La caída de Freddy Carrión y la de Ramiro Rivadeneira, dos defensores del Pueblo marcados por la polémica, son algunos de los hitos en el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, una instancia dedicada a la protección de los derechos humanos que, sin embargo, carece de cualquier capacidad coercitiva. 

A ambos se los acusó, en su momento, de cercanía con el correísmo. En el caso de Rivadeneira, ex funcionarios de la Defensoría destacan su notable silencio frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por el correato, que incluyeron ataques a la libertad de expresión y abusos policiales y judiciales de todo tipo. 

Ramiro Rivadeneira fue defensor del Pueblo durante buena parte del correato.  Foto: Asamblea Nacional

Pero la de Carrión dejó una huella profunda, cuando el ex defensor, que había sido designado tras un concurso de méritos por el Consejo Transitorio que presidía Julio César Trujillo, debió dejar el cargo tras un proceso penal por una abuso sexual, por el cual fue finalmente condenado. El escándalo motivó un pedido de renuncia de organizaciones de derechos humanos. 

El 14 de septiembre de 2021, el ex defensor Freddy Carrión llegó escoltado por la policía carcelaria al juicio político en la Asamblea Nacional. Fue censurado. Foto: Asamblea Nacional

En el suceso estuvieron involucrados un ex ministro de Lenin Moreno y su esposa, quienes mantenían una relación de amistad con el ex defensor. La justicia condenó a Carrión por el abuso sexual contra la esposa del ex ministro. 

Carrión tuvo un papel clave durante los sucesos de octubre de 2019, cuando la Defensoría empezó a documentar las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Lenin Moreno y su ministra de Gobierno, María Paula Romo. El ex defensor concluyó que se pudieron haber cometido delitos de lesa humanidad y planteó una denuncia contra el ex presidente y miembros de su Gabinete. 

Desde el 18 de septiembre de 2021, el cargo de defensor del Pueblo está encargado a César Córdova, un abogado aduanero del entorno de la ex presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, quien también ha sido blanco de cuestionamientos por su falta de trayectoria en los derechos humanos. Tras el cambio de mayoría en el Consejo de Participación, en donde llegó a la presidencia Hernán Ulloa, el encargo se ha mantenido. Pero la institución ha tenido varios hitos en su existencia. 

Galería de defensores

Desde 1996 que la Defensoría del Pueblo tiene a cargo la tutela de los derechos humanos en el país. El cargo ha sido ejercido por siete hombres y una mujer desde entonces. Julio César Trujillo, quien ocuparía la polémica presidencia del Consejo Transitorio, fue el primer defensor designado, aunque no llegó a ejercer la función, en 1997. 

Entre 1998 y 2000 ejerció ese cargo Milton Álava Ormaza, y entre 2000 y 2008 Claudio Mueckay Arcos. Entre 2008 y 2011, en los primeros años del correato, asumió Fernando Gutiérrez y entre 2011 y 2018 Ramiro Rivadeneira Silva. En la época del morenismo, asumió temporalmente Gina Benavidez entre 2018 y 2019 y entre 2019 y 2021 Freddy Carrión. César Córdova está encargado hasta que se inicie un nuevo concurso, que al igual que otros de designación de autoridades, se encuentran estancados, según ha reseñado PLANV. 

Con el nuevo marco constitucional de Montecristi, asumió en 2011 Ramiro Rivadeneira, tras un concurso organizado entonces por el Consejo de Participación. El artículo 215 de la Constitución vigente otorga a la tutela de los derechos humanos a la Defensoría del Pueblo. 

Su caída se produciría en 2018, cuando con una resolución el Consejo Transitorio lo cesó en su cargo, luego de que el ex funcionario cuestionó las atribuciones del Consejo y la posibilidad de ser evaluado. 

No volvería a haber otro concurso hasta el 2019, cuando Freddy Carrión fue designado. El ex defensor fue cesado por la Asamblea luego del escándalo de abuso sexual en el que fue condenado. 

¿Qué hace la Defensoría del Pueblo?

Según la última rendición de cuentas disponible, que corresponde a 2021, el presupuesto de la Defensoría del Pueblo se acerca a los 12 millones de dólares, a los que hay que sumar casi 800 mil dólares recibidos en diversos rubros de cooperación internacional.

El año pasado, ingresaron a las oficinas provinciales y a la planta central en Quito 11.898 casos, de los que se logró resolver 10.185. El grueso de los que casos que atiende la Defensoría, en distintos ámbitos del derecho, se reciben en las oficinas provinciales de Guayas, Pichincha y Manabí y en menor medida en provincias como Azuay, Santa Elena y Los Ríos. 

