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13 de Abril del 2020
Historias
Lectura: 25 minutos
13 de Abril del 2020
Redacción Plan V
Las propuestas económicas del Gobierno abren un intenso debate
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El Gobierno afirma que ha diseñado una estrategia económica para salir de la crisis creada por la pandemia, pero no convence a varios sectores.  Foto: Presidencia de la República

 

El Gobierno le apuesta a un nuevo impuesto, que llama "contribución" que deberán pagar empresas y empleados públicos y privados, para tratar de financiar el impacto de la crisis. Pero economistas de diversas tendencias rechazan la iniciativa oficial que, además, deberá contar con apoyo político en el Legislativo, pues implementar la mayoría de las propuestas oficiales requiere de una serie de reformas legales. Otros, en cambio, suscriben la lectura oficial del momento económico.

La propuesta económica del Gobierno cuenta, al principio de la semana, con escasos apoyos. Desde el empresariado hasta los indígenas, pasando por los sindicados y por varios sectores políticos, la propuesta el Gobierno de nuevos impuestos a las personas y a las empresas no parecen tener respaldo.

Economistas de diversas tendencias, sectores sociales y políticos creen que la idea de que un nuevo impuesto, llamado "contribución", y un fondo especial para gestionar el impacto económico de la pandemia han expresado sus reparos a la iniciativa oficial. 

La crisis económica del país parece no tener precedentes: el Gobierno decidió  aplazar los pagos de intereses de la deuda con bonos y liberar 811 millones de dólares hasta el 15 de agosto, pero a fines de marzo, cuando se cernía sobre el país la pandemia, pagó USD 324 del capital de bonos deuda externa.

Un nueva deuda externa por USD 581 millones de créditos con organismos multilaterales y otros países como China, permitirían que entre abril y mayo lleguen al país cerca de tres mil millones de dólares. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha dicho también que por medio de un nuevo impuesto, la "contribución" de los empleados privados, se podrían obtener por lo menos USD 600 millones, mientras que una "contribuación" similar de los empleados públicos que no trabajen en salud, educación y defensa, se podría recaudar hasta USD 250 millones más.

Economistas de diversas tendencias, sectores sociales y políticos creen que la idea de que un nuevo impuesto, llamado "contribución", y un fondo especial para gestionar el impacto económico de la pandemia han expresado sus reparos a la iniciativa oficial.

La "contribución" también tendrían que pagarla las empresas, siempre según la propuesta del Ejecutivo, por medio de una aplica una tasa de 5% sobre las utilidades de aquellas empresas que hayan obtenido utilidades en 2019 de más de un millón de dólares. Esto se cree que significaría por lo menos 500 millones de dólares y deberían pagarlo el 0,9% del total de empresas de los sectores más importantes, como supermercados, farmacias, telecomunicaciones y sistema financiero.

Las dudas de varios economistas

Richard Martínez, ministro de Finanzas

Mientras el ministro Martínez, hace cálculos de cuánto espera recaudar y en qué plazos, y no descarta nuevo endeudamiento externo para salir de la crisis (recursos que estima podrían  llegar en mayo),  la mayor parte de los empleados públicos siguen sin cobrar su salario del mes de marzo. Decenas de miles de maestros de la Sierra y la Amazonía pasaron su día clásico, que recuerda el natalicio de Juan Montalvo, impagos. 

Economistas de distintas tendencias coinciden en que hay un grave problema de liquidez en el Estado: no hay recursos y eso explica las demoras en los pagos de los sueldos, la pandemia representa un gasto de gran magnitud no previsto, el precio del petróleo ha bajado y, para complicar todavía más la situación, las exportaciones petroleras del Ecuador se han paralizado como consecuencia de la destrucción de los dos principales oleoductos.

Para el catedrático de Economía de la Universidad de las Américas, Vicente Albornoz, se debe entender "lo grave de la situación y lo escaso de los recursos" que tiene el Estado. Albornoz sostuvo que se heredó del gobierno anterior un Estado "enorme", y que las consecuencias de la pandemia han provocado graves consecuencias en los productos que el Ecuador exporta, entre los que menciona las flores y el camarón. 

