Back to top
16 de Enero del 2024
Historias
Lectura: 15 minutos
16 de Enero del 2024
Fermín Vaca Santacruz
El conflicto interno en Ecuador moviliza a los defensores de DD.HH.
0

Imágenes de operativos en los que se evidencian tratos degradantes en barrios populares de la Costa circulan en redes sociales. Fotos: Redes sociales

 

El conflicto interno armado, declarado por el Gobierno de Daniel Noboa, pone al país en un escenario inédito de movilización militar y policial. Para las organizaciones de derechos humanos, tanto locales cuanto internacionales, esta situación podría ser el escenario propicio para violaciones de derechos humanos y para escenarios de impunidad, por lo que exigen el control de las acciones castrences.


La declaratoria de conflicto interno armado, y la apelación al derecho internacional humanitario, que no es otra cosa que el derecho de la guerra, ha creado un escenario inédito en el país. La situación preocupa a las organizaciones y activistas de derechos humanos, que se han agrupado en varios colectivos y han diseñado sus estrategias para procesar denuncias en casos de violaciones de derechos humanos que podrían producirse en el país.

Medios del Perú han hecho una recopilación de videos de redes sociales, en los que se destacan presuntos maltratos de las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatorianas a algunos detenidos, sobre todo, en localidades de la Costa.

Entre los videos que han sido publicados en redes sociales, y cuyo contenido no ha sido desmentido, aparecen el de una pareja de jóvenes, obligados a irse desnudos a su casa por violar el toque de queda, o los golpes que reciben un grupo de presuntos pandilleros que son obligados a borrar de las paredes de una localidad de la Costa los murales pintados por las bandas armadas. 

Escenarios como el actual han provocado en países como México y Colombia, acciones de las Fuerzas Armadas y policiales que han implicado detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes, torturas y hasta muertes, lo que ha activado los mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las situaciones de impunidad propiciados por las justicias locales.

La Defensoría del Pueblo activada

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre su accionar en el marco del actual conflicto. "la postura de esta Institución Nacional de Derechos Humanos, se centra en respaldar todas las acciones tendientes a la protección de las víctimas del conflicto armado; y verificar que la ejecución de las operaciones militares para neutralizar a los grupos identificados como terroristas, así como, grupos de delincuencia organizada transnacional y actores no estatales beligerantes, se encuadren en el marco internacional del derecho humanitario", advirtió el defensor del Pueblo, César Córdova, en una carta dirigida al presidente Noboa el pasado 11 de enero, en la que planteó algunas recomendaciones sobre el control del sistema penitenciario.

Con el criterio del defensor coincidió la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), que en un comunicado destacó "el posicionamiento de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, toda vez que, está facultada legalmente para pronunciarse sobre las acciones del poder público para respaldar o cuestionar aquellas que se deriven de las políticas públicas que se adopten, para velar por la garantía plena del ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado Ecuatoriano es parte". 

Este medio digital solicitó a la Defensoría información sobre si al momento se han recibido denuncias sobre posibles violaciones en el marco del conflicto interno armado, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Desde la institución se dijo que tanto la matriz en la capital cuanto las delegaciones provinciales trabajan con normalidad en la recepción de denuncias, así como instancias como el Mecanismo de Prevención de la Tortura, que realiza visitas de vigilancia a los centros de detención. 

Para el catedrático universitario y experto en Derechos Humanos, Juan Pablo Albán, la Defensoría es la institución adecuada para procesar cualquier tipo de denuncia que pueda ocurrir en el contexto del actual conflicto armado, en donde las fuerzas del Estado deben entender que la declaratoria de conflicto armado no es una patente de corso para atentar contra los derechos humanos.

Albán recordó que la Defensoría tiene todas las atribuciones legales para hacer sus investigaciones e inclusive para presentar denuncias ante la Fiscalía, en caso de que se cometieran violaciones de derechos humanos. Por otro lado, precisó que dado la naturaleza del conflicto, se podrían cometer crímenes de guerra, tanto por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, cuando desde las bandas criminales, que deberían ser juzgados como tales. En esa medida, señaló el reclutamiento de menores de edad por parte de las bandas criminales, que se evidenció en la toma del canal estatal TC Televisión en Guayaquil.

