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14 de Diciembre del 2023
Historias
Lectura: 13 minutos
14 de Diciembre del 2023
Redacción Plan V
El 2023 cierra sin avances en el Galápagos Life Fund
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La protección de la fauna marina en Galápagos es uno de los objetivos del GLF Foto: Adobe Stock

 

La iniciativa del gobierno anterior, que está blindada por un complejo mecanismo legal y económico, para promover la conservación de las islas Galápagos apareció ya registrada en el Boletín de la Deuda Pública. Para el Observatorio de Política Fiscal, hay algunos detalles que llaman la atención en la operación de crédito, como sus altos intereses.

Aunque han pasado casi siete meses de la implementación de una de las iniciativas ecológicas estrella del lassismo, el Galápagos Life Fund (GLF) aún no se han realizado inversiones en protección, monitoreo y vigilancia a cargo de los recursos que se han asegurado luego de una compleja operación de recompra de deuda externa, que sirvió para que miembros del Gobierno del Ecuador formen parte de una especie de fideicomiso, con base en Estados Unidos, cuyo propósito es administrar recursos para las islas.

El GLF ha cumplido su primer semestre, luego de que la estructura de gobierno de la instancia fuera oficializada por medio de un decreto ejecutivo del ex presidente Guillermo Lasso, cuyo canciller, Gustavo Manrique, negoció un esquema de recompra de bonos de deuda externa, que han pasado a convertirse, en parte, en un nuevo préstamo que el Ecuador deberá pagar en un plazo de 18.5 años.

Pero tras esos primeros seis meses, aún no se ha realizado inversión en proyectos o fondos adicionales movilizados para la protección de la Reserva Marina Hermandad, la sostenibilidad de las Galápagos o su vulnerabilidad frente al cambio climático, destaca el ex ministro del Ambiente en la administración de Rafael Correa y crítico de esta iniciativa, Daniel Ortega. 

Ortega sostiene también que "los únicos beneficiarios han sido actores privados que recibieron el desembolso de $12 millones en comisiones, además del BID por el pago de la garantía soberana de $80 millones que se ha registrado en cuentas nacionales como pasivo contingente", según explica.

Daniel Ortega fue ministro del Ambiente de Rafael Correa. Foto: Cortesía

Efectivamente, en el boletín de Deuda Pública del Ecuador, emitido en mayo de 2023, consta el registro del pago de una comisión de $12 millones y el pago de una garantía soberana al BID, pero hasta el momento, no hay más acciones en el proceso. Según Ortega, aún no se ha designado al director ejecutivo del GLF (aunque en el gobierno anterior se dijo que sería un persona de Galápagos) y se han mantenido reuniones virtuales para diseñar estrategias de comunicación.

El  9 de mayo de 2023,en un comunicado cuando menos pomposo, la Cancillería anunció una operación de canje de deuda que no dudó en declarar como “ la más importante en la historia de la humanidad”. Unas semanas antes, el 26 de abril, se había anunciado en Europa que el banco Credit Suisse compró en efectivo bonos de deuda ecuatoriana.

Tras la hipérbole del anuncio, fueron trascendiendo en los siguientes días los detalles de una operación que, sin ser el hito en la historia humana que pretende el Gobierno, era cuando menos novedosa. Una operación de canje de bonos de deuda externa del Ecuador, que tenían un fuerte castigo como consecuencia de la crisis económica, la crisis política y el riesgo país altísimo, por una especie de triangulación de recursos para financiar obras en Galápagos. Para algunos, algo bueno debía salir de la crisis actual del país.

La operación crediticia es un tanto compleja. Si en tiempos de la recompra de deuda de 2009 simplemente ocurrió que el Estado del Ecuador volvió a comprar sus bonos de deuda externa a un precio más conveniente, en este caso hay una recompra, pero con características singulares.

En lugar de de los papeles de deuda externa que tenía el Ecuador en el mercado internacional, (que son como un pagaré de una deuda, que es susceptible de comprarse y venderse, aunque no siempre a su precio nominal por la influencia una serie de factores) se emitieron un nuevo tipo de bonos, por un valor de  $656 millones, al que se ha llamado bono azul.