Vicente Albornoz, de la Universidad de las Américas

Albornoz destaca que el Gobierno tiene actualmente muchísimas obligaciones que pagar, y que tiene un problema clave que es obtener recursos. El catedrático explicó que hay un problema que es de dónde puede conseguir recursos el Estado en este momento. "El Ecuador tiene cerrados los mercados internacionales de crédito", afirma Albornoz, y agrega que "no tenemos un centavo de ahorros", en contraste con países como Perú que va a lanzar un plan de expansión económica de que alcanza el 12% del PIB del país vecino. El economista precisó que Perú tiene 65 mil millones de dólares en su reserva internacional, mientras el Ecuador tiene "una cantidad mínima" que está respaldando los dólares que circulan en el país. 

Por ello, piensa que el país debe pedir prestado a los organismos multilaterales,  ya que considera que "un mérito del Gobierno actual es que ha mantenido una buena relación", con esas organizaciones. Albornoz dijo que el pago de los USD 350 millones de deuda externa a fines de marzo fue una estrategia "bien armada", en el marco de lo que considera una "renegociación de buena fe" con los acreedores internacionales. Entre los países y entidades a los que el Ecuador podría recurrir en busca de dinero en este momento, Albornoz mencionó a China, la CAF, el BID, el FMI y el FLAR. 

Albornoz dijo que el pago de los USD 350 millones de deuda externa a fines de marzo fue una estrategia "bien armada", en el marco de lo que considera una "renegociación de buena fe" con los acreedores internacionales. Entre los países y entidades a los que el Ecuador podría recurrir en busca de dinero en este momento, Albornoz mencionó a China, la CAF, el BID, el FMI y el FLAR.

Para el catedrático, en este momento "subir algo de impuestos", como ocurría si se llega a aprobar la propuesta del Gobierno, tiene sentido, pues permitirá negociar con los organismos multilaterales evidenciando que se hacen esfuerzos para conseguir recursos también dentro del país. "Tenemos que decir que hacemos un esfuerzo, que vamos a cobrar 500 millones de impuestos para que nos den 5000", ejemplificó el economista, quien sostuvo que una salida más viable sería subir hasta dos puntos del IVA, como ya ocurrió durante el terremoto de Manabí, más que la complicada fórmula de la "contribución" que propone el Gobierno.


Los trabajadores informales venden nuevos productos en las calles, como hojas de eucalipto. Foto: Luis Argüello / PlanV

"Las expectativas son lúgubres"

Alberto Acosta destaca que el Gobierno busca gravar a los que más tienen. 

Desde otra escuela económica, los economistas Alberto Acosta y John Cajas cree que "las medidas de contribución de personas y sociedades muestran una perspectiva distinta a otras propuestas económicas del morenismo".

Pero ambos creen que "existe una deficiencia grave pues el gobierno de Moreno ha propuesto que los fondos recaudados de dichas medias financien un fideicomiso que no sería administrado por el Estado, sino por ocho “representantes de la sociedad civil”. Este es un punto inaceptable, pues básicamente el morenismo da a entender que el gobierno no tendría las capacidades para garantizar que los potenciales recursos por obtener (más de mil millones de dólares) puedan manejarse de forma eficiente y, sobre todo, sin ser víctimas de una potencial corrupción estatal: ¿tanto desconfía el gobierno de sí mismo (cual trastorno psiquiátrico), o es que hay presiones de grupos privados que anhelan tomarse el nombre de la sociedad civil para aplicar una discrecionalidad privada al manejo de recursos obtenidos vía mecanismos estatales?", se preguntan los dos economistas. 

John Cajas sostiene que hay expectativas económicas  lúgrubres. 

"Si realmente se desea que los recursos que se lleguen a obtener de las contribuciones de personas naturales y sociedades se usen de forma transparente y “evitar” la corrupción, lo que se podría hacer es constituir adecuadas veedurias ciudadanas. Es más, se podría pedir a la Comisión Nacional Anticorrupción que coordine dichas veedurías, quizás con soportes internacionales especializados en el tema. Y la ejecución de los diversos proyectos y tareas que se financiarían con los recursos recaudados podrían estar en manos de los gobiernos autónomos descentralizados en coordinación con especialistas que conozcan las particularidades de los sistemas de salud y alimentación de cada territorio, por ejemplo", señalan los dos economistas.

