PARÍS.- A ocho mil kilómetros de la amazonía ecuatoriana, en la exclusiva zona de Passy, París, se discute el futuro de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, y de las comunidades de casi todo el mundo donde se explotan recursos naturales, a través de la minería y el petróleo. Entre el 17 y el 19 de junio se llevó a cabo el encuentro del llamado EITI, la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva. A esta iniciativa, que tiene el apoyo y el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE)  pertenecen 52 países donde se explota petróleo y minerales. El Ecuador no pertenece a ninguna de las dos organizaciones, pero sus autoridades enérgeticas han expresado abiertamente el deseo de integrarse a la Iniciativa. Es más, el viceministro de Minas del Ecuador, Fernando Benalcázar, asistió al encuentro de París e hizo una exposición. De los países de América Latina, forman parte del EITI: Argentina, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Guyana, Honduras, Perú, Suriname y Trinidad y Tobago.

Pero no es fácil entrar a este grupo de países y gobiernos, que han decidido trasparentar todas las decisiones que tengan que ver con la industria. Estos países, que han optado por la transparencia, lo han hecho supuestamente convencidos de que los recursos naturales pertenecen a sus ciudadanos, no a los gobiernos ni a las empresas que los explotan. La Iniciativa ha establecido un estándar global para promover la gestión abierta, sujeta a la rendición de cuentas del petróleo, el gas, los minerales y otros recursos naturales. El Estándar EITI exige la divulgación pública y abierta de información a lo largo de toda la cadena de valor de la industria extractiva.

El encuentro de la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva se realiza en París. 

Los requisitos de la Iniciativa incluyen transparencia en la licencia de los contratos o la forma de contratación, en la producción, en la recaudación de impuestos, la asignación de ingresos y la contribución social y económica a las comunidades. También se valora y se persigue que las empresas y los Estados miembros entreguen datos confiables y comprobables de su operación, de los socios de las empresas, de los representantes, de los beneficiarios finales, entre otros aspectos. 

La importancia de la transparencia

Este último es un  punto crucial dentro del Estándar EITI. En muchos países donde se da la explotación extractiva, la corrupción es el punto de choque de cualquier iniciativa de transparencia. Entre los delegados a la conferencia de París ha rondado el tema de la corrupción. Aunque no es parte de la Iniciativa, el caso Lava Jato, es un punto de conversación y de ejemplo de cómo este grupo de países puede evitar la reproducción de este sistema de crimen organizado asociado a la industria extractiva. 

"Tras la pista del dinero" es un eje central en el mandato de la organización. Tiene claro que uno de los mecanismos es que las estructuras corporativas complejas suelen disimular la identidad de los beneficiarios reales, es decir, de aquellas personas titulares, en última instancia, del control de las empresas. "Esta falta de transparencia puede alimentar la corrupción, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal" se reconoce oficialmente. Otro ejemplo que ha rondado por los pasillos de la OCDE, durante la Conferencia, es el escándalo de los Panamá Papers, cuyas revelaciones y posteriores investigaciones permitieron la recuperación de USD 1200 millones en impuestos no pagados y dieron lugar a sanciones. Para el 1 de enero del 2020, los países que conforman la Iniciativa tienen el compromiso de divulgar la información para los beneficiarios reales de las actividades petroleras, gasfiteras y mineras. 

En este mismo camino de transparencia para evitar la corrupción, los Estados y las comunidades también precisan conocer cuánto pagan las empresas por proyecto, quién se beneficia y bajo qué términos. Pero, sobre todo, conocer todos los contratos, sin restricción alguna, porque ahí se determinan los términos sobre los que se lleva a cabo la producción y se establecen los impuestos. No es fácil que esto ocurra: a pesar de formar parte de la Iniciativa, de los 52 países apenas 31 han publicado parcialmente los contratos y 16 de éstos lo han hecho de manera significativa. Solo Perú lo ha hecho en América Latina. 

El impacto ambiental

Otro tema central que se discute en París son los efectos ambientales de la extracción de recursos. Este es un tema que también requiere transparencia. Se tiene claro que la industria extractiva suele ocultar total o parcialmente los impactos ambientales o minimizarlos y relativizarlos. Sobre todo, para sortear leyes restrictivas de los países reguladores. De los estados miembros de la Iniciativa, 28 han presentado ya información amplia sobre cuestiones ambientales, en respuesta a las comunidades. 

