Actualizado al 26 de mayo de 2022

Pandemias como el ébola, el Sars, el zika y ahora el covid han aumentado la violencia y el malestar social. Ese es uno de los antecedentes que tiene el millonario proceso de contratación que está en marcha en el Municipio de Guayaquil para la adquisición de 15.000 cámaras de videovigilancia, con capacidad de reconocimiento facial, por un valor de USD 29,5 millones.

Este es uno de los contratos más costosos en cuanto a tecnología de videovigilancia en Ecuador. La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) asegura que la pandemia frenó la instalación de este tipo de cámaras que se venía realizando desde el 2012. En ese año, por mandato de una ordenanza municipal, las empresas e instituciones estaban obligadas a instalar sus propias cámaras en exteriores. Tenían previsto instalar 500 cámaras por año, pero a la fecha hay 640 cámaras en la ciudad.

Pero la crisis que generó la pandemia, dice la CSCG, afectó a las empresas y provocó el cierre de instituciones. De esa manera justifica el contrato que no tiene indicadores sobre la seguridad de la ciudad o sobre cómo las cámaras ayudarían a cambiar la percepción de seguridad en Guayaquil, que es uno de sus objetivos.

En el país, las experiencias de Quito, Guayaquil, Latacunga o Cuenca han demostrado que no hay indicadores claros que hayan justificado la compra de esa tecnología y que, además, no está siendo utilizada. Fundamedios publicó en 2021 el estudio “La videovigilancia en Ecuador vulnera derechos ciudadanos” donde menciona que los municipios de las cuatro ciudades han adquirido 353 cámaras con capacidad de reconocimiento facial por casi USD 3 millones. “Sin embargo, ninguna de estas cámaras cumple con la capacidad de reconocimiento facial al no estar conectadas a una base de datos con el software adecuado”. Este es uno de los informes que la sociedad civil ha enviado para el Examen Periódico Universal (EPU) de Ecuador ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La información que recogerán las nuevas 15.000 cámaras llegarán al centro de mando de la CSCG (foto). El reconocimiento facil es la tercera fase del proyecto y, según el contrato, será de uso exclusivo de la Policía. Foto: El Universo

Las cámaras PTZ que ya funcionan en Guayaquil realizan este tipo de registros. Ahora con inteligencia artificial, la CSCG busca que esta tecnología haga conteo de personas, tráfico, placas y situaciones que amenacen la seguridad.

Ahora Guayaquil ampliará su red de videovigilancia. El objetivo, dicen los pliegos de la contratación, es tener un servicio que transmita en tiempo real la información que recojan las 15.000 cámaras y genere alertas de incidentes con el uso de inteligencia artificial. Estas alertas incluyen desde el flujo vehicular, conteo de personas hasta la detección de “eventos de inseguridad” o de “poses definidas como amenazantes” en el espacio público. Está previsto que esas alertas las reciba la sala de control y monitoreo de la CSCG.

Guayaquil tiene en la actualidad 640 cámaras. La ubicación de las nuevas 15.000 será a criterio de la CSCG, donde opera el ECU911 del Puerto Principal. Foto. José Beltrán. El Universo

El proceso de contratación arrancó el 12 de abril pasado y fue adjudicato a  Telconet, un antiguo contratista del Estado de servicios de internet que fue salpicado en la trama de corrupción de Odebrecht. El 12 de mayo, la Comisión Técnica del proceso recomendó la adjudicación a Telconet y el 18 de mayo se emitió la resolución de la adjudicación. Fue el único proveedor que se presentó a la licitación. 

Las cámaras PTZ que ya funcionan en Guayaquil captan en la actualidad este tipo de imágenes sobre accidentes de tránsito (arriba) y supuestas actividades sospechosas (abajo). Con la nueva tecnología se busca que esta emita alertas de forma constante.

Las cuestionadas cámaras PTZ

En este nuevo contrato, la CSCG tiene previsto desplegar 3.750 nodos de videovigilancia en toda la ciudad. Cada nodo tiene cuatro cámaras, pero en 450 de esos nodos existirán cámaras con tecnologías avanzadas que han sido cuestionada por defensores de derechos digitales y de protección de datos.

Se trata de las cámaras PTZ IP que tienen sensor CMOS (permite registrar detalles particulares como un tatuaje), resolución de mínimo 4 megapixeles; zoom 4x óptico y 16x digital; compresión H.265/H.264/MJPEG, que sirven para grabar videos en alta definición; y distancia infrarroja mínimo 20 metros. Son cámaras de 360 grados.

Está prevista la compra de 3.750 cámaras de este tipo que serán ubicadas una en cada nodo. Pero de esa cifra, 450 deberán tener un zoom mínimo de 12x óptico, que permite tener mayor nitidez en la imagen. Se prevé que estas cámaras ofrezcan el servicio de analítica avanzada y el requerimiento de esa información quedará a criterio de la CSCG.

