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26 de Abril del 2024
Historias
Lectura: 26 minutos
26 de Abril del 2024
Julio Oleas-Montalvo
Democracia y capitalismo: una relación incómoda
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¿Qué es la democracia? El politólogo Giovanni Sartori respondería que es lo contrario al autoritarismo, a la dictadura, al totalitarismo. Foto: Pixabay

 

La relación entre crecimiento económico y régimen político es contingente. Las sociedades en las que el principio organizador de la vida económica es la producción destinada a la ganancia evolucionan condicionadas por las necesidades de la acumulación de capital. Y en esa evolución, la organización de la política (y con ella la valoración y práctica de la democracia) asume características específicas.

La tarea no consiste tanto en ver lo que aún no ha visto nadie, como en pensar lo que aún no se ha pensado sobre lo que todo el mundo ve.

Arthur Schopenhauer

 

El 20 de enero de 1949 el presidente de EE. UU. Harry Truman declaró la guerra al comunismo, esa «filosofía falsa» dijo, basada «…en la creencia de que el hombre es tan débil e imperfecto que es incapaz de gobernarse a sí mismo». A esa ideología Truman opuso la democracia, fundada en «la convicción de que el hombre tiene la capacidad moral e intelectual, así como el derecho inalienable, de gobernarse a sí mismo con la razón y la justicia». La historia, afirmó, había destinado al pueblo norteamericano a liderar al mundo, lo que pondría «a prueba nuestra valentía […] y nuestro concepto de libertad». 

Truman reafirmó la ventaja norteamericana «en el desarrollo de técnicas industriales y científicas» con las que ayudaría «…a los pueblos del mundo libre, a través de sus propios esfuerzos…» y con «…la cooperación de las empresas, el capital privado, la agricultura y el trabajo en este país [a] aumentar la actividad industrial en las demás naciones y elevar sustancialmente su nivel de vida». Con estas ideas esbozó el diseño de una máquina ideológica para impulsar la hegemonía norteamericana en la segunda mitad del siglo XX, en el amanecer de la época de la cooperación para el desarrollo. Esa máquina generalizó la idea de que desarrollo económico (en realidad, crecimiento) y democracia son dos nociones inseparables.

Harry Truman. MPI / Getty Images

Cinco décadas más tarde, en una conferencia internacional sobre democracia, economía de mercado y desarrollo, auspiciada por el Banco Mundial en Seúl (febrero de 1999), el presidente de Corea del Sur Kim Dae-jung declaró que el crecimiento económico «…logrado bajo condiciones de represión política y mercados distorsionados, no es ni robusto ni sostenible. La democracia y la economía de mercado son como las dos ruedas de una carreta: ambas deben girar juntas, y la una depende de la otra para moverse hacia adelante».

Afirmaciones de este tipo son frecuentes en la esfera política. Aceptarlas es admitir que crecimiento y democracia son conceptos sinérgicos. En realidad, la relación entre crecimiento económico y régimen político es contingente. Las sociedades en las que el principio organizador de la vida económica es la producción destinada a la ganancia evolucionan condicionadas por las necesidades de la acumulación de capital. Y en esa evolución, la organización de la política (y con ella la valoración y práctica de la democracia) asume características específicas.

Ni mentira ni verdad

Los milagros económicos posteriores a la segunda guerra mundial incluyen países con parlamentos, partidos, sindicatos y elecciones, y también dictaduras militares. Y a la inversa, en la década de 1980 las democracias latinoamericanas sufrieron severos reveses económicos, al igual que los regímenes autoritarios de todo el mundo. Al calcular tasas promedio de crecimiento de diez países sudamericanos, entre 1946 y 1988, se constata que los regímenes autoritarios crecieron a una tasa de 2,2% por año, mientras que los regímenes democráticos lo hicieron al 1,3%.

El politólogo de la Universidad de Chicago, Adam Przeworski, tipifica los regímenes políticos en función de dos características: el locus donde se toman las decisiones sobre el tamaño del sector público y el derecho de propiedad del ahorro nacional. En unos regímenes el tamaño del gobierno lo deciden los ciudadanos, en otros lo decide el mismo gobierno; en unos el ahorro nacional pertenece a los ciudadanos (el gobierno no tiene derecho a apropiarse privadamente de este), en otros la burocracia puede consumirlo. Con este esquema socioeconómico distingue tres tipos ideales de regímenes políticos: democracias (los ciudadanos deciden el tamaño del gobierno y tienen derechos sobre el ahorro nacional), autocracias (el gobierno decide su tamaño y puede apropiarse del ahorro) y burocracias (el gobierno decide su tamaño, pero los ciudadanos tienen derecho sobre el ahorro). Son autocracias las dictaduras de Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana, o Marcos en Filipinas, y actualmente Ortega en Nicaragua, y Maduro en Venezuela. Regímenes como la Unión Soviética (URSS) o los países de Europa oriental antes de 1990 son burocracias. Guillermo O’Donnell incluiría a los regímenes burocrático–autoritarios latinoamericanos, como el de Rafael Correa en Ecuador.