La Defensoría tuvo un presupuesto de 12 millones de dólares en 2021. Foto: Archivo Ecuavisa

Más del 40% de los casos ingresados en 2021 tuvieron que ver con "asuntos administrativos de la Función Ejecutiva" y con "otros", mientras poco más del 20% fueron consultas relacionadas con temas civiles, laborales o penales.  Cerca de otro 20% de los asuntos atendidos tienen relación con asuntos entre particulares, servicios bancarios y pensiones alimenticias.  Con porcentajes menores al 3% se registraron temas como familia, violencia intrafamiliar, divorcios o tránsito.

La Defensoría dijo también que capacitó a 13.300 personas, la mayoría de ellas mujeres, y a 2800 funcionarios de la Policía y el Sistema Carcelario en derechos humanos con visión de género.

Además, se emitieron cinco informes para instancias internacionales, como el Informe Anual de la Situación de los Derechos Humanos en el Ecuador, un informe sobre los derechos humanos durante la declaratoria de excepción por el covid 19, el informe alternativo sobre el cumplimiento del Estado de la CEDAW, y el Informe a la Federación Iberoamericana de Ombudsman. 

Otra de la atribuciones de la Defensoría es verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y en 2021 entregó certificados de cumplimiento a 1435 entidades, el 92% del catrastro de instituciones obligadas a publicar su información.

Entre los casos que la Defensoría ha llevado en 2021 están el de Furukawa, que consiste en la explotación de una comunidad campesina en la Costa para el cultivo de abacá, han participado en la elaboración para una política pública para la diversidad sexual  y han dado seguimiento a la entrega de medicación a los pacientes con VIH en el país. El caso de Furukawa fue presentado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) el año pasado. 

La Defensoría presentó el año pasado el caso de las fincas de abacá de Furukawa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

Los momentos clave de la Defensoría del Pueblo

Gabriela Alvear es abogada y ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo y ha seguido de cerca la evolución de la entidad. Actualmente, es parte de la Organización Diálogo Diverso, que realiza activismo a favor de la comunidad LGBT.

Ya desde 1998, la Defensoría del Pueblo empezó algunos procesos relacionados con la coyuntura en esa época, recuerda, como atender a los afectados por el Plan Colombia que se desarrollaba en la frontera norte, o la creación de defensorías especializadas en pueblos y nacionalidades indígenas.  Otros ejes que se fueron implementando de manera paulatina fueron mujer, niñez y adolescencia, personas que viven con VIH, así como quienes se encuentran en el trabajo sexual. 

Los pueblos afrodescendientes, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables empezaron a ser atendidos entre 1998 y 2008, cuando se promulgó la Constitución de Montecristi.

A partir de los nuevos conceptos constitucionales de 2008, la Defensoría, recuerda Alvear, también asume la defensa de los derechos de la naturaleza, reconocidos por la Constitución.

En esa época también se emitió la primera resolución que condena el feminicidio, destacando la responsabilidad del Estado en esos casos.

En la gestión de Fernando Gutiérrez, entre 2008 y 2011, se emitió un primer informe sobre la criminización de la protesta social en tiempos de Rafael Correa, así como una resolución defensorial que estableció que los niños, niñas y adolescentes no podían ingresar a las corridas de toros, comunes en esa época. Actualmente, los menores de 18 años no pueden ingresar a las corridas de toros.

Casos como el de Estrellita Estévez, que llevó la actual jueza constitucional Alexandra Cárdenas, son mencionados por Alvear. Se trata del pedido de una mujer transexual que pide que el Estado le cambie sus implantes de senos y que inició en 2009. Según la rendición de cuentas de 2021, la Defensoría aún tramita algunos aspectos relacionados con el pedido de Estévez. 

La Defensoría afrontó también las olas migratorias de cubanos, colombianos, haitianos y venezolanos que llegaron al Ecuador en los últimos años. Muchos de los caribeños fueron detenidos por el Gobierno de Correa en los hoteles Hernán y Carrión, que se convirtieron en centro de privación de libertad a pesar de que la cuestión migratoria es de naturaleza administrativa. 

A partir de 2008, se empezó a emitir informes temáticos de derechos humanos en el Ecuador, que no se emitían antes. 

Pero Alvear destaca que si bien la Defensoría del Pueblo fue el resultado de las luchas sociales, y que se determinó que solo un abogado puede ejercer el cargo, la politización y el reparto de cargos fueron comunes en los primeros años de la entidad. 

En la gestión de Ramiro Rivadeneira, entre 2011 y 2018,  empezaron a funcionar las casas defensoriales, pero Alvear destaca una gestión "alineada" con el correísmo. A pesar de la criminización de la protesta social y de los atentados a la libertad de expresión, la gestión de la Defensoría en esa época se caracterizó por el silencio, explica la activista.