En este aspecto central se incluyen las responsabilidades de las empresas. Más de 60 empresas de la industria extractiva apoyan al EITI, incluidas grandes empresas petroleras, mineras y gasfiteras, operadores, prestadores de servicios e inversores financieros. Estas empresas se han comprometido a divulgar todos los impuestos y pagos realizados a los gobiernos. Rio Tinto fue la primera gran empresa minera en apoyar la divulgación pública de sus contratos y licencias de minería. Junto a ella lo han hecho las empresas Total, Kosmos Energy y Tullow Oil.

¿Y la sociedad civil?

En todo este ámbito que incluye empresas y gobiernos, la sociedad civil de cada uno de los países miembros es invitada a participar activamente. Entre las organizaciones, se considera especialmente la participación de las comunidades, organizaciones indígenas, sociales y gremiales de los sectores donde operan las empresas. Esta forma de interactuar busca, sobre todo, minimizar los posibles conflictos.

Juan Auz, de la Fundación Pachamama, de Ecuador, presente en la conferencia de EITI, dice al respecto que la misión de su organización es "abrir una hoja de ruta con la gente del gobierno que esté dispuesta a ser parte del Estándar EITI para mejorar las condiciones, para que se pueda acceder a información relacionada con industrias extractivas. Creemos que hay una brecha muy amplia entre lo que se dice y lo que se hace. Informalmente, el Estado ecuatoriano ha expresado su interés de ser parte de este Estándar, y por eso hemos conformado un grupo de organizaciones para hacer incidencia, para que el Gobierno tome esta decisión. Lo que caracteriza a esta iniciativa global, es que es una especie de colectivo al cual van los Estados y desde donde los Estados miembros cumplen con sus obligaciones. Es verdad que en la Constitución ecuatoriana hay varios derechos y garantías que son de avanzada, pero éstos no se cumplen. La oportunidad con el EITI es que es generada a partir de la OCDE y para que un Estado pueda ser miembro tiene que pasar por varias fases y cumplir con varias garantías. Creo que el Ecuador siempre ha querido tener un rol protagónico internacional sobre temas ambientales pero nunca ha rendido cuentas a escala interna". 

Sin embargo, en el Ecuador, el tema del extractivismo va más allá de un hipotética cooperación entre empresas, sociedad civil, organizaciones sociales y Gobierno. En Girón, Azuay, se dio una consulta popular sobre la explotación minera en la zona y la población votó por no permitirla. Esto prendió las alarmas de las industrias mineras y petroleras y, con el apoyo explícito del Gobierno, se han empeñado en una campana mediática para posicionar las bondades del extractivismo y alertar sobre los "riesgos"  de que las comunidades afectadas ejerzan sus derechos a ser consultados.  

Al respecto, Juan Auz cree que "todas las herramientas de gobernanza en el tema extractivo son necesarias, sobre todo en un país como Ecuador, donde estamos atados al extractivismo de pies y manos. Hay que ponderar siempre los beneficios o perjuicios de nuevas concesiones extractivas, pero creo que la transparencia es fundamental para las concesiones que ya han sido otorgadas. Es una herramienta que permitiría conocer el estado actual de las ganancias de las empresa, a quién y cómo están pagando las empresas. Y si se pierde como país no es dable que se sigan dando concesiones, porque al final vamos a pagar las comunidades y los ecuatorianos, sobre todo, los impactos de la industria".

Daniel Kauffman es un chileno, miembro de la sociedad civil, quien es parte del grupo impulsador de las ONGs en la iniciativa EITI. Él recomienda a los estados que no son parte de la iniciativa que deben "mirarla, estudiarla y comenzar una conversación de cuáles son las pautas que están, que se están usando en el resto del mundo para la transparencia y la gobernanza en el manejo de los recursos naturales, luego preguntarse dentro del país, qué de esto nos puede servir y si resulta que cuaja bastante en cuanto a los intereses de los países, podrían considerar acoplarse, como muchos países que al principio quisieron ver primero cómo va esto y con los años han ido creciendo. Empezaron una docena y ahora son cincuenta y dos. 

"Un reto es seguir adelante con toda la agenda de transparencia. Se han hecho muchos avances pero falta mucho, en cuanto a las empresas públicas de petróleo, principalmente; pero sobre todo en transparentar los contratos, encontrar a los beneficiaciones reales. En cuanto a América Latina, el reto fundamental es el de la corrupción. El caso Lava Jato comienza en Brasil y sigue en América Latina, es una muestra de cómo funciona también el sector privado. Y el otro reto es la sostenibilidad: los costos sociales y ambientales no se pueden ya ignorar. La industria extractiva tiene un futuro, pero no va a resultar bien, ni se van a beneficiar los países si el costo ambiental es muy alto, no se mitiga". Kauffman es presidente de la organizacion Natural Resource Governance Institute, NRGI, la cual es una observatorio a escala global sobre las actividades de la industria extractiva. 

Demba Leydi es un joven dirigente de los jóvenes en Senegal, África. Él considera que la iniciativa debe prosperar con la incorporación de nuevos países. Porque hay compañías multinacionales y están operando en África y en todas partes del mundo. 

Él pertenece a una organización cuyo nombre, traducido al español, viene a ser algo como "Publica lo que pagas". Es muy importante, dice, que un país sea miembro de la iniciativa porque da a las comunidades la oportunidad de seguir las actividades de la industria extractiva y sus actividades financieras. "Sobre todo, el primer motivo es ampliar la transparencia y dar la oportunidad a los ciudadanos de decidir en términos del uso de los recursos naturales, por lo menos se debe tener la posiblidad de escuchar a los ciudadanos, saber que piensan sobre todo esto".

Para Ecuador, el futuro del extractivismo pasa por decidir si se apuesta o no por la transparencia y la vigilancia de las buenas prácticas de la industria. También en reconocer los límites en la aplicación de la Consulta Previa Informada, que es un mandato constitucional pero en la práctica está gobernado por un decreto presidencial, que actúa por encima de la norma constitucional. Los pueblos indígenas, que son los más afectados por estas prácticas extractivistas, no están invitados a foros como los de París, dice Ana Carolina González, una colombiana quien es representante de la Fundacion Ford para el área andina. Cómo vincular a los pueblos y comunidades, cómo garantizar que las leyes de un país se cumplan en torno a las consultas previas, y cómo generar transparencia en la industria, son los grandes retos, dice. 

El Ecuador evalúa su ingreso a la Iniciativa

Para el viceministro ecuatoriano de Minas, Fernando Benalcázar, la incorporación del Ecuador a la Iniciativa es un proceso con varias etapas: "en las próximas semanas recibiremos un informe de una evaluación que hizo el Banco Mundial, que ha hecho un levantamiento en donde interactuó con la sociedad civil y el Gobierno. Este informe, que esperamos venga en julio, nos permitirá saber cuán complejo puede ser adoptar esta Iniciativa. El segundo paso es buscar las formas de implementación y sostenibilidad financiera: en el caso de Colombia, la Iniciativa ha sido financiada por el Banco Interamericano durante cinco años. El Banco ha financiado plataformas electrónicas de altísimo nivel. El principal propósito de mi visita a París es conversar con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con la Agencia Alemana de Cooperación. No solo queremos financiar esto para los dos años que tenemos del actual gobierno. Aspiramos a dejar financiado el proyecto para cuatro o cinco años".

El viceministro sostuvo que "en el Ecuador pasamos de una autocracia, de una dictadura democrática entre comillas,  a una apertura, al diálogo abierto que tenemos ahora. Las partes debemos encontrar caminos comunes. En el sector minero hay un proyecto estratégico que está parado, como San Carlos Panantza, en donde de alguna manera las comunidades podrían tener la razón. Y digo de alguna manera porque no voy a dar la razón ni a los unos ni a los otros. El diálogo existe en el país y eso demora los procesos. Sobre las consultas populares, son pronunciamientos válidos. En febrero de 2018 se definió una consulta nacional sobre que no queremos minería metálica, eso es válido. Pero ahora en la Corte Constitucional se tramita una consulta local, promovida por un individuo que tiene tres procesos judiciales en marcha por minería ilegal y dice representar a otros, y puede impactar al proyecto más importante del Ecuador, eso no tiene lógica. Hay políticos que utilizan al sistema judicial y constitucional para beneficio propio. Ese es un riesgo de esta apertura al diálogo. Respetamos la independencia de poderes, pero creo que hay que educar a la población, a los propios jueces, para entender la importancia de la minería, que va a ser la diferencia entre el presente y el futuro del Ecuador".

Para Benalcázar, que el país ingrese a la Iniciativa sería un paso importante. "Cuando podamos adoptar como país la Iniciativa, estableceremos un camino importante en el país, que permitirá un control de la corrupción. Cada mes vamos a tener importantes ingresos del cobre y del oro. Algunas personas podrían no estar de acuerdo con sumarnos a la Iniciativa, pero será uno de los mejores elementos para combatir la corrupción que tenemos tan arraigada en el Ecuador", finalizó el viceministro.