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29 de Abril del 2020
Historias
Lectura: 20 minutos
29 de Abril del 2020
León Roldós Aguilera
Las "contribuciones": un castigo confiscatorio
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Imagen referencial. Fotomontaje: PlanV

 

Un castigo confiscatorio, sustentado en la hipótesis de que los ingresos del 2020 serán similares a los del 2019, es la contribución que se impondría a las personas naturales de ingresos que no son en relación de dependencia, comerciantes, profesionales, según la propuesta del Gobierno que, en su mayor parte, ha sido acogida por las comisiones de la Asamblea Nacional para primer debate.

Voy a referirme a las contribuciones obligatorias que impondría la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

Las contribuciones serían:

1. Las mensuales sobre las remuneraciones de personas naturales que trabajan en relación de dependencia en el sector privado o en el sector público,  por nueve meses, a partir del mes siguiente al de la promulgación de la ley  –si la ley se promulga en mayo del 2020, la contribución sería   solo sobre las remuneraciones mensuales, que vayan a percibir  entre junio  del 2020, que se inicie el pago,  y febrero del 2021, en que concluiría-.  La remuneración se define como la que conste en la nómina mensual, -sin considerar la décimo tercera ni la décimo cuarta remuneraciones ni otros beneficios sociales- percibidos mensualmente, restando el aporte personal a la seguridad social.

En el sector público, fuera del Presidente de la República, del Vicepresidente, y de Ministros y Viceministros, de quienes se tratará más adelante, y de los principales de otras Funciones del Estado, de Entidades Autónomas y de Empresas Públicas, nadie percibe más de USD 4.500, de remuneración en nómina. Ya no habría rebaja alguna de remuneración en el sector público.

En el sector privado, tampoco será fácil encontrar remuneraciones, en nómina, mayores a esa suma.

Bajo ese supuesto,  el segmento a aplicarse de la tabla elaborada, sería:

1. Las remuneraciones del Presidente de la República, del Vicepresidente, y de Ministros y Viceministros. Si la ley se promulga en mayo del 2020,  pagarían el 50% de la remuneración en nómina, por nueve meses, desde junio del 2020 a febrero del 2021.  La remuneración en nómina del Presidente es de USD 5.635. Las demás se mueven hacia una banda de USD 5.000.

2. Las de compañías que el año fiscal 2019 hayan tenido utilidad gravable o distribuible de un millón de dólares o más, al tenor siguiente:

Sólo pagarían una contribución del 5% las sociedades que el ejercicio fiscal 2019 hayan tenido utilidad gravable o disponible, el mayor valor, de un millón de dólares o más.  Como las Juntas Generales que han aprobado o están por aprobar los estados financieros del 2019, salvo excepciones, son de marzo y abril del 2020, en plena pandemia, ha sido procedente hacer  provisiones, para la aprobación de la Junta General.  

Además, habría derecho a exoneraciones o rebajas del pago de esta contribución, si su actividad corresponde a sectores de la economía que hayan sufrido una afectación grave y directa en su actividad económica, en los meses de marzo, abril y mayo, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada por el COVID-19, afectándose sus ingresos en un 30% en relación con los mismos meses del año 2019. Casi todas las compañías, con excepciones identificables, estarían en el caso.

Sería bueno saber cuántas compañías pagarían la contribución, en los términos indicados. En número serán pocas, quizás pasarían de un centenar.

En aquello de que las empresas que hubieren sido constituidas a partir del 1 de enero del 2020, pagarían una contribución igual, tomando como base los dos primeros meses del año fiscal 2020 –enero y febrero- nada pasará. No habrá una empresa en que por enero y febrero del 2020 se pueda calcular que tendrá  una utilidad gravable y distribuible de un millón de dólares.

