A más de 200 kilómetros de distancia de Sarayaku, desde una oficina del Ministerio de Energía y Minas, un abogado intentó explicar cómo está dividido el territorio de ese pueblo indígena y los bloques petroleros que lo rodean. Primero hay que distinguir el pueblo kichwa Sarayaku de la parroquia que lleva el mismo nombre, dijo Héctor Borja, director de patrocinio de ese Ministerio. El territorio de la comunidad -siguió- no interfiere con ningún campo petrolero. Mientras que en la parroquia están tres bloques que, según el funcionario, no tocan a Sarayaku.

Esos fueron algunos de los argumentos que usó el Gobierno para contradecir el reclamo de este pueblo ancestral que se ventiló el viernes pasado, 10 de junio, ante la Corte Constitucional. Este pueblo originario presentó una acción de incumplimiento de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó a su favor el 27 de junio de 2012. Sarayaku y su defensa denunciaron que a 10 años del histórico fallo aún el Estado ecuatoriano no retira los 1.400 kilos de explosivos que están en su territorio. Tampoco ha creado una norma que regule la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, de acuerdo a los estándares que estableció la Corte IDH.

El abogado Borja quiso opacar la trascendencia del reclamo al decir que en Sarayaku no se ha registrado alguna exploración o explotación petrolera. Pero mencionó que en 2012 y 2014, esta comunidad se negó a participar en una consulta previa. Si no hubo actividad petrolera, ¿para qué consultarlos? La contradicción la observó la jueza constitucional Carmen Corral -quien lleva el caso- y la defensa de la comunidad, por lo que pidieron una explicación al abogado quien terminó enredado en su réplica.

Su intervención sobre los bloques petroleros produjo expresiones de asombro en los dirigentes de Sarayaku que escucharon la audiencia en el Puyo, en Pastaza. En el segundo piso de una casa antigua, en el centro de esa ciudad, está la oficina de esta comunidad. Sentados junto a una mesa de madera, de una pequeña sala de reuniones, los dirigentes Hólger Cisneros, José Gualinga, Ronni Avilés, Jhonny Dahua y Helena Gualinga escucharon la audiencia que duró dos horas y media. Otro grupo se conectó desde la plaza central de Sarayaku con el presidente actual de la comunidad, Tupac Viteri Gualinga y la dirigente de mujeres, Bertha Gualinga.

“Sin conocer el contexto geográfico, trataron de confundir al decir que los bloques 74 y 10 no afectan”, dijo José Gualinga, quien por 40 años ha sido testigo de la resistencia de su pueblo contra la explotación petrolera desde que llegó a su territorio la Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) a finales de los años 90.

Sarayaku declaró a su territorio Kawsak Sacha o selva viviente, consciente y sujeta de derechos. En la imagen, una vista área de la comunidad.

No es la primera vez que el expresidente de Sarayaku escucha a un Estado confuso y desconocedor de la Amazonía. Recuerda, por ejemplo, que en una de las tantas reuniones que han tenido con innumerables secretarios y subsecretarios, una comitiva en 2014 llevó 20 galones de gasolina desde Quito hasta el Puyo porque creían que no había gasolineras. “El desconocimiento del territorio es total”.

Por eso, Gualinga explicó lo que incontables veces se ha dicho en cortes nacionales e internacionales. La parroquia Sarayaku -contó- tiene 33 comunidades que pertenecen a tres nacionalidades: los kichwas de Sarayaku que están en la cuenca del río Bobonaza y son los demandantes; los achuar y los sáparas. Sarayaku es la cabecera parroquial, que la conforman siete comunidades y está en el centro del mapa, por lo tanto -concluyó el dirigente- todos los bloques petroleros que la rodean la afectan, principalmente el 74.

José Gualinga, expresidente de Sarayaku, participó en la audiencia y pidió el retiro de la pentolita de su territorio porque esta crea un "cerco eléctrico" que daña su selva. Foto: PlanV

La Presidencia aseguró que no hay en marcha ningún proyecto petrolero en el territorio de Sarayaku. Pero estos bloques están adjudicados y hay un contrato para su exploración y explotación, dijo Carlos Mazapanta, de la organización Amazon Watch.

