Durante algunos meses, los jueces B. y L. a la hora de salida y a la espera de que baje el ascensor del octavo piso de la unidad judicial, acompañados de la jueza N., sostienen la siguiente conversación:

—A mí me toca hoy.

—No, a mí me toca.

Al ingresar al ascensor que baja con asistentes judiciales y secretarias que trabajan en los pisos superiores, se acomodan de manera que al que le toca se pone detrás de alguna ayudante judicial o secretaria, y al que no le toca se coloca detrás del primer juez. Entonces, aprovechando el movimiento del ascensor, el juez a quien no le toca empuja al juez que le toca, y éste soba con su miembro y/o con las manos, fingiendo perder el equilibrio, a la funcionaria por detrás. Entonces el juez a quien le toca sobar reclama al juez de atrás que no le empuje, quien responde disculpándose y/o riéndose. Mientras tanto, la jueza N. que siempre los acompaña, cuando ve necesario comenta en el ascensor: “qué bandidos que son”, “ya no sean así, bandidos”, “de gana le empujas”.

Las víctimas de este abuso sexual en su mayoría se sienten confundidas, agredidas, avergonzadas. Con temor reverencial ante esta agresión —y fundamentalmente porque los agresores son jueces— no atinan una debida reacción y silenciosamente, al otro día, prefieren bajar por las gradas. Al siguiente día el episodio se repite y así día tras día, durante algunos meses, hasta que cuestionados por el juez C. suspenden su divertimento, y dicen que ha sido una broma, una travesura sin mala intención.

I. Las denuncias

La ayudante judicial, abogada D. (funcionaria de una unidad judicial) presenta a principios del 2022, por hechos diferentes, dos denuncias en la Dirección Provincial de Control Disciplinario de Pichincha del Consejo Nacional de la Judicatura, ambas por acoso sexual. Las denuncias son en contra de dos jueces de la misma unidad judicial: el mismo juez B. (el que se soba en el ascensor) y otra en contra del juez X. —coordinador de jueces elegido por un año hace tres, y que no convoca a reunión de jueces para elegir a otro o ser reelegido, en su primer período ya hizo lo mismo otros tres años—. Desde la desaparición de los coordinadores (administrativos), el coordinador de jueces adquiere poder y funciones administrativas inclusive de talento humano según resolución del Consejo de  la Judicatura.

Como forma de control político de la Función Judicial, el juez X. dispone a los secretarios y ayudantes judiciales la prohibición de permisos personales (derecho que consagra la ley a todo funcionario público). El juez C. se opone a la disposición, manifestando no conocer que se hubiera reformado la Ley (Ley Orgánica del Servidor Público y Ley Orgánica de la Función Judicial) y solicita deje sin efecto su inconstitucional e ilegal disposición. Unos días más tarde, el juez X. dice haberlo hecho, sin que nunca hubiera remitido la revocatoria de su disposición, que en la práctica nunca llega a aplicar.

El juez X. logra que el delegado del director provincial, funcionario I., ponga a la abogada D. en ventanilla de atención y la asignan, uno tras otro, a varios jueces, cuyos secretarios también se prestan al juego de ir reduciendo su productividad. Entonces, el funcionario I.  y el juez X. solicitan el traslado de la abogada D. a otra unidad judicial "por su baja productividad".

Los jueces denunciados se defienden en los diferentes expedientes de control disciplinario, negando cada uno el acoso sexual bajo el argumento de que la denunciante lo hace para protegerse "por su baja productividad".

La ayudante judicial denunciante acude a verificar el estado de sus trámites y es recibida por la  coordinadora de Control Disciplinario de Pichincha, quien adelantando criterio y demostrando parcialización, le dice que “el juez X. goza de toda su confianza”. La denunciante pierde toda esperanza de que sus trámites sean resueltos con objetividad e independencia, de hecho no son substanciados como acoso sexual (sancionada con destitución) sino como agresión verbal (sancionada con amonestación o multa).