3. El segmento a depredar es el  que castigaría a personas naturales con ingresos que no son en relación de dependencia. La norma del texto que presenta la Comisión en el inciso segundo del  Art. 3,  del proyecto, es:

“… las personas naturales que realicen actividades económicas y que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos netos de cualquier fuente distinta de la señalada en el inciso anterior, deberán pagar una contribución humanitaria sobre el promedio mensual de tales ingresos, la misma que se pagará mensualmente por un plazo de nueve (9) meses”

 Y, en el numeral 2 del Art. 3, sobre la forma de depurar el ingreso del 2019, sobre el que se contribuiría,  se expresa:

“En el caso de personas naturales que realicen actividades económicas y que perciban ingresos netos de fuentes distintas a la señalada en el numeral anterior: A los ingresos gravados de impuesto a la renta percibidos mensualmente, restando los costos y gastos relacionados a costos o gastos de venta o de producción y de sueldos y remuneraciones, conforme las condiciones que establezca el reglamento a esta ley, siempre que permitan mantener, mejorar o generar dichos ingresos gravados. No se podrá afectar a esta base con gastos personales ni otras rebajas o exoneraciones previstas mediante fracciones desgravadas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. No se deberá sumar a esta base los ingresos por relación de dependencia percibidos en el correspondiente período mensual. Se deberán sumar los ingresos mensuales obtenidos por concepto de enajenación de acciones en la parte que fueron considerados base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Finalmente, se restarán los valores que correspondan a retención de impuestos aplicados a los ingresos detallados en el presente numeral”

La tabla a aplicarse es:

En los casos de personas naturales en relación de dependencia y en el de las autoridades del Estado, el cálculo para las contribuciones será sobre los ingresos que tengan en nueve meses, por venir, a contarse desde el mes siguiente a la promulgación de la ley. De ser ésta en mayo del 2020, las contribuciones se calcularán sobre  las remuneraciones de junio del 2020 a febrero del 2021.

Pero, sobre la contribución de personas naturales de ingresos económicos no obtenidos en relación de dependencia, comerciantes de todo género, profesionales, profesores con honorarios, artistas, y otras formas de trabajo autónomo, o por arrendamiento de inmuebles, que prefirieron dar la cara y no usar un membrete societario, en el segundo inciso del Art. 3 de la Ley, y en su numeral 2,  lo propuesto es muy diferente.

La tabla se aplicaría por un valor mensual equivalente a la doceava parte de los ingresos netos que se produjeron el año 2019. Es decir un valor cuya base de cálculo es retroactiva, como que los ingresos de 2019 se deben repetir el 2020.

En lógica se llama “hipótesis”, también “presunción” –sobre todo en lo jurídico- cuando algo que puede ser, podría generar consecuencias u obligaciones. En derecho, la presunción legal es una cuasi – convicción fundada en la lógica y en hechos que se estimen ciertos, salvo que se pruebe lo contrario.

Presunciones legales hay muchas. Un instrumento de crédito no impugnado se presume que es auténtico en su forma y en la acreencia/deuda que ahí se registra, pero se admite pruebas en contrario.

¿A la contribución que deben pagar las personas naturales con ingresos no en relación de dependencia, sobre lo percibido el año 2019 se le dará la fuerza jurídica de ser una indispensable ficción legal?

También hay la “presunción de derecho”, en la que por defenderse valores superiores, no se admite prueba en contrario. Muy conocida la “presunción de derecho sobre la concepción de un ser humano “Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en que principie el día del nacimiento”. Y, esto es, por respeto a la intimidad, así como por eventuales derechos/obligaciones como el de herencia. Ahora, la ciencia y la tecnología pueden permitir llegar a conocer cuando se produjo la concepción, pero no se ha modificado la presunción de derecho.

Y hay la ficción legal, de algo que hay la certeza que es falso, pero la ley le da el tratamiento de verdad, cual es el caso de la vigencia de ley, reglamentos y otras normativas, que post-promulgación se entienden de pleno conocimiento, aunque lo más seguro es que la gran mayoría de ciudadanos no tenga ni idea de su existencia. Más aún, ni el más erudito en procesar lo que se promulga, conocerá el 100% de la legislación que está vigente. Pero, la ficción es necesaria, porque se supone que siempre habrá el acceso  a las fuentes, que son los textos promulgados. No hay que confundir la ficción legal con la presunción de derecho.

¿A la contribución que deben pagar las personas naturales con ingresos no en relación de dependencia, sobre lo percibido el año 2019 se le dará la fuerza jurídica de ser una indispensable ficción legal?  

Muy difícil que en el 2020 alguien tenga ingresos iguales o superiores a los del 2019; y, los que los tengan, deben tributar sobre éstos.

