PlanV: ¿Cómo podría describir la Fundación la situación de las cárceles en el país?

Espinosa: Es inhumana, es terrible, es precaria. Las cárceles están inmersas en una violencia sistémica descontrolada que, contrariamente a lo que plantean el discurso oficial y el mediático, no se gesta al interior de las prisiones, menos aún en las personas privadas de libertad, y, sin embargo, las embarra.

Los discursos securitista y amarillista pretenden que nuestras cárceles están llenas de asesinos y narcotraficantes, sin que medie ninguna categorización. En mayo de 2021, el organismo técnico reportó una población privada de libertad de casi 39.000 personas, de las cuales 13,70% cometió delitos contra la vida (no todos con resultado de muerte), y 27,76% cometió delitos relacionados con sustancias prohibidas, de donde 11.000 casos se relacionan con su comercialización (sin datos desglosados que permitan tener claridad sobre el tipo de sustancia, cantidad y/o o relación con la cadena del tráfico a gran escala).

Luego, tienes un 26,29% de personas que cometió delitos en contra de la propiedad, 16,19% cometió delitos en contra de la integridad sexual, 4,54% delitos de asociación ilícita y delincuencia organizada -¡ojo con este dato!-, y 11,52% cometió otro tipo de delitos o contravenciones, o estaba detenida por falta de pago de pensiones alimenticias.

Informe sobre la situación de las personas privadas de libertad de la
Fundación IR 'Iniciativas para la reinserción'. Ver PDF

El desconocimiento, la falta de información y rigurosidad de pensamiento favorecen las creencias y la discriminación.

Vuelvo a mi afirmación. La violencia de nuestras prisiones es fruto del abandono y del odio: el abandono de los ministerios y secretarías que integran el organismo técnico y deben ejecutar la política pública del sistema penitenciario en cada centro y a favor de cada persona interna y de sus familiares; y el odio de la sociedad, que se conduele con las mujeres, los migrantes, los niños en las calles, las personas con discapacidad, los adultos mayores, pero jamás ha sido empática con mujeres presas, migrantes detenidos, niños hijos de personas encerradas, discapacitados presos, ancianos privados de libertad.

Y te diré más: este abandono es responsable de un promedio nacional de hacinamiento del 24% -hay centros que superan el 100% de su capacidad-; de casi 5.000 trámites de beneficios penitenciarios pendientes de tratamiento por la judicatura; de que haya más de 14.000 presos sin sentencia condenatoria, es decir, inocentes; de que no exista control del ingreso de armas; de que el poco aparataje tecnológico de que se dispone sea obsoleto o esté dañado; de que no haya un sistema de información actualizado ni suficiente personal administrativo y de seguridad penitenciaria.

El último rincón donde queremos ver nuestros impuestos son las cárceles: a causa de los discursos securitista y amarillista, preferimos ver las prisiones abarrotadas y vivir con la inseguridad latiendo en ciudades y calles, siempre que estén plagadas de policías y militares que nos “resguarden”.

Los presos no son un colectivo que rinda réditos, por eso, son pocos los programas empresariales o estatales de formación, ocupación e inserción que se orientan a ese colectivo.

Mientras tanto, en Cataluña, por ejemplo, tienes compañías que ceden parte de su producción industrial a los centros penitenciarios con espacios adecuados, semejantes a los de nuestras cárceles regionales, en donde no pagan servicios públicos y generan una mano de obra motivada, alejada de cualquier distracción, comprometida con su trabajo, que es la vía hacia su reinserción, precisamente porque está en condiciones de encierro.

Sin ir tan lejos, en Colombia, el Presidente acaba de sancionar -de forma positiva- un proyecto de Ley de “Segundas Oportunidades”, que crea incentivos para empresas que den trabajo a la población excarcelada.

PlanV: Dentro de los problemas que han identificado está la corrupción en el sistema penitenciario, ¿por qué es uno de los temas que menos se ha tocado en Ecuador desde el Estado?

Espinosa: La violencia estructural parte de la inexistencia de condiciones mínimas, reconocidas pero omitidas por cada gobierno de turno, que puedan garantizar una estancia dignamente humana en prisión. El primer decreto de estado de excepción, dictado por el presidente Moreno en el 2019 hablaba ya del “[…] desgaste de sistemas hídricos y dificultades en acceso a agua potable, afectaciones al desarrollo del plan de vida de personas privadas de libertad, debilitamiento de mecanismos para acceso seguro y permanente a alimentos sanos, insatisfacción de necesidades educativas, laborales, productivas, culturales y recreativas, actos de corrupción al exterior y en primeros puntos de control de centros de rehabilitación social […]”.

