La decisión sobre si se subirá o no el precio de los combustibles, y de qué manera se podría focalizar el subsidio para evitar que, según el Gobierno, se beneficien de él las clases medias y altas, y, sobre todo, los contrabandistas de combustible y narcotráficantes, se posterga.

Aunque el Gobierno sostuvo que había un "preacuerdo" sobre todo con la Conaie, para subir la Extra y la Ecopaís pero sin tocar el diésel, que usan en especial los vehículos pesados, lo cierto es que desde la derogatoria del decreto 883 el Gobierno no ha anunciado en qué forma insistiría en su intención de retirar el subsidio, lo que en la práctica provocaría un incremento de los precios de los combustibles. 

Tras enfrentar un paro de transportistas y luego una movilización de la Conaie, el Gobierno de Lenin Moreno anunció que sus polémicas medidas económicas serían pronto sustituidas por una nueva decisión ejecutiva. Pero mientras decide qué hacer en lo económico, el Gobierno ha iniciado una ofensiva judicial contra los dirigentes indígenas. Así, la semana pasada, el portavoz del Palacio, Juan Sebastián Roldán, destacó unas declaraciones del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien sostuvo que los indígenas deberían contar con "su propio ejército", lo que inmediatamente motivó a la Fiscalía a abrirle una indagación por, supuestamente, pretender formar un grupo subversivo. Al mismo tiempo, algunos influencers cercanos al Gobierno destacaron el patrimonio de los líderes indígenas, en donde incluyeron hasta propiedades colectivas, como es el caso de las empresas de avionetas que las comunidades tienen en la Amazonía. 

El presidente Lenín Moreno, junto con los ministros de Finanzas, Richard Martínez y de Trabajo, Andrés Madero, mantuvieron una reunión con representantes de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Foto: Presidencia de la República.

Mientras tanto, Vargas reunió la semana anterior un "Parlamento de los Pueblos" y sostuvo que la organización indígena continúa dispuesta al diálogo por medio de las Naciones Unidas. Pero tras una primera reunión a la que, según Pablo Dávalos, asesor político y económico de la Conaie, solo asistió un consejero de Gobierno y un subsecretario, los diálogos sobre con qué sustituir el decreto 883 parecen haber avanzado muy poco. 

La expectativa sobre el precio de los combustibles también se mantiene en el exterior. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, citado por medio internacionales, dijo que están esperando el nuevo decreto presidencial: “Ya cuando tengamos esta información veremos cómo seguimos trabajando con el Gobierno (ecuatoriano)”. 

Para Vicente Albornoz, profesor de Economía de la Universidad de Las Américas, no hay todavía nada claro sobre qué puede hacer el Gobierno con el tema de los combustibles. "Mi sensación es que van a subir la Extra y no van a tocar el diésel. La focalización es muy complicada, porque para focalizar lo que hay que hacer es subirle el precio a todos y a unos pocos darles más barato. Eso funcionaría así: se pondría el diésel a USD 2,50 y a un grupo de gente sea por pobre o por indígena se le daría más barato, pero para empezar habría que subirlo a todos", explica el catedrático. 

Albornoz admite que el aumento del precio de la Extra podría afectar a la clase media urbana, que migró de la Super a la gasolina más barata, pero asegura que la medida podría frenar el contrabando, la contaminación y el narcotráfico. 

Según Pablo Dávalos, la Conaie sigue dispuesta a dialogar sobre el tema de los combustibles, con la participación de un Parlamento de los Pueblos y con la entrega a las Naciones Unidas de una propuesta. Pero "no hay ningún preacuerdo porque el Gobierno no ha asistido a las mesas de diálogo. No hay ninguna contrapropuesta ni nada por parte del Gobierno", asegura Dávalos, quien cree que el Parlamento de los Pueblos va a trabajar en una propuesta económica general. 

La reforma legal

Al mismo tiempo, el Gobierno envió a la Asamblea Nacional una Ley reformatoria, que busca hacer una serie de ajustes económicos con los cuales aspira a complementar su programa. Algunos de ellos podrían afectar sobre todo a las clases medias urbanas, en las que el Gobierno cree contar con un mayor apoyo que en sectores campesinos. 