Y ¿cómo se pasa de los ingresos brutos del 2019 a los ingresos netos para la contribución a cobrar?.

La depuración no es con el cálculo de depuración de los ingresos brutos que contemplaba la ley vigente en el 2019, utilizado para el pago de impuesto a la renta de ese año, sino  en base de un Reglamento por dictarse, aun no conocido, en que sólo se consideren, para deducir, los costos y gastos relacionados a costos o gastos de venta o de producción y de sueldos y remuneraciones del 2019, siempre que hayan permitido, en ese año, mantener, mejorar o generar los ingresos gravados.

Seguro que el Reglamento será incisivamente recaudatorio.

Aunque se trata de personas naturales y se refiere al ejercicio fiscal 2019, se declara que no se podrá deducir de la base tributaria -para la contribución a imponerse- los gastos personales ni otras rebajas o exoneraciones previstas mediante fracciones desgravadas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Por ejemplo, ninguna deducción por tercera edad. Sólo se disminuiría en un cincuenta por ciento la contribución a pagar por las personas con discapacidad, con arreglo a la normativa vigente.

conozco médicos que han facturado sus consultas, nunca han omitido hacerlo, que ahora no pueden recibir a sus pacientes, pero deberán pagar por los ingresos que tuvieron el 2019, sobre los que, en su momento, ya tributaron. Y también a otros profesionales, en condiciones similares.

En cuanto a la tabla tarifaria, al normarse diferente la depuración, si se suma su impacto al del impuesto a la renta del 2019, con un ingreso bruto de USD 108.000 –USD 9.000 mensuales-  el impacto real se aproximaría al 50% de tal ingreso bruto, lo que no es admisible en dolarización, en legislación tributaria alguna, porque es un nivel confiscatorio. 

Veamos casos puntuales que van a enfrentarse:

-  El de los comerciantes que no han tenido la posibilidad de hacer comercio. En cuanto a recibir órdenes y atender por vía virtual, recién se está avanzando; y, el uso de esta vía, nunca sustituirá a lo presencial,  que se irá abriendo por etapas, quizás en el 2020, los locales comerciales no llegarán al 100% de su capacidad de atención.

-  El de los constructores, con la construcción paralizada. ¿Por qué tiempo?, no se sabe. Lentamente podrá reiniciarse y con problemas de recursos, porque no hay liquidez en la economía.

-  El de los comerciantes y otros contribuyentes cuyo ingreso fundamental era en el período invernal en la Costa. Cero ingreso desde el mes de marzo.

-  El de los artistas de artes corpóreas, teatro, danza, y otras actividades, en cuanto a clases y a trabajar en escenarios con público. Cero ingreso.

-  El de los dueños y los profesionales de gimnasios y otros establecimientos similares, también de peluquerías y otros locales que prestan diversos tratamientos.

-  El de los de la tercera edad, que no han querido resignarse a sólo esperar la muerte con el paso de los años, ahora obligados al aislamiento social y, quizás, por algunos meses más:

Y no me refiero a mi caso singular. Cumpliré 78 años en julio del 2020. En 46 años he cumplido mis obligaciones tributarias, conservo las respectivas declaraciones. Acumulo algunos problemas de salud, soy operado de corazón abierto y me han sustituido dos válvulas cardiacas, la mitral y aórtica, pero hasta que Dios me permita vivir, seré inclaudicable por las causas de mi Patria y de Guayaquil, mi ciudad, por la exigencia de la transparencia a quienes ejercen el poder, por el respeto a los derechos –que no siempre los garantizan las leyes- y por la educación, que, en el sector público, ha venido siendo arrasada, ahondando sus diferencias con la educación privada.

Pero, conozco médicos que han facturado sus consultas, nunca han omitido hacerlo, que ahora no pueden recibir a sus pacientes, pero deberán pagar por los ingresos que tuvieron el 2019, sobre los que, en su momento, ya tributaron. Y también a otros profesionales, en condiciones similares.