Si estuvieras preso, sabiendo que al “corromper” al funcionario de turno podrías aligerar la indignidad en que sobrevives, ¿qué harías?

Si los beneficios penitenciarios costaran, si la diferencia entre dormir sobre el piso o sobre un colchón costara, si comer costara, si poder tener contacto telefónico con tus padres e hijos tuviera un precio, ¿lo pagarías?

Si este ejercicio de abuso, control y poder se ejerciera indiscriminadamente en contra de tus seres queridos para garantizar tu supervivencia, ¿qué harían ellos?

Si tu trabajo como funcionario de prisiones estuviera marcado por el desprecio generalizado hacia la población con la cual trabajas, por la ausencia de un plan de carrera e incentivos salariales, por el abandono de un gobierno que se jacta de dotar de recursos humanos y financieros a las fuerzas de seguridad, ¿cómo aumentarías tus ingresos?

PlanV: ¿Qué provoca esa omisión?

Espinosa: Hay un ganar-ganar en esta falsa complicidad entre agentes estatales, la población encarcelada, sus familiares, y la propia judicatura. En este entorno, el dinero garantiza estatus y es capaz de marcar la diferencia entre sobrevivir, ser sometido a torturas físicas y psicológicas constantes o, incluso, morir en el encierro y bajo custodia estatal. 

Si a todo esto añades la innegable presencia en el país de organizaciones criminales que tienen vínculos con ese bajísimo porcentaje de población penada por delitos de asociación ilícita y delincuencia organizada, y a quienes les conviene ocupar a las fuerzas de seguridad en la “contención” de masacres carcelarias, en brindar a la población una falsa sensación de seguridad en las calles -mientras el mercado de la droga asegura pasos fronterizos y millones de millones de dólares-, entonces te encuentras con altos funcionarios de Estado que son incapaces de abordar integralmente estas problemáticas, -y de allí surge lo que tú llamas “omisión estatal”-.

El tratamiento conjunto de problemas individuales afecta los fines de la lucha antidrogas en la misma proporción en que hipoteca la rehabilitación de las personas presas y promueve su reincidencia.

El abordaje político de un organismo técnico que en algo menos de doce meses aprobó dos políticas públicas penitenciarias, que se congracia con los organismos internacionales de derechos humanos, pero simultáneamente hace caso omiso de sus recomendaciones latentes y no atendidas desde el año 2014, evidencia una gestión penitenciaria fallida.

Cuando te preguntas qué componentes de la política pública recientemente aprobada han sido ya ejecutados, cómo los entes rectores reformaron entre febrero y mayo sus planes operativos anuales e indicadores de gestión y resultado, cómo han garantizado los recursos financieros y humanos para asegurar el cumplimiento de cada eje de tratamiento en el proceso de rehabilitación social, no hallas respuestas.

PlanV: A raíz de las últimas masacres, la gestión del SNAI -que ha estado liderada por altos jefes policiales en servicio activo o pasivo- ha sido muy cuestionada. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el manejo de las cárceles por estas autoridades?

Espinosa: Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han sido enfáticos en resaltar los peligros que trae el manejo de las cárceles por parte de la policía.

La gestión de los captores se evalúa, entre otros parámetros, por la cantidad de decomisos de sustancias tóxicas o de detenciones. La información dada por miembros de organizaciones criminales al interior de las prisiones garantiza simultáneamente privilegios para quienes la proveen, así como el libre tránsito de la droga al exterior, o el propio trabajo de interceptarla, que cumplen los mismos agentes policiales. Tú: interno, tu familia y tu abogado dependen de su voluntad para sostener sus vínculos…

De la “seguridad” que brinda la policía en las cárceles depende también la de las visitas periódicas que realizan los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a los centros, con miras a recoger información relevante que permita prevenirla. Y, probablemente, son los mismos agentes policiales quienes acompañaron en sus visitas a los centros de rehabilitación social a asambleístas, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y miembros de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario.

