Por lo menos 70 países formularon recomendaciones al Ecuador sobre la situación de derechos humanos en el país, en el marco del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) que tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza. La sesión en el Consejo tuvo lugar mientras en el Ecuador activistas y defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por el discurso estigmatizante del Gobierno y de la clase política contra la defensa de los derechos de las personas. 

Durante este tipo de exámenes, solo pueden participar los diplomáticos acreditados ante la Organización de las Naciones Unidas, que con base en informes propios y en los llamados informe sombra de las organizaciones de la sociedad civil de cada país, analizan y comentan la situación del cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los estados miembros.

El Gobierno puede aceptar o negar algunas de las recomedaciones y explica cuál es la situación según su prespectiva. El Examen tiene también el propósito de hacer un monitoreo de las recomendaciones de los periodos anteriores. En esta ocasión, se analizó la situación en el Ecuador desde 2017. La delegación del Estado estuvo encabezada por el canciller Juan Carlos Holguín.

La mecánica de la cita consiste en intervenciones de los diplomáticos internacionales, quienes comentan la situación en Ecuador y formulan recomendaciones. Algunos otros estados que no estuvieron presentes pueden formular sus observaciones por escrito y se produce luego un documento final, que sistematiza todas las recomendaciones, el estado del cumplimiento de cada una y un balance general de la situación en cada país. Las delegaciones que fueron designadas como relatores (“troika”) para el EPU de Ecuador fueron  Kazajstán, Honduras, y Alemania. El Grupo de Trabajo del EPU tiene previsto aprobar las recomendaciones de Ecuador a las 15:30 del 11 de noviembre. Las primeras, segundas, y terceras revisiones del EPU de Ecuador tuvieron lugar en abril de 2008, mayo de 2012, y en mayo de 2017, respectivamente, explicó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Este 7 de noviembre tuvo lugar la audiencia en el caso del Ecuador. Los delegados de 70 países pidieron la palabra, al igual que el canciller Holguín y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quienes concurrieron a la cita, este último de manera virtual desde Guayaquil.

En la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, tuvo lugar la reunión. Captura de video de Cancillería Ecuador

Las observaciones de los delegados internacionales

Algunos de los delegados que intervieron fueron los de Eslovenia, un estado del centro de Europa, quienes pidieron la palabra para recomendar que se proteja a los defensores de Derechos Humanos y que se reduzca la cantidad de amenazas con su trabajo. Además, explicaron que era necesario reducir la cantidad de casos de feminicidio en nuestro país.

El delegado de Suiza  recomendó adoptar una política global para los defensores de Derechos Humanos y establecer los mecanismos para crear una política pública de reparación de víctimas mujeres. Por su parte, el Reino Unido recomendó que garantice la protección de los Derechos Humanos y que los periodistas puedan ejercer su oficio sin amenazas, mientras que Estados Unidos recomendó que se garantice una libertad de expresión sin restricciones y que se promueva la Ley de libertad de expresión. En la misma línea se pronunció la delegada de España, quien mencionó la necesidad de la adopción de un marco jurídico que asegure la protección de los defensores de Derechos Humanos y de los periodistas.

De su lado, la diplomática canadiense recomendó proteger la libertad de prensa, impidiendo que normas sobre difamaciones y calumnias se destinen a acallar las críticas del público y además, garantizar el derecho de los pueblos autóctonos por medio de consultas libres e informadas, reducir el número de embarazos en niñas y adolescentes y brindar educación sexual.

La representante de Costa Rica se pronunció sobre adoptar una legislación para la protección de los defensores de Derechos Humanos, incluidos activistas y periodistas, situación que fue mencionada también por el delegado de Costa de Marfil, quien pidió que se tomen las medidas necesarias para campañas que luchen contra la discriminación en los medios, y se garantice el trabajo de defensores de Derechos Humanos y periodistas.

De su lado, el canciller Holguín pidió la palabra para responder a estos cuestionamientos sobre libertad de expresión en el Ecuador. Holguín dijo que apenas la Asamblea envíe el texto, se publicará la en el Registro Oficial la nueva Ley de Comunicación, que elimina todo riesgo de censura y autocensura. Agregó que se eliminaron las facultades de intervención del Gobierno en los medios de comunicación y se incorporaron garantías a los periodistas en temas de riesgos, así como se incluyeron incentivos a los medios que opten por la autoregulación.

