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17 de Mayo del 2024
Historias
Lectura: 8 minutos
17 de Mayo del 2024
Redacción Plan V
Nos Faltan 3 reclaman por la entrega de actas censuradas e incompletas por parte del Gobierno
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Los familiares del equipo periodístico asesinado en 2018 y sus abogados presentaron su lectura del material entregado. Fotos: Luis Argüello. PlanV

 

Los familiares de los tres comunicadores del desaparecido diario El Comercio asesinados en 2018 en la frontera norte realizaron un completo análisis de la documentación entregada en 43 páginas por el Gobierno. Actas censuradas, ausencia de anexos y transcripciones y textos que parecen editados son algunos de los reparos de los familiares y sus abogados.

Actas censuradas, ausencia de anexos y transcripciones y textos que parecen editados son algunos de los reparos de los familiares de los tres comunicadores del desaparecido matutino El Comercio, asesinados en 2018, y sus abogados, quienes convocaron a los medios este 17 de mayo para dar su lectura sobre la gran cantidad de incoherencias que se evidencian al leer las tres actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Cosepe, que fueron desclasificadas por sentencia de la Corte Constitucional.

La principal conclusión de las familias y su equipo legal, integrado por Juan Pablo Albán y Mauricio Alarcón, entre otros, es que la Gobierno no cumplió con la sentencia de la Corte, pues entregó información incompleta y sin respaldos. Para las familias, la información está incompleta, mutilada y posiblemente manipulada, lo que la convierte en "irrelevante" y, además, carece de documentos de respaldo y de las transcripciones de las actas de las tres sesiones. 

La censura aplicada a los documentos es tan fuerte, que las actas entregadas tienen hojas enteras faltantes e intervenciones cortadas, lo que complica saber quiénes fueron los que dijeron cada cosa. El resultado es una relación más bien inconexa y confusa de las reuniones del Consejo. 

A pesar de eso, los familiares dicen que el material entregado evidencia las omisiones e ineptitud del gobierno del ex presidente Lenin Moreno, así como de su ministro del Interior, César Navas. Las familias se dirigirán a la Corte Constitucional para que ese tribunal disponga el cumplimiento de su sentencia, lo que podría significar que se entregue información complementaria y se facilite un mayor contexto.

Las novedades que las familias encontraron en las actas desclasificadas

Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, uno de los integrantes del infortunado equipo, secuestrado y conducido a Colombia por terroristas colombianos a órdenes de Alias Guacho, un ex movilizado de las FARC, realizó una completa lectura de las tres actas que el Gobierno, por disposición de la Corte Constitucional, entregó a las tres familias. 

Medios de comunicación cubrieron el pronunciamiento de Nos Faltan 3 en el Teatro de la Unión Nacional de Periodistas.

En las actas de las sesiones del COSEPE, hay algunos aspectos que llamaron la atención de las familias. Por ejemplo, que hay extensas secciones de los documentos que han sido censuradas, amparándose en la salvedad que la propia Corte Constitucional incluyó en su sentencia, que consistió en que no se levanta la reserva de temas de "seguridad nacional". Y, en aplicación de ese criterio, varias partes de las tres actas aparecen cubiertas y censuradas, lo que impide conocer el contexto de las declaraciones de los funcionarios.

Cristian Segarra y Ricardo Rivas durante la presentación de la lectura del documento.

En las sesiones, que tuvieron lugar en marzo y abril de 2018, participó el ex presidente Lenin Moreno, algunos de sus asesores como Juan Sebastián Roldán, ministros de ese régimen como César Navas (Interior) y Patricio Zambrano (Defensa), el entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno, el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, entre otros, quienes junto a mandos policiales y militares analizaron el caso del secuestro.

Los abogados y familiares destacaron las incoherencias en el discurso del régimen de Lenin Moreno sobre el caso.

Rivas analizó los datos y declaraciones que aparecen en el acta 18, en donde identificó varias contradicciones y cambios de horarios e informaciones. El familiar destacó cómo las actas evidencian que no hubo una verdadera negociación con el jefe terrorista Alias Guacho, quien se comunicaba por Whatsapp con la Policía ecuatoriana, por lo menos desde diciembre de 2017. La ausencia de una estrategia de negociación es evidente en las tres actas, y, en especial, en la número 20, se censura el relato de los chats que oficiales de la Policía ecuatoriana mantenían con Alias Guacho, pero en parte de ellos se puede apreciar que el terrorista responsabiliza al Gobierno ecuatoriano de la ejecución del equipo de El Comercio. 

Además, destacó Rivas, las actas ponen en evidencia que el principal interés de Moreno y sus ministros era cómo manejar el tema en términos de opinión pública, sin que haya habido una gestión competente para salvar la vida de los secuestrados. En el acta 20 aparece también un párrafo en donde se constata que el audio filtrado en esa época sí corresponde a las declaraciones y posturas de Lenin Moreno.

En las reuniones, se aprecia como los funcionarios presentes sugieren revelar pocos detalles de la información de la que se disponían, con tal de aparentar una "postura de Estado", frente al ataque del jefe terrorista, quien en enero de 2018 había bombardeado el cuartel de la Policía ecuatoriana en San Lorenzo, norte de Esmeraldas.

Durante seis años, las familias han luchado para evitar que el caso quede en la impunidad.

Las actas también evidencian que el Gobierno, en coordinación con la vecina Colombia, pretendía capturar a Alias Guacho y liberar a los secuestrados, pero lo cierto es que los tres comunicadores fueron asesinados y que el jefe terrorista fue abatido por francotiradores del Ejército colombiano en diciembre de 2018.

Durante su exposición, Rivas puso énfasis en la forma en la que están hechas las actas: documentos sin firmas, con destacados en negrillas que hacen pensar que no se trata de transcripciones, sino de ediciones posteriores de un documento preparado para la ocasión. En varios momentos de su intervención, Rivas dejó entrever párrafos en donde la supuesta acta está destacando las ideas de la postura del Gobierno morenista sobre el caso. Efectivamente, en las actas se pueden apreciar frases y oraciones en negrillas o mayúsculas, que parecen haber sido colocadas así para apuntalar la versión del Gobierno de Lenin Moreno.

En especial, Rivas mencionó a dos personas, un oficial de la Policía en servicio activo y un militar retirado, quien era asesor del Ministerio del Interior, como las personas que efectivamente tomaron las decisiones que pudieron haber conducido al trágico desenlace. Se trata del entonces capitán de Policía Franklin Cruz y del ex oficial del Ejército Carlos Maldonado, quien siendo asesor del ex ministro del Interior César Navas, fungía de negociador. En las manos de estas dos personas estuvo realmente la vida de los secuestrados, enfatizó Rivas.

De su lado, el abogado Mauricio Alarcón anunció que se informará a la Corte Constitucional que la sentencia no ha sido cumplida y ello podría significar que se tomen nuevas medidas para la desclasificación de la información. Alarcón anticipó que la información que se ha recibido será protocolizada en una notaría para que sea de total acceso público.

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