Sin embargo, el experto manifestó sus reservas sobre la preparación del actual defensor del Pueblo, César Córdova, en la materia de derechos humanos, lo que podría afectar el accionar de la Defensoría en el actual conflicto. Desde su designación, el defensor fue cuestionado por no tener antecedentes como defensor de derechos humanos, siendo su experiencia principal en el sector aduanero. 

Albán no descartó que en el futuro, los sucesos que ocurran en el actual conflicto podrían llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ha ocurrido en casos cometidos en Colombia, en donde la práctica de los "falsos positivos" que consistía en ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias de "terroristas" por parte de las Fuerzas Militares y la Policía del país vecino motivaron pronunciamientos del Sistema Interamericano. 

La reacción del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU

En otro pronunciamiento internacional, desde Ginebra, Suiza, Liz Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la instancia internacional sigue de cerca lo ocurrido en Ecuador.

"El Alto Comisionado llama hoy a que cualquier medida de emergencia para abordar la violencia sea proporcionada y limitada a lo requerido por la situación de seguridad. Cualquier restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación", advirtió la instancia internacional sobre las acciones de policías y militares.

"Las facultades otorgadas a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública deben ser excepcionales, limitadas en el tiempo y subordinadas ante las autoridades civiles, a quienes se debe rendir cuentas. Todas las operaciones de las fuerzas de seguridad deben basarse en el principio de no discriminación y alinearse con el derecho internacional. Esto también es crucial para mantener la confianza pública y la cohesión social durante dichas operaciones", precisó.

Las organizaciones nacionales en alerta 

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) una de las más antiguas organizaciones de derechos humanos, se pronunció este 15 de enero sobre la situación, en un comunicado.

"Como organización de derechos humanos que busca precautelar los derechos de todas las personas y en especial de la población más vulnerable, condenamos y rechazamos contundentemente la violencia que vive el país por la falta de respuesta estatal a los problemas estructurales y por la presencia de grupos de delincuencia organizada (GDOs). Quienes luchamos de la mano de los derechos humanos no estamos inermes ante la violencia desatada", dijo la organización, que hizo un llamado a "precautelar la vida e integridad de toda la población que vive en territorio ecuatoriano, actuando en el marco del respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales del Derecho Internacional Humanitario". También pidió garantizar el trabajo de los periodistas y comunicadores de todo tipo, que podrían sufrir de hostigamiento y persecución, asó como la seguridad de los funcionarios penitenciarios. 

Para Inredh, es importante respetar el debido proceso y el  uso proporcional de la fuerza y  "sobreguardar la seguridad y vida de las personas racializadas, migrantes y empobrecidas que, generalmente, son sometidas a estigmatizaciones en razón de su color de piel o clase social".

"El Derecho Internacional Humanitario que rige en contextos de conflicto armado interno exige el cumplimiento de derechos humanos", enfatizó la organización.

Inredh insistió en solicitar "urgentemente un pronunciamiento inmediato por parte de la Corte Constitucional, encargada del control de constitucionalidad de la normativa legal nacional, declarando la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 111 emitido el día 9 de enero de 2024, por el presidente Daniel Noboa Azín". Dicho decreto declaró la situación de conflicto interno armado. "El miedo, el odio hacia los “otros” y la violencia no nos vencerá, si cuidamos el tejido social y comunitario", dijo la organización.

Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos advirtió que la declaratoria del Gobierno crea un "enemigo difuso" que pone en peligro a la población, ante un eventual fuego cruzado entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.

Para la Alianza, la declaratoria del Gobierno de Noboa deja dudas sobre su razonabilidad e insufuciente motivación, así como por la falta de garantías para la población civil que no está involucrada en las bandas no tiene vinculaciones directas con el conflicto.

Las primeras denuncias y la estrategia de las organizaciones

Pero los sucesos que ocurren en el país han motivado ya que las organizaciones de derechos humanos empiecen a procesar y recibir denuncias.

Para Juan de Dios Parra, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, el canal más adecuado para la recepción de denuncias por posibles violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto interno es la Defensoría del Pueblo, ante la cual ya se habría presentado la primera denuncia.

