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11 de Mayo del 2022
Historias
Lectura: 20 minutos
11 de Mayo del 2022
Redacción Plan V
Ecuador vuelve a perder el año en derechos humanos
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Portada: PlanV

 

Ecuador sigue siendo un desierto para los derechos humanos. El Consorcio de Organizaciones de la Sociedad Civil presentó este abril último el informe Sombra para el Examen Periódico Universal, EPU, del Ecuador ante las Naciones Unidas. Este informe revela que no solo persisten en el país las violaciones sistémicas a los derechos de sus ciudadanos, sino que por la pandemia y otros factores, como la tecnología, estas violaciones son de nuevo tipo y más violentas.



Seis años después del último Examen Periódico Universal, EPU, presentado ante las Naciones Unidas, en el 2016, las conclusiones del Consorcio de Organizaciones de la Sociedad Civil es que hasta abril del 2022, el Estado ecuatoriano "no implementó la mayor parte de las recomendaciones que recibió. Se siguen vulnerando derechos humanos relacionados con el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libre opción sexual, a la movilidad humana, a una vida libre de violencias y de corrupción, entre otros".

El Consorcio de Organizaciones de la Sociedad Civil esta compuesto por las fundaciones: Fundamedios, Desafio, Diálogo Diverso, Asociación de Familiares de Desaparecidos en el Ecuador, Asofadec, Comisión de Derechos Humanos, Iniciativas para la Reinserción y Lucha Anticorrupción. Este Consorcio es el que presentó un informe consolidado sobre la democracia, las instituciones y los derechos humanos en el Ecuador, y sus organizaciones adherentes presentaron un informe por cada sector. Plan V inicia con esta entrega una serie con cada uno de los aspectos relevantes, que muestran un perfil de los derechos humanos en el Ecuador entre el 2016 y el 2022 en ocho áreas. 

El informe sostiene que "a la crisis social, económica y política se ha añadido la crisis sanitaria y la emergencia de un sentimiento generalizado de incertidumbre y desconfianza que deterioran el proceso democrático en curso. Las condiciones de vida objetivas y subjetivas de sus ciudadanos, se ha deteriorado y ha provocado el incremento del individualismo que incide la valoración de la democracia, el sentido de pertenencia y el alejamiento de las soluciones colectivas".

Pero la agenda de los derechos se ha ampliado o se han visibilizado muchos de ellos —dice el informe— por el impacto de las desigualdades, la violencia social, el crimen organizado, el impacto del narcotráfico, la pos verdad, la desinstitucionalización, la desinformación, la desconfianza social, la crisis migratoria, entre otros. La pandemia ha sido un acelerador de tendencias ya existentes y ha incrementado la individualización, poca responsabilidad frente a lo publico y a la acción colectiva.

En torno a la democracia, se señala que esta ha demostrado resiliencia ante la pandemia, al igual que la sociedad pese a la desconfianza y la polarización social. "Se perdieron vidas, convivencia social, seguridades mínimas y empleos pese a los esfuerzos de los gobiernos y de organismos multilaterales para contener la COVID-19. El Estado y la sociedad se han debilitado y las instituciones no cumplen sus objetivos de formular y ejecutar políticas públicas o, lo hacen dispersa y débilmente", dice el informe.

Los derechos vulnerados, tratados en el informe, "han sido invisibilizados por el Estado y, también por la sociedad. Esas vulneraciones han sido naturalizadas por tratarse de mujeres, personas desaparecidas, las privadas de libertad, de población en situación de movilidad humana, las que optaron por la sexualidad fuera de la dicotomía hombre/mujer, entre otras. En suma, se trata de grupos sociales que intentan superar/romper barreras establecidas por el orden social instituido.

"Los derechos vulnerados tratados son considerados y han permanecido en el espacio privado de las personas y, no han sido parte de la agenda pública. No existen capacidades técnicas para abordar ésas situaciones y políticas expresadas en proyectos. Ello es expresión de la ausencia de voluntad política entre los actores estatales, especialmente gubernamentales y judiciales". 

Este es un resumen de esos derechos:

1. Libertad de información: 1151 agresiones 

Entre julio y noviembre de 2018, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó dos visitas oficiales al Ecuador y recomendó el respeto y garantía al goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población, énfasis en el principio del uso progresivo de la fuerza, el fomento del diálogo. El ESE emitió sus recomendaciones luego del respectivo informe sobre el secuestro y ejecución del equipo periodístico de El Comercio, en marzo/abril del 2018, en la frontera occidental entre Ecuador y Colombia.

