Ni su nombre ni el de su hijo quiere mencionar. Está parada frente a la puerta de acceso de la Penitenciaría del Litoral para pedir atención a su hijo de 20 años. Es el 10 de noviembre, dos días antes de la última masacre que hubo en esa prisión. Carolina (nombre con el prefiere identificarse) llegó junto a un grupo de madres preocupadas por el bienestar de sus hijos. Sus quejas tenían que ver con casi todos los aspectos de la vida en el encierro: desde la comida y el agua hasta los trámites legales y, por supuesto, la salud.

Carolina asegura que Esteban*, su hijo, tiene tuberculosis. Él lleva casi un año en la cárcel, específicamente en el pabellón 4 y desde allí ha escuchado los gritos de los asesinados en las tres de las cuatro masacres que han ocurrido en ese centro penitenciario. Es un sobreviviente.

Carolina* ha protestado fuera de la Penitenciaría para que su hijo tenga atención prioritaria para su salud.

Pero después de la matanza de octubre, su enfermedad se agudizó más. Empezó a escupir sangre. Según Carolina, los problemas de salud de Esteban iniciaron seis meses después de que ingresara a la cárcel porque la comida no les llegaba por los continuos motines y enfrentamientos dentro de este centro.

En noviembre, Carolina puso una demanda por hábeas corpus para que sacaran a su hijo al Hospital del Guasmo por los continuos vómitos con sangre. En la sentencia se narra que la madre recibió varias llamadas de los compañeros de celda de su hijo por el deterioro de la salud de Esteban. Él hizo un video que lo envió al director de la cárcel y al Ministerio de Salud.

Esteban le dijo al juez de Garantías Penitenciarias, Diego Poma, que no le han dado medicina. El abogado de la cárcel, en cambio, le dijo al juez que Esteban está estable, que no tiene enfermedades, pero que recibe un ‘plan de tratamiento’ con paracetamol y dieta. Pero el abogado de Esteban reclamó porque el joven no ha sido examinado para determinar su enfermedad y exigió su traslado a un hospital. El juez concluyó que había una amenaza contra el derecho a la salud y dispuso el traslado del joven a un hospital para que sea examinado.

Este ‘papeleo’, como lo llama la madre, permitió que su hijo sea atendido en el Hospital del Guasmo. Lo llevaron un día por la mañana y lo regresaron enseguida porque no tenían camas, relata esta madre que ha tenido comunicación permanente con PlanV desde octubre pasado. Lo revisaron y le hicieron exámenes. Pero los resultados los tendría una funcionaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Carolina no ha podido retirarlos y no tiene claro qué hacer después.

Las familias deben acudir a organizaciones de derechos humanos o se ayudan entre ellas para presentar en la justicia hábeas corpues con el fin de que sus hijos sean atendidos en hospitales.

Pero sabe que con esos resultados le recetarán nueva medicina, que por ahora no llega. Mientras tanto, Carolina es la que provee de vitaminas, complejo B y paracetamol a su hijo. En febrero pasado, eso fue lo único que pudo dejar en la cárcel. Ahora analiza presentar un nuevo ‘papeleo’ para que revisen a Esteban, quien sigue con los mismos síntomas. “Mamá me duelen los pulmones, tengo fiebre”, le dijo días después de que le ingresara la medicina y en una fotografía que le envió, vestido con prendas naranjas, lo vio más flaco. Tiene bajas las defensas, asegura esta madre. 

Desde esa visita al hospital no ha recibido más atención. “Ahí la gente puede estar escupiendo sangre, pero mientras que tú no hagas un papeleo afuera no lo van a revisar”, dice. En la celda de su hijo existen decenas de personas. Cuando ingresó, le llevó una colchoneta, dos camisetas, dos shorts, un par de zapatos de lona, ropa interior, tres pares de medias, una sábana y una toalla. Él durmió el primer mes en el suelo y asegura que eso empeoró su salud. En el pedido de hábeas corpus relató que duerme totalmente desnudo y que corría el riesgo de ser violentado sexualmente por otros presos.