El viernes 18 de octubre del 2019, el ministro de Finanzas Richard Martínez, ingresó a la Asamblea el proyecto de Ley de Crecimiento Económico. Si todas las reformas se aplican, el Gobierno cree que podrían producirle por lo menos USD 700 millones en un año. Martínez se presentó casi a la medianoche en el Palacio Legislativo, y entregó el proyecto de ley a Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea. En la mañana de ese mismo día, Martínez había estimado en USD 450 millones los ingresos, pero para la noche casi los duplicó. 

La Ley reformatoria es extensa: tiene 404 artículos y 38 disposiciones, e incluye varios elementos. En primer lugar, una  remisión del 100% de intereses de mora, multas y recargos para becas y créditos educativos de programas de educación superior, hasta el 31 de agosto del 2019. Aunque deberán seguir pagando el capital, la reforma beneficiaría sobre todo a los ex becarios del correato, que alegan que no han podido conseguir trabajo y por eso no han cumplido con sus obligaciones. Muchos de ellos fueron beneficiados con becas completas en universidades del exterior durante el régimen anterior. 

La Ley reformatoria busca modificar la Ley de Régimen Tributario Interno, con exenciones del impuesto a la renta a los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el país a favor de otras sociedades nacionales. Es decir, una reforma que beneficia a accionistas de grandes empresas, cuyo capital está en manos de una segunda empresa, algo común en algunos entramados corporativos en el Ecuador. El Ejecutivo propuso también la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que es un valor que las empresas deben pagar sobre proyecciones de sus ganancias. 

Además, el Gobierno concretó su idea de exonerar del pago de impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas y productivas (fuera de Quito y Guayaquil) relacionadas a servicios de infraestructura hospitalaria, servicios educativos, servicios culturales y artísticos. Esto podría beneficiar a universidades, hospitales y clínicas privadas, sobre todo. 

Pero el proyecto crea nuevos impuestos que apuntan directamente a las clases medias: se propone cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios digitales ofrecidos a través de plataformas en Internet. Si esa idea se aprueba, cada vez que un usuario de Netflix, Uber o Glovo, es decir, de televisión por streaming, taxis o mensajería realice un consumo, deberá pagar un 12% adicional. 

Un viejo conocido de este tipo de reformas es el impuesto a los consumos especiales (ICE) que ahora se propone se coloque en productos que se consideran propios de las clases más favorecidas. Entre éstos están el cigarrillo electrónico, las bebidas gaseosas,  y las bebidas energizantes. Según el Gobierno, los nuevos impuestos también tendrían un motivo pedagógico: se pretende que la población abandone o reduzca el consumo de estos productos, que podrían provocar complicaciones de salud. 

Un nuevo impuesto, del 10% por ICE, de aplicaría también a los servicios de telefonía móvil y planes que comercialicen únicamente voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestados a personas naturales, en especial, los de la modalidad de pospago.

El Gobierno, además, propone crear una "contribución" por parte de empresas que hayan facturado más de USD 1 millón al año, que fluctuará entre el  0,1% y el 0,2%, de acuerdo con sus ingresos.

En esa caso estarían por lo menos 10.403 que se espera que en tres años contribuyan con el fisco con un total de USD 532 millones.

Pero el Gobierno no pretende solamente crear nuevos impuestos para los particulares. La misma reforma incluye medidas de control del gasto público, como por ejemplo, fijar un techo presupuestario a cada institución del Estado.

La potestad del Gobierno de aumentar el Presupuesto General del Estado hasta en un 15%, deberían reducirse solo al 5%. En el Ejecutivo no se niega que la presentación de este proyecto de Ley es uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que estaba condicionado un desembolso de USD 250 millones.

Para Vicente Albornoz, esta reforma propuesta por el Gobierno es "un parche que está bastante bien", pues cree que no se trata de una reforma estructural ni profunda. Albornoz cree que los nuevos impuestos a las aplicaciones o a los planes celulares "son relativamente menores" y destaca que su impacto en la economía de las personas sería mínimo. 

Albornoz cree que las reformas relativas al Banco Central y al gasto público son las más importantes del proyecto, pues ayudarán a la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, cree que las reformas no solucionan el déficit fiscal ni tocan temas laborales. Al mismo tiempo, el catedrático cree que la cifra de recaudación de USD 700 es demasiado optimista. Sobre la estabilidad de la dolarización, Albornoz cree que es "un sistema bastante resistente" por lo que cree que no estaría en peligro, como llegó a afirmar el Gobierno. "Lo que no va a haber es crecimiento, la economía se va a quedar estancada", destaca el catedrático. "Están en peligro nuestras perspectivas de crecimiento, la economía no va a crecer ese va a ser el efecto de estas medidas", asegura, Albornoz, quien cree que se deben afrontar temas como el impuesto a la salida de divisas, la reforma laboral y otras.