Por su parte, el delegado de Francia sostuvo que se garantice la libertad de expresión y se luche por reducir las amenazas contra periodistas. También pidió tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a las diversidad y reformar el control del sistema carcelario.

La representante de Grecia señaló que se continúen esfuerzos para garantizar los derechos de los hijos de víctimas de feminicidio. Recomendó la  promoción de Derechos Humanos en el sistema judicial y pidió que se promocione un marco de protección para el ejercicio periodístico.

Para Namibia, es necesario aplicar y garantizar la seguridad de los periodistas, y el derecho de consulta libre, previo e informado.

El representante de los Países Bajos recomendó aumentar el alcance de salud sexual integral, y establecer un marco legislativo para la protección de defensores de Derechos Humanos y activistas, mientras que el de Paraguay mencionó los esfuerzos para protección social y reducción de la pobreza, la necesidad de mecanismos y campañas contra la violencia de género, así como garantizar derechos de las personas con discapacidad, entre otros.

Para Perú, se debe intensificar esfuerzos para que los defensores de Derechos Humanos gocen de un entorno seguro, reducir brechas de educación entre sectores rurales, y reforzar el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.

Por su parte, la delegada de Irán mencionó la necesidad de reforzar la acción contra el trabajo infantil, combatir la violencia contra los medios de comunicación y garantizar el Decreto 193, en temas de libre asociación.

Desde Honduras se recomendó ampliar los recursos humanos para la estrategia nacional contra la desnutrición, adoptar medidas efectivas para garantizar los derechos de pueblos indígenas y la protección de defensores de Derechos Humanos.

De las 70 intervenciones, 19 se refirieron a la libertad de expresión en nuestro país.

La lectura del Gobierno

Según informó la Cancillería, en el cita intervinieron el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín; la ministra de Educación, María Brown; la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; la Secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, Gretty Vargas; y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien se conectó desde Guayaquil vía telemática.

“El apoyo a nuestro pueblo, a nuestras fuerzas públicas, pero especialmente a nuestra democracia, han sido vitales para saber que no estamos solos”, dijo el canciller Holguín, al agradecer el apoyo de la comunidad internacional frente a los recientes atentados en nuestro país. 

Holguín dijo que "los derechos humanos forman parte de la identidad y vocación del Ecuador, en todas las áreas. Prueba de ello es que nuestro país ha ratificado los 27 instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en derechos humanos y adecúa sus normas y su actuación a esos principios”.

Holguín "informó los avances y significativos logros del Ecuador para fomentar los derechos de las personas refugiadas y en movilidad humana, las acciones del Ecuador frente a la pandemia COVID 19, y la lucha contra la trata de personas", dijo la Cancillería.

La ministra Brown "abordó los temas relacionados al sector social, que es prioridad del Gobierno, para el que se incrementó el presupuesto de 8.100 a 13 mil millones de dólares. La acción se refleja en la disminución de la pobreza tras la pandemia, el aumento de la cobertura de la educación gratuita, el incremento de becas para la educación superior gratuita, el énfasis en la educación intercultural bilingüe, que hoy tiene, como resultado de los acuerdos de paz con los movimientos indígenas, mayor autonomía técnica y financiera", precisó el comunicado oficial.

Mientras que la secretaria de Derechos Humanos "mencionó los programas desplegados para erradicar la violencia hacia la mujer y la reestructuración del sistema carcelario" y  la secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades "aportó con los avances a favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes".

El ministro Jiménez, explicó la Cancillería, "se refirió a la iniciativa del gobierno de la Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, para promoverlas y garantizarlas; los esfuerzos para lograr la participación de las minorías y personas con discapacidad en la vida política y social, así como el derecho al trabajo".

Las inquietudes de la sociedad civil

Mientras tanto, en Quito, algunas de las organizaciones que participaron en la elaboración de los informes sombra sobre derechos humanos se pronunciaron al respecto de lo ocurrido en Ginebra y comentaron las afirmaciones de los miembros del Gobierno.

Delegados de la sociedad civil se pronunciaron en Quito sobre la reunión en Suiza.