Anais Córdova, investigadora de LaLibre.net y coordinadora de Navegando Libres por la Red, explica que estas cámaras no solo registran video, sino también la huella de calor que es distinta en cada persona. Se usan generalmente en espacios cerrados, como aeropuertos, y eso permite una gran precisión de la huella calórica. En este contrato, las cámaras tienen un termómetro que les permite recoger esa información. Esto violenta, dice la experta, una regla del internet que es el derecho al anonimato.

Pero no es la primera vez que se compran estas cámaras en el país. Córdova es una de las autoras del informe Tecnología de vigilancia en América Latina, realizado en conjunto con Access Now, el Laboratorio de Políticas Públicas e Internet (LAPIN) y la Asociación por los Derechos Civiles, que incluye un capítulo sobre Ecuador. Allí se menciona el amplio despliegue de tecnología de videovigilancia en ciudades como Quito y Guayaquil y otros municipios como Quevedo o Shushufindi que siguieron el ejemplo de estas dos grandes ciudades, “a pesar del hecho de que no existen estudios concluyentes para demostrar la efectividad de este tipo de vigilancia en la seguridad ciudadana, la reducción del crimen o la prevención de muertes violentas”.

Estas cámaras PTZ IP que pretende comprar la CSCG han sido instaladas en Quito desde la pandemia, dice Córdova. ¿Dónde se está almacenando esta información?, ¿cuánto tiempo se queda en sus servidores?, ¿quién la tiene?, son preguntas que la organización de Córdova no ha conseguido en ninguna institución.

En el caso de Guayaquil, los documentos de la contratación explican que el almacenamiento de los videos será continuo y en la resolución completa de las cámaras, con un tiempo de retención de mínimo 31 días alojados en un data center con certificación TIER III o TIER IV, que es un estándar internacional. Además, se dispondrá de 50 terabytes de almacenamiento para los videos que se envíen a la Fiscalía o a la Función Judicial.

Pero inclusive, en Ecuador, los protocolos, procedimientos, metodologías e instructivos para la videovigilancia que efectúa el ECU 911, el principal organismo que concentra y accede a la información que registra esta tecnología, fueron declarados reservados por decreto ministerial en 2013, según reveló Fundamedios.

Para Córdova, el principal problema en Ecuador es que no existe conciencia del significado e importancia de los datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales, que se aprobó en 2021, no tuvo la participación de la sociedad civil que trabaja en derechos digitales, lamenta la especialista. Es una ley, en su opinión, que no menciona claramente qué protege en el caso de la videovigilancia.

La Ley, sin embargo, es clara al reconocer la protección para el rostro como dato biométrico, es decir como un dato único que permite identificar a una persona por sus características físicas, apuntó Fundamedios.

Las tecnologías de vigilancia implementadas en Ecuador son provistas principalmente por las empresas Axis (Suecia), Hikvision (China), y VERINT (Israel y EE. UU.). Pero también se usan, a menor escala, productos de Intelligent Security Systems (Rusia), Pelco Corporations (EE. UU.), y Tiandy y ZKTeco (China), dice el reporte de LaLibre.net.

En la Av. Amazonas, en Quito, existen cámaras de videovigilancia. En la imagen está una Hikvision, de fabricación china. Fotos: PlanV

Inteligencia artificial para registrar situaciones anómalas

El sistema funcionará con inteligencia artificial que “utilizará redes neurales entrenadas para identificar las situaciones anómalas descritas en el alcance”. Los documentos no son claros respecto a qué y quién define ese tipo de situaciones. Pero en el anexo de las condiciones particulares del contrato consta un cronograma para la implementación de esta tecnología donde se detalla el tipo de registros que requiere el CSCG.

En la fase 1, se espera que el sistema pueda hacer conteo de personas, vehículos y motos y determinar sus flujos; detección de aglomeración de personas; y detección de vehículos detenidos en la vía. En la fase 2, las cámaras deberán registrar posicionamiento 3D de una imagen; detección de tráfico detenido; y detección de mascarillas mientras su uso sea obligatorio. En la fase 3, se amplía a la detección de características de un auto: marca, modelo, color y placas; reconocimiento facial; la detección de movimiento vehicular y de personas sospechosas que merodeen en una zona; y la detección de poses definidas como amenazantes. Estas fases deberán ser implementadas hasta nueves meses después de la firma del contrato y la tecnología deberá tener la opción de modificar el porcentaje de precisión de las alertas.