Estos bonos se emitieron el 15 de mayo de 2023 con el nombre de bono GPS Blue Financing con valor nominal $1.000 y con vencimiento el 9 de noviembre de 2041.

Una empresa privada con fines de lucro, llamada GPS Blue Financing Designated Activity Company, establecida en Irlanda en 2022, sirve como un vehículo para canalizar la operación. Es esta empresa privada la que ha financiado el canje, emitiendo $656 millones en bonos, en una venta organizada y respaldada por Credit Suisse, un banco privado con sede en Europa.

El mayor accionista de GPS Blue Financing Designated Activity Company es Waystone Corporate Services (Ie) Limited que es propiedad exclusiva de Waystone Centralised Services (Ie) Limited bajo una pirámide de sociedades holding. Se desconocen quiénes son los beneficiarios finales de estas empresas.

Pocas semanas después, la crisis política se agudizó con la disolución de la Asamblea Nacional y la terminación anticipada del periodo del propio Lasso. 

El ex presidente Guillermo Lasso en  una visita a Galápagos. Foto: Presidencia de la República

¿Quién ganó y quién perdió con los bonos azules?

El esquema fue analizado recientemente por Jaime Carrera, economista que lidera el Observatorio de Política Fiscal, quien toma como base el mismo documento sobre deuda pública citado por Ortega.

Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal . Foto: Archivo

Carrera señala que en la operación del GLF el Ecuador emitió $656 millones en bonos azules , mediante la intervención de GPS Blue Financing (una compañía privada constituida en Irlanda, en la que el Gobierno del Ecuador no tiene participación), con la garantía del BID y la cobertura de riesgo político otorgada por la Corporación de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos.

Precisa Carrera que "la emisión se realizó a 18.5 años plazo. Con los $656 millones se recompraron tres nuevos bonos basura: el 2040 por $420,2 millones, el 2030 por $202,4 millones y el 2035 por $1.006,3 millones. El total recomprado por los tres bonos fue de $1.628,9 millones. Esto es, el stock de los bonos basura disminuyó en tal valor, a $15.209,7 millones. Al mismo tiempo, se registra como nueva deuda (en el boletín de deuda) con el título de Institución Financiera Internacional, los bonos GPS BLUE por $656 millones. Por tanto, la reducción neta en el stock de deuda es de $972,9 millones ($1.628,9-$656 millones)".

Más adelante, Carrera hace una comparación entre el interés y el vencimiento que tenían los llamados "bonos basura" que gracias a la operación fueron reemplazo por los bonos azules, y determina que "Los tres bonos basura citados, tienen una tasa de interés que aumenta cada año, hasta el 6,9 por ciento. En cuanto a los bonos azules (GPS BLUE), al dividir el pago de intereses anuales de $64,5 millones, para el monto de $656 millones de tales bonos, se obtiene la tasa de interés de 9,83 %".

Esto significa que, tal como habían anticipado otros economistas y críticos del proyecto, la tasa de los bonos azules es mayor que la que el Ecuador estaba pagando por los llamados "bonos basura" a los que reemplaza la emisión de bonos azules.

Al respecto, señala Carrera: "sentimos cierto sabor agridulce cuando vemos que la tasa de interés de los bonos azules es de 9,83 por ciento (a pesar de contar con ultra garantías), mientras la tasa de los bonos basura alcanza al 6,9 por ciento. Inclusive los $400 millones que se emitieron con garantía del BID para el programa casa para todos (no hay información de su uso), tienen una tasa de interés del 7,25 por ciento".

