Con votación unánime, el Tribunal de Garantías Penales de Riobamba declaró culpable al cabo segundo de la Policía Nacional, Santiago Olmedo, por disparar por la espalda en contra de dos acusados de robo en Riobamba.  Su defensa apelará la sentencia, mientras los familiares de los occisos reclaman justicia. 

La tarde del miércoles 19 de enero de 2022 el Tribunal emitió su resolución verbal en el caso Santiago Olmedo, policía procesado por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio que causó la muerte de Brayan Conduri (21 años) y Diego Marchan (34), ambos acusados de un intento de robo a un adolescente. 

El caso se ventiló en los juzgados de Riobamba

El Tribunal, en su resolución, dijo que hubo dos instantes ese día del asalto. Uno cuando Santiago Olmedo evita el robo a un adolescente y, el segundo, cuando se da la persecución. En este segundo instante, es “donde se debe determinar si la amenaza era grave, (y) de la realidad procesal se establece que existe una extralimitación, por cuanto los disparos son por las espaldas (sic), siendo varios disparos, fiscalía no planteó existencia de agravantes, por lo que el tribunal por unanimidad declara la culpabilidad del procesado Wilson Santiago Olmedo Gordillo, en calidad de autor, a quien se le impone la pena privativa de libertad de 3 años y 4 meses”. Así dice el acta de resolución, registrada en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), en el proceso N° 06282-2021-01091. 

El delito de extralimitación de funciones es sancionado con una pena de 10 a 13 años de prisión, pero al policía Santiago Olmedo se le interpuso la pena más baja debido al atenuante, pues Olmedo llamó a la ambulancia y avisó a sus superiores sobre el hecho. No huyó. 

Dentro de la resolución, el Tribunal también dispuso que el policía pague una multa de 10 salarios básicos unificados, es decir, USD 4.250, y como medida de reparación USD 10.000 a cada una de las familias de los hombres abatidos por el agente policial.

Un tribunal penal condenó al policía con una pena menor por atenuantes

Los hechos del 11 de junio del 2021

Riobamba. Eran aproximadamente las 11:30 del viernes 11 de junio del 2021, cuando Santiago Olmedo junto al policía Fausto Parra observaron que en la avenida Monseñor Leonidas Proaño y calle José María Roura (a la altura del Hospital Andino), en el barrio San Miguel de Tapi; un adolescente era víctima de un intento de robo por parte de Brayan Conduri. 

En ese momento, los agentes que se dirigían para la ciudad de Quito pararon el auto en el que se movilizaban y se bajaron para defender al adolescente que fue atemorizado con un cuchillo. En un vídeo se observa cómo el adolescente y el acusado de robo forcejean hasta que llegan los policías. 

Captura de pantalla video momento del robo obtenido de cámaras del sector

Por la presencia policial, Brayan huyó del lugar con dirección a la calle José María Roura y luego avanzó por la calle Diego de Robles hasta llegar a Pedro León Donoso, esquina en la que se subió a una motocicleta conducida por Diego Marchan. En ese lugar, Santiago Olmedo asegura que había tres personas y disparó contra los dos sospechosos que se encontraban en el sitio, porque estaba en riesgo su vida.   

“Estamos convencidos de que actuamos bien —dice Olmedo—,  que se realizó un procedimiento correcto, producto de lo cual tenemos con vida al menor de edad”.  Su accionar fue en el “ejercicio de la defensa de terceros y de su vida propia”, explicó su abogado Hugo Espín Tobar, quien asegura que en el proceso se evidenció que las dos personas estaban en delito flagrante y que Santiago Olmedo actuó en defensa de este menor de edad y que hizo uso de su arma cuando su vida estaba en riesgo.  

Sin embargo, la Fiscalía discrepa con este argumento. El fiscal de Personas y Garantías de Riobamba, Patricio Parco, presentó alrededor de cuarenta testimonios para demostrar la materialidad del delito y la responsabilidad del policía en el caso de extralimitación de funciones. 

El policía  “…utilizó su arma de dotación (a 200 metros de distancia) y disparó más de una decena de veces por la espalda a los ocupantes de la motocicleta, extralimitándose —de esta forma— en la ejecución de un acto de servicio, sin observar ni considerar el uso progresivo o racional de la fuerza en los criterios necesidad y proporcionalidad”, dice la Fiscalía en su comunicado.

Según la autopista, la causa de muerte de Brayan y Diego fue una hemorragia aguda interna y externa, laceración pulmonar, laceración de vasos mesentéricos, traumatismos torácicos y abdominales penetrantes por proyectil de arma de fuego. 