En ese mismo anexo, la CSCG asegura que el reconocimiento facial será “estrictamente para seguridad ciudadana” y para uso exclusivo de la Policía Nacional. Según el documento, con esta tecnología se podría buscar a una persona a partir de una imagen de referencia en un periodo de tiempo definido.

Pero este tipo de registros podrían ampliarse con el tiempo. El proveedor, dice lo documentos de la contratación, “deberá continuar el desarrollo y la implementación de nuevas analíticas que puedan proveerse a la CSCG mientras dure el contrato y las pondrá a disposición de la CSCG”.

Todas las cámaras estarán conectadas a internet. Las alertas serán enviadas al centro de control de la CSCG, pero existe la posibilidad de que esos contenidos transiten por WhatsApp, SMS o correo electrónico, según los solicite la entidad. Todos los nodos no solo capturarán video sino también audio.

A criterio de la CSCG quedará la ubicación de esos nodos sobre los que se ejecutará analítica avanzada. La entidad podrá cambiar su ubicación y seleccionará los videos de las cámaras sobre los que se realizará esos análisis. En ningún momento se cita la Ley de Protección de Datos Personales o se mencionan los derechos digitales de los ciudadanos.

PlanV solicitó una entrevista con Christian Chérrez, director de la CSCG, pero por WhatsApp contestó que no había contestado la solicitud porque están en medio del proceso de contratación “bajo los términos del Sercop y no queremos interferir”. Dijo que atenderá inquietudes cuando el proceso esté terminado. Entre las preguntas que envió PlanV están las siguientes: ¿Cómo lograron determinar que Guayaquil necesita 3750 nodos con esta tecnología?, ¿cómo se definirán las situaciones anómalas que deberán reconocer las cámaras?, ¿está previsto que este sistema se integre a bases de datos de la Policía, Registro Civil?, según el contrato, el proveedor privado tendrá en sus bases de datos la información que recojan las cámaras, ¿no es un riesgo eso?, y ¿cómo se protegerán los datos personales que recojan esta tecnología?

El objeto de este contrato presenta un escenario más alarmante a lo sucedido en Buenos Aires con este tipo de tecnología, dijo Gonzalo De Vita, abogado del Observatorio de Derecho Informático de Argentina. En una entrevista con PlanV, explicó que en la capital argentina existen 9.000 cámaras de videovigilancia, pero en 300 de ellas corre un sistema que tienen la capacidad de reconocimiento facial para ubicar a prófugos de la justicia desde 2019. Para ello, el sistema se conectó a la base de datos de la Policía y a la base de datos biométricos del Registro Nacional de las Personas, que equivale al Registro Civil ecuatoriano. Cada vez que un prófugo pasaba por una cámara, esta debía emitir una alerta.

Pero el proceso de implementación de esta tecnología no fue transparente y en el camino se hicieron adecuaciones legales para su uso. El sistema fue adquirido a una empresa privada y hasta ahora se desconoce quién tiene los datos que han recogido las cámaras. “Ellos tercerizan el servicio, no sabemos si es software ruso o israelí, o si los datos están saliendo del país”.

Las organizaciones de la sociedad no han tenido acceso al desarrollo del código fuente para conocer qué tipo de datos está almacenando. Esta tecnología además se perfecciona con entrenamiento. De Vita contó que solicitaron información sobre esto y se los negaron con la excusa de los derechos de propiedad intelectual. “Estos sistemas están siendo dados de baja en muchos lugares del mundo, tiene sesgos discriminatorios”, dice el experto y recuerda que puede dar error durante la fase de entrenamiento.

Joseph Cannataci, relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, revisó la base de la Policía sobre los prófugos, que tenía 44.000 registros cuando visitó Argentina en 2019. Era una base con muchos errores, por ejemplo, había niños de 3 años buscados por robo. Luego hubo una depuración y quedó en la mitad. El Registro de las Personas también reconoció que sus bases no estaban totalmente actualizadas. De hecho, hubo el caso de una persona detenida porque su número de identidad había sido cargado por error en la base de datos de los más buscados, recuerda De Vita.

Este sistema se implementó en 2019, pero se suspendió en la pandemia por el uso de mascarillas y porque hubo una medida cautelar que solicitó el Observatorio para su desconexión. En ese proceso, el juez solicitó pruebas. Por ejemplo, pidió al Registro el número de consultas que había tenido por parte del Ministerio de Justicia -encargado de las cámaras- y el resultado fue 10 millones de consultas, cuando solo existen 26.000 prófugos. Aún se desconocen qué uso se ha dado a esos datos.

En el caso de Guayaquil, el alcance es más amplio que el del proyecto de Buenos Aires. De Vita dice que es más preocupante porque las cámaras tendrían la posibilidad de identificar todo el tiempo a todos. “Es una invasión a la privacidad enorme”.