Mi hermana, Mariana Roldós Aguilera, a sus 81 años es un ejemplo de quien no se resigna a dejar de ser educadora. Hasta inicios de marzo del 2020 ha trabajado en talleres y en cursos. Conmigo ha trabajado revisando contenidos gramaticales, que es su especialidad. Todo con factura y con retenciones tributarias. Hoy en aislamiento, pero –en teoría- deberá pagar el 2020 por lo que tuvo de ingresos el 2019.

Mi hermana, Mariana Roldós Aguilera, a sus 81 años es un ejemplo de quien no se resigna a dejar de ser educadora.  Hasta inicios de marzo del 2020 ha trabajado en talleres y en cursos.  Conmigo ha trabajado revisando contenidos gramaticales, que es su especialidad. Todo con factura y con retenciones tributarias. Hoy en aislamiento, pero –en teoría- deberá pagar el 2020 por lo que tuvo de ingresos el 2019.

Decenas de casos pudiera adicionar. Alguien del Ministerio de Economía y Finanzas me expresó: “la mayoría elude o evade los impuestos, hay que cobrarles la contribución a los que no lo han hecho”. También me dijeron, “la mayoría hasta el último centavo de ingreso lo tienen en compañías y como no declararán US 1 millón de utilidad, nada pagarán. Salados los que no hicieron eso”. Tremendas falacias.

¿Qué hacer?, la mayoría de los que lean este texto y cuestionen los tributos, dirán “cero contribución, mientras no se establezcan responsabilidades por los ilícitos y los dispendios que han costado decenas de miles de millones al Ecuador”.

Salvo negativa total al proyecto, lo que no veo posible, sea por la vía de un texto en que la mayoría llegue a consenso, sea por objeciones del Presidente de la República al texto que se apruebe, habrá la Ley, que tiene algunos contenidos importantes. Para rechazar una objeción presidencial, la Asamblea requiere 91 votos afirmativos, casi imposible de alcanzar. De no haber los votos para el rechazo a los treinta días de haberlo recibido la Asamblea, entra en vigencia el texto íntegro, incluyendo lo objetado, por el Ministerio de la Ley, y debe promulgarse.

Por otro lado, párrafos como el que expresa “Se establecerán exoneraciones o rebajas a esta contribución a los ciudadanos que hubiesen sido gravemente afectados económicamente durante el tiempo que dure la declaratoria de excepción derivada de la crisis ocasionada por el COVID-19, conforme a las condiciones que se definan mediante decreto ejecutivo”, O los referentes a la capacidad regulatoria del Ministro de Economía y Finanzas, no garantizan que sean justos los apremios contributivos, porque al Gobierno más le interesa recaudar que pensar en la carga sobre aquellos a los que quiere cobrar. A quien lo cuestione, de tener bienes en el  Ecuador, le caerá la coactiva, con retención de saldos y embargo de bienes.

Desde el Correato, la justicia tributaria no existe, “primero paga y después reclama” ha sido la práctica, las audiencias se fijan para meses y aún para más de un año después –igual para lo contencioso administrativo-. Es casi la vivencia del cuento sobre la represión en las dictaduras fascistas del Brasil y de los países del Cono Sur, del siglo XX, en que supuestamente ordenaban castrar - cortar los testículos-  a los que capturaban en escaladas de violencia. Y se inventó la versión: “Sólo se los cortan a los que tienen tres testículos, ¿por qué preocuparse?”. La preocupación era  porque se decía que la orden era: “primero corten, después cuentan”.

PROPONGO: que como cálculo provisional se establezca el compromiso de pago por el 30% del impuesto causado que se haya registrado en la declaración de impuesto a la renta del 2019, dividido para nueve mensualidades iguales.

Si los ingresos reales el 2020 son mayores y el cálculo de la contribución lleva a un incremento del monto fijado provisionalmente, se pagaría la diferencia. De ser menores, cumpliendo con las formalidades de ley, se podría pedir que se registre un crédito tributario pagadero en tres años, que pueda ser cedido, además de que debería ser susceptible de sucesión por causa de muerte.

Quien por edad, por enfermedad, por imposibilidad de trabajar, por iliquidez no superable, u otra situación calamitosa, no pueda pagar la contribución debería solicitar su exención o rebaja, con derecho a recurso, con efecto suspensivo, si le niegan el pedido, a fin de que no haya abuso con medidas coercitivas.

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