Sarayaku impidió el avance la empresa CGC, que llegó a su territorio sin que fueran consultados. Por eso, la sentencia de la Corte IDH estableció como medida de no repetición que Ecuador adopte medidas legislativas o administrativas para hacer efectiva la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas. Aunque este derecho está en la Constitución, la Corte dijo en 2012 que este no ha sido regulado mediante una normativa adecuada.

Pero Édgar Lagla, abogado de la Asamblea Nacional, aseguró que sí hay avances. Sin embargo, solo mencionó la Ley de Participación Ciudadana, que fue publicada antes de la sentencia. Mario Melo, abogado de Sarayaku, informó a la jueza que esta ley ya fue discutida en la Corte IDH, que determinó que este derecho debe regularse de acuerdo a los estándares de la sentencia.

Al Legislativo han llegado propuestas de la sociedad civil para una ley orgánica de este tipo, que no han prosperado hasta el momento. El único documento que existe es el decreto 1247, de 2012, que contiene el reglamento para la ejecución de la consulta previa, que según los demandantes tampoco incluye estándares internacionales.

La Corte Constitucional (CC) también ha cuestionado ese vacío. En 2010, exigió al Estado regular esta consulta mediante una ley orgánica. En diciembre de 2019, una nueva CC declaró de forma unánime el incumplimiento de esa sentencia y ordenó a la Asamblea que emita una normativa, y le dio como plazo un año sin que estas discusiones en el legislativo hayan trascendido. Sarayaku, en su lugar, presentará su propia propuesta durante la conmemoración de los 10 años de la sentencia, en julio próximo.

La resolución de la Corte IDH, del 2012, es la primera que desarrolló los estándares del derecho para la consulta previa para los pueblos indígenas, apuntó David Cordero, catedrático e investigador en derechos de los pueblos indígenas. El fallo ha guiado a los países de la región en el desarrollo de este tipo de normativas. Pero en Ecuador, como lo mencionó Gualinga, más que un avance normativo se ha impuesto una batalla por la verdad entre el gigante y el pequeño que, una década después, aún continúa.

En 2016 hubo una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia en la Corte IDH. Asistieron José Gualinga (primero a la izquierda), el abogado de la comunidad, Mario Melo (tercero desde la izquierda), entre otros dirigentes. Foto: Corte IDH

Una selva viva minada

A partir de la sentencia de 2012, Ecuador tenía tres años para retirar los 1.400 kilos de explosivos que dejó la empresa CGC en territorio Sarayaku. Se encuentran en una extensión de 20 kilómetros y, del total, 150 kilos están en la superficie. El resto, es decir, aproximadamente 1.250 kilos están enterrados a una profundidad de 20 a 25 metros.

La primera y única vez que el Estado retiró este material fue en 2008. En ese momento, un equipo especializado del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) logró sacar 17 kilos de pentolita que estaban en la superficie. La empresa CGC abandonó este material que lo usaban para explorar yacimientos. El GIR trabajó durante ocho meses. Desde entonces, el Estado ha dado largas para retirar todo ese material.

José Gualinga rememoró las palabras de un coronel que explicó, en 2014, a la comunidad los tipos de amenazas con explosivos. Estas son graves cuando estos artefactos están amarrados en el cuerpo de una persona o en un lugar público como un mercado. Pero un explosivo que esté lejos y en un lugar despoblado no es una amenaza, afirmó el oficial, según Gualinga. “Para nosotros, los explosivos están dentro de nuestra casa. Ha sido una batalla increíble”, dijo el dirigente, quien seis años después volvió a escuchar esos argumentos en la última audiencia.