Y aunque el gobierno de Lasso planteó la operación como una iniciativa única en el mundo de este tipo de operación de deuda, lo cierto es, según Carrera, que "por los bonos azules, se comenzará a pagar amortizaciones por $14,6 millones en el año 2030, y $58,3 millones anuales entre 2031-2041, hasta completar el pago de los $656 millones. Por tales bonos se pagarán intereses anuales de $64,5 millones entre los años 2024-2030, luego disminuirán estos pagos a medida que se cancelan las amortizaciones del capital. Hasta el año 2041 por los bonos azules se cancelará todo el capital de $656 millones, y el pago acumulado de intereses entre 2023-2041 ascenderá a $937,2 millones. La diferencia entre $937, 2 millones de los intereses recibidos y los $656 millones de capital invertido alcanza $281 millones, esto es, el capital invertido aumentará el 42,8 por ciento. Sin contar, que a partir de 2030 se comienza a pagar cada año parte del capital que puede ser nuevamente reinvertido por GPS BLUE".

En pocas palabras, la operación de los bonos azules del lassismo es un negocio tremendamente rentable para quienes facilitaron el dinero para la recompra, cuyo capital aumentará en los casi 20 años que el Ecuador deberá pagar en casi un 43%.

Pero el Ecuador también sacó una ganancia, explica el economista, puesto que si no se hacía la operación, y simplemente se seguía pagando los "bonos basura" tal como estaban emitidos, en los plazos y con los intereses acordados, el país habría terminado pagando mucho más dinero de intereses: "Durante los 18.5 años, se habrá pagado en intereses de los bonos azules la suma de $937,2 millones. En cambio, el ahorro en el pago de intereses de los tres bonos basura recomprados, asciende a $1.097 millones. Esto es, el ahorro neto entre el total de los intereses pagados por los bonos azules y el ahorro de los intereses de los tres bonos basura es de $159,8 millones".

Poca información sobre cuánto y cómo aporta el Estado

Carrera comparte la preocupación por la falta de claridad, desde el gobierno anterior, en cómo se van a manejar esos recursos, si bien al largo plazo de los 18 años y medio a los que está acordada la operación, el país logrará un ahorro en el pago de los intereses. Pero el ahorro es menor que lo que el Estado deberá seguir aportando para alimentar los fondos y proyectos que supuestamente deberá ejecutar, en ese plazo, el GLF. 

"De otra parte, la información sobre los recursos para Galápagos ha sido poco clara. No obstante, algún momento fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas difundieron los siguientes números. Habrían $240 millones para Proyectos de Conservación y $250 millones para un Fondo de Conservación. A través del presupuesto del Estado se aportarían $18 millones anuales por los 18.5 años de duración de los bonos azules, esto es, $333 millones provenientes de los ahorros del canje (en intereses se ahorran $159,8 millones). De los $18 millones anuales, $13 millones financiarían los proyectos, esto es, $240 millones ($13 millones por 18.5 años). Es decir, los Proyectos de Conservación estarían financiados a través del presupuesto. De los $18 millones anuales, $5 millones anuales se destinarían al Fondo de Conservación, esto es, $92,5 millones. Los restantes $157,5 millones para completar el Fondo de Conservación de $250 millones provendrían de donaciones que deben ser conseguidas por los administradores del Fondo. Es menester contar con cifras definitivas y claras sobre este tema", explica Carrera.

Para el director del Observatorio de Gasto Público, hay aspectos beneficiosos en la operación, pero las altas tasas de este nuevo crédito evidencian la crisis que ya ha señalado también el nuevo gobierno de Daniel Noboa: el alto riesgo país del Ecuador le limita realizar operaciones de crédito internacionales en condiciones más ventajosas: "Paradógicamente, Ecuador se beneficia de su elevado riesgo país y obtiene una reducción del capital por el bajo precio de los bonos basura. GPS BLUE también se beneficia del alto riesgo del Ecuador, a través de la elevada tasa de interés. En fin, en los negocios no hay filantropías", concluye.

El nuevo gobierno de Daniel Noboa no se ha pronunciado aún sobre esta negociación realizada por la administración anterior, pero tiene poco margen para modificarla o renegociarla, aunque el BID ha dado una garantía de "riesgo político" cuyo objetivo es cubrir posibles incumplimientos de pagos del Ecuador en el marco de este programa. 

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