Varias de las empresas vinculadas a los casos de corrupción Las Torres y Sobornos fueron clientes de la Corporación Financiera Nacional (CFN), una entidad con sede en Guayaquil que supuestamente debía financiar las actividades de medianos empresarios, pero que, según la información preliminar recibida por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que preside Fernando Villavicencio, se enfocó en grandes empresarios.

El presidente Guillermo Lasso decretó, hace pocas semanas, la fusión de esta entidad con Banecuador, otra entidad de financiamiento público.

El presidente Guillermo Lasso decretó la fusión de CFN con Banecuador. 
Foto: Presidencia de la República

La actual administración de CFN, a cargo de Iván Andrade como presidente del Directorio, nombrado por el presidente Guillermo Lasso en junio de 2021 y Virna Rossi Flores como gerente general encargada desde febrero de 2022, ha denunciado desde hace varios meses que entre  2014 y 2019, es decir, durante las administraciones de Rafael Correa y Lenin Moreno, se habrían concedido préstamos de manera antitécnica, sin cumplir con los requisitos mínimos y, sobre todo, sin respetar criterios como beneficiar a sectores que requieren de crédito para el desarrollo en lugar de aumentar la liquidez de grandes empresarios.

Andrade ha señalado también que la actual gerencia de la CFN no tiene claro cómo se han entregado los créditos ni con qué garantías. Por lo menos el 85% de la cartera en problemas actualmente se generó en ese periodo. Un informe de la CFN estableció que el 27% de los créditos que no se están pagando actualmente se entregaron en 2014.

El manejo indiscriminado de los fondos y las entregas discrecionales de dinero en la banca estatal fueron comunes durante el correato. En diciembre de 2011, en el Banco Cofiec y por orden del entonces presidente de la entidad, Antonio Buñay, se prestó a un empresario argentino, Gastón Duzac, la cantidad de $800 mil que enseguida sacó del país. Varios ex funcionarios fueron sentenciados años después por la transacción. El argentino nunca presentó suficientes garantías y devolvió solamente cerca de $500 mil varios años después. Buñay recibió un indulto presidencial en los últimos días del correato.

Según los últimos reportes recibidos en la Comisión, en la CFN la cifra alcanza los USD 525.7 millones, que están reportados en créditos impagos, de los que la cartera declarada vencida alcanza los $482.7 millones.  Esta “cartera improductiva” de la CFN incluye cartera vencida, créditos asociativos o préstamos a sus propios ex funcionarios (15 en total), destacó el legislador, quien recibió de la CFN mayor información sobre los deudores y los montos que aún no se cancelan.

Como es la práctica bancaria habitual, la CFN debe destinar una cantidad similar a cubrir esas pérdidas (lo que se conoce como “provisión”) con lo que el hueco de dinero público es mucho más grande de lo declarado. Además, muchos de los bienes entregados en garantías podrían depreciarse con el pago del tiempo y ello significaría que de todas maneras la CFN no recupere todo el dinero. Las deudas son muy significativas si se considera que a fines de 2021 el patrimonio de la CFN era de $1092 millones.

Ex funcionarios de la entidad, consultados por el periódico Expreso de Guayaquil, han deslindado responsabilidad en las operaciones de la CFN y en los créditos, mientras algunos han asegurado que la alta morosidad es efecto de la pandemia y el confinamiento, que afectaron a las actividades productivas. El argumento lo usan también algunos deudores, que están usando a su favor protecciones prevista en la Ley de Apoyo Humanitario del morenismo.

El grueso de los valores impagos se concentran en 95 grandes deudores, que están debiendo a la entidad estatal, en conjunto $420 millones del gran total.Se trata de empresas o personas a las que CFN les prestó -y aún no logra cobrar- más de un millón de dólares.

La mayoría de estas empresas son grandes hoteles (como el lujoso hotel Sail en Manta) pero también hay farmacéuticas, negocios agroalimentarios, camaroneras, y ex contratistas del Estado, como Nolimit, Oil Services & Solutions (OSS), Equitesa y Consermin, entre otras.

Las empresas de los sobornos

Nolimit y OSS, dos empresas sancionadas por corrupción y por tramas de sobornos en Petroecuador, recibieron créditos de la CFN, según los registros entregados en la Asamblea Nacional. Ambas han dejado de pagar créditos por $1.4 y $1.7 millones, respectivamente.

