Organizaciones ambientales y de derechos humanos de América Latina sostienen que, a pesar de los avances, aún existen numerosas violaciones de derechos humanos y afectaciones al medio ambiente en los proyectos chinos en la región, incluido Ecuador.

Esta es la principal conclusión del informe Derechos Humanos y Actividades Empresariales Chinas en Latinoamérica, que 22 organizaciones de la región -entre ellas CICDHA, FIDH, ISHR- elaboraron para hacer un seguimiento a las recomendaciones que tuvo China durante el Examen Periódico Universal en la ONU, en 2018. En ese año, el gigante asiático aceptó 346 consejos que hicieron 150 países, entre ellos Ecuador.

De hecho, advierten la falta de implementación de las principales recomendaciones con las que China se comprometió. Por ejemplo, los países observaron la ausencia del consentimiento previo de los pueblos indígenas impactados, que las empresas chinas no dialogan con las organizaciones sociales, la vulneración a un medioambiente sano o que sus inversionistas chinos no incentivan la debida diligencia en sus proyectos.

Específicamente, desde América Latina, los Gobiernos hicieron en 2018, al menos, 20 recomendaciones relacionadas con los derechos humanos y el medioambiente, varias de ellas aceptadas por China, dice el reporte que ahora analiza seis de ellas en 26 casos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Estos casos corresponden a proyectos apoyados por 23 consorcios chinos y por lo menos 6 bancos chinos. De ellos, 23 están implantados en ecosistemas frágiles, 18 afectan los derechos de pueblos indígenas, 14 están en áreas naturales protegidas, 13 corresponden a la región amazónica ecuatoriana y boliviana y 4 en áreas reconocidas como patrimonio natural y cultural por la Unesco.

9 actividades chinas en Ecuador con cuestionamientos

En 2018, Ecuador recomendó a China promover medidas que garanticen que los proyectos sean compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medioambiente. Al respecto, el informe afirma que hubo acciones iniciales de implementación en China. Por ejemplo, el cuarto plan de Acción de Derechos Humanos de China señala que fortalecerá la capacitación en derechos humanos en las empresas chinas que operan en el extranjero.

Pero a partir de 2018, la situación no ha variado en la región. Según la investigación, al menos 24 de los 26 proyectos de los países estudiados están en zonas de gran importancia ecológica, “lo que tiene o podría tener un impacto duradero sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas”. También 12 de los 26 casos no hubo consulta ambiental ni una consulta previa, libre e informada a las comunidades.

Las organizaciones compararon la situación de los 26 casos. Analizaron dos categorías con nueve ítems en total. La primera son los derechos vulnerados y entre ellos constan medioambiente, pueblos indígenas (como la consulta previa), laborales, civiles y políticos. Mientras que en medioambiente impactado están ecosistemas frágiles, Amazonía, humedales, áreas protegidas y patrimonio de la Unesco.

En Ecuador, el proyecto más preocupante es Río Blanco, que registra problemas en los nueve aspectos analizados. Este proyecto está a cargo de Ecuagoldmining South America S. A., propiedad de las empresas chinas Junefield Mineral Resources Holding Ltd. y Hunan Gold Group. El reporte recoge denuncias de comuneros del sector sobre “el desecamiento de ojos de agua de Targuapamba y de la laguna Cruz Loma, estos cuerpos de agua se encontraban cerca de lo que era el campamento minero, en el lugar se encontraron canales construidos por la empresa minera que buscaban evitar que el agua se acumule en estos sitios”. También asegura que las empresas IMC y Ecuagoldmining en Río Blanco “han utilizado la compraventa de propiedad y derechos de posesión como mecanismo legal para el despojo de tierras”.

Río Blanco ha opuesto a la operación del proyecto minero Río Blanco, que no les fue consultado. En la imagen, una de sus habitantes, Elizabeth Durazno. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

También está el caso del proyecto San Carlos Panantza que está operado por ExplorCobres S.A. (EXSA), propiedad de las empresas chinas CRCC Tongguan Investment Co. Ltd., Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. y de China Railway Construction Corporation (CRCC). De igual manera, seis bancos chinos lo financiaron. Estos son los bancos de China, de Desarrollo, de Exportaciones e Importaciones, el Mercantil, de Construcción, y el Industrial y Comercial.

El proyecto Panantza San Carlos es considerado uno de los 5 proyectos mineros emblemáticos de Ecuador. Está ubicado en la provincia de Morona Santiago. Foto Mongabay / Vistazo

En el caso del megaproyecto minero Mirador aún persisten afectaciones en cuatro de los nueve ítems, sobre todo en los derechos de los pueblos indígenas y del ambiente. Asimismo, en ese caso, su principal impacto es a la Amazonía y a áreas protegidas. Este proyecto está a cargo de Ecuacorriente S. A. (ECSA), una subsidiaria de CRCC-Tongguan, que es propiedad conjunta de Tongling Nonferrous Metal Group Holdings y China Railway Construction Corporation. Mirador está financiado por siete bancos de ese país, según el informe. Estos son los bancos de China, de Desarrollo, de Exportaciones e Importaciones, el Mercantil, de Construcción, y el Industrial y Comercial.