El 25 de febrero pasado, hubo una nueva balacera en la Penitenciaría que dejó un herido. Carolina recibió el mensaje de Esteban, condenado a 40 meses por robo, de que bandas querían meterse al pabellón 4, donde está él. Al siguiente día le envió un audio: “Ya mamita, que Dios te bendiga y te proteja, sí estoy bien”.

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Víctor Jácome, especialista en temas penitenciarios y exdirector de Diagnóstico y Desarrollo Integral del SNAI, explica que la tuberculosis ha sido un problema recurrente y frecuente en las cárceles del país.

Jácome, cuya unidad era la encargada de los temas de salud de los internos, afirma que el sistema penitenciario tenía programas de atención especialmente en Guayaquil, Turi y en Latacunga, que consistía en separar a este tipo de enfermos del resto de la población penitenciaria para ser tratadas.

El interno, una vez que era diagnosticado, se lo ubicaba en un espacio ventilado y con luz solar. Jácome explica que personas con tabaquismo o que tenían enfermedades respiratorias previas, al momento de ingresar al centro penitenciario -al cambiar su forma de vida y condiciones- se les activaba la enfermedad.

En Guayaquil, el Ministerio de Salud atendía un pabellón llamado ‘Logros’, en la Penitenciaría del Litoral, donde se ubicaban a las personas con tuberculosis para proveerles atención médica especializada y exámenes. En esta ciudad se concentra la mayoría de enfermos y hacia ese pabellón eran trasladados, por ejemplo, los internos de ciudades cercanas como Machala o Portoviejo que necesitan este tipo de cuidados.

El pabellón ‘Logros’ funcionó entre 2008 y 2013. Entre 2014 y 2018 se mantuvo, pero su especialidad se fue perdiendo. El pabellón ‘Logros’ se convirtió después en un lugar donde se refugiaban personas con adicciones, con compromisos económicos, o quienes necesitaban algún tipo de seguridad dentro de este centro con relación a la delincuencia organizada, afirma el exfuncionario.

Esta es una las últimas imágenes que ha publicado el SNAI sobre enfermos de tuberculosis. El 29 de diciembre de 2021, aseguró que les entregó medicamentos a los presos en Guayaquil. FOTO: SNAI

“Lamentablemente, estos espacios se han perdido, ya no existen al momento, y no por la falta de aplicación del Ministerio de Salud o la falta de interés del sistema penitenciario. Los hechos de violencia -que son de conocimiento público- han generado que estos pocos espacios de tratamiento se pierdan porque el control de los centros penitenciarios no está a cargo del personal técnico, sino -al menos en Guayaquil- bajo el control de los privados de la libertad”, dice Jácome.

Ante los primeros indicios de violencia, agrega Jácome, habían solicitado que todas las personas con tuberculosis salgan de la Penitenciaría hacia el pabellón prioritario de la Regional. A noviembre de 2021, cuando Jácome salió del sistema penitenciario, calcula que había 300 enfermos solo en la Penitenciaría. “El momento que se quiso hacer este movimiento de personas, los mismos privados de la libertad no quisieron salir”, explica el exdirector porque tenían “el acondicionamiento” de que debían ser separados según las bandas a las que pertenecían. “Una cuestión que es totalmente antitécnica”, cuestiona.

Entonces, reubicaron a las personas que desearon salir de forma voluntaria hacia la Regional, donde también existe un programa de atención a estos enfermos.

A escala nacional, Jácome estima que hay 400 internos con tuberculosis, principalmente en Guayaquil, Latacunga y Turi. En Latacunga, estos enfermos también eran ubicados en el pabellón prioritario, pero explica que allí no había un programa específico como el de Guayaquil. “¿Qué está pasando ahora con estas personas? De pronto, no están recibiendo la atención técnica adecuada como la recibían en el pabellón ‘Logros’. Sería importante que se adecúe una política para que estos tipos de espacios se vuelvan a restablecer”, manifiesta Jácome.