Para la consultora Gloria Ardaya, los países han realizado recomendaciones generales en el marco de la cita. Destacó que la violencia de género fue un tema recurrente así como también los derechos de las mujeres. Ardaya, quien coordinó la sistematización de los informes sombra, precisó que "el avance pleno en Derechos Humanos es una utopía", pero destacó el impulso que toma la temática gracias a la observación de la comunidad internacional.

María Amelia Espinosa, destacó que el país recibió 24 recomendaciones en temas de rehabilitación social,  y comentó se habló sobre temas como el  hacinamiento y la necesidad de garantizar los derechos de los privados de libertad en nuestro país.

De su lado, el director de Fundamedios, César Ricaurte, precisó que Ecuador recibió 19 recomendaciones en temas de libertad de expresión. Se instó al Estado a garantizar el derecho y la protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, destacó Ricaurte. Agregó que le preocupa el discurso de la secretaria de Derechos Humanos en Ginebra, quien indicó que ya existe un mecanismo de protección a periodistas en Ecuador pero, en realidad, este protocolo no existe, ni tampoco se garantiza la seguridad en el ejercicio periodístico. El llamado Comité de Protección de Periodistas no ha funcionado en el país, relató Ricaurte.

Por su parte, Danilo Manzano, de Dialogo Diverso sostuvo que se reconoce un esfuerzo en temas de derechos de la población LGTBIQ+ por parte del Gobierno. Sin embargo, en temas de educación no se incluyó a la diversidad, puesto que no se avanza en el tema en el país. Manzano destacó el clima hostil contra la diversidad sexual que se percibe en el país y el funcionamiento de centros de tortura que supuestamente son "clínicas de deshomosexualización". 

El tema de los desaparecidos no fue mencionado por los diplomáticos extranjeros ni por los delegados del Gobierno, lo que llamó la atención de Pamela Chiriboga,  de Asfadec. El tema no se trató a pesar de que, en el examen anterior, de  2017, ya se realizaron recomendaciones sobre temas de desapariciones forzadas y reparación de víctimas. Los delegados del Gobierno tampoco tocaron el tema, dijo. Chiriboga señaló que no solo hubo temas que no se trataron, sino que fueron más bien pocos los estados realmente críticos con el Gobierno en esta sesión. 

Para Ricaurte, hay algunos avances en materia de derechos humanos en Ecuador, pero solo son normativos y se quedan en el papel. "Creo que es evidente que el país tiene problemas muy grandes que son monitoreados por la comunidad internacional", dijo el principal de Fundamedios. 

Mientras tanto, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, informó en sus redes sociales que estuvo en Ginebra este 7 de noviembre y que participó de varias reuniones con diplomáticos de la ONU.

Impulsando el respeto a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas del #Ecuador participamos en Ginebra, de una agenda en la @ONU_es, y el 41° Examen Periódico Universal #EPU41 del @UN_HRC.
Junto a dirigentes de @confeniae1 exponemos las vulneraciones del Estado de Ecuador. pic.twitter.com/J7tMAslEhk

— Leonidas Iza Salazar Oficial (@LeonidasIzaSal1) November 7, 2022

   Punto de vista   

Juan Pablo Albán, abogado defensor de derechos humanos

Nuevamente -no es la 1ra vez en nuestro país, especialmente desde 2007-, los derechos humanos y quienes los defendemos estamos bajo ataque.  La situación obliga a una reflexión ciudadana informada, alejada de la calentura política, aquí unos insumos para eso.

Las descalificaciones lanzadas desde las altas esferas del poder contra los derechos humanos y sus defensores no resuelven problemas sociales, son un elemento distractor -muy efectivo en países polarizados como el nuestro-, un pretexto para no hacer las cosas o hacerlas mal. La rispidez consustancial a varios compatriotas -especialmente "lideres" políticos- y su florido repertorio de insultos, no argumentos, no borran la realidad, la crisis de seguridad tiene años cocinándose, y la respuesta de tres gobiernos fue nula, tardía y/o improvisada.

El discurso contra los derechos y sus defensores muestra el ánimo de invisibilizar reclamos justos, y no dar la cara a la comunidad internacional frente a ellos. De paso, con un resentimiento irrefrenable contra el que invoca los DDHH, capaz de atropellarlo todo y a todos.