Guillermo O’Donnell incluiría a los regímenes burocrático–autoritarios latinoamericanos, como el de Rafael Correa en Ecuador.. Foto: Archivo Presidencia de la República

Nada pretende afirmar que la dictadura sea preferible a la democracia, ni como régimen político, ni por su aptitud para impulsar el crecimiento económico. Pero quienes asumen que la democracia es más apropiada para crecer, no disponen de un modelo razonable del proceso democrático.

Si un dictador cree que tendrá más poder si dispone de un gobierno obeso, preferirá la obesidad y no el volumen óptimo para maximizar el valor bruto de la producción. En teoría, ese tamaño óptimo corresponde al modelo de democracia ideal de la economía neoclásica. Przeworski puntualiza, sin embargo, que al asumir que las preferencias son fijas y exógenas al proceso político, ese modelo no explica qué significa para los partidos políticos «competir», ni siquiera puede predecir cuál ganará. Además, no puede resolver el problema de la agencia: si el poder es a su vez un instrumento para otros fines, entonces los políticos buscarán rentas y no serán agentes perfectos.

Nada de lo anterior pretende afirmar que la dictadura sea preferible a la democracia, ni como régimen político, ni por su aptitud para impulsar el crecimiento económico. Pero quienes asumen que la democracia es más apropiada para crecer, no disponen de un modelo razonable del proceso democrático. Y quienes creen que la dictadura es más apropiada, eluden el problema de la imposibilidad de reprimir motivaciones parcializadas de un gobierno autoritario. No es posible resolver esta controversia, pero la retórica soporta cualquier afirmación rimbombante.

Economía de mercado y política

En el capitalismo contemporáneo los individuos son agentes del mercado y ciudadanos, simultáneamente. Los recursos se asignan en los mercados o por medio del gobierno. En los mercados los agentes cristalizan sus preferencias con sus propios recursos (siempre desigualmente distribuidos), mientras que el gobierno asigna recursos confiriendo derechos distribuidos en forma diferente. La asignación preferida por los ciudadanos siempre difiere de la lograda como agentes económicos.

En democracia el derecho a influir en la asignación de recursos podría igualarse mediante el voto, lo que exacerbaría las diferencias con las asignaciones de mercado. A los pobres la democracia podría ofrecer la oportunidad de redimir su condición, a menos que ellos consideren encontrarse satisfechos con esa condición, posibilidad realmente utópica.

El tiempo es otro factor determinante. Si un gobierno cede a presiones para incrementar el consumo presente obtendrá tasas de crecimiento más bajas. La cadena causal sería la siguiente: (1) en el presente la gente pobre prefiere consumir; (2) si los trabajadores se organizan, presionarán por incrementos salariales, lo que reducirá los beneficios empresariales y bajará la inversión; (3) si la gente puede votar, como ocurre en los gobiernos democráticos, la producción bruta será objeto de otras prioridades (mediante la política tributaria o reduciendo la inversión pública); y finalmente (4), la reducción de la inversión desacelerará el crecimiento.

en la vida real las decisiones colectivas se logran mediante procesos en los que los grupos organizados presionan, influyen e incluso agasajan a los funcionarios públicos. En presencia de mercados incompletos e información imperfecta el rentismo es ineludible.

Ningún partido político ganaría una elección proponiendo sacrificios presentes para alcanzar un futuro dorado. Más probable es que los dictadores patrocinen esos sacrificios. Esta hipótesis supone (1) que el volumen del stock de capital físico es determinante; (2) que los pobres consumen un porcentaje mayor de sus ingresos que los ricos de los suyos (esto explicaría por qué los países ricos son más democráticos que los pobres); y (3) que siempre la democracia es responsable de incrementar el consumo presente.

Gary Becker, de la Universidad de Chicago, sostiene que sindicatos, gremios empresariales y otros grupos de presión tratan de maximizar la diferencia entre el beneficio esperado de una política y el costo del lobby para asumirla. El resultado es ineficiente porque todo lobby cuesta, y las transferencias de ingresos resultantes causan pérdidas irrecuperables de bienestar. Esto origina el rentismo (la obtención de ingresos no provenientes de actividades productivas). Si las transacciones se realizan al margen del equilibrio, la aparición de rentistas es inevitable.