El proyecto Mirador está en plena explotación. Con ella, Ecuador inauguró la megaminería. Foto: Tamia Calderón

El reporte recuerda que las actividades mineras de Ecuacorriente afectaron los ríos Wawaymi, Tundaymi y Quimi (Kimi) exponiéndolos a metales y minerales, según un informe de la Contraloría en 2020, que examinó al proyecto chino entre 2009 y 2016. Esta contaminación, dice el documento, afecta consecuentemente a las comunidades que viven cerca y/o a las orillas de estos ríos.

Río Blanco y Mirador son parte de los 15 proyectos de la región en los que se ha identificado importantes afectaciones al agua, y por lo tanto han generado un impacto a los ecosistemas y la vida humana. En el caso de Río Blanco, “la mina no cuenta con la autorización adecuada para el uso del recurso hídrico y ha provocado sequías”, dice la investigación.

En Ecuador, en los siete casos estudiados relacionados con minería y petróleo, no se cumplió la consulta previa a las comunidades impactadas. Pero las organizaciones destacan lo sucedido en Río Blanco, el cual está suspendido tras dictarse sentencia a favor de la comunidad de Molleturo, en junio de 2018, por vulnerar el derecho a la consulta previa, libre e informada. “Sin embargo, la situación de las comunidades de Molleturo aún es vulnerable, ya que entre 2018 y 2020 varios defensores y defensoras han denunciado ser víctimas de constantes hostigamientos y amenazas de muerte por parte de grupos favorables al proyecto. En marzo de 2021, por presunta instigación de la empresa, el defensor Andrés Durazno fue asesinado”.

En 2021, el defensor Andrés Durazno fue asesinado. 

En la región, en siete de los 26 casos hubo desplazamiento forzado que son consecuencia de prácticas cuestionables de adquisición de tierras por parte de empresas mineras chinas, dice el reporte. Y menciona la compra irregular de tierras despojadas en Río Blanco o invadidas en San Carlos-Panantza, o la instigación a los propietarios para venderlas. “En algunos casos se han denunciado estafas o pagos incompletos, como es el caso de Mirador”, sostiene.

“En San Carlos-Panantza -agrega el documento- se denunció que niñas y niños fueron afectados por los desplazamientos forzosos porque fueron privados de su derecho a la educación, ya que no pudieron acudir a la escuela el resto del año lectivo debido al desalojo”.

En Río Blanco y Mirador también se han registrado afectaciones laborales. En el primer caso, la prohibición de sindicatos. En el segundo, se han denunciado malos tratos hacia trabajadores, despidos ilegales y hasta accidentes laborales que han llegado a provocar la muerte de empleados. En 2014, hubo una huelga de trabajadores y el Ministerio de Trabajo tuvo que intervenir.

En el informe constan en total 9 industrias chinas, de ellas tres tienen que ver con proyectos mineros, tres con temas petroleros, una por explotación de madera balsa y otra por la pesca de flotas chinas en áreas protegidas de Ecuador.

La nacionalidad Sápara ha pedido la salida de la empresa china de sius territorios. En la imagen, las líderes de esa nacionalidad, Manari Ushigua y Gloria Ushigua. Foto: Amazon Watch

Inversiones petroleras chinas con impacto

En el Bloque 14, las empresas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC) hacen trabajos de exploración y explotación. En la actualidad, está en plena producción, por lo que produce contaminación por ruido, luz y por la disposición de desperdicios propios de la industria petrolera, como las aguas de formación, los lodos de perforación y el gas asociado de petróleo.

El Bloque 14 está dentro del parque nacional Yasuní, uno de los más biodiversos del mundo, y en territorio ancestral waorani. La quema de gas asociado al petróleo afectaría la salud de las comunidades y contribuiría al cambio climático, en especial a los patrones de lluvias, con la consecuencia lógica de la pérdida de soberanía alimentaria.

El informe regional señala que el Bloque petrolero 14 es un macroproyecto que contribuye “de manera significativa al cambio climático, afectando al derecho a un ambiente sano tanto de generaciones futuras como de comunidades de todo el globo”.

Las mujeres amazónicas han sido las principales activistas contra la minería. Foto: Amazon Watch

En el bloque Tarapoa está la empresa Andes Petroleum, consorcio conformado por las empresas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC). El proyecto está en explotación y sus plataformas están ubicadas cerca de los ríos Waiya (TSW-A) y Pocoya/ AriPocoya (TSW-E), con carreteras de acceso que cruzan el territorio hacia las plataformas.

Sus operaciones han afectado a las comunidades indígenas Siekopai, Siona y Kichwa, que beben y se alimentan del estero AriPokoya, cuyas aguas ahora están turbias, según sus denuncias. Por otro lado, las comunidades Sotosiaya y Waiya han denunciado -registra el informe- que la construcción de la plataforma TSW-E por la que la empresa excavó canales profundos se realizó sin la consulta previa a las comunidades y que no estuvo contemplado ni socializado en el Estudio de Impacto Ambiental.

Otro caso que incluye es el de los bloques petroleros 79 y 83 a cargo de la empresa Andes Petroleum, consorcio conformado por China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC). Está en territorios de las naciones Sápara, Kichwa y Shiwiar, en Pastaza. En este caso el principal derecho afectado fue el de la consulta. “La presidente de la Nación Sápara del Ecuador (NASE) denunció en noviembre de 2020 que están recibiendo presiones del Ministerio de Energía y de la empresa china para que se retomen las actividades de exploración en el bloque 83. Frente a estas presiones los líderes de la NASE volvieron a aclarar que la decisión de su nacionalidad es no permitir explotación petrolera en su territorio”.