El Ministerio de Salud es la entidad encargada de ejecutar planes para prevenir la tuberculosis y tratar a estos enfermos. Entre 2019 y enero de 2022, ha atendido a 2.617 internos con tuberculosis, siendo el 2020 el año con el mayor número de atenciones principalmente en la Penitenciaría del Litoral.

Según Salud, la Estrategia Nacional de Tuberculosis y Lepra establece la identificación y búsqueda activa de personas con síntomas respiratorios “a quienes se les realiza pruebas diagnósticas inmediatas para diagnóstico oportuno y descartar presencia de Mycobacterium Tuberculosis”. Se les aplica una prueba PCR para determinar la presencia de la enfermedad, cuyos resultados están en tres días.

“Una vez que se cuenta con el diagnóstico de tuberculosis en cualquiera de sus formas, se realiza la valoración médica, exámenes complementarios y la prescripción del tratamiento para el tipo de TB diagnosticado, y se aplicará la normativa de acuerdo con el caso presentado”, aseguró Salud mediante una respuesta a un pedido de información de esta redacción.

El Ministerio dice que entrega tratamientos diarios y monitoreos mensuales hasta el alta del tratamiento. Cuando es un caso de Tuberculosis Drogo Resistente la primera fase del tratamiento se lo cursa en un hospital ya que requiere monitoreo inicial. “Se realiza seguimientos y control de contactos, así como el control de infecciones en la medida de lo posible, en los CPL (centros de privación de libertad) uno de los parámetros a tomar es el hacinamiento, y la toma diaria del tratamiento, para el control y éxito de curación de la enfermedad”.

Pero en la Penitenciaría solo existen 10 médicos (7 generales, dos itinerantes y un coordinador) para atender a aproximadamente 8.000 personas. ¿Cómo lograr ese seguimiento detallado que el Ministerio asegura hacerlo? Esta es una pregunta sin respuesta porque Salud no atendió el pedido de entrevista de esta redacción.

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Isabela es otra madre que busca atención para su hijo Emilio*. Él lleva dos años y dos meses en la Penitenciaría después de que fuera acusado de robo de ganado. Es técnico en aire acondicionado y refrigeración para vehículos. Isabela llegó a Quito el 11 de febrero pasado para dejar una carta dirigida al presidente Guillermo Lasso para que se revise su caso, pues asegura que su hijo no cometió ningún ilícito.

Emilio, cuenta su madre, también se ha enfermado durante su permanencia en la cárcel. “¡Ay! ¿Y quién lo metió preso?”, le respondió la trabajadora social del centro cuando pidió atención médica para su primogénito. Ha tenido fiebre y dolor de cabeza. No tiene certeza de qué enfermedad tiene su hijo, pero le preocupa la muerte de un reo en el mismo pabellón supuestamente con tuberculosis.

Carlos Rosero, neumólogo y líder de esa área en el Hospital Eugenio Espejo, explica que en el 95% de los casos, el paciente se infecta por vía respiratoria y no por compartir vasos o cucharas, como han mencionado algunos internos y sus familiares. Pero además de los pulmones, puede afectar otros órganos como los riñones.

Entre los principales síntomas están tos, flema amarillenta, baja de peso, fiebre o sudoración (como mojar el pijama en la noche). La tuberculosis, dice, es una de las pandemias más antiguas del mundo. Es una enfermedad cuyo desarrollo depende del sistema inmune de la persona. “No es una patología en la que usted se infecta hoy y mañana tiene síntomas como, por ejemplo, una neumonía o el covid. Usted se puede infectar hoy, al año o cinco años de edad, y desarrollar tuberculosis a los 20 o 30 años”, dice el médico.

Isabela pide que la justicia revise el caso de su hijo Esteban* porque asegura que el no cometió el robo del que se le acusa. La salud de Esteban, asegura, se ha deteriorado dentro de la cárcel.

