El último examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza,  al Ecuador está fechado el 10 de julio de 2017  y corresponde al tercer ciclo, que abarcó desde 2012 hasta 2017. 

El documento contiene un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Ecuador y realiza una serie de recomendaciones sobre aspectos que el Estado ecuatoriano debería enmendar para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. El documento, aprobado en el 36 periodo de sesiones del Consejo, que tuvo lugar entre el 11 y el 29 de septiembre de 2017, es una síntesis de las sugerencias que otros estados miembros de la ONU han hecho sobre la situación del Ecuador. 

Este tipo de exámenes tiene un dinámica ya establecida: una misión del Estado examinado se reúne con diplomáticos de otros países del mundo para exponer la situación de su nación y recibir comentarios al respecto. Al aceptar las recomendaciones, el Estado se compromete a cumplirlas, aunque también se puede negar, como ocurrió en la sesión de 2017 con algunos aspectos.

El "paraíso" correísta en 2017

En el marco de una sesión del Consejo de Derechos Humanos, se produce en primer lugar una exposición del Estado examinado, a cargo generalmente de una misión del Gobierno que al momento del último examen estuvo encabezada por el ex canciller  del correato, Guillaume Long. En aquella ocasión, viajaron a Ginebra 22 funcionarios, entre ministros, subsecretarios, directores, diplomáticos de diversos rangos y asesores de ministerios y secretarías. 

En mayo de 2017, cuando tuvo lugar esa sesión, la misión del Gobierno de Rafael Correa planteó los supuestos logros de la Revolución ciudadana en materia de derechos humanos, destacando que su Ley de Comunicación era un elemento clave para la libertad de expresión.  En 18 puntos, el correísmo vendió en Ginebra que sus acciones habían "transformado la situación de los derechos humanos en el país", destacando las normas de la Constitución de 2008 y la legislación que habían aprobado en el periodo. 

La segunda parte de este examen permite a cualquier delegación de los países que forman parte de la ONU intervenir y hacer preguntas para obtener más información. En este caso, 83 países participaron en el examen al Ecuador de 2017.

Ante las objeciones de algunos países, la delegación correísta llegó a decir que había realizado una transformación de la justicia con "reconocimiento internacional" al tiempo que defendía la aplicación del error inexcusable para combatir la corrupción de los jueces. Además, no dudaron en defender el esquema sancionador de la Supercom diciendo que garantizaba el "derecho a la defensa".

Pero varios delegados, en esa ocasión, cuestionaron el informe que presentó Long, como Estados Unidos, que señaló la falta de libertad de expresión y el control a las organizaciones de la sociedad civil o Suecia, que también se manifestó en contra de algunas de las afirmaciones de la delegación del Gobierno.

César Ricaurte, Gloria Ardaya, Danilo Manzano, Ricardo Rivas, entre otros, mantuvieron contactos con Michelle Bachelet y Ricardo Muñoz, funcionarios internacionales de derechos humanos. 

157 recomendaciones aceptadas; pocas cumplidas

Como resultado de la gran participación de delegados de varios países del mundo, en donde además de comentar, los diplomáticos hace recomendaciones, el informe sobre el caso ecuatoriano contiene un extenso catálogo de ellas, algunas de las cuales no han sido cumplidas cinco años después, cuando el país será nuevamente examinado en Ginebra. 

En el examen anterior, se formularon 157 recomendaciones que la delegación ecuatoriana dio por aceptadas y aseguró que estaban en proceso de implementación. A eso se sumaron otras 19 que surgieron durante el diálogo interactivo con los delegados de los otros estados, algunas de las cuales fueron de plano rechazadas por la misión ecuatoriana afirmando que ya habían sido solucionadas o que no se ajustaban a la realidad.

A nombre del país, el Gobierno saliente, que aprovechó para asegurar que habría pleno respeto de los derechos humanos en el Gobierno de Lenin Moreno que se aprestaba a asumir el poder en Ecuador por aquellas fechas, asumió cuatro compromisos voluntarios, como fortalecer la plataforma electrónica Siderechos, elaborar un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales, compartir la experiencia sobre personas en situación de movilidad humana y también la que consideraban como una exitosa reforma del poder judicial.