“La pentolita no representa un peligro latente para estas comunidades”, dijo el abogado Borja. Mientras que el capitán Javier Toapanta, jefe del equipo de explosivos de la Policía Nacional, afirmó que el explosivo no se activa sin un detonador. Explicó que existen dos tipos de pentolita: una para la exploración de yacimientos de gas o petróleo y otra para abrir carreteras y romper piedras. El experto dijo que no sabía qué tipo de pentolita había en la superficie del territorio de Sarayaku.

Yolanda Salgado, de la secretaría jurídica de la Presidencia, informó que se han hecho estimaciones para el retiro de esta pentolita. Está prevista -aseguró- una intervención durante 18 meses. El costo sería de USD 12 millones con la participación de 400 personas que conozcan manejo de explosivos. La funcionaria informó que en el GIR solo hay 22 expertos de este tipo. Toapanta dijo que detonar o quemar este material implica un riesgo para el personal y que además es necesario el uso de maquinaria para la extracción del explosivo enterrado.

Al menos 150 kilos de pentolita se encuentran abandonados en la superficie del territorio Sarayaku. En la imagen, un equipo de expertos del GIR en el lugar. Foto: amazonteam.org

Pero esta complejidad técnica fue recogida en la sentencia del 2012. Por eso, la Corte IDH propuso una solución, que salió del pueblo Sarayaku. Estableció ubicar la pentolita, enterrar los cables detonadores y plantar árboles “cuya raíz no tengan una profundidad tal que pueda provocar la explosión accidental de la pentolita”.

Aunque la zona donde están los explosivos es de difícil acceso, la comunidad ha educado a su gente para que no transiten por allí, en especial se lo advierten a los más jóvenes. Mientras sigan los explosivos, no podrán cazar o realizar sus rituales en lo que llaman su casa. Gualinga explicó a la jueza que la pentolita es como una barrera eléctrica.

El pueblo Sarayaku declaró a su territorio Kawsak Sacha o selva viviente, consciente y sujeta de derechos. Ramiro Ávila, exjuez constitucional, también se presentó en la audiencia para proponer una reparación sustitutiva y “altamente simbólica” ante la demora del cumplimiento de la sentencia y el costo alto y riesgo que implicaría retirar la pentolita. Se refería a reconocer el daño que ha hecho la pentolita y que el Estado también declare como Kawsak Sacha al territorio Sarayaku. La defensa de la comunidad indígena pidió a las autoridades que estudien ese planteamiento.

Es lo mínimo que puede hacer el Estado ahora que el incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH es una nueva violación a los derechos de Sarayaku y de la Naturaleza, dijo el abogado Melo, quien concluyó: “La selva viviente ha sido contaminada y continúa siendo contaminada”.

Otros resbalones en la audiencia

- La Secretaría de DDHH informó que en 2021 hubo una reunión entre varias instituciones para tratar los puntos pendientes de la sentencia sin contar qué habían resuelto.  Enseguida mencionó que en 2022 hubo otra reunión donde se planteó que había tres programas, como el de Socio Bosque y Súper Mujer Rural, que “podrían ser parte del portafolio”, sin indicar de qué portafolio hablaba el representante de esa institución. Sus palabras provocaron risas y gestos de incertidumbre entre los líderes Sarayaku que estaban escuchando la audiencia. La jueza Corral le pidió al funcionario que presente su respuesta por escrito porque no entendió que tenían que ver esos proyectos con el cumplimiento de la sentencia. “No es cumplir el reunirse para discutir cuándo, en un futuro indeterminado, se retirarán los explosivos o regular la consulta previa”, dijo Melo.

-María Manopanta, abogada del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), mostró dos mapas, del 2000 y 2018, de la cobertura vegetal en el territorio de Sarayaku, donde se observó una supuesta reducción de los bosques por las actividades del asentamiento poblacional. “Esa es la única afectación que al momento se puede presentar”, dijo la funcionaria. Ese fue el momento que más indignó a José Gualinga. Lo que mostró la abogada -dijo el dirigente- es el centro poblado de la comunidad donde tienen sus chacras, viviendas, escuela, colegio y una plaza central. “Esto es ridículo cómo se quieren justificar y confundir. Sarayaku siempre ha estado allí”.