Para Acosta y Cajas, "las expectativas son lúgubres: según estimaciones del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto ecuatoriano podría caer hasta en 7% para 2020, a la vez que según declaraciones del Ministerio de Economía habría una reducción de 2.800 millones de dólares en los ingresos petroleros y de 1.800 millones en los ingresos tributarios".

Para Acosta y Cajas, "las expectativas son lúgubres: según estimaciones del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto ecuatoriano podría caer hasta en 7% para 2020, a la vez que según declaraciones del Ministerio de Economía habría una reducción de 2.800 millones de dólares en los ingresos petroleros y de 1.800 millones en los ingresos tributarios".

Sobre la renegociación de la deuda, Acosta y Cajas son escépticos: "remitiéndonos a las experiencias acumuladas, no se augura ninguna mejora sustantiva si las reglas de los acreedores terminan siendo aceptadas pasivamente por el país. De ser ese el escenario, los alivios que se podrían obtener serán pasajeros: se obtendría liquidez por unos meses, pero el Ecuador mantendrá la senda del ajuste fondomonetarista, con una inserción cada vez más profunda en el mercado mundial como país exportador de materias primas en un mercado mundial cada vez más incierto. Bajo tales circunstancias, será muy difícil – o hasta imposible – superar esa tendencia perversa de alcanzar mejoras de competitividad con una creciente flexibilización laboral y ambiental", señalan.

Para Acosta y Cajas, "cabe reconocer que el gobierno al fin estaría aplicando políticas focalizadas que cargan algo de los costos de la crisis a los sectores de mayores ingresos. Cabe considerar que en 2019 solo 781 empresas obtuvieron más de un millón de dólares de utilidades; es decir, la afectación se daría sobre un número limitado de empresas. De todas maneras, el aporte del 5% de las utilidades no resulta una cantidad que se compadezca con el lucro acumulado en los últimos años sobre todo de las más grandes empresas del país". Ambos analistas sostienen que se debe "exigir una mayor contribución por parte de la banca, recordando que entre 2007-2016 dicho sector obtuvo 2.820 millones de dólares en utilidades. Para colmo, en los últimos años la banca ha seguido lucrando como nunca, incluso en medio de una economía en crisis, al punto de obtener 1.566 millones de dólares en utilidades entre 2017-2019. Ante semejante edad dorada de la banca, la contribución de 5% de utilidades se queda corta".

"Molesta que el gobierno aspire a obtener más recursos de contribuciones de personas naturales (posiblemente unos 900 millones de dólares) que de sociedades (500 millones), cuando sería más entendible lo contrario, sobre todo recordando cómo un puñado de empresas y bancos han alcanzado utilidades millonarias aún en tiempos de crisis", dijeron.

La iniciativa privada se puede "secar"

Por su parte, el economista Walter Spurrier aseguró que "el escenario actual requiere medidas de fondo, y estas deben estar destinadas a echar el lastre que venimos arrastrando y que la economía crezca.  La empresa privada está haciendo grandes esfuerzos por aliviar la situación de la gente más afectada, que es la más pobre e informal. Está aportando con tiempo, dinero e infraestructura. En ese contexto, el gobierno menciona la conformación de un fondo solidario alimentado esencialmente por el sector privado. Yo creo que el primer efecto de esa medida es que la iniciativa privada se seque, ese esfuerzo privado se va a ver perjudicado".

Spurrier agregó que "el Estado tiene fuertes ingresos, lo que sucede es que están mal direccionados, tiene una enorme burocracia, y es hora de que en estas circunstancias en que se requiere dinero para atender la situación de salud, el gobierno comience a reestructurar sus gastos y dirigir el dinero a cosas que necesita la población, sobre todo educación y salud y no gastarlo en burocracia ni en actividades que nada aportan".

"El Gobierno no se percata de que el peso de la cuarentena cae sobre dos sectores: el de los informales que quieren atender con bonos y ayuda social, y el otro es el sector de los patronos, de las empresas", dice Walter Spurrier.