Por un lado, en las redes sociales se hace alarde de las requisas permanentes en las cárceles, y, por otro, de lo único que tenemos certeza es de que entre febrero y noviembre del 2021 fallecieron al menos 309 personas privadas de libertad, y en abril de este año murieron 20 más. No soy experta en corrupción ni en violencia en contextos de encierro, pero mi cercanía con la problemática carcelaria me permite intuir que la permeabilidad de lo público por organizaciones criminales no ocurriría sin la aquiescencia de los agentes policiales.

Si estuvieras en el lugar de cualquier preso, ¿te habrías atrevido, de ser el caso, a denunciar a los agentes? ¿Si fueras policía y dirigieras el ente que articula intersectorialmente la ejecución de la política de rehabilitación social, cómo manejarías las denuncias en contra de tus propios colegas?

¿De qué otra forma puedo explicártelo?  

PlanV: En su informe también mencionan que la información de la población penitenciaria no se lleva adecuadamente, ¿por qué hemos llegado al punto de no saber cuándo ingresó un preso y cuándo debe salir?

Espinosa: No lo decimos nosotros; es la repetición y constatación de una realidad evidenciada por la Corte Constitucional en el año 2013, ¡hace casi 10 años!, respecto de la obligación de los directores de los centros de rehabilitación social de abrir expedientes individualizados de ingreso y permanencia de cada persona privada de libertad.

La información mínima con que cada cárcel debe contar concierne el proceso judicial, la clasificación inicial de la persona, situaciones que exijan atención prioritaria, información familiar, de visitas, de su plan individualizado de tratamiento, así como porcentajes de avance y cumplimiento de cada eje de rehabilitación, de salud integral, de cambios de régimen, del uso de dispositivos de vigilancia electrónica según corresponda, de incidentes, etcétera.

En 2014 se implementó el “Sistema Informático de Gestión Penitenciaria”, del que el propio Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores ha dicho que no funciona: el gobierno no cuenta con una herramienta que almacene y genere datos que provean de información contrastada en tiempo real sobre la población penada y la ejecución de sus penas.

Un sistema de información alimentado de forma rigurosa y transparente podría haber prevenido las masacres. Cataluña -cuya gestión penitenciaria conocemos de primera mano y es nuestro referente- cuenta con el “RisCanvi”, una herramienta que se actualiza cada seis meses con datos aportados por los funcionarios.

En un primer momento se aplica una versión corta del sistema que consta de pocos ítems - historial violento del recluso, edad a la que delinquió por primera vez, problemas de adicciones, recursos y apoyo familiar-, de donde un algoritmo arroja un resultado de riesgo bajo o alto.

Cuestiones como la distancia entre su domicilio y la cárcel, la historia criminal de su entorno cercano, su nivel educativo, la existencia de dificultades de socialización, su cociente intelectual, su nivel de impulsividad e inestabilidad emocional, desórdenes de personalidad, si el recluso es la principal fuente de ingresos familiares, compendian elementos que el algoritmo pondera automáticamente con un peso asignado de acuerdo con su sexo, edad y nacionalidad. El resultado es la calificación del riesgo que el interno representa: bajo, medio o alto, y permite prever las posibilidades de reincidencia general, de reincidencia violenta, la violencia intracarcelaria, las autolesiones en prisión y el quebrantamiento de permisos.

PlanV: Leyendo el informe de la Fundación parece que en Ecuador hay normas que sí han buscado mejorar el sistema penitenciario, sin embargo, la gran mayoría de esas disposiciones legales no han sido implementadas. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella?

Espinosa: Ecuador es una nación respetuosa y en diálogo permanente con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, con el respectivo Subcomité para la Prevención de la Organización de las Naciones Unidas, y con el Mecanismo Nacional de Prevención, que forma parte de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, lo único que salta a la vista es la contradicción entre derechos y garantías constitucionales, políticas públicas y realidad penitenciaria actual.

¿Qué hace falta? Empatía, voluntad política, recursos económicos, por supuesto, y la contratación de funcionarios con una visión restauradora y reparadora, tanto hacia la víctima como hacia el penado, a quien el Estado tiene la obligación de “rehabilitar”, por sobre una mirada dura y puramente criminalizadora.

PlanV: Desde 2019, se han emitido al menos 7 decretos presidenciales relacionados con el sistema penitenciario, según lo detalla su informe. ¿Han ayudado en algo a cambiar la situación de las personas presas?

Espinosa: ¿A ti te parece que un régimen que se activa durante sesenta días por una situación excepcional pueda resolver cuestiones como las que hemos abordado?