Luego, durante el tercer ciclo del EPU, el Gobierno de Ecuador recibió 24 recomendaciones relativas a: libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de pensamiento, conciencia y religión. Luego de ello, entre 2017 y enero de 2022 se han producido 1151 agresiones contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación que vulneraron los derechos de libre expresión, prensa y acceso a la información. Los números más altos de alertas registradas se dieron entre 2017 y 2021.

2. La vulneración de los derechos ciudadanos por medio de la videovigilancia en Ecuador

El 7 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolucion 48/4 sobre el Derecho a la Privacidad en el Ambito Digital. Esta hace un llamado a los Estados miembros a precautelar para que no se vulneren derechos con la inteligencia artificial.

Según Fundamedios, Ecuador no cuenta en la actualidad con una legislación específica que proteja los derechos ciudadanos ante la videovigilancia. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobada en mayo de 2021, no menciona los límites de la videovigilancia, ni se refiere con claridad a los datos personales obtenidos mediante cámaras de videovigilancia. Tampoco contempla escenarios de implementación de inteligencia artificial y reconocimiento facial.

El Estado ecuatoriano incumple los estándares internacionales que recomiendan tomar medidas eficaces para impedir la retención, el procesamiento y el uso ilegal de datos personales almacenados por las autoridades y por empresas. Los operadores de videovigilancia violan los derechos ciudadanos y falta de conocimiento de que el rostro es un dato personal protegido.

Los Gobiernos locales y entidades nacionales avanzan con proceso de adquisición de tecnologia para vigilancia biométrica, lo cual afectará en mayor medida la vulneración de los derechos ciudadanos.

3. Mujeres en el Ecuador: 65% ha recibido todo tipo de violencia

La violencia de género es uno de los problemas de salud pública más importantes. Los índices de violencia en contra de las mujeres en el Ecuador no han bajado. Por el contrario, se han incrementado. La violencia física, psicológica, sexual y patrimonial en todas las relaciones sociales de las mujeres es una realidad. El 60,6% de las mujeres en Ecuador había vivido algún tipo de violencia, sin mayores diferencias entre zonas urbanas y rurales.

Para 2019, la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres reveló que 65 de cada 100 mujeres habían sufrido un tipo de violencia en algún momento de su vida, y de cualquier tipo. A escala nacional, 5,785.295 millones de mujeres fueron víctimas de violencia y las mujeres afro-ecuatorianas e indígenas fueron las más afectadas (INEC, 2019).

El año 2021 fue el más violento para las mujeres y niñas, desde que se tipificó el femicidio en el Ecuador. Es el segundo país con mayor cantidad de feminicidios totales en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia (Fuente: Mundo Sur). En 2021 se registra un feminicidio, transfeminicidio o muerte violenta de mujeres cada 44 horas, es decir una cada 1,8 días. Son 172 las mujeres y niñas asesinadas violentamente por razones de género en Ecuador desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2021. La cifra incluye 103 feminicidios (60,4%), 7 transfemicidios (4,1%) y 62 muertes violentas de mujeres por delincuencia organizada, que tienen un componente feminicidio y de género. Once víctimas eran niñas y adolescentes menores de 18 años, cinco de ellas tenían apenas entre 1 y 4 años.

4. Más de 2000 desaparecidos, pero hay un gran subregistro

El Ecuador no cuenta con cifras oficiales de desapariciones forzadas. La Fundación INREDH realizó una publicación de los 10 años de la formación de la Comisión de la Verdad. Antes del 2019 no existía un ordenamiento jurídico que haga frente a la problemática. Desde el 2012, por la lucha de familiares y la incidencia nacional e internacional de organizaciones de la sociedad civil se logró la tipificación del delito de desaparición involuntaria en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigente en junio del 2020, y que establece a la misma como un delito autónomo (art. 163.1) y permite la acumulación de indicios/ prueba indiciaria para judicializar el caso, superando la premisa “sin cuerpo, no hay delito”. No obstante, hasta la actualidad no hay ningún caso judicializado con este tipo penal.

