. El informe sombra encontró serias discrepancias entre las cifras presentadas por la Fiscalía y la DINASED, que es parte de la Policía. La diferencia es tal que, por ejemplo, la DINASED presentó un informe con 591 denuncias recibidas por desaparición previas al 2018. En el mismo periodo la Fiscalía reportó 1253, más del doble.

Una madre que investigó por sus medios

“Cuando desaparece una hija te arrebatan también una parte tuya”. Es el testimonio de Yadira Labanda, que vio por última vez a su hija Angie en enero de 2014 en Ibarra. Desde ese día inició un largo camino en el que se encontró con varias barreras en la justicia.

Durante más de dos años Yadira buscó incansablemente a su hija, que en esa época cursaba la universidad. Luego de la investigación se determinó que fue víctima de un femicidio por parte de una expareja. “Siempre sospecharon de su expareja. Él siempre negó una relación con el caso. Yo no tenía las pruebas que lo demuestren, pero conocía del acoso que sufría mi hija. Era una persona a la que le abrimos las puertas de la casa”.

Yadira Labanda y su hija Angie vivieron en Lago Agrio antes de mudarse a Ibarra, donde su hija desapareció. Fotos: Cortesía de Yadira Labanda

Cuando su hija desapareció esta madre no supo cómo actuar. “No hay nadie quien te oriente, no se sabe cómo poner ni una denuncia. Ahora sé que hay un protocolo, pero en el momento no es fácil”, dijo Yadira. Las irregularidades comenzaron cuando esta madre tuvo que empezar a repetir la historia de su hija en varias instancias de la investigación. Rápidamente se dio cuenta de la falta de voluntad de los funcionarios, que en varias ocasiones le llegaron a pedir hallazgos de lo que ella misma había podido recabar, en lugar de hacer la investigación ellos.

Según el protocolo, los fiscales debían acercarse a Yadira para dar curso a la investigación. “Pero el tiempo pasaba y se iban perdiendo pruebas”. Esta madre armó su agenda con información, con rutas y cualquier indicio que pueda encontrar.

Yadira afirma que sufrió estigmatización por parte de los funcionarios. “El primer fiscal que me atendió no estaba especializado en desapariciones. Lo primero que me preguntaron fue si mi hija salía de fiesta, fue cuestionada por temas de novio y amigas. A lo mejor se fue con el novio y va a regresar”, le habrían dicho fiscales y policías en un primer momento.

La triangulación de llamadas arrojó que los últimos contactos telefónicos entre Angie y su expareja estaban entre Ibarra, donde ella residía y Carcelén al norte de Quito, donde vivía el agresor. Según el testimonio de Labanda, Angie ya no quería continuar en esa relación. Así que habrían acordado verse por última vez para despedirse, a pedido del chico. En ese encuentro habría ocurrido el asesinato.

Pero antes de que finalmente se resuelva el caso, Yadira tuvo que convertirse en una activista por su hija. Empezó a estar presente en los plantones de familiares de desaparecidos en la Plaza Grande, repartía volantes y colocaba afiches por donde pudiera. Enviaba oficios al Ministerio de Gobierno, iba todos los miércoles con ASFADEC a plantones. Siempre en la Plaza Grande se encontraba con coordinadoras de colectivos e intentaba hablar con la prensa. “Gracias a la presión a las autoridades se logró hacer una reconstrucción de los hechos. Finalmente, en esa instancia él confesó donde la había dejado”, dijo Yadira. Después de dos años y medio de búsqueda encontraron el cuerpo de su hija en un barranco en las afueras de Carcelén, cerca de donde vivía el asesino.

Pero ese solo fue el inicio de un proceso de búsqueda de justicia. Hubo una sentencia hacia el agresor con 24 años de privación de libertad. Además, se declaró una reparación económica de USD 20 mil, según Labanda una cifra que representa una burla luego de los años en que tuvo que dejar su trabajo y dedicar todo su tiempo a la búsqueda de su hija. Pero ni siquiera obtuvo esa compensación económica, ya que el sentenciado se declaró insolvente y “el Estado no se hizo responsable por pedir los fondos”.

Actualmente Yadira tiene otros cuatro hijos. La tragedia que vivió con Angie la hizo entrar a estudiar derecho. Ahora vive en Lago Agrio, donde abrió una “cafetería violeta”, un espacio seguro para mantener viva la memoria de su hija. En el lugar la gente puede tomarse un café y comer, pero también tiene folletos de información sobre violencia de género y las rutas de atención que en su momento le hicieron falta a esta madre.

