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28 de Abril del 2020
Historias
Lectura: 16 minutos
28 de Abril del 2020
Redacción Plan V
Los dos proyectos del Gobierno, a primer debate sin cambios de fondo
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Fotomontaje: PlanV

 

Con mayorías oficialistas y el apoyo de CREO, se aprobaron los informes de las leyes urgentes enviadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia. En las comisiones legislativas se ratificaron las propuestas del Ejecutivo e, inclusive, se recomendó que las "contribuciones" sean pagadas también por los maestros, que habían sido excluidos del documento original. Personas que trabajan por cuenta propia deberán pagar una contribución retroactiva tomando en cuenta sus ingresos de 2019. La Asamblea los analiza el jueves y el viernes en sesión virtual.

Las Comisiones de Desarrollo Económico y Régimen Económico de la Asamblea Nacional entregaron, justo a tiempo, los informes para primer debate de las iniciativas legislativas enviadas este mes por el Gobierno, en el marco de la pandemia por el coronavirus. El Gobierno remitió dos proyectos, el de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y el de Ley de Apoyo Humanitario.  Hasta el 16 de mayo, el Legislativo deberá pronunciarse, pues caso contrario, por tener el carácter de económicos urgentes, pueden entrar en vigencia por el ministerio de la ley. 

Pero las mayorías controladas por el Gobierno en ambas comisiones mantuvieron, en su mayor parte, las polémicas "contribuciones" que se propone que paguen los funcionarios públicos, empleados privados y hasta las personas sin empleo fijo, con carácter retrpactivo. Una contribución del 5% para empresas con más de un millón de dólares de utilidades en 2019 también se mantuvo. 

Los temas más complejos se trataron en la Comisión de Desarrollo Económico, en donde se logró una mayoría de ocho votos.  Tal como pasó en la otra comisión, se armó una mayoría sostenida sobre todo por el oficialismo, CREO, y otros movimientos independientes. 

Votaron a favor del informe: Rubén Bustamante, Esteban Albornoz, Elizabeth Cabezas (ofiicialistas) y Mariano Zambrano; Fernando Callejas y Homero Castanier (CREO); Fernando Burbano (BADI); y, María Mercedes Cuesta (ex PRE). Se abstuvieron: Guillermo Celi (SUMA); Carmen Rivadeneira, Doris Soliz y Mauricio Zambrano (correístas); y, César Rohón (PSC). 

Aunque el Gobierno había propuesto que el nuevo impuesto llamado "contribución" lo paguen quienes ganan desde USD 500, los legisladores decidieron subir de USD 500 a USD 720, el monto base. El criterio aplica para el sector público y el privado.

Aunque el Gobierno había propuesto que el nuevo impuesto llamado "contribución" lo paguen quienes ganan desde USD 500, los legisladores decidieron subir de USD 500 a USD 720, el monto base. El criterio aplica para el sector público y el privado. La "contribución" se deberá pagar sobre el ingreso neto mensual y será por lo menos durante nueve meses. El ingreso neto significa que no se tomarán en cuenta para el cálculo la décima tercera ni la décima cuarta remuneraciones ni otros beneficios sociales, percibidos mensualmente y además se debe restar el aporte personal a la seguridad social.

Los asambleístas prepararon una tabla, y quien menos gana debería aportar por lo menos seis dólares, mientras que las personas que reciban  USD 250.001 deberían pagar hasta  USD 66.102

Para los legisladores, deberán ser los empleadores quienes retengan en nómina la contribución y la pagarán mensualmente en el mes inmediato siguiente al que corresponda la remuneración del empleado. El valor declarado y pagado de las "contribuciones"  podrá ser utilizado como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal 2022, del mismo contribuyente, a razón del 20% de dicho valor, en cada año, acordaron los legisladores.

Aunque en un principio, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, había dijo que los trabajadores de la Salud, Educación y Defensa no iban a pagar la contribución, el asambleísta de CREO, Fernando Callejas, mocionó que solo se exonere a los empleados de salud. 

Aunque en un principio, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, había dijo que los trabajadores de la Salud, Educación y Defensa no iban a pagar la contribución, el asambleísta de CREO, Fernando Callejas, mocionó que solo se exonere a los empleados de salud.

El fondo de la cuenta especial a donde debe ir el dinero recaudado, contará con algunas restricciones.  Los asambleístas proponen que no podrán destinarse para el pago de deuda externa; serán utilizados para programas, proyectos y actividades de salud y sustento de personas en estado de vulnerabilidad, incluyendo transferencias monetarias, relacionadas con la actual emergencia. También se deberá enfocar el gasto en defender el empleo. 