Durante la entrevista con Isabela, en Quito, su hijo se conectó por unos minutos e hizo una videollamada. “He bajado de peso. Y he bajado muy rápido, no sé, no me quieren hacer los exámenes. Me falta la respiración”, asegura en la llamada. Comparte la celda con ocho personas.

El neumólogo Rosero confirma que el peor de los escenarios para esta enfermedad es el hacinamiento porque no permite romper la cadena epidemiológica y tratar a los pacientes que tienen tuberculosis latente, es decir que tienen un reservorio que se podría activar en cualquier momento.

Si en una cárcel, en una celda hay cinco personas, y uno está infectado, todos terminarán contagiados, manifiesta el galeno. “Nosotros tenemos pacientes que han sido privados de su libertad que ya han cumplido su pena y después desarrollaron tuberculosis, pero se infectaron dentro de la cárcel”.

Explica que escupir sangre puede ser una tuberculosis antigua y ese síntoma podría ser una secuela, pero también puede ser una tuberculosis actual. Por eso dice que es importante el diagnóstico porque cada variante tiene un tratamiento distinto. Pero escupir sangre también puede ser un sangrado digestivo, una neumonía o una lesión en vía respiratoria alta.

Emilio dice que no sabe qué enfermedad tiene porque no le han realizado exámenes, aunque ha sido atendido en el policlínico y en el hospital. “Solo le dieron paracetamol”, afirma su madre. Él debía volver a otra consulta, pero no lo han sacado de nuevo. De eso ya son 6 meses, sostiene Isabela.

La última vez que vio a su hijo fue en diciembre, durante la visita. Le dijo que no había medicina. “Se me estaba ahogando”. Estaba pálido, más delgado y golpeado. Ese día encontró a su hijo además con su brazo derecho quebrado. “Los sacan a los hospitales ya cuando están medio muertos”.

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En enero de este año llegó a la Fundación Dignidad un testimonio por Whatsapp desde la Penitenciaría del Litoral. Era la voz de un hombre de mediana edad que contaba que había sido diagnosticado con tuberculosis en enero de este año. Él había tenido la enfermedad en 2010. “Pero aquí me volvió a dar con más fuerza”.

Lo llevaron al hospital solo porque botaba mucha sangre. Allí le confirmaron que tenía tuberculosis pulmonar. Le recetaron tres pastillas, cuyo nombre no sabía porque se las entregaban sacadas de la envoltura. En la cárcel, le siguieron dando el mismo medicamento pero de forma irregular. “El tratamiento debía ser de lunes a viernes, pero aquí nos dan un lunes y de ahí viene la otra semana. Hoy mismo me las dieron a los cinco días”.

Vianca Gavilanes, coordinadora de gestión de esta organización, dice que preocupa esta enfermedad en lugares con hacinamiento, donde han existido brotes fuertes sobre todo en las cárceles regionales. “Hay una negligencia generalizada no solo en el tema de tuberculosis, sino en todo tipo de enfermedad discapacidad o atención especializada que se requiera para tener una vida en prisión”, asegura. Cree que es inaudito que no se trate a las personas antes de su ingreso al pabellón y asegura que no hay ningún tipo de protocolo para mantener en cuarentenas a estas personas.

A esto se suma, que no hay atención médica suficiente en las cárceles. La Fundación ha realizado pedidos de información pública y así han determinado que en los policlínicos no hay medicinas para tratamientos complejos y tampoco proveen atención todo el tiempo, según también los testimonios que han recopilado.

El 7 de junio de 2019, el SNAI y el Ministerio de Salud hicieron una campaña de tamizaje para detectar VIH y tuberculosis en los presos de la cárcel de Latacunga. No existe otro registro público reciente sobre este tipo de atención a los internos de ese centro. FOTO: SNAI

Para que los presos sean atendidos en hospitales, deben hacer “un trámite gigantesco”, que, por el colapso de estos centros, sus citas son agendadas para meses después incluso para molestias menores como cortaduras.