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10 de Abril del 2020
Historias
Lectura: 14 minutos
10 de Abril del 2020
Redacción Plan V
El auge del "teletrabajo" encuentra impagos a miles de servidores públicos
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El Gobierno no ha fijado fecha para el pago de los sueldos de la mayoría de los empleados públicos, que no han cobrado sus sueldos de marzo. Maestros, funcionarios y empleados del Estado en todo el país han pasado al "teletrabajo" sin horarios establecidos. Las críticas sobre el pago realizado a la deuda externa a principios de mes, que según el Gobierno iba a abrir las puertas de miles de millones de dólares de préstamos, aumentan.

María tiene 68 años y es maestra fiscal. Hoy, viernes santo, revisó la cuenta de ahorros en la que el Estado le deposita su salario. Nada hoy tampoco. Desde la semana anterior está esperando el depósito de su salario.

Aunque las clases en la institución educativa donde trabaja se han suspendido, y el Ministerio de Educación ha anunciado que el año lectivo terminará de manera virtual, ella continúa realizando sus tareas educativas por medio de las plataformas habilitadas por el Ministerio.

En un grupo de chat en Whatsapp se mantiene en contacto con las autoridades de su institución y con sus colegas. El "teletrabajo" dispuesto por el Gobierno parecer haberse convertido, para la docente, en una jornada laboral ininterrumpida en donde debe de estar pendiente, a toda hora, de los pedidos en el chat de Whatsapp y de los correos electrónicos que recibe, que llegan por cientos, y que le indican de nuevas publicaciones en la plataforma en la que están trabajando sus alumnos. Los ahorros que tenía en su cuenta le ha ayudado a pagar los servicios, el arriendo y los alimentos de la cuarentena, pero a la angustia del encierro se suma la incertidumbre económica. 

El "teletrabajo" dispuesto por el Gobierno parecer haberse convertido, para la docente, en una jornada laboral ininterrumpida en donde debe de estar pendiente, a toda hora, de los pedidos en el chat de Whatsapp y de los correos electrónicos que recibe, que llegan por cientos.

Mercedes es funcionaria de la Superintendencia de Bancos. En esa entidad tampoco han pagado los sueldos, pero la mujer siente que su trabajo se ha duplicado, pues la modalidad de "teletrabajo" es percibida ahí también como carta blanca para el envío de tareas a cualquier hora del día o la noche. Aunque ella tiene una situación económica mejor que la de María -ha protegido su liquidez usando sus tarjetas de crédito- no deja de tener preocupación por lo que ocurre. 

Gerardo es abogado en la Procuraduría General del Estado. Tampoco ha recibido su salario de marzo. En la entidad solo hay silencio sobre cuándo se pagará. Una situación similar es de la Nicolás, funcionario de bajo rango de la Contraloría General del Estado, otra entidad en donde no han depositado los sueldos. Nicolás gana USD 800 (entró hace poco al servicio público) pero tiene dos hijas. Aunque su pareja trabaja, su dinero se gasta en gastos de las pequeñas. Tiene casa propia y no le preocupa el arriendo, pero mira con inquietud la falta de liquidez. 


La Contraloría no ha recibido sus salarios hasta el momento.

Gabriela es profesora titular de la Escuela Politécnica Nacional. Ahí tampoco les acreditaron los sueldos hasta este viernes. Lo mismo ocurrió en la Universidad Central del Ecuador, cuyos profesores y funcionarios están también impagos, indicó Francisco, profesor de Derecho. 

"La primera línea"

El único pronunciamiento del Gobierno sobre la demora se produjo el 3 de abril, cuando el Ministerio de Finanzas, en un comunicado, sostuvo que se había pagado "a los servidores públicos que están en primera línea" y mencionó al Ministerio de Salud, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el ministerio de Inclusión Social". También se había priorizado a quienes se encuentran "en la ciudad más afectada, Guayaquil". El Gobierno había ofrecido también que "a partir del lunes se continuará ejecutando las transferencias, día a día, priorizando Educación, hasta cumplir con los pagos la próxima semana". 

