La situación de la libertad de expresión en Ecuador entre 2017 y 2022 es analizada en dos informes sombra, enviados para el estudio del Examen Periódico Universal del Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Y podría resumirse en que, aunque Rafael Correa y su régimen de control mediático y adoctrinamiento de la población se fueron, las prácticas de agresión contra los medios y los periodistas continúan, en especial, desde sectores como policías, militares y otros agentes del Estado. Pero también desde actores tan diversos como rectores de universidad o grupos del crimen organizado, que parecen tener en común su irrespeto al trabajo de una prensa libre y vigilante. 

Los informes, elaborados por Fundamedios y la Fundación Nos Faltan Tres, que agrupa a los familiares del equipo de El Comercio asesinado en la frontera norte en 2018, evidencian que el cambio de régimen y la salida de Rafael Correa del poder, el 24 de mayo de 2017, no significó una mejora sustancial en el ejercicio de la libertad de expresión  en el Ecuador.

Por el contrario, el estallido social de octubre de 2019 significó un poco de agresiones contra periodistas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, como militares y policías, cuanto de manifestantes violentos. 

Buena parte del clima antiprensa del correato se mantuvo durante el régimen de Lenín Moreno, como evidencian las estadísticas publicadas por Fundamedios, mientras el hecho más grave ocurrido con un equipo periodístico, que fue el secuestro y asesinato de los tres integrantes de un equipo de El Comercio, que realizaba una cobertura en la frontera norte, continúa en la impunidad, sin que la Fiscalía obtenga ningún resultado significativo y con la permanente negativa tanto del Gobierno de Moreno cuanto del de Lasso de desclasificar los documentos que evidencian las acciones y omisiones del Gobierno de Moreno y de los mandos militares y policiales de la época. 

Amigos, colegas y familiares realizaron plantones y vigilias en la Plaza de la Independencia en el caso Nos Faltan Tres. Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

2016: Ecuador no hizo caso a ninguna recomendación

El último informe sobre libertad de expresión relacionado con el Examen Periódico Universal se entregó en 2016, destaca Fundamedios, antes de que ocurrieran hechos como la salida del poder de Correa, el secuestro y asesinato del equipo de El Comercio en 2018 y la represión a las protestas de octubre de 2019, en donde un grupo que fue blanco de agresiones significativas fue la prensa. 

Según Fundamedios, "el Gobierno de Ecuador recibió 24 recomendaciones relativas a: libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de pensamiento, conciencia y religión. De estas recomendaciones, 14 fueron aceptadas y 10 fueron anotadas. Una evaluación de un rango de fuentes legales y documentación de derechos humanos demuestran que el Gobierno de Ecuador no implementó las recomendaciones que recibió".

Además, se destacan las visitas de dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2017 y 2022: entre julio y noviembre de 2018, un Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH estuvo en Ecuador e investigó el caso de los periodistas de El Comercio asesinados en la frontera norte, formulando algunas recomendaciones. En 2019, a propósito de las protestas de octubre de ese año, llegó otra misión de la misma organización internacional, que analizó las posibles violaciones de derechos, entre ellos, la libertad de expresión, cometidos en esa época.

La salida de Rafael Correa del poder en 2017, cuyo régimen, desde 2007, se había caracterizado por constantes e institucionalizados ataques contra la prensa, creó la expectativa de que la situación de la libertad de expresión mejoraría, pero ello no ocurrió. "Se esperaba que en una etapa de transición de un modelo autoritario a una democracia plena mejoraran las condiciones para la prensa, pero eso no ha sucedido", advierte enfáticamente Fundamedios.

Rafael Correa rompiendo periódicos: una imagen que sintetizó la persecución a la prensa ecuatoriana. 

El informe sostiene que "se ha dejado de acosar a la prensa desde el Gobierno,  pero las agresiones contra la prensa no se han reducido y bien podríamos decir que la inseguridad y desprotección se han generalizado", dice la organización no gubermanental y agrega que "las agresiones ahora provienen de distintos sectores sociales: autoridades y funcionarios de gobiernos locales, empresarios, rectores de universidades, líderes de movimientos sociales, protestantes".