El mensaje que se busca enviar no es nuevo en Ecuador: “si no están con nosotros están contra nosotros”. Con esa lógica pocos años atrás se cooptó respetables organizaciones de derechos humanos y se silenció a las que no quisieron sumarse al juego del poder de turno ¿Ahora eso está bien? En palabras de Farith Simon, "organizarse para trabajar en beneficio del interés de un grupo de personas, el bien común o de la comunidad son formas de ejercicio de los derechos de reunión y asociación, no son una concesión del poder" (2013), ni un favor de la clase política.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que estas situaciones pueden “tener un efecto amedrentador sobre otras defensoras y defensores, ya que el temor causado [...] podría disminuir directamente las posibilidades de que tales personas ejerzan su derecho a defender los derechos humanos" (2008).

El artículo 1 de la Declaración de la ONU sobre Defensores de DDHH (1998), señala que “[t]oda persona tiene derecho, [...] a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. En palabras de Hina Jilani, la Declaración es “un claro compromiso de reconocer, promover, y proteger la labor y derechos de los defensores de derechos humanos en todo el mundo” y “un hito en el proceso de mejora de la protección de los defensores de derechos humanos” (2001).

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha considerado que no existe una lista taxativa de actividades que se consideren acciones de defensa de derechos humanos, abriendo así el concepto a cualquier esfuerzo emprendido en defensa de nuestros semejantes, simpaticen o no con él los políticos de turno (2004).

La Asamblea General de la OEA ha instado a sus miembros -incluido Ecuador- a proteger a las personas dedicadas a la promoción, el respeto y la protección de los derechos fundamentales y la eliminación efectiva de las violaciones a los derechos humanos (1999). El organismo hemisférico también ha afirmado en reiteradas ocasiones que los Estados deben condenar los “actos que directa o indirectamente impiden o dificultan la tarea [de los defensores] en las Américas” (1999, 2000, 2008).

En sentido similar se ha pronunciado el Consejo de la Unión Europea a través de su Proyecto de conclusiones del Consejo sobre las directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos (2004).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es un deber del Estado proteger y respetar las funciones que puedan desempeñar los individuos que defienden los derechos humanos, ya que éstas constituyen un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el propio Estado (2003). El tribunal interamericano también ha enfatizado la importancia del papel que cumplen las defensoras y los defensores de derechos humanos, "cuya labor es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho" (2008).

La Corte Constitucional colombiana ha dicho que “la actividad de los defensores de los derechos humanos […] está rodeada de innumerables peligros” lo que los convierte en “un sector vulnerable de la sociedad”, por lo que el Estado debe “privilegiar la protección” de ellos (1998).

Ya en 2004 la ONU observaba  “que los Estados recurr[e]n cada vez más a hostigar a los defensores de los derechos humanos y obstaculizar su labor”. Tal situación no ha sido superada, ni en el país ni en el mundo, ha empeorado.

También desde 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó estar "preocupada por la grave situación de inseguridad y peligro en las que realizan su trabajo las defensoras y defensores en el hemisferio. [La] identificación de éstos como enemigos o blancos legítimos, las campañas de desprestigio". En tal ocasión la Comisión recordó a los Estados de nuestra región -incluido el Ecuador- que “cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja”.

La Comisión instó a los Estados a "reconocer públicamente que el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, los defensores no están contra las instituciones del Estado". Señaló entonces que "Los Estados no deben tolerar intento alguno de parte de autoridades estatales por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones" y que "Los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección".

Esta semana, junto a distinguidos/as colegas defensores/as como Lolo Miño,  Sybel Martínez, Ana Acosta, Fernando Bastias y varios otros, he sido insultado, por mi condición de defensor de DDHH, por un grupete de políticos de todo el arcoíris ideológico -argumentos no tienen-. Que se acuerden de nosotros evidencia que los defensores de DDHH les quitamos el sueño, y que hacemos bien nuestro trabajo. Sabiéndose torpes, abyectos y cobardes, tenernos de adversarios les inquieta. Se han olvidado cuando venían lloriqueando a pedir que les representemos.

Mal haríamos en tener miedo o rebajarnos a discutir con ellos. Son todos lo mismo, cortados por la misma tijera. Sus ataques no deben desalentarnos sino motivarnos a seguir y decirle las verdades al poder, cualquiera que esté de turno, igual desde que llegan, van de salida.