La jueza N., a su vez, sostiene firmemente que no va a permitir que ayudantes judiciales pretendan afectar a sus jueces amigos, que tiene detectados quienes son los ayudantes judiciales —amigas y amigos de la doctora D— quienes la han asesorado para que interponga esas denuncias (se refiere a tres ayudantes judiciales quienes, por tener sus curules cerca de la doctora D. son compañeros y amigos) amenazando la jueza N. con represalias contra todos ellos. Anuncia que a través de sus contactos en el Consejo de la Judicatura va a provocar un terremoto que incluye también al juez C.

II. La reunión

Una tarde de agosto del 2022, el director de Pichincha del Consejo de la Judicatura, abogado S., visita la unidad judicial y sostiene una reunión con jueces, secretarios y ayudantes judiciales, con la presencia del delegado I., solicita a todos los funcionarios y jueces expongan sus necesidades e inquietudes. El coordinador de jueces, X., dice que se debe reemplazar a determinados ayudantes judiciales por baja productividad. Aunque no expone nombres, sostiene un papel que luego entrega al director provincial, donde hay datos sobre la productividad de su propia víctima, la ayudante judicial que lo ha denunciado.

El juez C. expone la inequidad en la que se incurre al solicitar traslados de funcionarios, ayudantes judiciales, a quienes se ha reducido la productividad de manera intencional y solicita se capacite a jueces en situaciones de abuso, acoso e inclusive en relaciones públicas, a fin de que se respete a los demás funcionarios y sean tratados como personas con derechos. Los jueces, dice, no tenemos corona alguna y no podemos maltratar de ninguna manera a los demás funcionarios.

La jueza N. dice que ella no está pintada en la pared. Amenaza con que habrá “terremoto en la unidad judicial”, que ya verán lo que les pasa "por atrevidos". Que los va a hacer cambiar a otra unidad judicial, lo que les hace saber expresamente. Inclusive dice a C. que el terremoto que va a provocar incluye a un juez (amenaza velada) forzando a la abogada S. y a otros ayudantes judiciales a ofrecer disculpas. Otra ayudante judicial R., en lugar de ofrecer disculpas a la jueza solicita su traslado y abandona la unidad judicial. De esa manera, la jueza N. ejerce desde el poder violencia laboral que tiene como fin silenciar, someter y excluir a personas de su lugar de trabajo. Un abuso de los derechos humanos y laborales de sus víctimas, a quienes considera inferiores, atentando contra su dignidad e integridad, afectando su salud física y sicológica, así como su vida social y laboral.

La misma tarde de la reunión con la coordinadora provincial, la abogada D. es notificada con la orden de traslado inmediato, contra su voluntad, forzada a salir, siendo ella la víctima. Acude a la oficina del juez C. para despedirse. Ella entiende bien que se enfrenta contra una verdadera mafia corrupta, abusadora, acosadora y depravada sexual. Queriendo ver su traslado en lo positivo manifiesta que tal vez es mejor, aunque se aleja de su casa, que así va a estar lejos de los acosadores, agradece por el apoyo y recomienda a C. que se cuide.

La jueza N. cuenta chistes machistas y racistas a sus amigos, y con ínfulas de sargento de cuartel, ante quienes considera inferiores, lidera un grupo de jueces que organizan reuniones sociales semanales en horas de labores, se sirven alimentos y bebidas que cada semana paga y trae o manda a traer un juez diferente de su jorga. La algazara que arman con sus sonoras carcajadas perturba la concentración de quienes se mantienen trabajando. El delegado I. nunca ha intervenido para decir que estas reuniones están prohibidas en horas de trabajo, ni exigir que al menos no hagan tanto alboroto. El delegado I. sigue instrucciones de acoso laboral contra el juez C., que no puede ni escuchar música sin que inmediatamente aparezca el delegado gritando en repetidas ocasiones que baje el volumen. Falta de respeto que pretende sometimiento mediante el maltrato, por haber dicho que el anterior delegado del director provincial es quien realmente ejerce el poder a través de I. a quien ha dejado como heredero de su cargo y a través de quien continúa ejerciendo su poder en la unidad judicial.

