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10 de Febrero del 2022
Historias
Lectura: 10 minutos
10 de Febrero del 2022
Susana Morán
Muere un exgerente de Furukawa recién vinculado a un proceso por trata
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Seiji Nagao Nagao fue uno de los altos ejectuvos de la empresa de capital japonés que ha sido señalada por la explotación de sus trabajadores durante décadas.

 

Seiji Nagao Nagao, japonés con nacionalidad ecuatoriana, fue uno de los exgerentes procesados por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Según la Fiscalía, era uno de los responsables del diseño y la implementación del sistema de arrendamiento de tierras y de los contratos que afectaban a los derechos laborales de los abacaleros. Esta es su historia.


Los trabajadores de abacá amanecieron el martes, 9 de febrero, con la noticia de la muerte de Seiji Nagao Nagao, japonés con nacionalidad ecuatoriana y exgerente de la Furukawa. Su fallecimiento ocurrió un día antes, después de supuestamente haberse caído en su casa, según informó Diario Centro. La publicación cuenta que la esposa del empresario lo encontró sin vida en la entrada de su casa, al mediodía del lunes pasado.

“Se presume que Nagao se habría resbalado, caído y golpeado la cabeza fuertemente lo que provocó su deceso”, añade el medio de Santo Domingo de los Tsáchilas. Agentes de Criminalística hicieron el levantamiento del cuerpo y, según sus primeras versiones, presentaba ‘rigidez cadavérica’ y no tenía rasgos de violencia. Él había estado solo en el inmueble y fue visto por última vez por sus vecinos el domingo.

Nagao había sido vinculado, el pasado 4 de febero, al proceso por presunta trata de personas con fines de explotación laboral contra la empresa Furukawa. Ese día, la Fiscalía presentó indicios de ese delito contra el japonés quien fue exgerente de producción, junto con Hugo Adolfo Ch. B., gerente comercial; Paúl Israel B. G., exgerente de recursos humanos; y contra la misma empresa Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador. Ellos se sumaron a otros tres gerentes y exgerentes que son procesados en esta causa desde el pasado 28 de octubre.

Según la Fiscalía, los tres vinculados “sería los responsables del diseño y la implementación del sistema de arrendamiento de tierras, contratos que afectaban a los derechos laborales de los trabajadores y que brindaba beneficios extras a la empresa: ‘Modelo de producción’ que obligaba a que la cosecha de abacá sea vendida, de manera exclusiva, a la empresa Furukawa”.

En la audiencia, la Fiscalía presentó el informe de la Defensoría del Pueblo que señala que en la empresa Furukawa se encontraron “condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos, lo que habrían configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud”. Asimismo, para su acusación usó los reportes de varias instituciones que registraron inadecuadas condiciones laborales y “presuntas violaciones a los derechos de acceso a la educación y salud, casos de personas no inscritas en el Registro Civil o contratos de arrendamiento que realizaba la empresa con los trabajadores para evadir sus responsabilidades laborales”.


Diario Centro publicó la noticia de la muerte del empresario japonés el pasado martes 9 de febrero. 

Ese día, la Fiscalía presentó indicios de ese delito contra el japonés quien fue exgerente de producción, junto con Hugo Adolfo Ch. B., gerente comercial; Paúl Israel B. G., exgerente de recursos humanos; y contra la misma empresa Furukawa.

Nagao, cercano a los fundadores de Furukawa

Seiji Nagao Nagao tenía 68 años cuando falleció el pasado lunes. Se radicó en Santo Domingo de los Tsáchilas desde hace algunas décadas. No hay una fecha exacta desde su vinculación con Furukawa, pero su nombre aparece en 1982 cuando creó la empresa Comercial Yamato, que se dedicaba a la compra y venta de vehículos en Santo Domingo. Fue accionista minoritario junto a los empresarios japoneses Kenichi Furukawa, Higa Gushi Yoshitate y Saburo Shiyama. El accionista mayoritario fue la empresa Furukawa hasta que Comercial Yamato fue disuelta en 2002. 

Kenichi Furukawa, quien falleció en 1994, perteneció a la última generación de la familia japonesa Furukawa que llegó hace más de medio siglo en busca de un lugar con buenas condiciones climáticas para el cultivo de abacá. Yoshitate también es otro empresario japonés que fue accionista de la empresa PacificMotor, ya extinta, que se dedicó a la fabricación de motores. Es accionista en Chillo Club Campestre.

Nagao fue un empresario que ascendió en la última década. De pagar en promedio 600 dólares anuales, entre 2007 y 2013, pasó a tributar casi 4.500 dólares entre 2014 y 2019. Trabajadores abacaleros recuerdan a Seiji Nagao como uno de los ejecutivos de mayor jerarquía en la empresa.