Ahora Yadira Labanda tiene una cafetería violeta en honor a la memoria de su hija, cuyo rostro inspiró los murales del lugar. En la cafetería hay instancias informativas contra la violencia de género y protocolos para actuar en caso de desapariciones. Fotos: Cortesía Yadira Labanda

Falta de capacitación

Según ASFADEC, no hay una preparación técnica para los fiscales y agentes policiales. “Los profesionales les dirigen a tener un proceso de luto aceptando la muerte de su familiar, sin entender que la desaparición no implica la muerte del familiar”, asegura el informe. A nivel nacional solo hay tres unidades de la Fiscalía especializadas en desapariciones. Por lo que en su mayoría son otras unidades las que atienden estos casos.

La desconexión de los fiscales se refleja en casos como el de Giovanna Pérez, desaparecida en 2010 en Ambato. “Una de las 10 fiscales que conoció su caso, manifestó a su abogada defensora que, al ser fiscal de soluciones rápidas, desconocía por completo las diligencias, líneas de investigación y protocolos que debían activarse para la búsqueda y localización”, según fue recopilado por ASFADEC.

Pero incluso en unidades especializadas se reportan casos de fiscales con quejas de familiares y sociedad civil por maltrato y falta de impulso a la causa. La capacitación es parte de la ley, pero en la práctica no se evidencia un conocimiento especializado. Lo que abre la puerta a que varios casos no se puedan resolver por falta de peritos especializados y tecnología. ASFADEC denuncia un trato indolente de la Fiscalía y la Policía que termina por desalentar a los familiares de acudir a esas instituciones.

El Sistema Nacional de Búsqueda lo integran la Fiscalía General, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Policía Nacional. ASFADEC denunció una baja cooperación interinstitucional reflejada en la dificultad de acceder a información procesal. Según la asociación solo hubo un comité en 2021 para la aprobación de un protocolo interinstitucional del que se desconocen los resultados.

“El Sistema de Búsqueda no funciona”

Plan V visitó las instalaciones de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC). La organización nació en 2012 de la necesidad de unir los esfuerzos de familiares que no obtenían respuestas del Estado.

En una oficina en las inmediaciones del parque El Ejido varias mujeres atienden a los familiares de las víctimas que se acercan en busca de apoyo. Actualmente son casi 50 miembros en la asociación, todos afectados por la desaparición de algún ser querido. Pero son muchos más los casos que atienden día a día.

En la sede de ASFADEC su presidenta Lidia Rueda atiende a familiares de desaparecidos. Poco a poco han incorporado pasantes y voluntarias jurídicas, de psicología y de comunicación. Fotos: Manuel Novik

Desde la asociación se ven como una nueva familia, la de los desaparecidos. “Nos fortalecemos como familia, es una forma de decir no estás solo o sola”, declaró Lidia Rueda, quien preside la ASFADEC. A través de la protesta social han logrado ejercer presión a las autoridades y ganar terreno en el campo de los derechos.

Lidia Rueda es la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador. Conoce sobre cada caso que llega en busca de apoyo a su organización.

ASFADEC ya ha organizado dos caravanas nacionales en donde han recorrido las principales ciudades del país. También han organizado la Ruta de la Exigencia, en donde han hecho plantones en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda para pedir respuestas. Han sufrido represión policial en las caravanas y restricciones de agentes metropolitanos en los plantones.

Los constantes plantones que organizaban en la Plaza Grande no se interrumpieron en la pandemia. “Los fiscales nos decían que estaban en teletrabajo, pero así no iban a encontrar a nuestros seres queridos”, contó Rueda. Lidia estuvo atenta al informe a la nación del primer año de gobierno de Guillermo Lasso, pero no escuchó una mención a la problemática de los desaparecidos. Tuvieron un encuentro con Lasso en campaña, pero desde que tomó juramento como presidente no hubo más respuesta.

Pero Lasso no es el primer presidente que hace oídos sordos a sus requerimientos. En 2012 enviaron cartas al expresidente Correa para que se cree un viceministerio de desaparecidos. Tampoco tuvieron éxito. Pero poco a poco empezaron a constituirse como una asociación para poder ejercer presión a las autoridades.

En 2013 lograron que el presidente los reciba. Pero se dieron cuenta de que no había ningún protocolo para desaparecidos en Ecuador. A pesar de haber tenido varios encuentros los ofrecimientos no llegaron a buen puerto. En el Gobierno de Lenin Moreno tampoco hubo cambios.