El delegado I. llama a los ayudantes judiciales en tono de mando y de manera grosera ordena que despachen causas en las que tiene algún interés. Para ello argumenta que un juicio es de un hijo del director Nacional de Gestión Procesal, de apellido V., sin que ningún V. sea abogado o parte procesal en el juicio concreto, y exige despacho inmediato. A la par no provee del talento humano capacitado que C. con todo derecho le exige.

Imagen referencial

III. La invitación

El juez B. duerme largas siestas durante las tardes, sale a almorzar pero duplica o triplica la hora del almuerzo, no elabora sus resoluciones y sentencias, o pasa de oficina en oficina haciendo vida social, paga a ayudantes judiciales y/o secretarios para que le hagan su trabajo, éstos subcontratan a otros ayudantes judiciales generándose un mercado negro de sentencias simples, de divorcios y otras similares. Al momento de pagar incumple los valores ofrecidos y estafa a sus cómplices en esta grave irregularidad, nadie le puede reclamar nada dado el objeto ilícito del trato. Algunos de los timados no vuelven a hacerle sus sentencias.

Una tarde el juez L. invita al juez C. a un prostíbulo cercano de la unidad judicial. Cuenta que han llegado "unas chicas jovencitas, guagüitas",  pretendiendo que vayan juntos con el juez B. Propone salir de la unidad judicial sin permiso. Dice que nada va a pasar, pues cuentan con la protección del delegado I. El juez C. se niega, les dice que jamás pagaría por sexo y menos aún saldría sin permiso administrativo. L. pretende desdecirse.

Durante la reunión con el Director Provincial, el juez C. expone además la necesidad de que para enfrentar el enorme volumen de trabajo se les provea de suficiente talento humano, más ayudantes judiciales y que éstos sean personal capacitado. Por lo general se contrata a dedo a recomendados de la nacional, gente que no reúne conocimientos suficientes y luego son un peso muerto en los despachos judiciales, asignados a los jueces que no forman parte de la argolla, retardando la administración de justicia. A través de estas asignaciones de personal se develan preferencias y discriminaciones por parte del delegado I. y anteriormente por parte del entonces delegado V. El juez C. dice también que al ser los derechos de los niños de atención prioritaria según la Constitución, no se puede reducir el personal, que es inequitativo y discriminatorio que ciertos jueces se vean sin personal de apoyo mientras los equipos de otros jueces no se tocan. Expone que el anterior delegado V. lo ha dejado sin ayudante judicial alguno durante toda una semana, provocando enorme acumulación de escritos pendientes de atender. Esa misma tarde, el juez C. recibe un mensaje del delegado V. con una amenaza velada.

Ante esta amenaza, el juez C. acude a un acto que se realiza en el complejo judicial norte y al concluir pide al director provincial lo reciba para tratar un tema preocupante de acoso laboral en su contra, solicitando ayuda y apoyo. Expone al director provincial la situación de irregularidad que ha provocado el funcionario I. al permitir que un abogado en libre ejercicio de apellido M. patrocine la fiesta de celebración de los diez años de la unidad judicial, a la que acude el delegado anterior V. El abogado M. ha subido a su twitter una fotografía de la fiesta con un texto en el que se vanagloria de patrocinar la celebración (había contribuido con mariachis y whisky), en la foto aparecen abrazándose el abogado particular M., el delegado I., el ex delegado V. y dos jueces, la foto es retuiteada por otro abogado en libre ejercicio diciendo explicarse las razones por las que al abogado V. le tramitan con agilidad las causas en la unidad judicial. Deshonor y vergüenza, así le pintan en la puerta de acceso al garaje de la unidad judicial, I. hace borrar el graffiti con agilidad.

El delegado I. es visto cuando baja a atender personalmente al hermano menor del abogado M.  que tramita sus causas, en sus requerimientos.