Un aspecto especialmente preocupante, dice el informe sombra, es que "las agresiones provenientes de las fuerzas de seguridad del Estado se han vuelto sistemáticas lo cual unido al hecho de que -en un hecho inédito en el Ecuador- las amenazas provenientes del crimen organizado se han multiplicado y agravado, convierte en un clima de alto riesgo, a la situación en la cual trabaja la prensa ecuatoriana".

Así las cosas, Fundamedios ha podido cuantificar por lo menos 1151 agresiones contra periodistas en los cinco años que van entre enero de 2017 y enero de 2022, materia del nuevo examen periódico universal.

Nos Faltan Tres: total impunidad y opacidad estatal

La más grave, se destaca en el informe, fue el asesinato del equipo de El Comercio por parte de irregulares colombianos. Al respecto, Fundamedios precisa que en el Gobierno de Lenin Moreno, "se produjo una serie de errores que desencadenaron en el asesinato de los tres periodistas: mal manejo de las negociaciones, falta de políticas públicas para la protección del trabajo de la prensa, hermetismo y ocultamiento de información que se mantiene actualmente como clasificada ante el pedido de familiares y organizaciones de la sociedad civil que exigen acceso a todos los datos".

Cuatro años después del secuestro y asesinato de un equipo de El Comercio, no hay responsabilidades. Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

También recuerda que ya se filtró un audio de Lenin Moreno, en donde el ex presidente decía que no importaban las personas que pudieran morir sino la "dignidad del Estado". Pero, ¿qué es lo que el Gobierno tiene clasificado? Ricardo Rivas sostiene que ahí podrían estar la disposiciones de Moreno y su Gobierno sobre la situación de los tres secuestrados que fueron decisivas en la suerte que corrieron a manos de los disidentes de las FARC. El frente Oliver Sinesterra fue desarticulado y el propio alias Guacho fue muerto por el Ejército de Colombia, entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? se pregunta Rivas, quien cree que se está blindado a Moreno y sus funcionarios y sus acciones y omisiones. 

Ricardo Rivas denuncia amenazas y un intento de secuestro de su hijo por parte de sectores interesados en que no se investiguen las responsabilidades locales en el caso.  Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

"Se cubren las espaldas y no asumen las consecuencias de no haber estado a la altura de lo que demandaba la sociedad ecuatoriana", explica Rivas, quien también destaca cómo se ha podido constatar la presencia de elementos al servicio del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero sobre estos temas, dice Rivas, la Fiscalía no quiere investigar ni responder. "La Fiscalía colombiana ya tenía información en 2018 sobre cómo estaba involucrada la Policía ecuatoriana en tráfico de drogas y armamento", destaca Rivas.

Uno de los problemas que han encontrado los familiares es la estrategia de los funcionarios ecuatorianos, que insisten en que las muertes ocurrieron en Colombia, para omitir que el equipo de El Comercio llegó a esa zona con una autorización oficial y pasó la frontera a pesar de que se conocía de lo peligroso del sector. "No se ha realizado una reconstrucción de los hechos, y no se quiere determinar las omisiones de los funcionarios ecuatorianos", sostiene.

Pero no solamente hay que lidiar con el absoluto desinterés de los funcionarios públicos. Rivas denuncia amenazas contra las familias para que se deje de investigar e inclusive el intento de secuestro de su hijo para amedrentarlo, de lo cual han puesto las respectivas denuncias. 

El caso, sostiene, se está empezando a estancar en la impunidad, y hay la percepción de un Estado confabulado "esperando que la gente se olvide de lo que pasó". "Hay un silencio encubridor en todo este tiempo, tanto del actual Gobierno cuanto del anterior", explica, mientras destaca que tener que recurrir a una demanda internacional que demore décadas para obtener una reparación no puede ser una política del Estado.

"La sangre de los tres sirve para engrosar los bolsillos de las autoridades de turno en negocios ilegales?" se pregunta Rivas. 

El hermano del fotoperiodista Paul Rivas se refiere también a los medios. Y hace una diferencia clara entre la amplia solidaridad y empatía de "el periodista de a pie, que está en las coberturas" y directivos que parecen haberse preocupado más de sus intereses políticos y comerciales. Los primeros mostraron su solidaridad total, mientras que los directivos que estaban "preocupados de las pautas o los acuerdos con los políticos" evidenciaron esos compromisos a la hora de afrontar el tema.