Recuerda que la Defensoría hacía operativos no para verificar si se agredía a la población, sino para defender los intereses del régimen. "La Defensoría se calló, justificó, y respaldó a Rafael Correa", precisa de manera enfática. Casos como los de Fernando Villavicencio, denuncias de corrupción, periodistas perseguidos y abusos de poder simplemente fueron ignorados por una Defensoría que hizo caso omiso de sus atribuciones.

Casa adentro, además, se disolvió la Asociación de Trabajadores de la Defensoría, dejando a los funcionarios sin representantes y hubo persecuciones internas a funcionarios que se negaban a ir a las concentraciones oficialistas. 

En marzo de 2017, cuando el correísmo ortodoxo estaba a punto de dejar el poder, Rivadeneira se posesionó para cinco años en un periodo que debía terminar este año. Había ganado otra vez el concurso para defensor, tras renunciar a su cargo en noviembre de 2016 para participar en el concurso, que ganaría con 94,67 sobre 100. Su designación terminaría abruptamente poco después. 

Entonces, el ex asesor de Gustavo Jalhk en el Consejo de la Judicatura ofreció: “La Defensoría del Pueblo viene trabajando en ejes específicos como lucha contra la violencia y discriminación, derecho a la vida e integridad personal, derechos de usuarios y consumidores, hábitat, vivienda y servicios públicos domiciliarios; a estos se sumará un nuevo eje de protección de derechos humanos en crisis humanitarias”.

Freddy Carrión desató una tormenta 

El periodo de Rivadeneira terminó cuando el Consejo Transitorio lo removió, con una resolución de ocho páginas, el 2 de mayo de 2018. Y ahí empezaron problemas relacionados con quién debía sucederlo. Antes de dejar el cargo, el ex defensor posesionó como encargo a Patricio Benalcázar, pero el Consejo desconoció eso y nombró como encargada a Gina Benavidez.

Benavidez estuvo pocos meses al mando, pues inmediatamente se inició un concurso, organizado por el Transitorio, para nombrar a un titular. Y aunque en la fase de impugnaciones se conoció una denuncia de la esposa de Carrión por maltratado (que luego fue retirada por ella misma, por lo que el Consejo Transitorio desechó la impugnación), de todas formas Carrión ganó el concurso.

Freddy Carrión presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad contra Lenin Moreno, María Paula Romo y otros. Foto: El Universo

"Sabía muy bien quién era Freddy Carrión el doctor Trujillo", dice Alvear sobre el polémico ex defensor. "El Consejo Transitorio pudo haber hecho más y no cumplió los fines que debía cumplir. Carrión ha sido la vergüenza más grande para defensa de derechos. No tenía trayectoria, ni legitimidad ni respaldo ciudadano", recuerda la activista, quien también formó parte de la Asocación de Trabajadores. Las acciones de Carrión motivaron que se reactivara la organización sindical en la Defensoría. 

El ex defensor también elaboró un duro informe en donde se recopilaron varias de las supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de octubre de 2019. El informe incluyó detalles sobre las muertes y mutilaciones (sobre todo pérdidas de ojos) que se cometieron durante las protestas. Luego, concurrió a la Fiscalía para poner una denuncia de lesa humanidad contra Moreno, Romo y otros de sus funcionarios. 

Para Alvear, si bien hubo razones válidas de las protestas, también fue evidente la presencia de infiltrados con afanes golpistas. ¿Estuvo también alineado con el correísmo? la ex funcionaria cree que sí. "No sé si Carrión habría sacado ese mismo informe en el gobierno de Correa", asegura.

Tras la salida de Carrión, y ante las disputas por el encargo, hubo incidentes nunca antes vistos en la Defensoría durante julio de 2021. Las oficinas cerradas y los intentos de tomarse los despachos entre los partidarios de Zaida Rovira y Tania Castillo, quien reclamaba el cargo, llegaron a provocar conflictos en la institución durante las siguientes semanas después de la salida de Carrión. Castillo inclusive le puso a Rovira una denuncia penal por usurpación de funciones, pues ella sostenía que Carrión la designó para el cargo con una resolución cuando ya estaba detenido. 

Zaida Rovira, quien había sido nombrada vice defensora por Carrión, denunció luego que este empleaba a parientes y relacionados en cargos en la Defensoría. Foto: El Universo

Rovira, quien trabajaba directamente con Carrión al extremo de que él la nombró vicedefensora, se convirtió en su detractora, y denunció que el ex defensor nombró a sus relacionados como amigos y convivientes de sus parientes en cargos en la Defensoría. Al final logró mantenerse en el cargo hasta que terminó la acción de personal en la que se sustentaba.

Finalmente, el Consejo de Participación realizó el encargo a César Córdova, contra quien en septiembre de 2021se presentó una acción constitucional que fue negada. En representación de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo presentaron el recurso Harold Burbano, Genny Véliz y Alvear. 

Aunque la calma ha vuelto a la institución, su historia se resume en una instancia de defensa de derechos cercada por intereses políticos.