El académico precisa que hay países como Alemania, Chile, y otros que no tienen problemas de déficit fiscal, que es un problema que el ministro de Finanzas ha señalado. "Sería ideal que no tengamos que endeudarnos todos los años. Vamos a tener un crecimiento mediocre y paquetitos todo el tiempo".

Por su parte, Pablo Dávalos, economista y asesor de la Conaie, "el Gobierno arriesga su escaso capital político y margen de maniobra para cumplir con los acuerdos con el FMI", lo que se evidencia en la presentación del proyecto de reformas económicas. 

"Para el Gobierno es más importante el FMI que se propia gobernabilidad", advierte, y destaca que en la reforma legal solo se consignan varias partes de la Carta de Intención con el FMI. Sobre las reformas fiscales, Dávalos cree que "van a debilitar la capacidad recaudatoria del Estado", mientras qy en las reformas a los consumos especiales no hay estudios suficientes de cuánto dinero van a recaudar. 

Para el economista, reducir la salida de divisas podría provocar una fuga de capitales, mientras que pretender poner un techo a los presupuestos de las empresas de la seguridad social sería inconstitucional. 

También "se rompe la programación presupuestaria cuatrianual,  se viola la autonomía de los GADS, se quita el margen de maniobra del ministerio de Finanzas. Con el 5% si tienen un terremoto no tienen posibilidad de actuar, igual si baja el precio del petróleo", explica el analista. Dávalos tiene reparos para lo que considera la criminización de "no obedecer las reglas fiscales. Significa que sino eres neoliberal vas a la cárcel", señala.

Pero las dudas más grandes de Dávalos están relacionadas con lo que considera es una medida que podría facilitar que el país salga de la dolarización. "Me preocupa que ponen la cuenta regresiva a la dolarización. Es cuestión de tiempo para que el esquema se caiga. Están empujando el país a la desdolarización". La forma en la que eso ocurría es propiciar una fuga de capitales al disminuir el impuesto a a salida de divisas, se reduce el coeficiente de la liquidez doméstica y crean un esquema similar a la Junta Monetaria. Dávalos sostiene que retomar la "independencia" del Banco Central solo tiene sentido si piensa retomar una emisión monetaria, es decir, dejar los dólares y emitir una nueva moneda nacional. 

"Las reformas dan a la Junta Monetaria la posibilidad de manejar una emisión monetaria. Le da a los bancos la posibilidad de manejar la liquidez del Banco Central".

Dávalos no cree que el proyecto afecte solo a las clases medias, sino que puede afectar a todos al comprometer la dolarización. 

Nebot rechaza las medidas: "nadie ni nada se salva"

De su lado, el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en un mensaje en sus redes sociales, advirtió que la reforma legal planteada por el Gobierno afectará "severamente" a la economía de la población. Nebot precisó que se propone un nuevo impuesto en la venta de bienes inmuebles, adicional a la plusvalía, que será del 25 al 30% de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Hay una sola exoneración, detalló Nebot, y es la relacionada con las viviendas de las personas naturales y por una sola vez en los próximos cinco años. Para Nebot, se trata de "un atentado contra el patrimonio de ustedes, que agravará la crisis del sector de la construcción, con el consigiente desempleo". 

Sobre la "contribución" para las grandes empresas, Nebot aseguró que "acabará siendo pagado por ustedes, los consumidores", cuando los empresarios trasladen el impuesto a los precios en el país. Para Nebot, "se incrementa con dedicatoria el impuesto a la renta, nada ni nadie se salva, ni la telefonía, la televisión pagada, las cervezas, las colas y los cigarrillos".

Según el líder del Partido Social Cristiano (PSC), el Gobierno "parece no entender que el aumento de impuesto impide el crecimiento económico y social y causa desempleo. Reduzcan el gasto público, refinancien la deuda", propuso.

"Debemos unirnos y lograr que la Asamblea rechace esos nuevos impuestos. El pueblo no puede seguir pagando la farra del Estado", finalizó Nebot.