Parra sostiene que la situación de inseguridad y la falta de acción del Estado en el control de las cárceles y del crimen en las calles configura una violación de derechos humanos, pues la población no cuentan con garantías para su desenvolvimiento normal. De ahí que apoya la acción firme del Estado para retomar el control y el orden público, aunque admite que en el camino podrían producirse tratos crueles y degradantes, como fue el caso de los dos jóvenes desnudados por la Policía. Sin embargo, Parra sostiene que hasta el momento, tanto la Policía cuanto las fuerzas militares han actuado con lo que considera "pulcritud" en el control de las bandas armadas en el país, en operaciones en donde los detenidos ya superan el millar.

La primera denuncia concreta sobre una posible ejecución extrajudicial vino de Esmeraldas, cuando un prelado católico dirigió una carta al presidente Daniel Noboa, en la que relató que una requisa violenta en la Cárcel de esa ciudad habría provocado la muerte de un interno.

El pasado 14 de enero, el monseñor Antonio Crameri, obispo del Vicariato de Esmeraldas, denunció ante el Gobierno que durante la intervención del Ejército y la Policía en la Cárcel de esa ciudad, se habría producido la muerte del interno Byron Vallarez, cuyo cuerpo ensangrentado fue encontrado luego de la incursión en el penal, en donde la mediación de los misioneros católicos había logrado la liberación pacífica de las personas retenidas. El prelado instó al Gobierno a abordar, de manera urgente, la situación ocurrida en la Cárcel de Esmeraldas durante la requisa realizada por la fuerza pública, tomando en cuenta los criterios internacionales de derechos humanos. 

Desde Guayaquil, el activista Fernando Bastias sostuvo que las organizaciones se han movilizado para la recepción de algunas denuncias de maltratos y posibles ejecuciones extrajudiciales, sobre las que están recabando información y detalles.

Fernando Bastias aseguró que las organizaciones están a la espera de que el decreto 111 del presidente Daniel Noboa sea controlado por la Corte Constitucional, pues hay, en su opinión, poco sustento para la declaratoria de conflicto interno armado.

Un criterio similar sostiene Juan Pablo Albán, quien asegura que la declatoria de "beligerantes" para las bandas de crminales armados en Ecuador no es adecuada, pues es evidente que las pandillas criminales no cuentan con un motivo político, ni con uniformes, ni mando central ni control de territorios, algo en lo que coincide Bastias. 

Para Bastias, se están aplicando "perfilamientos", por parte de la fuerza pública, sobre todo en la Costa, que señalan a hombres jóvenes, de sectores populares y de tez cobriza o afroecuatoriana, que usen tatuajes, como posibles "terroristas", un delito que, según explica desde Quito Juan Pablo Albán, se le complicará probar a la Fiscalía, puesto que deberían poder demostrar la militancia de los presuntos terroristas en alguna de las 22 bandas que ha señalado el Gobierno. Albán cree que el tipo penal de terrorismo es muy específico y que probablemente haya que recurrir a otros, como la tenencia y tráfico de armas o la asociación ilícita.

Mientras tanto, el último balance difundido por las Fuerzas Armadas, da cuenta de que esta el 17 de enero se han realizado 1.975 detenciones en todo el territorio nacional, de los que solo 158 personas serán acusadas de terrorismo. El parte militar da cuenta de "cinco terroristas abatidos", sin dar más detalles ni contexto, así como de la incautación de 728 armas de fuego, y de una relativamente pequeña cantidad de dinero estimada en $5.698.

GALERÍA
El conflicto interno en Ecuador moviliza a los defensores de DD.HH.
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Carlos Pólit dice que no huyó de Ecuador en 2017 e insiste a la Corte que lo libere hasta su sentencia
Redacción Plan V
Atentado a Trump: el camino a la Casa Blanca está allanado
Ugo Stornaiolo
Crimen organizado, delincuencia común e invasores asechan las áreas protegidas
Redacción Plan V
Agencia minera propone a la UAFE firmar un convenio tras la investigación sobre las exportadoras fantasmas de oro
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Una red de empresas fantasmas en Ecuador exportó 500 millones de dólares en oro
Por Plan V y medios aliados
Feria del Libro de Quito: el chasco del periodismo cultural
Miguel Molina Díaz - Escritor
El correísmo no pierde tiempo en su intento de hacerse de la Judicatura
Redacción Plan V
José Serrano habla de narcotráfico y relaciona a Ministro de Agricultura
Redacción Plan V