El mandatario Guillermo Lasso firmó hoy el Decreto Ejecutivo que establece los requisitos que deben cumplir las personas privadas de libertad para poder acceder a un indulto presidencial. Esto con la finalidad de disminuir el hacinamiento en las cárceles. En la actualidad, existen 34.821 internos, en una capacidad instalada para 30.169 personas.

El interno debe cumplir todos los siguientes requisitos:

1. Sentencia condenatoria por robo, hurto, estafa o abuso de confianza

2. Haber cumplido al menos el 40% de la pena impuesta bajo el Código Penal o Código de Procedimiento Penal; o haber cumplido el 60% de la pena impuesta bajo el Código Integral Penal (COIP).

3. Que no mantengan otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares vigentes en su contra.

4. Que no tenga una investigación previa o proceso penal en su contra.

5. Que no haya sido sancionado disciplinariamente por la Comisión de Faltas previsto desde su ingreso al centro de privación de libertad.

El decreto no contempla indultos, según se leyó en el evento público, de los presos por haber causado lesiones durante accidentes de tránsito. Este es un cambio, pues en el conversatorio con la prensa del pasado lunes, 14 de febrero, Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) sí lo había mencionado. En ese espacio habló del proyecto de este decreto para quienes han cumplido delitos menores como “hurto, estafa, abuso de confianza y lesiones causadas por accidentes de tránsito”. En la última masacre, del 12 de noviembre, personas recluidas por este delito en la Penitenciaría del Litoral se contaron entre las asesinadas.

Lasso no mencionó cuántas personas serían las beneficiadas por los indultos. Pero sí compartió algunas cifras sobre la situación de las cárceles. El 45% de los detenidos, es decir casi 16.000 presos, tiene una familia, hijos, padres, hermanos. El 43% (15.000) tiene entre 18 y 30 años, y está en plena edad productiva. Entre las mujeres, 7 de cada 10 detenidas fueron empleadas, amas de casa, comerciantes, estudiantes. Y 21.700 internos no han terminado sus estudios, pero más de 7.000 siguen educándose durante su reclusión, informó el Presidente.

“Desde el fondo de mi alma, firmo este decreto”, le dijo Lasso a la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Así lo contó el Primer Mandatario durante su intervención en la presentación de la primera política pública de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos. Ordóñez y Ramírez fueron las máximas autoridades que acompañaron a Lasso, quien dijo que desde que llegó a la Presidencia identificaron que había violencia interna, hacinamiento y en los 36 centros penitenciarios era mínima la posibilidad de rehabilitación. “Nos sorprende que la Policía Nacional captura a personas con 10, 15 o 20 detenciones anteriores”. “Muchas veces se escucha que las cárceles son la universidad del delito, porque allí -salvo excepciones- nadie puede prepararse para tener una vida nueva”. 

Lasso manifestó que el objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles y espera que por medio de este decreto se agilicen los procesos para que las personas gocen de sus derechos, pues los trámites burocráticos y la corrupción lo han impedido. EL SNAI también tiene previsto tramitar en el plazo de un año los beneficios penitenciarios, como regímenes semi abiertos, de al menos 5.000 privados de libertad. Para ello conformará equipos de 25 personas entre abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

“Estamos poniendo orden al descontrol y la violencia dentro de los mal llamados centros de rehabilitación social”, aseguró y añadió que su gobierno quiere dar soluciones permanentes con “una auténtica e integral rehabilitación social”. “Cuando alguien llega a la cárcel, pierde su libertad. Pero no es justo ni humano que pierda su derecho a la educación, salud, trabajo, a la cultura y al deporte”. En ese sentido, manifestó que Ecuador es de los pocos países del mundo que ha vacunado a la totalidad de la población carcelaria. “No fueron los últimos de la fila”.

El mandatario informó que esta política pública incluye la creación de carreras técnicas, convenios con empresas para que den trabajo a los detenidos, programas desintoxicación, atención especial a los jóvenes infractores, mejoras en infraestructura y tecnología, capacitación de guías, un observatorio de las acciones y un censo penitenciario para conocer el estado jurídico, de salud, educativo y de peligrosidad de cada persona para clasificarlos y orientarlos. Dijo que crearán un mecanismo de comunicación con los familiares de los presos y atender a los hijos de los detenidos. “Sabemos que la delincuencia recluta a sus sicarios entre jóvenes abandonados o de hogares disfuncionales. No queremos que eso se convierta en una espiral sin fin”.

Agradeció a todo su gabinete y en especial Ramírez, con quien -afirmó- está creando la institucionalidad necesaria para cumplir con la seguridad y el manejo adecuado de los centros penitenciarios.

 “No debemos poner llaves a las celdas y olvidarnos de todos esos ecuatorianos. Al contrario, debemos trabajar para que vuelvan con sus familias, con sus hijos, que tengan un  trabajo y otra oportunidad de vida”. “Vamos a humanizar las cárceles y garantizar el tránsito hacia una vida nueva”, concluyó.

Más mujeres encarceladas

Jan Jarab, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, fue uno de los invitados a la presentación de la política pública de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos.

Las Naciones Unidas, dijo, reconoce a las personas privadas de libertad como un grupo particularmente vulnerable. Los sistemas penitenciarios y judiciales no solo tienen como rol proteger a la sociedad del crimen y prevenir la reincidencia, sino dar una nueva oportunidad a quienes están presos. Sin embargo, agregó, en muchos países del mundo y en particular América Latina, estos sistemas enfrentan desafíos estructurales como el hacinamiento, condiciones precarias y la violencia intracarcelaria.

En el caso de Ecuador, dijo, llama la atención que en los últimos 13 años la población carcelaria se haya triplicado y que esté creciendo el número de mujeres encarceladas.

También les llama la atención que los recientes actos de violencia haya ocurrido en las ‘4 mega cárceles’ en referencia a la Penitenciaría del Litoral, la Regional de Guayaquil, Turi y Latacunga. Estas fueron parte de un modelo “que se construyó en la última década para resolver el problema del hacinamiento, pero trajo condiciones aún más deshumanizantes que no favorecen la resocialización”, cuestionó.

Jarab explicó que muchos de los problemas que se reflejan en los entornos penitenciarios son el reflejo de “disparidades socioeconómicas”, pero también de prácticas “demasiado punitivas de justicia penal”.

El representante de las Naciones Unidas abogó por un cambio de las políticas hacia la prevención y alternativas al encarcelamiento. Informó que el Alto Comisionado, en cooperación con la Oficina para las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), hicieron un diagnóstico y una propuesta de hoja de ruta para una reforma penitenciaria integral. El grupo identificó cuatro áreas prioritarias: mejorar la seguridad de los centros, reducir el hacinamiento y el uso excesivo de la privación de libertad, y mejorar la rehabilitación penitenciaria y social.

Jarab celebró el compromiso político del presidente Guillermo Lasso de implementar y financiar la política pública de rehabilitación social.