La alarma sobre los incumplimientos, cinco años después

Pero cinco años después y tras el fin de periodo de Lenin Moreno, una importante cantidad de las recomendaciones que se formularon en 2017 siguen sin ser cumplidas, según destacó una delegación  de la sociedad civil ecuatoriana este 30 de agosto en Ginebra.

En una sesión previa al examen especial, fueron recibidos varios de los delegados de la sociedad civil que elaboraron los informes sombra. Varias de las objeciones que presentan luego los diplomáticos de los  otros estados provienen de los insumos que organizaciones de la sociedad civil plantean por medio de los informes sombra, algunos de los cuales fueron presentados hace pocas semanas para el cuarto ciclo que tendrá lugar en noviembre de 2022.

El evento estuvo organizado por UPR-Info y en la reunión tomó la palabra César Ricaurte de Fundamedios, como representante de una coalición de derechos humanos conformada por  Fundamedios, Fundación Nos Faltan Tres, Diálogo Diverso, Fundación Mil Hojas, Asfadec, Fundación Lucha Anticorrupción, Fundación IR, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y Fundación Desafío. Ricaurte explicó que en los informes sombra se han planteado ejes como libertad de expresión, derechos digitales, derecho a la privacidad, desaparecidos, cárceles, derechos de mujeres, derechos de personas LGBTI, migrantes y lucha contra la corrupción, entre otros aspectos.

César Ricaurte, a nombre de una coalición de organizaciones, expuso la problemática de DD.HH. en el Ecuador actual. 

Durante su intervención como orador a nombre del colectivo, Ricaurte destacó que en el país se percibe  "un sentimiento generalizado de incertidumbre y desconfianza que deteriora el proceso democrático. Además, que se han evidenciado desigualdades, violencia social, crimen organizado, impacto del narcotráfico, posverdad, desinstitucionalización, desinformación, desconfianza social, crisis migratoria", entre otros temas. Ricaurte explicó que la pandemia de coronavirus, ocurrida precisamente durante el periodo del examen, debilitó a la sociedad, las instituciones y el Estado en Ecuador.

Luego de la introducción sobre la situación del país, Ricaurte destacó algunos de los ejes analizados por las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el país recibió de los otros estados en el examen anterior por lo menos 24 recomendaciones sobre libertad de expresión, de los que la delegación del Gobierno de entonces aceptó 14 y "anotó" 10. Pero a pesar de ello, aumentan en Ecuador las agresiones a la prensa,  ya que solo desde 2018 hasta 2022, siete periodistas han sido asesinados y los casos siguen en la impunidad. Ricaurte mencionó que el mecanismo de protección de periodistas planteado en el Gobierno anterior no ha funcionado. 

Por otro lado, Ricaurte expuso en la reunión el drama en las cárceles, que solo entre 2019 y 2021, en varios motines y masacres, ha dejado 385 presos asesinados, sin que haya responsabilidades. 

Sobre la corrupción, Ricaurte sostuvo que se estima que  2007 y 2019, la corrupción habría costado al país por lo menos $67.729,4 millones.

También mecionó la ola migratoria venezolana, pues se estima que 515.835 personas de esa nacionalidad han llegado al país sufriendo discriminación y explotación laboral. 

Ricaurte abordó el tema de la videovigilancia, en donde precisó que no hay una legislación específica que proteja los derechos ciudadanos ante el uso de esas tecnologías. 

Según Ricaurte, cada año hay 4.000 denuncias sobre desaparecidos  en Ecuador y el Estado no aborda el tema de las desapariciones forzadas. 

El vocero expuso las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos que han sido examinados por ellas. Por ejemplo, sobre libertad de expresión insistió en la creación de un mecanismo efectivo de protección a periodistas, en derogar en la Asamblea los tipos penales de deshonra, en implementar protocolos de investigación de crímenes a periodistas y en desclasificar la información declarada como reservada que involucren casos de violaciones a los DDHH .

Sobre la migración, Ricaurte explicó que es necesario garantizar el acceso a la regularización, mientras se mostró partidario de prohibir la implementación de tecnología de vigilancia biométrica. También se pidió investigar los motines desde el 2019 en las cárceles del país e implementar medidas de reparación.