Pero la semana se acabó y nadie en Educación recibió los pagos ofrecidos. Consultada esta mañana sobre el tema, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, reiteró la postura del ejecutivo anunciada hace ocho días: los pagos se harán, pero no dijo cuándo.

Pero la semana se acabó y nadie en Educación recibió los pagos ofrecidos. Consultada esta mañana sobre el tema, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, reiteró la postura del Gobierno anunciada hace ocho días: los pagos se harán, pero no dijo cuándo. Romo reiteró que "la prioridad es el pago de primera línea y de Guayas" y agregó que "todos los días se están haciendo nuevos pagos" que no detalló. La ministra dijo también que "esperamos terminar de pagar la totalidad de la planilla del sector público la próxima semana". 

Romo anticipó que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, iba a pronunciarse a lo largo del día con "más detalles". Pasadas las 22:30, en el marco de un programa de televisión en los canales del Gobierno, el ministro Martínez reiteró los criterios con lo cuales se han hecho los pagos, y dijo con respecto a los  maestros que se ha pagado a cerca de 60 mil personas, el 50% de la nómina de educación. Martínez dijo también que se pagará a los funcionarios judiciales, aunque admitió que no se ha podido pagar a los fiscales del Guayas por un problema técnico. 

El ministro de Finanzas insistió en que "su objetivo" es pagar "la próxima semana" y "lamentó" los inconvenientes ocasionados. 

Cartas del contralor y del defensor del Pueblo

La inusual demora en los pagos motivó el pronunciamiento de dos altas autoridades del Estado. El primero, el contralor general del Estado, Pablo Celi, quien dirigió una carta apremiante al ministro de Finanzas, Richard Martínez. En la misiva, el contralor pidió al ministro que se informe a la Contraloría la razón por la cual no se han pagado los sueldos de marzo a la mayoría de los funcionarios públicos.

Esta es la carta del defensor del Pueblo al Gobierno. Ampliar carta

De forma similar se manifestó el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien se dirigió al presidente Lenin Moreno y a su ministro de Finanzas para conocer el motivo de las demoras. En la carta, el defensor del Pueblo recordó al Gobierno que de los sueldos estatales dependen por lo menos 400 mil familias. El defensor del Pueblo relató que ha recibido "alertas" de funcionarios del Consejo de la Judicatura, la Contraloría General del Estado y dependencias de la Función Ejecutiva, así como de la propia Defensoría, lo que, según indica el defensor "pone en vulnerabilidad el ejercicio de los derechos del buen vivir como la alimentación, la salud, la educación, entre otros". 

En la carta que envió al gobierno, el defensor del Pueblo recordó que de los sueldos estatales dependen por lo menos 400 mil familias. cuestionó el pago de USD 324 millones en deuda externa a finales de marzo. 

Para Carrión, es preocupante que el 23 de marzo de 2020, el ministro de Finanzas dispuso el pago de 324 millones de dólares de deuda externa. Para la Defensoría, "éstos fondos han sido destinados de manera inadecuada al pago de deuda externa", cuando pudieron servir para pagar los salarios de los funcionarios públicos. El defensor agregó que se ha afectado la capacidad de consumo de por lo menos 400 mil familias del país. 

La carta del contralor Pablo Celi no se refirió directamente al pago de la deuda externa. Tras citar normas legales, entre ellas, la Constitución, la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre otros, informó que también ha recibido quejas de que "un gran porcentaje de servidores, funcionarias y trabajadores del Estado" no han recibido sus sueldos de marzo, solicitó que se le informe "con sustento técnico las razones de la demora". El contralor pidió también que se le informe con qué acto administrativo el Gobierno "ha establecido la prelación del pago de otros rubros y su justificación", en lo que parece una alusión al polémico pago de deuda externa. 

¿Tiene que ver con el pago de la deuda?

Pero las críticas al pago de los USD 324 millones de los bonos emitidos por el Gobierno anterior y que vencieron a finales de marzo de este año ocurrieron casi enseguida que se tomó la medida, que el Gobierno e "influencers" alineados con el Ejecutivo defendieron como necesaria para poder obtener más recursos inmediatos, que, al parecer, no se han conseguido. 