En diciembre de 2019, también se aprobó la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas y publicada en el Registro Oficial en enero del 2020. A más de un año de puesta en vigencia, el funcionamiento del SNBPDE —establecido por la Ley— ha sido ineficaz y no se han aplicado las disposiciones legales.

En la actualidad, en el Ecuador existen cerca de 2.000 personas desaparecidas, sin tomar en cuenta el subregistro existente. Además, las cifras y estadísticas son contradictorias. Según la DINASED, en 2017 existían 10.869 y Fiscalía indicaba que eran 10.461 desaparecidos. Actualmente, las provincias con mayor índice de desapariciones son Guayas con 17%, Manabí con el 14%, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas con 13%, seguidas de Los Ríos con el 7%, Sucumbíos e Imbabura con el 6%. El 62% de las desapariciones corresponde a mujeres y el 38% a hombres; así lo registra el reporte del Ministerio de Gobierno.

5. La corrupción también es violación de Derechos Humanos

De las 182 recomendaciones del EPU del año 2017 hechas al Ecuador en materia de Derechos Humanos, 22 —es decir un 12,09%— se refieren a políticas públicas para reducir el fenómeno de la corrupción. Pero no reflejan el retraso en Ecuador en políticas públicas de lucha contra la corrupción ni tampoco el impacto que la corrupción tiene en el desarrollo de los derechos humanos en el país.

La corrupción en el Ecuador está ligada a la pérdida de recursos por parte del Estado, los cuales no pueden ser destinados a sectores vulnerables y en riesgo de la población, para garantizar el cumplimiento de derechos consagrados en la constitución y legislación del país.

En el último Índice de Percepción de la Corrupción, el Ecuador ocupa el puesto 92 de 180 países, y tiene una calificación de 39/100 lo cual lo coloca por debajo del promedio de América Latina, que a su vez ocupa el penúltimo puesto mundial en peor desempeño en la lucha anticorrupción en el mundo.

En el periodo 2007-2019 la corrupción costó al fisco un monto total de USD 67.729,4 millones. Los que es equivalente al total de la deuda pública ecuatoriana. Este monto equivale a 66,1% del total del PIB para el país para el 2021.

6. Regularización migratoria: más de 500 mil venezolanos en Ecuador

Hasta diciembre de 2022, la cifra de inmigrantes venezolanos ha ascendido a más de 515.835 personas. Esta cifra incluye a los que ingresaron regularmente y aquellas personas que habrían ingresado por pasos irregulares. De estos, 178.246 personas poseen un permiso de residencia —temporal o permanente— y 29.078 venezolanos tienen solicitud de asilo o refugio en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. No se encuentran bajo protección internacional, lo que los sitúa en la intemperie entre la regularidad e irregularidad. La mayoría está en situación migratoria incompleta. Sin documentos de viaje válidos ni permisos de residencia legal, sin acceso a derechos, sin trabajo o en la mendicidad y la explotación laboral.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), levantó información en Guayaquil sobre personas de origen venezolano: la edad comprendida de los participantes fluctuó entre 23 y 44 años, con una participación masculina del 58,14% frente al 41,8% de mujeres encuestadas. El nivel de escolaridad de los participantes está en la finalización del bachillerato, con un 46,51%, frente a un 39,54% que dijo tener solo la educación primaria y un 13,95% posee un título universitario.

La migración refleja cómo llegaron a Ecuador: escasos recursos económicos y con documentos de viaje en proceso de caducidad. El 74% de los ciudadanos señaló haber entrado por un paso fronterizo oficial y sólo el 25% por uno irregular. El 79% de los encuestados afirmó no tener una condición migratoria regular y solo el 10% aseguró poseer un permiso de residencia, sea temporal o permanente. El 10% restante prefirió no mencionar su condición migratoria. Las razones por las que emigraron: crisis política, crisis humanitaria y crisis económica.

La migración se dio en grupos familiares. El 30% llegó a Ecuador acompañado de sus hijos y, en ocasiones, otro familiar como su pareja o esposo/a. El 41% llegó sólo, en búsqueda de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. El restante señaló haber llegado con otro familiar como papá, hermano/a, cuñado/a o primos. Por la ausencia de documentos legales son objeto de explotación laboral y de discrimanciones.