IV. El acosador y abusador

En la fiesta de celebración a Quito, el 5 de diciembre del 2021, organizada por el entonces delegado V, que contrariando prohibición expresa se celebra en las instalaciones de la unidad judicial, el mismo abogado M. patrocina también la farra con trago y lleva un cantante que, se dice, ha sido pagado mediante favores en un juicio que se sustancia en su contra.

En este jolgorio es agredida sexualmente, y delante de todos, la ayudante judicial abogada A., por parte del funcionario encargado de tecnología, ingeniero D., quien la jala para obligarla a bailar y pretende besarla en la boca. La abogada A. se opone con fuerza y le propina un puñetazo en la cara, dándole la abogada la espalda para retirarse. El ingeniero D. intenta con la mano abierta darle un fuerte golpe en los glúteos, la abogada se aparta pero recibe el golpe en sus muslos. El agresor la sigue a un bar donde han acudido a terminar la fiesta.

El ingeniero D. en horas que debería estar trabajando se dedica a reparar computadoras particulares, cobra honorarios por este apoyo técnico a diferentes funcionarios judiciales, y desatende los llamados que se le hacen para que brinde el apoyo tecnológico al que se encuentra obligado. Realiza actividades diferentes como, por ejemplo, ingresar facturas del taxi que tiene como negocio particular. Tiene todo el apoyo del delegado I.

En otro hecho relacionado, la abogada A., ayudante judicial, había logrado que su juez (el juez J.) pida al delegado I. que la mantenga como secretaria. En esa situación y esperando el encargo de tales funciones, en la reunión del 10 de agosto 2022 pide la palabra y se queja ante el director provincial de su situación laboral y del delegado I. Días después, desatendiendo la petición del juez el delegado lleva a un amigo suyo desde otra unidad judicial, también ayudante judicial, y lo pone como secretario encargado del despacho del juez J. La abogada A., como persona vulnerable, reclama al delegado por su decisión final, toda la unidad judicial sabe que se trata de una retaliación.  El juez J. se siente incómodo con su nuevo secretario, reclama a I. quien le dice que son decisiones administrativas de talento humano para ocultar lo que en realidad son intereses personales y agenda propia, siendo que en estos reemplazos y encargos se suele atender la petición del juez, a veces si y a veces no, dependiendo del juez. Fundamentalmente varía según si el juez es afín a la línea de gobierno o no, de ahí que en ocasiones se gestiona a través del ingeniero D., lo que pudo haber influido para que a la abogada A. no le den el encargo solicitado.

Desde agosto del 2022, el juez C. (quien como juez durante ya 14 años ha dictado resoluciones constitucionales y en justicia ordinaria) no ha recibido sorteo de ninguna acción de protección constitucional, como si se lo hubiera excluido de tales sorteos; lo que requiere intervención del funcionario de las TIC, que además es clave para los sorteos amañados y demás manejos chuecos en el Satje. C. hace notar esta ausencia de sorteos al delegado I. Al siguiente el juez C. recibe, luego de algunos meses, una acción de protección “sorteada”. La situación no se puede explicar sino como una exclusión intencional, que bien pudo haber sucedido originalmente para, excluyendo también a otros jueces probos que existen en dicha judicatura, el sorteo se dirija a los jueces de la argolla o bien directamente a alguno de los mismos, exclusión que por error o intencionalmente se hace durante meses contra C.

En los primeros días de diciembre 2022 el juez C. a fin de lograr el apoyo del director provincial, en conocimiento de las irregularidades de los delegados V. e I., acude ante la Subdirectora Nacional de Género, quien toma nota de estos detalles y ofrece investigar. Ella explica que de ninguna manera se podía trasladar a la víctima de acoso sexual, siendo los acusados quienes deberían ser trasladados. De la gestión de la subdirectora parecería haberse logrado la apertura del director provincial para recibir a C.