En una resolución, la Asamblea Nacional había pedido al Gobierno que ese dinero se utilizara en los gastos de la crisis sanitaria, que ya se avecinaba. 

Los legisladores habían planteado al Gobierno que “que todos los recursos en efectivo disponibles en la Cuenta Única del Tesoro se asignen para cubrir los gastos y las inversiones que el estado de excepción demanda, particularmente aquellos que aseguren el pleno funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, del Sistema de Protección Social y de los servicios auxiliares a estos (fuerza pública, riesgos, seguridad, logística)”. El pedido de los asambleístas fue ignorado por el Ejecutivo, que se limitó a informar que era indispensable pagar el capital de la deuda externa.

El efecto inmediato del pago fue una reducción del Riesgo País, que sigue siendo de los más altos de América Latina, que se colocó en 5245 puntos al día siguiente, es decir 818 puntos. El Gobierno, si bien pagó, anunció que se acoge al periodo de gracia del pago de intereses de bonos 2022, 2025 y 2028. Esto provocó el rechazo de los prestamistas internacionales, que se evidenció en la calificadora Fitch Ratings respondió degradando la calificación del país, de CCC a CC (menor calificación). "De acuerdo con Fitch es probable un incumplimiento de algún tipo por parte de Ecuador luego del anuncio por parte de las autoridades de su intención de renegociar los términos de los pasivos de la deuda comercial al usar el período de gracia en los cupones de bonos vencidos esta semana. Es probable que esta renegociación, en caso de que ocurra, culmine en un intercambio de deuda en dificultades (DDE) dijo Fitch".

Pero apenas el 11 de marzo, el Gobierno había anunciado nuevas medidas económicas, algunas de las cuales requerían una ley aprobada por la Asamblea Nacional.

En esa ocasión, el presidente propuso un  recorte presupuestario de 1400 millones de dólares divididos en  800 millones en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital.  El presidente Moreno dijo que enviaría a la Asamblea la propuesta de ley para que aquellos ciudadanos que tengan vehículos avaluados en más de 20 mil dólares paguen una contribución del 5 % sobre el avalúo, lo que provocó el rechazo de la mayoría de bancadas. La propuesta de reforma legal nunca se entregó al Legislativo. 

El Gobierno anunció ese día otras medidas, ninguna de las cuales parecen haberse concretado un mes después: eliminar la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas, y la Empresa de medios públicos.

El Gobierno anunció ese día otras medidas, ninguna de las cuales parecen haberse concretado un mes después: eliminar la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas, y la Empresa de medios públicos. También había propuesto que los servidores públicos aporten de "manera temporal" un porcentaje del salario, lo que también fue cuestionado por considerar que el Gobierno no tenía posibilidad legal de disponer. 

El presidente había anunciado obtener nueva deuda externa con dos instituciones de financiamiento internacional por alrededor de 2.400 millones de dólares e inclusive recurrir a China. En aquella ocasión también se mencionó que el precio del petróleo había bajado a USD 33 dólares por barril. Pero Richard Martínez se mostró confiado ese día: sostuvo que podría pagar tanto la deuda externa que vencía cuanto los salarios de los empleados públicos. Solo logró pagar la deuda. 

En un mensaje a la nación, la tarde del diez de abril, Moreno insistió en la necesidad de "contribuciones" de los ciudadanos para financiar la situación del Estado y dijo que en marzo el país "no tenía un centavo" para enfrentar la pandemia. La mayoría de las nuevas medidas propuestas por el Gobierno deberán pasar por la Asamblea Nacional. El presidente no mencionó nada adicional sobre los sueldos de los empleados públicos.

Mientras tanto, María ha puesto su grupo de Whatsapp en silencio. Los funcionarios del Ministerio se han empeñado en darle más "teletrabajo". Cuando alguien les consulta sobre los pagos de los sueldos, se limitan a repetir la versión oficial. 

 

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