7. Las cárceles, el mayor problema de violación de derechos humanos

Hay una violencia sistémica descontrolada; el Estado ecuatoriano no tiene capacidad de gestión de las cárceles. En febrero de 2022 el Ejecutivo aprobó una Política Pública de Rehabilitación Social y decretó una conmutación de penas privativas de libertad, pero para marzo de 2022 no existía pronunciamiento oficial ni responsabilidades y sanciones por las masacres y más de 310 muertes ocurridas al interior de los centros penitenciarios entre 2019 y 2021. Luego de la elaboración de este informe ocurrieron dos masacres más (en total 6 durante el periodo) que subió la cifra a 380 asesinatos.

Sobre el perfil de las personas privadas de la libertad, el 93.46% se corresponden a hombres y el 6.54% a mujeres; el 44.24% tiene entre 18 y 30 años, y la mayoría de estas personas sería reincidente y no contaría con apoyo familiar. Además, sólo el 71% cuenta con educación básica, la mayoría proviene de contextos caracterizados por altos niveles de violencia, pobreza o pobreza extrema y por consumo de drogas desde temprana edad. En cuanto a las conductas penales por las que las personas se encuentran privadas de libertad, el Estado reportó que los cinco delitos que concentran el mayor número de población penitenciaria son: delitos relacionados con drogas (28.19%), delitos contra la propiedad (26.17%), delitos contra la integridad sexual y reproductiva (16.18%), delitos contra la inviolabilidad de la vida (13.47%), y delitos contra las personas (4.36%).

 

  ANÁLISIS  

César Ricaurte: "Los informes sombra son los que realmente se toman en cuenta en ONU"

El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, sostiene que los informes sombra que presentan las organizaciones de la sociedad civil tienen especial impacto al realizar el exámen periódico universal de derechos humanos, al que se somete el Estado del Ecuador cada cinco años.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios y coordinador del informe Sombra para el EPU.

El último de estos exámenes tuvo lugar en 2017 y ahora se evalúa el periodo hasta 2022, explica el experto de la sociedad civil. El país será sometido a este examen a principios de noviembre de este año ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ahí, los diplomáticos ecuatorianos reciben las observaciones y preguntas del resto de países de la ONU.

Ricaurte explica que todos los países del sistema de Naciones Unidas se someten al proceso del exámen periódico universal (EPU), que permite diagnosticar el estado de los derechos humanos en determinado periodo.  Aunque el EPU es un proceso entre Estados, la participación de la sociedad civil es fundamental, explica Ricaurte, puesto que los informes que reciben las Naciones Unidas y los otros países provienen de ese sector y permiten un análisis más objetivo de la situación, pues un estado siempre tiende a destacar sus logros y aspectos favorables en este tipo de comparecencias internacionales.

“Los informes de la sociedad civil son mucho más crítico y evalúan de manera más crítica la situación de los derechos humanos”, explica Ricaurte, quien destaca también que es el tercer periodo en el que organizaciones de la sociedad civil se pronuncian en esa instancia internacional sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador.

un informe más amplio, en junio, brindará mayor información sobre temas como la libertad de expresión, los derechos digitales, la videovigilancia, la situación carcelaria, de la mujer, la migración y la diversidad sexual...

Se han presentado diez informes sombra, aunque varias organizaciones más han participado en el proceso. Destaca que la coordinación consistió en socializar las características de estos informes de acuerdo con el formato de Naciones Unidas.

Desde Fundamedios, dice Ricaurte, se contó con la consultoría de Gloria Ardaya, una académica experta en estos ámbitos, que acompañó a las organizaciones en la redacción de los distintos informes.

Ricaurte anticipó que las organizaciones están preparando un informe para circulación nacional mucho más amplio, que se presentará a finales del mes de junio. El informe brindará mayor información sobre temas como la libertad de expresión, los derechos digitales, la videovigilancia, la situación carcelaria, de la mujer, la migración y la diversidad sexual, entre otros temas.

A escala nacional, los informes, explica el experto, subsanan un gran vacío, pues en teoría los informes nacionales deben ser elaborados en conjunto con la sociedad civil. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo envió un informe con una consultoría propia en donde no realizó ninguna consulta a la sociedad civil y no contó con su visión.

“Estos informes son muy valiosos porque de ahí nacen los cuestionamientos, preguntas y recomendaciones de los otros estados al Ecuador”, dice Ricaurte. “Los informes de la sociedad civil son los que se toman en cuenta a la hora de realizar las preguntas y cuestionamientos”, finalizó.

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