También aparecen entre los deudores de la CFN empresas relacionadas con la trama de sobornos para la operación política de Alianza País, como por ejemplo Equitesa ($11.9 millones) y Consermin ($6.6 millones).

Además, Ecuagran, una empresa en teoría dedicada a los granos pero involucrada en las operaciones de especulación financiera de los fondos de seguridad social de la Policía con un préstamo, también impago, de $1.8 millones y la empresa Centridagsa, de la familia Weisson, que le debe a la CFN por lo menos $10.3 millones. Los Weisson son procesados por su participación en casos como el del ISSPOL y también en esquemas piramidales que operaron en Estados Unidos, conocidos como Biscayne Capital, que también habrían servido para lavar los dineros productos de sobornos recibidos por funcionarios ecuatorianos que usaron el dinero para comprar propiedades en Estados Unidos.

Una empresa disuelta de Fabricio Correa, Megamaq, aparece como deudora de $3.5 millones en la CFN que nunca pagó.

Equitesa, una empresa constructora con operaciones sobre todo en la Costa y en Manabí, fue contratista del Estado en tiempos de Rafael Correa. Su fallecido propietario, Pedro Verduga, admitió en el juicio del caso Sobornos haber entregado aportes a las campañas de Alianza País a cambio de cargos públicos. El proceso de coactiva en su contra está suspendido.

Consermin, otra constructora, propiedad de Ramiro Galarza, también se vio envuelta en el caso Sobornos, y obtuvo del Estado contratos por $55 millones. La empresa también entregó recursos a Alianza País para actividades políticas que fueron a parar a los dineros que administraba la ex jueza constitucional Pamela Martínez.

En el caso de Nolimit, se sabe que recibió contratos con el Estado por $121 millones, mientras pagaba sobornos a funcionarios de Petroecuador para que les cancelen las planillas y, además, pagaba a la red de corrupción en la Contraloría para que le desvanezcan las glosas, recordó el legislador Villavicencio.

La empresa OSS, de Jaime y Juan Baquerizo Escobar, recibió recursos estatales por $59.3 millones de contratos con Petroecuador y, además, los accionistas admitieron ante la justicia norteamericana haber pagado 1.72 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador en 2018, recordó Villavicencio.

Los lentos procesos coactivos

Frente a la compleja situación y la falta de pagos, la CFN ha recurrido a acciones legales, que hasta el momento arrojan pocos resultados. Según la información de la Corporación, hay por lo menos 1267 juicios coactivos en la entidad, de los que 688 se refieren a casos de cartera vencida.

Los créditos asociativos, avaluados en 2´119.903, registran 482 procesos coactivos, señaló el legislador, cuyo equipo continúa revisando la documentación remitida por la CFN a la Comisión.

Hay también 47 coactivos contra adjudicatarios, por $13´861.339, mientras otros cincuenta procesos, que involucran aproximadamente $28 millones, se siguen contra otras carteras, portafolios, factoring, ex funcionarios, arriendos y fiducias.

Hay dudas sobre las garantías entregadas en créditos desde 2014. Foto: Expreso

Aunque se sostiene que la morosidad se disparó por lo menos desde 2014, hay procesos de cobro tan antiguos como desde 2001.

Más casos en la Costa

La mayor morosidad ha ocurrido en la Costa y en especial en Guayaquil. En esa ciudad se siguen 850 casos, avaluados en por lo menos $217 millones, mientras que en Manta 101 procesos representan $99,5 millones y en Esmeraldas se busca recuperar $22 millones en 35 procesos.

En Quito se están tramitando 190 juicios por $159.4 millones. Los procesos se siguen en ciudades del país, además de las mencionadas, como Machala, Loja, Cuenca, Ibarra, Ambato y Riobamba.

Pero la mayoría de los procesos avanzan muy despacio y sus efectos -si es que los tienen- serán a largo plazo. De los 1267 juicios, 562 están en la etapa inicial de la citación, y representan $112,5 millones.
En otros 408 ya hay órdenes judiciales de pago (un paso previo al embargo) sobre créditos que representan $229.4 millones, y apenas 95 procesos están en etapa de embargo y representan casi $79 millones.

Pero además hay un importante grupo de coactivos, por lo menos 104 casos avaluados en $32 millones, en donde los deudores han presentado medidas cautelares, que han logrado detener el proceso.

Casi $70 millones están en etapas como el avalúo, el remate, la adjudicación, el plan de pagos, la insolvencia y la quiebra.