Lidia Rueda en la sede de ASFADEC junto a las colaboradoras Jazmín Gualotuña, Ligia Yumi y Paula Izquierdo. En su sede tienen un mural con fotos de algunos desaparecidos y sus familias, pero los casos totales no caben en la pared.

Actualmente, a pesar de que exista un sistema interinstitucional de búsqueda, Lidia Rueda afirma que en la práctica no funciona. Desde 2020 están en conversaciones con la Fiscal General Diana Salazar, pero Rueda dijo que ni siquiera les ha entregado un informe sobre 10 casos con los que iban a iniciar la cooperación.

Rueda reconoce que es un avance la tipificación de la desaparición involuntaria como delito. Se venció el antiguo paradigma en que reinaba el “sin cuerpo, no hay delito”. El caso de Juliana Campoverde, cuyo secuestro por parte de un pastor evangélico en 2010 terminó en la muerte, demuestra la importancia de incorporar este tipo de delito para la persecución de los agresores. “La fiscal encontró en el primer expediente que el chip de Juliana fue colocado en el celular de ese pastor y con eso lograron sentenciarlo. Antes (de la tipificación) no lo hicieron porque no era delito desaparecer”.

Sin embargo, esta incorporación a la ley “no ha ayudado en nada”, afirmó Rueda. La presidente de ASFADEC argumenta que se quiere poner una sombra de que este problema no sucede en el país y que el problema pasa por la falta de voluntad política de los gobernantes.

Además, en el proceso de constitución del reglamento se habría excluido a los familiares y las organizaciones de varias instancias. ASFADEC e INREDH fueron negados en tres ocasiones de ser parte del proceso de creación. También se hicieron requerimientos de crear veedurías ciudadanas en los procedimientos de búsqueda, que también fueron vetadas. La razón esgrimida para ello fue que “en ningún caso esas personas pueden ser víctimas indirectas del caso objeto de veeduría, a fin de garantizar el principio de no revictimización”, según consta en dicho reglamento.

    Análisis    

“La delincuencia organizada influye en el incremento de desapariciones”

Juan Pablo Albán 

El abogado Juan Pablo Albán es experto en derechos humanos y desapariciones. Es miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, por lo que por tratarse de un tema su propia nación opinó a título personal en entrevista para Plan V.

Según Albán, desde 2014 está incrementando el fenómeno de desapariciones a manos de particulares. “El incremento de los números tiene mucho que ver con lo que fue la política de frontera abierta del Ecuador, la idea de que el país reciba a todo migrante venga de donde venga” indicó el jurista. Albán argumenta que esta política facilitó que las redes de trata utilicen al Ecuador como país de paso y que las redes de captación de migrantes sientan más libertad para actuar. “El fenómeno de la trata alcanzó números muy altos a mediados de la década pasada”, agregó.

Juan Pablo Alban advierte la influencia de grupos de crimen organizado. “Las víctimas pertenecen a un perfil: mujeres, en un rango entre 15 y 25 años y víctimas de trata con fines de explotación. Lo que se supone es que muchas de estas personas son asesinadas, hay varios reportes en diversos países centroamericanos de masacres de migrantes en que varias de las víctimas han sido ecuatorianos”.

La lógica investigativa es un aspecto sobre el que el abogado tiene varias observaciones. “El esfuerzo de búsqueda y el de investigación son diferentes”, indicó. Según Albán, una de las razones por las que no se localiza al desaparecido tiene que ver con esta lógica. “El argumento de que no tengo recursos o la situación de seguridad es caótica no sirve cuando varios de estos casos tienen más de 30 años, Ecuador debería haber tomado alguna medida”, declaró Albán, que advierte que el país ha ignorado varios estándares internacionales para la investigación de desaparecidos.

El jurista asegura que hay estudios sobre la influencia de la delincuencia organizada en los procesos de desaparición. Además, indica que hay técnicas como el análisis de contexto para determinar qué casos tienen nexos entre sí y habrían sido perpetrados por grupos de delincuencia organizada. Pero, “en Ecuador se trata cada caso como un universo separado. Cuando la Fiscalía sale con la DINASED va a las quebradas a buscar cadáveres”.

“En una sociedad como la nuestra el tema de los derechos humanos pasa a un segundo plano. La gran mayoría de casos no han tenido la llegada a los medios de comunicación”, declaró el jurista. Albán agrega que a partir de investigaciones de diversas organizaciones como INREDH habrían cerca de 5000 desaparecidos en el Ecuador. Esto recalca una vez más la discrepancia en los registros oficiales que las autoridades no han podido solventar, en donde dependiendo de la institución se manejan cifras de desaparecidos desde los 1600 hasta por sobre los 2000 casos.