Sobre el diario El Comercio, Rivas destaca la cercanía de los directivos del rotativo con el Gobierno de Lenin Moreno, lo que motivó que se baje el perfil editorial del caso en el propio periódico para el que trabajaban las tres víctimas de los irregulares colombianos. Aunque las familias pidieron una postura más comprometida del periódico en el caso al ex director Carlos Mantilla, esto no ocurrió.

Según Rivas, la Fiscalía debe investigar por qué razón al equipo de Xavier Ortega le contrataron un seguro de vida pocos días antes del viaje y les dieron chalecos antibalas, algo que no habían  hecho nunca antes en otras coberturas en el mismos sector. "Paul entró tres veces antes y no le dieron eso, hay que averigüar por qué pasó", explica mientras recuerda que aunque su hermano no estaba de turno, le dispusieron ir a esa cobertura. 

"En este caso nadie quiere ser responsable ni corresponsable y por eso hay un pacto de silencio", sobre todo, de quienes estuvieron vinculados a las decisiones de Lenin Moreno y su administración. 
 

    Análisis    

Cristóbal Peñafiel: "La prensa está para decir lo que está ocurriendo en el país y quienes deben dar la cara son los funcionarios del Estado"

Presidente de la Unión Nacional de Periodistas

Cristóbal Peñafiel concuerda en que la situación de la prensa no ha variado signficativamente en estos años.  Foto: PlanV
 

Reportero senior y editor de larga trayectoria en medios impresos, Cristóbal Peñafiel es actualmente presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP).

Para el presidente de la UNP, el balance que ha hecho Fundamedios pone en evidencia que la situación de los periodistas continúan también en este Gobierno. Siguen evidenciándose dificultades de acceso a la información, amenazas y poco interés en mejorar la situación de los periodistas en todo el país. El caso Nos Faltan Tres evidencia que hay una estrategia que busca que con el paso del tiempo la gente se olvide de lo que ocurrió. La lucha es contra la impunidad y el olvido, dos criterios en los que insiste la UNP.

En el caso del equipo de El Comercio, las autoridades están jugando a echarle la culpa a los periodistas, con el argumento de que "sabían que era peligroso y para qué fueron para allá", destaca Peñafiel. Aunque ya han pasado cuatro años, la Fiscalía no da ninguna respuesta y no se rebelan los documentos. "¿Qué esconden, es un espíritu de cuerpo malentendido?" se pregunta Peñafiel. 

Hasta en la cobertura más sencilla hay riesgos y los periodistas somos plenamente consciente de ello, destaca Peñafiel, pero no por ello los periodistas debemos dejar de buscar y transmitir información.

"El Estado de todos los niveles no le dan ninguna importancia a lo que ocurre con los periodistas", destaca Peñafiel, mientras que continúan las prácticas que consisten en presionar a los medios y a los comunicadores y a  buscar desprestigiarlos o atribuirles falsas intenciones o agendas ocultas que, en la mayoría de los casos, solo existen en la mente de los funcionarios.

Sigue ocurriendo en el Ecuador que la estrategia de los funcionarios es no dar información ni responder a los cuestionamientos de la prensa, lo cual afecta no solo al periodista sino a la sociedad entera.

La salida del poder de Rafael Correa no significó un cambio en la situación de la libertad de expresión en Ecuador dice Peñafiel, quien destaca que los funcionarios decidieron ya no confrontar con la CIDH y otras instancias internacionales, pero tampoco ejecutar ninguna de sus recomendaciones. 

Sobre las recientes declaraciones del presidente Lasso, quien hizo un llamado a la prensa a no criticar al Gobierno sino a enfocarse en problemas como la inseguridad, Peñafiel cree que el "apoyo" al Gobierno no consiste en dejar de informar lo que ocurre ni en que los medios se pongan de acuerdo con el régimen, algo que no cabe en ninguna circunstancia.

"La prensa está para decir lo que está ocurriendo en el país y quienes deben dar la cara son los funcionarios del Estado", explica Peñafiel. Si hay un diálogo entre la prensa y el Gobierno, este debe pasar sobre la entrega de más información y sobre una política informativa más transparente, concluye Peñafiel.