Una coalición de organizaciones feministas pidió que se declare un estado de emergencia por la violencia contra la mujer en Ecuador. Fundación Desafío, Mujeres con Voz, Trenzando Feminismos, Movimiento de Mujeres de Santo Domingo y la Fundación Aldea unieron sus voces para hacer el llamado al Gobierno.

Las activistas explicaron sus posturas desde las propias cifras oficiales y cuestionaron la alta incidencia de mortalidad materna, el femicidio, y el impacto de la violencia del crimen organizado en la vida de las mujeres.

Según un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (MSP) presentado en la conferencia, a la séptima semana del 2023 se han notificado 19 muertes maternas, de las cuales el 84% fueron dentro de los 42 días entre el parto y la primera menstruación. Las causas más comunes fueron hipertensión arterial, sangrado, infección, aborto, hipertensión y distocia.

En lo que va de 2023, ya hubo 56 femicidios. En 2022 los femicidios sumaron 332; 189 fueron por delincuencia organizada, 134 femicidios íntimos y 6 trans-femicidios. Las cifras han ido en aumento. Los 332 casos de 2022 superaron al 2021, año en que hubo 197 casos; en 2020 se registraron 118; en 2019, 106; en 2018, 88; y en 2017, 153, según las cifras de las organizaciones sociales.

Según datos de 2019 del INEC recopilados por las organizaciones, la violencia física en contra de la mujer en Ecuador es de 35%, la violencia sexual de 32%. Las niñas siguen siendo víctimas de violencia sexual e incesto. En el 2021, se registraron 1.843 nacidos vivos hijos de niñas de 10 a 14 años, es decir, cinco niñas dan a luz cada día en el país, lo que en comparación con la cifra del 2020 representa un incremento de 11%.

La coalición feminista sostiene que al país le cuesta $380 millones por no prevención del Embarazo No Intencionado y la atención a muertes maternas. Las organizaciones presentaron estos datos basados en informes del MSP, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Fundación Sendas, y agregaron que 2 de cada 3 embarazos en el Ecuador son no intencionados.

En Ecuador, el aborto en caso de violación es legal, sin embargo, organizaciones como Aldea y Desafío señalan que la ley elaborada unilateralmente por el presidente no garantiza el acceso efectivo. “La Corte Constitucional admitió tres medidas cautelares que son temporales, está pendiente la resolución definitiva de las demandas de inconstitucionalidad e incumplimiento de la Ley de Aborto por violación vigente y por malformaciones congénitas incompatibles con la vida”, aseguran.

Las activistas señalaron que está vigente la Ley en contra de la Violencia a la Mujer, sin embargo, el financiamiento para la misma, el Registro Único de Violencia, y el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia “no terminan de consolidarse”.

Según el INEC, las mujeres ecuatorianas destinan 31 horas semanales de trabajo a las labores del hogar, en comparación a las 11,3 que dedican los hombres. Solo 40 de 221 municipios y 7 de 24 prefecturas las ganaron mujeres.

“La política fiscal prioriza las reservas y omite la inversión social”

Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres, declaró que desde 2018 se ha exigido al Estado que declare emergencia social por la violencia contra las mujeres. “Señor Lasso, ministra Flores (Ministerio de la Mujer), ministro Arosemena (Ministerio de Economía), ¿cómo vamos a prevenir la violencia contra la mujer?”, increpó.

Por otro lado, dijo que la ley de Interrupción Involuntaria del Embarazo y la de Economía Violeta no se han implementado bien. “La Ley Economía Violeta tiene retrocesos, razón por la cual se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad. No es la economía violeta de los sectores empresariales, es la economía que permita la autonomía”.

Según la activista, continua la brecha salarial y sigue siendo una realidad que el acceso al trabajo es más limitado en las mujeres o que los trabajos inadecuados sin beneficios sociales son para las mujeres.

Según Rosero, “la deuda histórica que deja este Gobierno es grande, necesitamos un Ministerio de la Mujer activo”. Los cálculos de la feminista indican que serían necesarios 36 millones para el manejo del Ministerio de la Mujer. “La política fiscal omite la inversión social y prioriza el aumento de reservas internacionales. El Ministerio de la Mujer no tiene una estructura nacional”, señaló.

“El Estado da un mensaje de impunidad”

La presidenta de la Fundación Aldea, Geraldine Guerra, fue declarada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes en 2022, fue parte de la conferencia. Guerra no matizó en exponer lo que asegura son cifras “aterradoras”.

“No hay ninguna mujer protegida, al contrario, lo que se hace desde la política pública es aumentar la impunidad. Le invitamos al señor presidente a hacer pilotos de casos específicos. No pongan excusa de que no hay presupuesto para movilidad, vamos aquí en Pichincha. En las seis parroquias rurales de Quito que están desatendidas”, dijo Guerra.

La activista señaló un caso de una mujer en Los Bancos que casi pierde el ojo por una agresión. En el centro de salud le decretaron dos días de reposo cuando, según Guerra, le correspondía más de un mes. La presidenta de Aldea asegura que esos funcionarios deberían ser sancionados y reclama porque el caso sigue en la impunidad. 

Desde 2014, año en que se tipificó el femicidio, hay 1465 niños en orfandad familiares víctimas de femicidio. “Tenemos jueces que dejan en libertad a femicidas confesos, tenemos fiscales que no acusan como femicidio, sino que acusan como asesinato, es una vergüenza”, sostuvo Geraldine.

La trabajadora social señaló el caso de Ximena Calvache en el Puyo en 2020. Una mujer que hizo 11 llamadas al ECU911, pero murió apuñalada. Según el parte policial, los oficiales estaban lavando la patrulla y tardaron más de una hora en llegar. Mientras tanto los vecinos grabaron y fotografiaron la escena. Calvache tenía tres hijos, quienes quedaron en custodia de su hermana. La hermana de la víctima por su parte, ahora está a cargo de siete niños y no tiene acceso al mercado laboral ni una vivienda digna. El femicida está prófugo.

Se señaló en la conferencia también la necesidad urgente en Sucumbíos de una campaña contra el incesto y la violencia sexual. Las organizaciones alertaron que en la provincia hay una práctica alarmante que tiene a niñas violadas por su padres, padrastros y abuelos, y son obligadas a ser madres.

Otro punto crítico es el funcionamiento de las casas de refugio. La coalición demandó un fortaleciendo a las casas de acogida que reciben fondos de los Municipio. En Azogues, señalaron que el alcalde ha optado por financiar la movilización y las fiestas. También hay amenazas de cerrar juntas de protección de derechos de la mujer en otras provincias.

“No hay nadie vigilando. Nadie nos calla. Tenemos la normativa escrita, no vamos a permitir que nos arrebaten esos derechos. En los centros de salud rurales hay impunidad. Señores del MSP tienen que encontrar el mecanismo. Ahora resulta que si no has sido victimada de femicidio en 2022 no tienes derecho al bono. Por esta supuesta retroactividad. Que pasa con el MIES, ni siquiera sus funcionarios saben el procedimiento para otorgar los bonos a las víctimas de violencia contra la mujer”, concluyó Guerra.