Los empleadores podrán reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%, por caso fortuito y fuerza mayor, lo que, por supuesto, permitirá bajar los sueldos y los aportes en función de la nueva jornada. La reducción podría durar hasta cuatro años, propusieron los legisladores de la mayoría oficialista. 

Otro anuncio del Gobierno tenía relación con los arriendos. Los asambleístas prohibieron el desahucio a arrendatarios hasta sesenta días después de terminada la emergencia sanitaria; además, los arrendatarios podrán acogerse a la suspensión temporal del pago de la renta, pero observando condiciones, como el pago de un porcentaje del arriendo.

En otros temas, el informe propone  reducir el 10% en las tarifas eléctricas y se prohíbe por seis meses el incremento del costo.

Los bancos deberán reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por obligación crediticia, incluidas las tarjetas de crédito, y podrán diferirse los cobros, por seis meses.

La norma suspendería el cobro de multas e intereses de matriculación vehicular y revisión técnica; se obliga a las empresas de seguro de vida y salud a reprogramar el cobro de las alícuotas, mientras dure la emergencia.

Los asambleístas prohibieron el desahucio a arrendatarios hasta sesenta días después de terminada la emergencia sanitaria; además, los arrendatarios podrán acogerse a la suspensión temporal del pago de la renta, pero observando condiciones, como el pago de un porcentaje del arriendo.

Los asambleístas no dieron paso a la disposición general con la que se pretendía eliminar el fondo de promoción electoral para los comicios de 2021, algo que algunos juristas consideraban inconstitucional. 

Este es parte del texto propuesto en lo referente a las contribuciones:

CAPÍTULO I CONTRIBUCIONES TEMPORALES Y ÚNICAS Artículo 3.- Contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales.- Las personas naturales con relación de dependencia, tanto del sector público como privado, deberán pagar una contribución humanitaria sobre su ingreso neto mensual. El pago se realizará durante nueve (9) meses, contados a partir del mes siguiente al de la promulgación de esta Ley en el Registro Oficial. De igual manera, las personas naturales que realicen actividades económicas y que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos netos de cualquier fuente distinta de la señalada en el inciso anterior, deberán pagar una contribución humanitaria sobre el promedio mensual de tales ingresos, la misma que se pagará mensualmente por un plazo de nueve (9) meses. Según la tabla propuesta, quienes ganen USD 720 a USD 801 al mes contribuirán con USD 6 (2,55), USD 8 para los sueldos desde USD 801 a USD 1000; USD 19 para los sueldos de USD 1 001 a USD 1500 y así progresivamente hasta que quienes reciben ingresos superiores a los USD 250 001 contribuyan con USD 66 102 (35%).

Para efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá como “ingreso neto mensual”:

1. En el caso de personas naturales bajo relación de dependencia: A los sueldos, salarios o remuneraciones en general -sin considerar la décimo tercera ni la décimo cuarta remuneraciones ni otros beneficios sociales legalmente establecidos- percibidos mensualmente, restando el aporte personal a la seguridad social.

2. En el caso de personas naturales que realicen actividades económicas y que perciban ingresos netos de fuentes distintas a la señalada en el numeral anterior: A los ingresos gravados de impuesto a la renta percibidos mensualmente, restando los costos y gastos relacionados a costos o gastos de venta o de producción y de sueldos y remuneraciones, conforme las condiciones que establezca el reglamento a esta ley, siempre que permitan mantener, mejorar o generar dichos ingresos gravados. No se podrá afectar a esta base con gastos personales ni otras rebajas o exoneraciones previstas mediante fracciones desgravadas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. No se deberá sumar a esta base los ingresos por relación de dependencia percibidos en el correspondiente período mensual.