Pero en la vida real las decisiones colectivas se logran mediante procesos en los que los grupos organizados presionan, influyen e incluso agasajan a los funcionarios públicos. En presencia de mercados incompletos e información imperfecta el rentismo es ineludible. Una dictadura tendría más posibilidades de aislarse de las presiones sectoriales. Y, en consecuencia, más capacidad para forzar el ahorro, promover la inversión y acelerar el crecimiento.

Si el gobierno fuese eficiente –capaz de hacer lo que debe y de repeler las presiones para hacer lo que no debe– el factor determinante sería la autonomía. Y el crecimiento sería el resultado de la gestión macroeconómica de la tecnocracia estatal. En la era neoliberal la receta más difundida de lo que debe y no debe hacer el estado (léase gobierno) fue el Consenso de Washington.

Tan importante como el régimen político

En una economía ideal (de competencia perfecta, con precios flexibles y perfecta movilidad de factores) la norma constitucional sería muy simple: mientras menos gobierno, mejor. Pero en el mundo real todo estado necesita un gobierno apto para resistir las presiones rentistas y responder ante las contingencias de la dinámica económica. Sin embargo, el neoinstitucionalista Douglas North sostiene que el gobierno siempre estará dispuesto a depredar a la sociedad. Solo las instituciones democráticas –dice– pueden obligarlo a actuar en beneficio del interés general. 

Las instituciones pueden ayudar a procesar los dilemas de acción colectiva, a salvaguardar los objetivos de largo plazo frente a las presiones de corto plazo de grupos de presión específicos, a sancionar a quienes pretenden vulnerar las reglas de juego acordadas, a perfeccionar la información disponible y a canalizar las expectativas. El resultado natural será el crecimiento. Pero si generan incertidumbre, desalientan la inversión, limitan la innovación y la competencia, perpetúan la desigualdad y la exclusión social y no protegen los derechos de propiedad, trabarán el crecimiento.

En una economía ideal (de competencia perfecta, con precios flexibles y perfecta movilidad de factores) la norma constitucional sería muy simple: mientras menos gobierno, mejor. Pero en el mundo real todo estado necesita un gobierno apto para resistir las presiones rentistas.

La garantía pública de la propiedad privada es esencial. El neoliberalismo ha elevado este tema a la categoría de dogma, ocultando la diferencia entre la calidad y necesidad de ese derecho, y su grado real de concentración en una cantidad cada vez más reducida de titulares del mismo. La literatura convencional invariablemente afirma que las dictaduras son hostiles a la propiedad privada. Salvo, según Robert Barro, catedrático de la Universidad de Harvard, en tres casos: Chile, Corea del Sur y Singapur.

Seúl, Corea del Sur. Foto: Pixabay

El ejemplo más potente de un proceso de desarrollo económico exitoso es la República de Corea. Esta historia comienza con una reforma agraria (1947-1953) que expropió los latifundios de los japoneses colaboradores del gobierno colonial. La tierra fue redistribuida entre los agricultores, también se reguló el arrendamiento en beneficio de los arrendatarios, y se implementaron políticas de apoyo a los pequeños campesinos. Con la supervisión de EE. UU. las instituciones surcoreanas fueron modeladas por Syngman Rhee, educado en Harvard y Princeton, y fervoroso anticomunista. Entre 1953 y 1987 se sucedieron tres gobiernos autoritarios (Syngman Rhee, 1953-196; Park Chung-hee, 1961-1979; y Chun Doo-hwan, 1979-1987) que desarrollaron una economía de mercado, con amplio respaldo a la propiedad privada –una vez concluida la reforma agraria. Durante este periodo ocurrió lo que se conoce como el milagro del río Han. Park usó el estado para acelerar el crecimiento económico, canalizando créditos y subsidios hacia las empresas exitosas. En esta etapa la economía surcoreana creció a una tasa promedio anual de 6,8%. Desde 1987 la República de Corea es un estado democrático, con una tasa de crecimiento del PIB per cápita de 3,4%, es decir la mitad del promedio del periodo autoritario.

En Chile ocurrió lo contrario. El presidente Salvador Allende, elegido democráticamente, fue depuesto en 1973 mediante un golpe militar apoyado por el gobierno norteamericano. Durante la dictadura cívico-militar, que duró hasta 1990, el PIB per cápita creció a un promedio anual de 1,3%. Desde 1990 Chile, el más exhaustivo experimento neoliberal de América del Sur, vive en una democracia tutelada por la constitución dejada por el dictador Pinochet, que reporta un crecimiento promedio anual del PIB per cápita de 2,8%.