La secretaria del doctor C. (doctora A., también persona en situación de vulnerabilidad esta vez doble y con una hija en situación de vulnerabilidad) es también víctima de acoso sexual por parte del funcionario encargado de las TIC, ingeniero D. quien la besa en la boca por la fuerza. Ella acude a la psicóloga en el complejo judicial norte, encargada del bienestar de los funcionarios judiciales en Pichincha, y la misma le ofrece reemplazar al agresor. La psicóloga habla con el director provincial exponiendo el caso y solicitando que el agresor que tiene —además de la agresión pública a la abogada N. antes descrita— un antecedente con denuncia presentada por la funcionaria B., actualmente funcionaria en la corte provincial, por tocarle los glúteos en acoso sexual, sea removido a otra unidad judicial mientras se investiga (procedimiento normal).

El director provincial finalmente ha removido al agresor, de lo que el delegado I. se lamenta y públicamente apoya a su socio. El denunciado, antes de irse, agrede verbalmente, menoscaba y humilla a la secretaria del juez C., de manera constante y permanente. Ella necesita su asesoramiento técnico en problemas que se suscitan por el pésimo sistema de software Satje. La trata de manera displicente y al hacerle el reclamo correspondiente el juez C. —quien le exige se comporte profesionalmente y deje de lado situaciones personales por estos problemas— argumenta que en su defensa tiene grabaciones de video de cuántas veces la víctima acude a su oficina a buscarlo. En realidad, todos los funcionarios judiciales deben acudir a pedir su apoyo técnico, tanto más ante los problemas diarios que dan los vetustos equipos de impresoras y computadoras algunas de ellas recientemente renovadas, y la situación calamitosa del Satje a escala nacional. Este acosador sexual que ya tiene acumulados tres casos y sigue en funciones en otra unidad judicial, estuvo como brazo derecho del delegado I. aunque quien manda en la unidad judicial es el anterior delegado V. y por supuesto el abogado en libre ejercicio M.

Los funcionarios judiciales son forzados a colaborar económicamente para la compra de toner, hojas bond, lápices, clips, carpetas, sobres etc. También deben auto gestionar traslados de personal para diligencias fuera de la unidad judicial, e inclusive gestionar el envío de expedientes a otras provincias. Así, por ejemplo, un mensajero externo debe ser contratado para llevar expedientes a Ibarra, para ello se espera que se junten algunos expedientes que deben ir al norte pues de otra manera resulta oneroso.

Ante la crisis fiscal, la mayoría de desvinculaciones de personal se ha dado en la parte jurisdiccional, reduciendo el número de ayudantes judiciales a determinados jueces sin considerar volumen de trabajo ni derechos de los usuarios. Además, la grave situación de ausencia de materiales de trabajo deriva en que algunos funcionarios pidan dinero a los abogados o litigantes para adquirir papel o toner e inclusive obtienen ganancias en tales compras, propiciándose así mayor corrupción del sistema.

El primer día laboral del año, el director provincial llama al juez C. a una reunión, gracias a la intervención de subdirectora de género. En la misma, el director provincial ofrece tomar las medidas administrativas necesarias para corregir estos actos denunciados verbalmente hace meses por C. Esta vez vuelve a escuchar todos los hechos, y dispone a su asesora que se haga cargo de ello. Dispone que ella tenga el número de celular de C., quien luego la llama y  no contesta ni al celular ni a su teléfono IP. Hasta la fecha apenas se ha removido al técnico D. y quedan por definirse las demás medidas correctivas.

Cerca de la unidad judicial, en una oficina privada se elaboran las sentencias de los jueces que pagan y retiran sus sentencias en maletas, de lo que la ingeniera G. dice “eso sucede en todas partes, no solamente aquí.” revelando que estos hechos son comunes en diferentes judicaturas.

Es fundamental que se ejecute una frontal política anticorrupción en toda la función judicial, que todos los jueces sin excepción seamos investigados al menos en nuestro patrimonio  —afirma C.— lo que no se va a dar desde adentro. El sistema judicial, en lugar de ser un servicio público eficiente es fuente de lucro, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba.