Los quince años del contrato de concesión que permite el funcionamiento de la telefonía celular en el Ecuador (llamado técnicamente Servicio Móvil Avanzado o SMA por sus siglas)  y que es prestado por las operadoras Claro y Movistar, y con una pequeña participación de la estatal CNT, se cumplen este año.

Y el proceso de renovación de los contratos se encuentra congelado, luego que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) dejó en el limbo una negociación que los operadores habían intentado adelantar por lo menos desde el año 2021.

En una resolución emitida el pasado 25 de mayo de 2023, el director de la Arcotel, Juan Carlos Soria, dispuso que las negociaciones que se llevaban a cabo para la renovación de las concesiones para la telefonía celular a las empresas Otecel y Conecel se suspenda por 120 días o hasta que varias instituciones del Estado entreguen varias informaciones que se requieren para continuar con las negociaciones.

Este es el texto de la resolución de la Arcotel que congeló el proceso.  Ver PDF

Para fuentes de esa industria, consultados por este medio, la resolución podría significar que sea el nuevo Gobierno el que encare el proceso de renovación de las concesiones de SMA, un tema que podría ser polémico políticamente, pues la situación de la telefonía celular cambió de manera significativa en los últimos tres lustros, sobre todo por la irrupción de las comunicaciones por medio de aplicaciones en internet, que permiten comunicaciones por medio de mensajería, así como llamadas de voz y videollamadas, lo que ha dejado parcialmente obsoleta la telefonía de voz por celular y también los mensajes de texto (SMS), que prácticamente nadie usa.

Estos equipos se conectan por microondas con estaciones que finalmente se enlazan con las antenas de celular, que transmiten todo el contenido por medio de frecuencias de radio. Esas frecuencias de radio son propiedad del Estado y es lo que se conoce como "espectro radioeléctrico" cuyo uso es pagado por las operadoras. Las señales de radio son las que llevan hasta los celulares tanto los servicios de voz, cuanto los de datos.

Se estima que gracias a las estaciones de la red de acceso móvil, el 90% de la población ecuatoriana tiene señal de 2G, el 78% accede al 3G y 78% al 4G. Así mismo el país cuenta con una red de 14 mil kilómetros de fibra óptica, y cinco centros de datos y centrales telefónicas en el país. Desde Manta y Salinas, el Ecuador se conecta con tres cables submarinos que permiten que se realice el tráfico de la internet, que llega a los celulares por medio de las señales de las antenas de celular. Las transmisiones se realizan en el espectro de los 850 MHz, así como en el de 1900 MHz.

Según fuentes de la industria, en Ecuador los valores de las asignaciones de estas frecuencias en las que operan los celulares nacionales han sido en ocasiones hasta nueve veces más caras que el promedio de la región. Datos publicados por la Arcotel en febrero de 2022 que Claro lidera el mercado con 51.59%, seguido de Movistar con 31.34% y CNT tiene 17.07%.

Según la resolución, en la Arcotel, aún no tienen suficiente información en temas como la valoración del espacio radioeléctrico; la respuesta de una consulta realizada a la Procuraduría General del Estado sobre el proceso; el envío por parte de la propia Arcotel al Ministerio de Economía y Finanzas de documentación que permita obtener un dictamen favorable de sostenibilidad y riesgos fiscales, necesario para el contrato con las operadoras; solicitar un dictamen favorable de impacto presupuestario, y las respuestas, ya solicitadas, al ministerio de Defensa y al del Interior sobre cláusulas especiales de seguridad, que aún no obtienen respuestas de esas carteras de Estado.

La falta de todo lo descrito anteriormente ha sido considerado por la Arcotel como un motivo suficiente para suspender el proceso de negociación, invocando varias normas legales y alegando una especie de fuerza mayor. Mientras tanto, los títulos habilitantes de las actuales empresas operadoras están por caducar a partir de agosto y noviembre de este año, lo que podría llevar una extensión del tiempo de la concesión. Inclusive, el actual marco legal establece que de no concretarse la renegociación de los contratos, se podría llevar el proceso a un concurso público.

La Arcotel no quiso comentar los detalles del proceso de negociación. Foto: Arcotel

De esta forma, el proceso se encuentra actualmente suspendido. Por lo menos tres instancias están realizado una veeduría, a la que la Arcotel ha impuesto una cláusula de confidencialidad: la veeduría internacional está a cargo del Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL), que está representado por Heber Martínez, CEO del Centro de Formación de Líderes del CERTAL, mientras hay varios veedores que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, funcionarios de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, actualmente a cargo de Ana Belén Cordero, también se encuentran realizando un acompañamiento al proceso.

Al respecto de la confidencialidad, el Consejo de Participación presidido por Gina Aguilar (es decir, el conformado antes de los actuales integrantes, elegidos por voto popular) convocó a la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, para que expliqué por qué los veedores ciudadanos también están sometidos a confidencialidad.

El Consejo no obtuvo respuesta. En una resolución, el Consejo explicó que fue el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, Marco Acuña, quien en julio de 2022, mediante iniciativa ciudadana, pidió que se conforme una veeduría ciudadana para el proceso de renovación de los contratos de SMA. Para diciembre de 2022, el Consejo designó como veedores a Verónica Yerovi, Gabriel Tufiño, Galo Prócel y Carmita Armas. Pero según la resolución, ni el ministerio de Telecomunicaciones ni la Arcotel han convocado a la veeduría ciudadana, y, además, han puesto como requisito la firma de una cláusula de confidencialidad, que impediría que los veedores hagan su trabajo.

En el documento, que es la base legal de una eventual renovación de las concesiones para el llamado Servicio Móvil Avanzado (SMA), se precisa que no se requiere de un título adicional para el servicio de internet, además de que el valor que las empresas de telefonía tienen que pagar para la renovación deberá ser fijado por medio de una resolución del Directorio de Arcotel, que aún no ha sido tomada, pues la entidad aseguró en mayo de este año que carece de información suficiente para continuar con el proceso.

El contrato detalla los servicios que se estarían concesionando: el servicio de llamadas de voz, con un valor de 22 centavos por minuto, el servicio en terminales públicos, los mensajes de SMS, el roaming y la larga distancia internacional, y otros cada vez menos usados, tales como la marcación abreviada, la transferencia de llamada, el casillero de voz, la llamada en espera, la conferencia y la facturación detallada.

Este medio digital solicitó una entrevista con la ministra Maino, que fue cancelada sin explicaciones, y también solicitó una entrevista al director de la Arcotel sobre este proceso, pero en la Agencia se informó que la única vocera es la propia ministra, por lo que declinaron hacer comentarios sobre la situación actual de la negociación. 

Yaku Pérez respalda suspensión total del proceso

Por su parte, el candidato Yaku Pérez dirigió una carta al presidente Guillermo Lasso, este pasado 21 de junio sobre este tema. En la carta, Pérez destaca que la situación actual del país no es la adecuada para la renegociación de los contratos con las operadoras de SMA, por lo que "conminó y demandó" al gobierno de Lasso para que suspenda cualquier tipo de negociación que apunte a la renovación. El resto de la carta de Yaku Pérez sobre el tema cita algunos artículos de la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones, donde destaca de manera especial la posibilidad de realizar un concurso público para el proceso de concesión.

La carta de Yaku Pérez a Guillermo Lasso. Ver PDF

La situación actual de la industria: ¿Podría bajar el monto con relación a 2008?

Pero en apenas cinco lustros, las nuevas tecnologías de la información y comunicación han producido cambios significativos en varias industrias, y una de ellas es la de las telecomunicaciones. La renegociación de las actuales concesiones de SMA se refieren, según técnicos de telecomunicaciones que fueron consultados para esta nota, a servicios que en realidad se están usando cada vez menos entre los ciudadanos. Por ejemplo, las llamadas de voz usando la red celular se realizan cada vez menos, mientras que la gran mayoría de usuarios ha abandonado los mensajes de texto (SMS) en beneficio de las redes de mensajería basadas en la internet, como WhatsApp.

Cada vez más, los teléfonos se convierten más en terminales de internet que en celulares con los cuales la gente se comunica. Y curiosamente, el documento de la concesión dice poco o nada sobre la internet en los teléfonos.

Una de las empresas que actualmente brinda SMA en Ecuador es Telefónica de España, cuya marca es Movistar. Según cifras de esa empresa, entre 2004 y 2021, han logrado en nuestro país un mercado de 4,8 millones de personas, equivalente al 31.3% de la participación, con una inversión acumulada de $ 2.621 millones. La firma asegura que como contribuyente y agente recaudador de algunos impuestos, ha contribuido al Estado con por lo menos $1.580 millones en ese periodo.

Y aunque en el Ecuador, según señalan desde la industria, los precios que ha cobrado el Estado por las asignaciones de frecuencias están entre los más caros de la región, se sostiene que al mantener frecuencias cada vez más caras y restringidas, se terminaría afectado al consumidor, pues esto afecta sobre todo al funcionamiento de los datos en los celulares. Según un estudio del Banco Mundial de 2019, que los estados encarezcan el precio del espectro significa que las velocidades de navegación sean más lentas, y que las coberturas se reduzcan.

Por otro lado, un estudio del Banco Mundial de 2009, que analizó la relación entre las telecomunicaciones y el desarrollo, estableció que un incremento del 10% en la banda ancha en los países en desarrollo está relacionado con hasta un 1.38% de incremento del PIB per cápita en esos países.  Otro estudio de la University of Technology de 2011, en 33 países que forman parte de la OCDE, concluyó que “Doblar la velocidad de la banda ancha supone un incremento de un 0.3% del PIB de un país”.

Estimaciones de las telefónicas que operan en Ecuador estiman que, con relación a los precios de 2015, la caída de los valores que se cobran por voz y datos en nuestro país ha sido de esta el 75% en voz y el 92% en datos, lo que también ha afectado los ingresos de las operadoras.

Fuentes de las operadoras dijeron que los contratos deberían tener por lo menos una duración de 20 años, que permita la renovación tecnológica, así como adoptar metodologías transparentes para la valoración del espectro. Otro aspecto que se debería discutir, según señalan, es que se amplíen las bandas lo que permite mejorar el acceso a la internet, bajar las tarifas y ofrecer una mayor velocidad de conexión.

Sin embargo, el proceso podría ser una de las tareas que enfrente el nuevo Gobierno, que se posesionaría en noviembre de este año, y mientras tanto, podría ocurrir que los actuales concesionarios, Movistar y Claro, continúen su operación con una extensión de la concesión, o que sea el Estado, por medio de la CNT, la que asuma la operación de las dos redes privadas hasta que se tome una decisión definitiva.