En la acta resumen de la resolución, el Tribunal cita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice que en los policías recae la seguridad pública y que ellos pueden hacer uso de la fuerza, pero en observancia de los derechos humanos. “La fuerza es todo medio físico empleado contra las personas para hacer cumplir la ley; si no se emplea la fuerza adecuadamente se transforma en violencia, lo que está reñido por la ley. Debe usarse el arma haciendo el menor daño posible”. 

“Nadie sale con la intención de matar”

Santiago Olmedo desde pequeño quería ser policía, le gusta ayudar a la gente y servir a la Patria, dice su madre doña Laura Gordillo, de 66 años, que desde hace siete meses vive en zozobra por el primer proceso judicial que enfrenta su tercer y último hijo. 

Desde que arrancó el juicio, doña Laura deja su casa en Cotacachi, provincia de Imbabura, para acompañar a Santiago a la ciudad de Riobamba, donde se desarrolla el proceso judicial. No lo hace sola, unas cincuenta personas, entre familiares y amigos, viajan con ella en un bus. Así ocurrió dos días antes de que terminara el año,  el 29 de diciembre del 2021. Ese día, a las 08:34, se instaló el primer día de audiencia de juicio contra Santiago Olmedo, en la Sala 102 del Tribunal de Garantías Penales de Riobamba. Sus amigos y familiares con pancartas gritaban:

“¡Santiago es inocente, libertad para Santiago!” 

“¡Amigo Santiago, el pueblo te apoya!”.

“! Esto no es pagado, es pueblo organizado!” 

Los dos policías que participaron en el operativo fueron procesados: Santiago Olmedo y Fausto Parra. Este último fue sobreseído en septiembre del 2021 debido a que Fiscalía no encontró los elementos suficientes para determinar su participación en el hecho y por lo tanto un juez de Garantías Penales dictó auto de sobreseimiento a favor de Parra. Solo, Olmedo fue a juicio. 

Cinco días duró la audiencia. Para doña Laura, su hijo cumplió con su trabajo y es lamentable esta situación “porque nadie sale con la intención de matar, más bien salen a defender a la ciudadanía”.

Santiago Olmedo es licenciado en Ciencias de la Educación con especialización en Psicología Educativa y Orientación Vocacional. Tiene 34 años edad y dos hijos pequeños, de 2 y 10 años. 

Desde hace siete meses su vida ha cambiado. Ahora lleva un grillete en su tobillo como medida sustitutiva a la prisión, se presenta dos veces a la semana ante el juez de la ciudad de Ibarra y trabaja como policía activo en su tierra natal, la provincia de Imbabura. 

Él ahora espera la sentencia escrita del Tribunal para conocer la motivación y apelar. Esto “es un tropiezo, no es una  pérdida de una batalla. Somos guerreros y vamos a seguir luchando para enaltecer a la institución policial y generar un procedente para bien”, dijo Santiago Olmedo, tras escuchar vía telemática la resolución del Tribunal. 

“¡Por qué tantos disparos!”

Más de una docena de disparos tienen los cuerpos de Brayan Conduri y Diego Marchan. Son agujeros redondos de un proyectil de arma de fuego que ingresó por la parte posterior de la espalda hacia la parte frontal. El Informe de Necropsia de Medicina Legal, de Brayan y Diego, muestra el trayecto de la bala y  evidencia que los disparos ingresaron por la espalda.  

Según la familia de Diego, serían al menos 16 disparos en contra de los dos jóvenes, esta es una prueba que demuestra que el policía se extralimitó en sus funciones y disparó, en vez de detenerlos si cometieron un delito, dice. 

Diego Marchan tenía la misma edad que Santiago Olmedo, cuando fue acusado de robo y recibió múltiples disparos en su cuerpo. Él ese día estaba con su motocicleta a una esquina de la casa de sus hermanas, en el barrio San Miguel de Tapi, Riobamba, y no participó en los hechos delictivos, dice su sobrina Paola León.

Aunque reconoce que, de haber participado, debió ser detenido. “No los vamos contra las leyes, si nuestro tío merecía una sentencia por cómplice —aunque nadie puede comprobar que él estuvo en la escena del crimen— (debía ser detenido), entonces qué pasó”, se pregunta Paola León, que viste un jean celeste con un saco negro y una camisa blanca con letras negras que dicen: Justicia para Diego.

Familiares de los presuntos delincuentes abatidos reclaman justicia 

Esta consigna se impregna en varias gigantografías, ubicadas en el exterior del Tribunal de Garantías Penales de Riobamba donde se desarrolló la audiencia. Sus gritos se cruzan con las consignas de “¡Libertad para Santiago!”.