La comitiva ecuatoriana logró mantener varios contactos con funcionarios del Consejo, como la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, quien lo preside, así como con diplomáticos, pues no podrá participar de la sesión del examen universal -a ella acceden solo los diplomáticos que representan a otros estados- pero aspiran a mantener contactos con varios de ellos con miras a informar sobre la situación del país desde la perspectiva de la sociedad civil. También pudieron interactuar con Ramón Muñoz, de la Red Internacional de Derechos Humanos con base en Suiza, quien apoyó a los compatriotas para las reuniones con diplomáticos acreditados ante el Consejo en Ginebra.

Mauricio Alarcón: "El proceso es positivo porque se presenta información a las misiones diplomáticas esperando que puedan en noviembre presentar recomendaciones a la situación actual de Ecuador"

Uno de los integrantes de la comitiva fue Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Desde Ginebra, Alarcón destacó la presencia del embajador Alejandro Dávalos, en representación del Estado ecuatoriano, quien expresó que para el Gobierno es importante la presencia de la sociedad civil. Alarcón precisó que durante la sesión se presentaron cifras y datos relevantes sobre la actual situación de los derechos humanos en el Ecuador, pero sobre todo se expresó en la cita la gran cantidad de incumplimientos del Estado ecuatoriano desde 2017, cuando la delegación encabezada por el ex canciller Long se comprometió a aceptar decenas de recomendaciones de los otros países.

Entre las cosas que no se han cumplido Alarcón menciona aspectos como los mecanismos de protección para periodistas, una Ley de Comunicación que respete los estándares internacionales, una ley que garantice el trabajo de la sociedad civil, para que no pueda ni deba estar regulada por decretos ejecutivos, reparaciones integrales en temas de violencia de género, entre otros aspectos. "La lista de incumplimientos es larga", anticipa Alarcón.

El activista explicó que la cita fue una pre sesión, con miras al examen que Ecuador enfrentará en noviembre, y las organizaciones abordaron temas como las libertades de asociación, expresión y protesta social, así como derechos de niños, niñas, adolescentes, desnutrición infantil, violencia contra la mujer y otros.

"El proceso es positivo porque se presenta información a las distintas misiones diplomáticas esperando que puedan en noviembre presentar recomendaciones a la situación actual de Ecuador", precisó. 

Danilo Manzano: "los informes sombra sirven para señalar los temas en donde se debe trabajar de manera fuerte y que son importantes para la garantía de derechos"

Por su parte, Danilo Manzano de Diálogo Diverso, también presente en la reunión en Ginebra, destacó la importancia de la participación de la sociedad civil en estos procesos por medio de los informes sombra, en especial, en los referente a los derechos de la comunidad LGBT, uno de los ejes que desarrolló su organización.

Manzano sostuvo que activistas de Brasil y Ecuador se han referido a la problemática de la diversidad sexual y que se han podido realizar contactos con diplomáticos de distintos países acreditados en Ginebra interesados en la situación ecuatoriana. El objetivo, reitera Manzano, es que las exigencias de las recomendaciones sociales puedan ser recogidas por los diplomáticos de la comunidad internacional. El activista destacó la necesidad de proteger a defensores de derechos humanos en nuestro país, así como la presencia en la delegación de representantes de las mujeres, como Waleska Pareja, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. 

Sobre los incumplimientos del Ecuador -la lista de todo lo acordado es extensa- Manzano se enfoca en lo referente a la comunidad LGBT. El país no implementa una recomendación sobre la documentación de personas tránsgenero, así como tampoco la difusión estatal de los derechos de la comunidad y los canales de protección. Tampoco se ha cumplido con la identificación y clausura de los "centros de tortura o clínicas de deshomosexualización" que siguen funcionando sobre todo en la Costa del país asociados a cultos religiosos. 

Según Manzano, hay gran interés de la delegación de Israel en apoyar los derechos de la comunidad LGBT en Ecuador.

"La agenda ha sido muy productiva y es importante que desde la sociedad civil sean más las organizaciones que participemos en la generación de estos informes, que más que un reclamo al Estado es señalar los temas en donde se debe trabajar de manera fuerte y que son importantes para la garantía de derechos", dijo Manzano.