Pero también señaló los errores de la propuesta, en especial, lo referente a la "contribución": "Lo que el gobierno propone tiene un error de bulto, y este consiste en que el Gobierno no se percata de que el peso de la cuarentena cae sobre dos sectores: el de los informales que quieren atender con bonos y ayuda social, y el otro es el sector de los patronos, de las empresas. Se quiere crear un impuesto a las utilidades, que son del 2019 y esta cuarentena afecta enormemente al flujo de caja al tener que estar pagando sueldos sin tener producción y lo que producen sin poderlo cobrar y teniendo que pagar impuestos, seguros social y utilidades. Y sobre esta enorme falta de liquidez se les plantea una contribución adicional".

Spurrier apoyó la propuesta de "flexibilidad laboral" planteada por el régimen:  "debe darse flexibilidad para que las empresas se ponga de acuerdo con los empleados y proveedores sobre cómo se va a atender esta falta de liquidez durante la cuarentena y luego para salir de esta situación. Esto es importante, porque a diferencia de otros países, en el Ecuador no hay apoyo público para la crisis de liquidez. Al contrario, se pretende que las empresas, con crisis de liquidez, resuelvan el problema de liquidez del Estado. En otros países, los bancos centrales han sacado dinero y están apoyando a las empresas para que no se desplomen y no sufra el empleo".

Spurrier recomendó "una profunda reforma laboral. En un país dolarizado como el Ecuador, los factores económicos no puede ser rígidos, porque si no las empresas tendrán que ajustarse sin emplear a nadie o lo mínimo posible, por la enorme inflexibilidad laboral que hay en el país: hay enorme dificultad de movilizar a los trabajadores en tiempo, en contratos a corto plazo, despedir cuando las cosas están mal, contratar cuando las cosas están bien", y agregó que  "tiene que haber también una reforma a las finanzas públicas. Tiene que usarse el dinero del sector público de la mejor manera posible; tiene que haber una reforma a la legislación monetaria y bancaria".

Según el economista,  el Gobierno anterior "pasó a meterle mano a la reserva monetaria internacional y ahora no la tenemos".

"Tiene que haber reformas en el mercado de valores, para que haya un mayor ingreso de dólares a las empresas y haya un mejor rendimiento. Es decir, una serie de cambios radicales, primero lo momentáneo, para poder superar el problema de liquidez, y luego para la recuperación a largo plazo", finalizó.

Rechazo en empresarios y en sindicatos

Las críticas también llegaron desde sectores sociales. En un comunicado, el Comité Empresarial Ecuatoriano, que agrupa a las principales empresas del sector privado sostuvo que  que un gran acuerdo nacional frente a la pandemia "debe partir de consensos mínimos trabajados con los distintos actores de la sociedad, quienes no han sido tomados en cuenta. El mismo debe traducirse en acciones inmediatas para beneficio de los emprendedores y de quienes dependen de la actividad privada".

El empresariado agregó que "vemos con preocupación que las medidas anunciadas sólo responden a la visión y a las necesidades inmediatas del Gobierno Nacional y no atienden los impactos que sufre el aparato productivo y los empleos, ni constituyen un Programa Económico de Reactivación". Los voceros del empresariado agregaron también que "luego de un análisis técnico, una amplia gama de
recomendaciones económicas, sobre las acciones a adoptar en los sectores Externo, Fiscal y Financiero para paliar la crisis. Éstas solamente implicaban un 23% de sacrificio fiscal, el resto correspondía a diferimientos que aliviarán el flujo de las personas y empresas. Lamentamos que, hasta el momento, dichas propuestas no hayan sido discutidas con los actores gubernamentales, como esperábamos". Para los empresarios, cualquier medida de "reconstrucción de la economía nacional debe "conseguir que la liquidez disponible, incluidos los créditos de los organismos multilaterales, rápidamente se dirijan a nutrir el tejido empresarial para salvar el mayor número de empleos". "Nos sorprendió que no se haya mencionado nada sobre el compromiso de priorizar las reasignaciones del presupuesto general del Estado, reducir el enorme gasto público improductivo (más aún en las actuales circunstancias en los que muchos son innecesarios), así como otras decisiones que se requieren para cambios estructurales del país". "De un centenar de países afectados por la pandemia, Ecuador es el único que está exigiendo nuevos sacrificios a los ciudadanos y en especial a las empresas que se encuentran en modo supervivencia, debido a la paralización del 70% del aparato productivo y con el consecuente desplome del consumo", finalizaron los empresarios.