Esto lo confirman los documentos de procesos laborales donde consta su nombre. Uno de los registros más antiguos data de 2013. En ese año, Florencia Gualinga reclamó una indemnización por despido intempestivo. En sus alegatos, narró que ella trabajó, desde 1993 hasta el 2010, de forma directa con Seiji Nagao en las haciendas Mónica, Carmen, Bonanza e Isabel, que ahora figuran como predios de Furukawa. Por sus años de servicio recibió 200 sucres hasta el 2000 y desde ese año, 200 dólares por jornadas laborales de 12 horas de lunes a viernes y de siete horas los sábados y domingos.

Seiji Nagao Nagao tenía 68 años cuando falleció el pasado lunes. Se radicó en Santo Domingo de los Tsáchilas desde hace algunas décadas.

Pero el 30 de septiembre de 2010, Seiji Nagao llegó a las plantaciones de abacá y le manifestó a ella y a otros 15 trabajadores que ya no necesitaba de sus servicios porque las haciendas iban a ser arrendadas a otra persona. Según la versión de la abacalera, el empresario les quitó sus herramientas de trabajo. Gualinga no ganó el juicio laboral ni obtuvo su indemnización. Lo mismo le sucedió a otros trabajadores que pusieron demandas similares como Miguel Barahona, Julián Ramos y Galo Bravo. Los jueces desecharon sus pedidos “por falta de pruebas de la relación laboral”. Furukawa ha sido acusada por trabajadores y organizaciones por usar contratos civiles, de arrendamiento, para simular una relación no laboral.

En 2019, más de 123 jornaleros interpusieron una acción de protección contra el Estado y contra Furukawa por vulnerar sus derechos durante casi seis décadas. El 15 de enero de 2021, el juez constitucional Carlos David Vera Cedeño aceptó la demanda y declaró la existencia de “servidumbre de la gleba”, una forma de esclavitud moderna prohibida internacionalmente, y estableció medidas de reparación integral. El 15 de octubre de 2021, la Corte Provincial de Santo Domingo ratificó la sentencia de forma parcial, pero en su aclaración y ampliación de la sentencia reformaron parte de esas medidas.

En la prueba documental de la sentencia de primera instancia de la acción de protección que adjuntó la defensa de los demandantes está un documento privado que convocaba a los trabajadores de la hacienda Gloria, del km 41, a las oficinas de la Hacienda Bonanza, en el km 37, par el 14 de agosto de 2019 para ser “atendidos de manera ordenada y pacíficamente”. La carta estaba firmada por Nagao como gerente de operaciones. En esa época, Furukawa buscó firmar actas de mediación para dar fin a los reclamos de los abacaleros. El nombre de Seiji Nagao también constaba en un convenio que suscribió en 2009 como Gerente General de Furukawa con el trabajador José Vicente Aguirre Muñoz.

El primer proceso penal

De acuerdo a un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Furukawa registró ingresos por 112,2 millones de dólares entre 2001 y 2019. Esa fue una de las 120 pruebas que presentó la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos contra los exgerentes Marcelo A. y Ángel S. y el actual gerente de la empresa, Adrián H. por su presunta participación en los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral. Este es el primer proceso penal contra la empresa de capital japonés desde que la Defensoría del Pueblo denunció el caso en 2019.

Además de los informes de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones del estado, la Fiscalía presentó versiones de funcionarios públicos, directivos de Furukawa (no investigados), entrevistas a las presuntas víctimas, versiones de los procesados, entre otros elementos. Estos confirmaban el perfil de los trabajadores como personas de entre 13 y 70 años, que en su mayoría eran campesinos, afrodescendientes y analfabetos, a quienes no se les proporcionaron equipos de trabajo, ropa ni elementos de seguridad para el cumplimiento de sus labores, afirmó la Fiscalía.

Entre sus indicios también constan 18 contratos de arriendo de la tierra suscritos por Marcelo A. La Fiscalía explicó que en todos estos contratos se da en arriendo las haciendas de propiedad de la empresa ubicadas en Santo Domingo para que se dedique el uso de la tierra a la producción de abacá. La duración de los contratos era de 12 meses, que fija un pago de 50 dólares por cada tonelada de fibra de abacá producida mensualmente. Estos contratos -dijo la fiscal Susana Rodríguez que lleva el caso- llaman la atención porque se autoriza a la empresa a realizar inspecciones periódicas y permanentes para determinar el adecuado cumplimiento del contrato e incluso se establece, como derecho, que Furukawa pueda verificar los documentos y soportes financieros para constatar la producción alcanzada mensualmente, cuando simplemente lo requiera. “A pesar de aquello se consigna una independencia entre las partes, haciendo énfasis en que no existe responsabilidad laboral de parte de la arrendadora”, sostuvo en esa audiencia la fiscal. 

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