La República de Singapur es como una ciudad-estado insular. Su territorio se encuentra en 64 islas que suman 720 km2 con casi 6 millones de habitantes. Fue expulsada de la Federación Malaya y se declaró independiente en 1965.  Tiene elecciones, pero solo ha gobernado el Partido de Acción Popular, en forma autoritaria y sin libertad de prensa. Entre 1965 y 2018 esta ínsula, difícilmente calificable como democracia, ha tenido una tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita de 5,6% anual.

Ni la evidencia ni la teoría corroboran la idea de que las democracias protegen mejor los derechos de propiedad. David Ricardo sostenía que el derecho al voto solo debía concederse a quienes no les interese anular el derecho de propiedad. K. Marx razonaba de otra manera: la democracia inevitablemente desencadena la lucha de clases, y la combinación capitalismo–democracia es una forma de organización social inherentemente inestable: los pobres se valdrán de ella para expropiar a los ricos; y estos, atemorizados, buscarán a las fuerzas armadas para ejercer poder autoritario. A la larga, o el capitalismo o la democracia se desmoronarían.

Desde D. North hasta D. Acemoglu y J. Robinson, el neoinstitucionalismo sostiene que el respaldo a los derechos de propiedad es imprescindible para alentar el crecimiento. Pero el gobierno no es el único peligro potencial para los derechos de propiedad. Los actores privados también son una amenaza: la propiedad capitalista es codiciada por los trabajadores, y la de los terratenientes por los campesinos sin tierra. El regulador no es, necesariamente, el villano; para mantener a raya al sinnúmero de usurpadores privados se necesita un gobierno fuerte. Pero un gobierno fuerte es, en sí mismo, una amenaza potencial. Este dilema ha sido resuelto mediante el accionar de gobiernos autoritarios cada vez más frecuentes, dispuestos a mantener a raya las intenciones usurpatorias de los desposeídos.

El verdadero enemigo

Al finalizar el siglo XX el mundo vivía la apoteosis de la globalización del capital. La República Democrática Alemana parecía un anecdótico paréntesis en la historia de Europa. Según Amartya Sen, en ese siglo el más importante logro de la humanidad habría sido el ascenso de la democracia. «Ciertamente, cuando en el futuro se mire hacia atrás para ver lo que ha pasado […], encontrarán difícil no aceptar el relevante avance de la democracia como el logro más notable de este periodo». En el siglo XX «la idea de la democracia se estableció como la forma ‘normal’ de gobierno a la que tenía derecho cualquier país –de Europa o América, o Asia o África. No necesitamos establecer de nuevo, en cada momento, si tal o cual país (Sudáfrica, Chile, el Congo o Camboya) está ‘listo’ para la democracia […]; hoy día lo damos por sentado».

Sen, economista experto en pobreza y desarrollo humano, se refiere a la democracia auspiciada por EE. UU. y sus aliados del Primer Mundo, no a la versión leninista, derrotada en Occidente con la caída del muro de Berlín. Pero ¿qué es la democracia? El politólogo Giovanni Sartori respondería que es lo contrario al autoritarismo, a la dictadura, al totalitarismo. La compleja relación entre democracia y crecimiento económico la ejemplifica el caso de la República Popular China. Esta civilización-estado, establecida el 1 de octubre de 1949, tiene una historia que se remonta a la dinastía Xia (2070-1600 a.C.). En una superficie de casi 9,6 millones de km2 alberga unas 1.425 millones de personas (casi una quinta parte de la población mundial). Con la reforma iniciada por Den Xiaoping en 1978 la economía china se ha transformado en un híbrido de capitalismo de estado con características socialistas y planificación central que, entre 1978 y 2018, registra una tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita de 5,3%. China tiene prácticas democráticas en el nivel local, pero en el ámbito nacional es un régimen autoritario dominado por el Partido Comunista Chino.

los valores de la Revolución Francesa y los derechos humanos han dejado de ser un consenso en Occidente (en Oriente nunca lo fueron). De hecho, la mitad de la población mundial vive bajo regímenes no democráticos.

En el siglo XX el progreso de la democracia liberal estuvo acompañado de la consolidación de los derechos políticos y civiles. Y del avance de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas (diciembre de 1948) inspiró muchas constituciones en todo el mundo y ha servido como marco general para la protección de los derechos humanos. Ese proceso fue auspiciado por los sucesores de Truman, y no fue gratuito. En Occidente fue el resultado de un pacto entre el capital y el trabajo, facilitado por productividades crecientes. Ese pacto –fordista, lo llaman los teóricos de la regulación– comenzó a diluirse con el ascenso de la economía de la oferta en la penúltima década del siglo XX.