"De un centenar de países afectados por la pandemia, Ecuador es el único que está exigiendo nuevos sacrificios a los ciudadanos y en especial a las empresas que se encuentran en modo supervivencia, debido a la paralización del 70% del aparato productivo y con el consecuente desplome del consumo", finalizaron los empresarios.

Por su parte, desde el sindicalismo y los movimientos sociales como la Conaie, también hubo rechazo. En un comunicado, la Cedocut, presidida por Mesías Tatamuez, aseguró que se están produciendo despidos inconstitucionales abusando del artículo 169 del Código del Trabajo, que habla de "fuerza mayor" y que algunos han interpretado como adecuado para la situación actual.  La Cedocut cuestionó que hasta ahora no se haya pagado a los funcionarios públicos, y dijo que la "contribución" equivale a "meterle la mano" los empleados.  Recomendaron pedir una "moratoria" al Banco Mundial y dijeron que no se puede aprovechar la emergencia para seguir haciendo "parches" legales.

Las propuestas de la Conaie

La Conaie se sumó al rechazo de las medidas económicas propuestas por el Gobierno. En un comunicado, la organización indígena dijo que considera "un atentado a las economías familiares de la clase trabajadora el anuncio de nuevas medidas económicas emitidas por el gobierno".

"En la crisis sanitaria, económica y social por la propagación del COVID 19 en Ecuador somos los trabajadores quienes estamos a diario en la primera línea de respuesta, somos los trabajadores del campo y la ciudad quienes hemos puesto el contingente humano, los muertos y la plata; sin embargo, miles de familias del sector público no han recibido el pago de sus salarios del mes de marzo, en cambio Richard Martínez Alvarado, ministro de Economía y Finanzas destinó USD 324 millones para el pago de los bonos 2020 a la par que alrededor de 2000 docentes a contrato han sido desvinculados y más del 60% de la población no tiene pleno empleo", recordó la organización indígena. La Conaie sostuvo que "se pagó USD 324 millones de la deuda externa y se condenó los recursos del sistema de salud pública, ahora pretenden saquear una vez más el bolsillo de los ecuatorianos, estas acciones se explican por la vinculación de representantes de la burguesía en los principales cargos del Estado, a la vez, esto es inaudito pues el mismo FMI y el Banco Mundial, pidieron a los países pobres que congelen el pago de deudas y puedan liberar este dinero para combatir la pandemia de coronavirus". 

Para la Conaie, el Gobierno "ahora quiere despojar a los trabajadores públicos y privados con el supuesto aporte al “fondo solidario” a quienes ganan a partir de 500 dólares, esto significa perjudicar a los sectores populares que mensualmente ni siquiera logran alcanzar los 700 dólares de la Canasta Familiar Básica".

Para la Conaie, el Gobierno "ahora quiere despojar a los trabajadores públicos y privados con el supuesto aporte al “fondo solidario” a quienes ganan a partir de 500 dólares, esto significa perjudicar a los sectores populares que mensualmente ni siquiera logran alcanzar los 700 dólares de la Canasta Familiar Básica".

Los indígenas dijeron también que el Gobierno actúa  "reflejando indolencia, incapacidad e incompetencia para manejar los recursos públicos y generar bienestar social y económico en esta emergencia sanitaria, las economías familiares enfrentan un golpe más, lo que vuelve insostenible generar un nuevo impuesto al salario mientras no exista una propuesta real e integral para proteger los sectores claves como el sistema de salud, alimentación, educación, seguridad social de los ecuatorianos como prioridades esenciales, al contrario, en plena emergencia sanitaria impone un panorama incierto para trabajadores públicos, privados del campo y la ciudad, así como, para las miles de familias que viven del esfuerzo diario y por las restricciones actuales son más vulnerables".

La Conaie llamó a "pagar de inmediato los salarios, correspondientes al mes de marzo, a los servidores públicos", así como "incrementar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para impedir la fuga de capitales y el traslado de riqueza a los paraísos fiscales y  aumentar el control a las importaciones".

También propuso "declarar la moratoria de la deuda externa y trasladar lo presupuestado para este pago al sistema de salud pública y ayuda alimentaria a las miles de familias y sectores más empobrecidos", entre otras medidas. 

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