Los 11 deudores que se defienden con demandas 

Pero los deudores también contraatacan. Por lo menos 11 de ellos han iniciado procesos judiciales contra la CFN y son respuestas a los procesos coactivos de la entidad, explicó Villavicencio. En esas disputas en tribunales están $62.8 millones.

El legislador explicó que Conto Patiño, amigo del ex presidente Lenin Moreno y representante de la empresa china Sinohydro, ha demandado a la CFN ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito por una deuda de $5 millones, que la CFN prestó a su empresa Forestal Esmeraldeña, Foresa.

Según Villavicencio, Patiño recibió 18.3 millones de comisión de la empresa china por supuestas gestiones para facilitar la construcción de Coca Codo Sinclair.

Entre esos 11 procesos presentados en contra de la CFN por deudores están seis procesos contenciosos administrativos, uno civil, otro de daños y perjuicios, y tres acciones constitucionales.

Un proceso que está suspendido por una acción constitucional es el que se sigue contra Constructora del Pacífico, de Manta, que aparece como deudora de $3´133.522 en la lista de las coactivas.

En noviembre del año pasado, el ex vicepresidente León Roldós alertó sobre la presentación de una acción constitucional en Samborondón por parte de la empresa, que fue aceptada en ese cantón del Guayas a pesar de que tienen su sede en Manta. La Constructora pidió a la justicia del Guayas que la CFN le acepte unos terrenos en Manabí como dación en pago de un crédito de cinco millones que recibió para maquinaria y por el cual está siendo coactivada.

Roldós, en una columna en El Universo, relató que “la deudora es parte de un grupo empresarial muy cercano al expresidente Correa –quien fue el principal del grupo tiene su nombre inscrito en la Placa de la Ignonimia colocada en el Palacio de Gobierno, por haberlo resuelto la sentencia de la Corte Nacional por el caso Sobornos–. Otra empresa del mismo grupo es la concesionaria de la vía Santo Domingo–Buena Fe, concesión recibida en el año 2020, comprometiendo $ 559,4 millones, para un plazo de 30 años” y agregó que “los créditos de la CFN B.P. que recibió la empresa de Manta, durante el correato, fueron para compra de maquinarias, con avalúos por encima de $ 5 millones, todas constituidas en prenda industrial, pero se liberarían, en el supuesto que se instrumente la dación en pago”.

El caso que relató Roldós se parece a otros que han ocurrido a la largo del país, con la presentación de acciones constitucionales en cualquier lugar de la República y en donde los jueces han actuado, al parecer, sin competencia.

En el caso relatado por Roldós, la Constructora del Pacífico alegó que trabaja “en todo el territorio nacional” y la jueza de Samborondón se declaró competente por esa razón.

Pero la Constructora no logró su propósito en Guayaquil, pues la Corte Provincial del Guayas declaró que el caso debía ventilarse en Manabí.  Aunque la CFN pidió que la Corte del Guayas declare un error inexcusable contra la jueza de Samborondón, para poder iniciar un proceso disciplinario en su contra,  la Corte se lo negó  en febrero de 2022.

Los grandes deudores

Entre las empresas que más deben está el hotel Sail de Manta, con $42 millones, proceso que se encuentra suspendido, por mediaciones o concursos de acreedores que detienen el proceso, o los más de $19 millones de la empresa Sonino de Guayaquil. Algunas de estas empresas se han acogido a las protecciones que establece la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada durante el régimen de Lenin Moreno. En el top ten de los diez deudores más grandes hay tres procesos suspendidos: el del hotel Sail y los de Equitesa y Centridagsa.

El principal deudor de la CFN es el constructor de este hotel en Manta. 

En Quito les sigue la empresa farmacéutica Ginsberg Ecuador, una planta que produce medicamentos al norte de la capital y forma parte de un grupo dedicado a la salud, con $13.3 millones. En la capital operan también las industrias Oleana, con $12.3 millones, dedicadas a la producción de aceites, mientras que en Guayaquil está Equitesa, de los herederos del fallecido Pedro Verduga, con $11.9 millones.

Una empresa llamada Taski, con sede en Quito y representada por Oscar Ayerve, aparece como deudora de $9,6 millones. La empresa aparece relacionada con otras empresas como Grupo El Comercio, Ecasa y hotel Hilton Colón, según el reporte de la CFN.

Villavicencio anunció que en los próximos días presentará un informe al respecto de este caso en la Comisión de Fiscalización.