Se deberán sumar los ingresos mensuales obtenidos por concepto de enajenación de acciones en la parte que fueron considerados base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Finalmente, se restarán los valores que correspondan a retención de impuestos aplicados a los ingresos detallados en el presente numeral. Esta contribución deberá ser pagada también por los administradores y representantes legales de las personas jurídicas según la tabla contenida en este artículo, sobre sus ingresos netos mensuales. En el caso de rentas derivadas del ejercicio de su actividad de representación o administración de la respectiva persona jurídica, de existir un cambio en la modalidad contractual con la misma, por la cual se verifique una baja en sus ingresos a partir del mes de abril de 2020, la base imponible para el cálculo será -respecto de los ingresos de dicha fuente- el ingreso percibido en el mes de febrero de 2020 por el número de meses que correspondan. Lo anterior, sin perjuicio de que, para los ingresos no relacionados con el ejercicio de la administración o representación legal, se deban aplicar las reglas señaladas en el numeral 2 de este artículo. Se excluye para el cálculo de esta contribución a las pensiones e incentivos jubilares pagados de conformidad con la ley. Para el caso de personas naturales bajo relación de dependencia, los empleadores actuarán como agentes de retención de esta contribución y la pagarán de forma mensual en el mes inmediato siguiente al que corresponda la remuneración, de conformidad con el noveno dígito del RUC o cédula de ciudadanía del agente de retención. Deberán pagar esta contribución, en las mismas condiciones señaladas en este artículo, todas las personas naturales, nacionales o extranjeras, que sean consideradas como residentes ecuatorianos para efectos tributarios, que perciban en este mismo plazo ingresos netos de cualquier fuente, aunque el pago de los mismos se haya realizado fuera del país. Se establecerán exoneraciones o rebajas a esta contribución a los ciudadanos que hubiesen sido gravemente afectados económicamente durante el tiempo que dure la declaratoria de excepción derivada de la crisis ocasionada por el COVID-19, conforme a las condiciones que se definan mediante decreto ejecutivo.

Las personas con discapacidad tendrán una rebaja equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la contribución a pagar. A efectos de establecer la condición de discapacidad se estará a lo dispuesto en la normativa de la materia vigente. El Servicio de Rentas Internas emitirá las resoluciones de carácter general necesarias para la aplicación, el control y el cumplimiento cabal del de lo dispuesto en este artículo. Las respectivas entidades públicas actuarán como agentes de retención de esta contribución y la pagarán de forma mensual en el mes inmediato siguiente al que corresponda la remuneración o ingreso por ejercicio profesional, de conformidad con el noveno dígito del RUC o cédula de ciudadanía del agente de retención. Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, según corresponda, la aplicación de esta contribución para el caso de las personas naturales con relación de dependencia del sector público se regulará conforme lo señalado en la Disposición General Tercera de esta ley.

Artículo 4.- Contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades.- Todas las sociedades que realicen actividades económicas, y que fueren sujetos pasivos de impuesto a la renta, pagarán una contribución del cinco por ciento (5%) calculada sobre el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución del año fiscal 2019, siempre que la misma haya sido igual o mayor a un millón de dólares (USD 1.000.000,00). Las empresas que hubieren sido constituidas a partir del 1 de enero del 2020, pagarán una contribución igual, tomando como base los dos primeros meses del año fiscal 2020. De igual manera, esta contribución será aplicable en las mismas condiciones previstas en este artículo, a las instituciones del sistema financiero popular y solidario que no gocen de la exención de impuesto a la renta, de conformidad con la ley. Se podrán establecer exoneraciones o rebajas del pago de esta contribución a las sociedades cuya actividad corresponda a sectores de la economía que hayan sufrido una afectación grave y directa en su actividad económica en los meses de marzo, abril y mayo como consecuencia de la crisis sanitaria derivada por el COVID-19, afectándose sus ingresos en un 30% en relación con los mismos meses del año 2019. El pago se realizará en seis (6) cuotas mensuales, a partir de la promulgación de esta ley en el Registro Oficial, de conformidad con el noveno dígito del RUC de la sociedad. Esta contribución podrá estar sujeta únicamente a facilidades de pago por un plazo máximo de hasta tres meses desde la fecha de exigibilidad de la obligación, sin que se exija la cuota de pago inmediato a la que se refiere el numeral 3 del artículo 152 del Código Tributario.

Polémica en Régimen Económico

En la Comisión de Régimen Económico, correístas ortodoxos y socialcristianos votaron en contra, miertras que a favor, y a pesar de la ruptura del pacto legislativo, votaron los asambleístas del Gobierno más los de Creo, BADI y Suma.

En esa comisión, fueron objeto de debate temas como las autonomías del IESS y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y la definición de "Sector Público no Financiero". La propuesta del Ejecutivo era declarar a las entidades de seguridad social civil y militar como parte de ese sector, lo que para delegados de la Seguridad Social afecta a la autonomía.

Siete artículos de la propuesta quedaron tal cual los mandó el Ejecutivo y serán elevados a conocimiento del Pleno.

El jueves 30 de abril, a las 15h30 se analizará el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, mientras que el proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, será tratado en primer debate, el viernes 1 de mayo, a las 09h30.

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