“! Justicia para Diego, justicia para Diego

Derecho a la vida, derecho a la vida

Por qué tantos disparos, por qué tanto disparos,

Olmedo, asesino!”

Diego Marchan tenía 34 años de edad, era maestro de acabados en la construcción en instituciones públicas y privadas. Desde hace ocho años su trabajo se acentuó  para ser padre y madre de sus cuatro hijos, que ahora se encuentran en la orfandad, dice Paola León. La menor tiene 7 años. Por ello, la familia rechaza las acusaciones de intento de robo que recaen sobre Diego, ellos aseguran que él es inocente, que fue un hombre trabajador y que la Policía se equivocó. Diego tampoco tenía antecedentes penales, así lo registra el portal del Ministerio de Gobierno. 

“Y sí los hubiera tenido, dice Paola, todo ser humano tiene derecho a equivocarse, a enmendar y continuar la vida”, pero esto no ocurrió con Diego.  Su familia asegura que lucharán hasta que se haga justicia, hasta que se limpié el nombre de su hermano y el de la familia.

“A nosotros nos bastaba con que el señor Olmedo diga, simplemente nos equivocamos y nosotros nos íbamos a retirar, dice Cecilia Marchan, hermana de Diego. Lo que nosotros queremos es que se limpie el nombre de mi hermano y el nombre de la familia porque mi hermano no fue un delincuente (…). No queremos dinero, queremos justicia”. 

La familia de Brayan, el joven que cometió el intento de asalto, prefirió no hablar con la prensa; pero con un micrófono y parlante gritaba en los exteriores de Tribunal: “Justicia para Bryan”. Según el Ministerio de Gobierno, Brayan tampoco tenía antecedentes penales. 

Lo que se viene 

Una vez notificada la sentencia escrita, las partes tienen tres días para apelar la resolución del Tribunal de primera instancia y luego el caso pasará a la Corte Provincial de Chimborazo, donde se ratificará o revocará la sentencia del primer Tribunal.

Mientras tanto, el presidente Guillermo Lasso y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela Puga, han expresado su indignación por la resolución judicial y han dado su respaldo al policía.

 A las 15:17 del miércoles 19 de enero de 2022,  el presidente Lasso escribió en su cuenta de Twitter: “Es indignante e incomprensible que un policía, como el cabo Santiago Olmedo, que protegía la vida de un adolescente, sea condenado. La @PoliciaEcuador debe tener las garantías para cumplir con sus deberes. Le daremos todo el apoyo necesario para que recupere su libertad”.

En la misma línea, la ministra de Gobierno dijo: “Es insólito que un servidor de la @PoliciaEcuador, que utiliza su arma para salvar la vida de un ciudadano, sea condenado. Santiago Olmedo cumplió con su deber. Apoyaremos al cabo Santiago hasta que recupere su libertad”. 

Este apoyo no es de ahora, el presidente Lasso se reunió con Santiago Olmedo el pasado 1 de diciembre de 2021 en el Palacio de Carondelet, en la ciudad de Quito. Ahí respaldo al agente policial y a la institución. 

Paola León, sobrina de Diego Marchan, también acudió al Presidente, pero no ha tenido respuesta. La familia pide al Presidente que analice todas las pruebas, pericias y vídeos antes de absolver a Olmedo. “No estamos en contra de la Policía, queremos se haga justicia”.

En cifras 

Según la Dirección de Estadística del Consejo de la Judicatura, del 2014 al 2019 se han registrado 33 juicios por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La mayoría de los casos fue ingresada en el 2018 (11), en el 2017 (8) y en el 2019 (6). De ellas, 26 han sido resueltas. 

También la Inspectoría General de la Policía Nacional de forma interna  analiza algunos casos. Por ejemplo, entre el 2018 y el 2019 la Inspectoría General registró 176 casos de servidores policiales sumariados por faltas graves y muy graves. De ellas, 44 corresponde al uso excesivo de la fuerza. 

Por otra parte, los agentes policías también son víctimas de muertes violentas. De acuerdo, a diario El Comercio en el año 2020, cinco policías murieron por actividades relacionadas a su trabajo. Este número subió el año anterior, cuando se registró de enero a diciembre de 2021, 13 casos más. En lo que va del 2022 las filas policiales denuncian la muerte del sargento de Policía, Freddy Laaz, quien fue asesinado la noche del 18 de enero del 2022, luego de un enfrentamiento armado entre el uniformado y dos sospechosos que asaltaron un local comercial, en  la ciudad de Guayaquil.