Cuatro décadas más tarde, los valores de la Revolución Francesa y los derechos humanos han dejado de ser un consenso en Occidente (en Oriente nunca lo fueron). De hecho, la mitad de la población mundial vive bajo regímenes no democráticos. Ese consenso ha sido destruido por la «ultraderecha reaccionaria y moralizante global» –como la llama la historiadora argentina Leticia Cappellotto– representada por el partido Alternativa para Alemania, Éric Zemmour en Francia, el Partido del Progreso en Noruega, VOX en España, o el ala ultraconservadora del partido republicano de EE. UU. liderada por Matt Gaetz («el congresista más trumposo» según la revista Rollin Stone). La más reciente versión de esta tendencia es el argentino Xavier Milei, responsable de una extraña conciliación entre un enésimo ajuste macroeconómico según la receta del FMI y sus funambulescas ideas libertarias.

Según el Global Wealth Report 2023 del Credit Suisse Research Institute, en este primer tercio del siglo XXI el 1,1% más rico de la población mundial (59,4 millones de personas adultas) concentra 45,8% de la riqueza global (US$ 208,3 billones), mientras que el 52,5% más pobre (2.800 millones de personas adultas) posee 1,2% de la riqueza global (US$ 5,3 billones). Estos datos confirman el triunfo histórico de los dueños del capital. La evidencia indica que el capitalismo, democrático o autoritario, obtiene mejores resultados de crecimiento –y más el capitalismo autoritario, como lo practican en Singapur o en China.

Aparentemente, la disputa ideológica actual es diferente a la del siglo pasado. Hoy la única ideología plausible es hacer dinero a cualquier precio. La democracia, valor fundamental de Harry Truman, está arrinconada por esa ideología. Parecería que ya no se puede ganar una elección sin corrupción; la democracia misma parece no funcionar sin corrupción, por lo que en realidad no interesa erradicarla.

La disputa ideológica se concentra en lo intangible: valores, símbolos e imaginarios. Ya no sería una batalla por el modo de producción y contra el comunismo, como ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Se presenta como una guerra en el campo cultural, contra lo que la ultraderecha reaccionaria y moralizante, cada vez más empoderada, llama marxismo cultural; contra la igualdad de género; la cultura popular, la educación laica, universal y gratuita, el ecologismo, los movimientos sociales y la decolonialidad; y contra los cuestionamientos a la familia patriarcal y a la heteronormatividad.

la economía china se ha transformado en un híbrido de capitalismo de estado con características socialistas y planificación central que, entre 1978 y 2018, registró una tasa de crecimiento promedio anual de 5,3%. China tiene prácticas democráticas a escala local, pero en lo nacional es un régimen autoritario dominado por el Partido Comunista Chino.

En esta época, de predominio de lo cuantitativo, es preferible hablar de lo democrático antes que de democracia: el adjetivo permite matizar cuantitativamente lo que el sustantivo solo entiende como un absoluto. Así, The Economist Intelligence Unit (EIU) publica índices en los que, en forma comparativa, divide a los países del mundo en cuatro grupos: en 2023 solo 7,8% de la población mundial vivía en democracias plenas; el 27,6% en democracias fallidas; el 15,2% en regímenes híbridos y el 39,4% en regímenes autoritarios (Democracy Index 2023: Age of Conflict).

El EIU estudia la calidad de la democracia desde 2006. Uno de los índices más significativos de esta investigación es el promedio global, que muestra una tendencia claramente descendente en lo que va del siglo (Gráfico 6). El deterioro de la democracia se aceleró en 2016, año en que EE. UU., país democrático por antonomasia, fue degradado de democracia plena a democracia fallida. Mientras tanto, los regímenes autoritarios se están radicalizando y los regímenes híbridos han perdido interés en perfeccionar sus prácticas democráticas.

Al terminar el pacto fordista comenzó a erguirse la pirámide de distribución de la riqueza global representada en el gráfico 5; de ella surgen los ultraderechistas reaccionarios y moralizantes empeñados en revertir el avance de los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos. Los verdaderos enemigos de la democracia liberal son la inequidad extrema y los políticos ultra reaccionarios –de izquierda o de derecha. Hoy, más que nunca, es necesario rescatar la democracia como valor y práctica social, evitando mixtificaciones como la de Kim Dae-jung, que sugieren que el capitalismo necesita de la democracia para lograr legitimidad. Sería más una coartada que una necesidad estructural. En sentido inverso no ocurre lo mismo: la democracia no necesita del capitalismo, afortunadamente.

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