Salgo a las calles para mirar los rostros del paro. El jueves 26 de junio de 2022 fue particularmente raro. Me encontré de casualidad con dos altos funcionarios del gobierno, con muchísimas mujeres indígenas que caminaban con sus hijos en brazos por el parque el Ejido, con centenas de personas que asistían a un concierto de esos típicos urbanos en los que se protesta al ritmo del punk, rock, rap, con una marcha por la González Suárez en la que personas de blanco, con sus hijos y perros, reclamaban paz, con gente que tomaba en café como que nada pasaba, con calles absolutamente vacías cuando en un día normal estarían abarrotados de autos, con gente que caminaba como perdida con palos y banderas, con personas que huían de las bombas que tiraban en el parque el Arbolito, con cordones militares en muchas calles del centro, con vecinos del barrio, con mi hija. 

Todo el mismo día. Intento ver sus miradas y muchas tienen ira, angustia, tristeza, frustración, incertidumbre, miedo. 

Todas las personas, en un mismo país con ideas y orientaciones diversas, demandando cosas diferentes. 

Pero no me encuentro conmigo mismo. No sé si putear, si sumarme a las marchas, si subirme a la tarima y gritar con Igor, si ser un voluntario para la ayuda humanitaria, si aceptar entrevistas, si escribir algo, si emborracharme, si olvidarme de todo y leer. Alimento mi angustia recurriendo al twitter como un adicto. Lo cierro, lo abro pensando que algo me estoy perdiendo. Lo cierro. Lo abro, un like por ahí. Lo cierro. Lo abro. Lo cierro. Leer por salud mental, en mi burbuja de privilegio. Intentar dormir pensando que el mañana puede ser mejor.

Conversar. Escuchar. Discutir. Leer. Pensar. A ver si algo se aclara para entender lo que pasa y a quienes hablan. Mientras leo “Hombres justos” de Iván Jablonka y su categorización de la masculinidad de criminal, de privilegio y tóxica, y escucho los discursos de los hombres del gobierno (presidente, ministros del interior y de defensa), de algunos comunicadores hombres (Andersson Boscán), de algunos líderes indígenas, de algunos actores sociales, como muchos de los hombres que gritan en la Shyris y de otros que tiran piedras y otros que tiran bombas (policías y militares), me digo: más allá de la injusticia, inequidad y exclusión que se demanda, los voceros hombres sacamos nuestra peor masculinidad patriarcal y avivamos la violencia. 

Las ideas y las voces de la masculinidad dominante no hay que callar, pero cabrea que sean las que predominan y opaquen las otras voces. La violencia hay que aplacar, y cabrea que sea la que intente reprimir la discusión de las demandas sociales. 

Escucho las voces de las mujeres indígenas (como Nina Pacari, Cecilia Velasque, Koya Shuguli), de periodistas mujeres (como Ana Acosta, Johanna Cañizares, Karol Noroña, Sinchi Gómez, Susana Roa, María Belén Arroyo, Alondra Santiago), de mujeres que luchan contra la violencia y las violaciones de derechos humanos (como Vivían Idrobo, Lolo Miño y centenas de mujeres del movimiento indígena). Y me digo, sin ánimo alguno de esencializar a la mujer ni generalizarlas (como tampoco negar que hay hombres sin masculinidades tóxicas), la sensatez está por las voces de las mujeres. 

Hablando con una de ellas, la conversa giró alrededor de los posibles escenarios de las salidas y esta fue mi comprensión.

Protestas en la avenida de Los Shyris, al norte de Quito. Foto: Luis Argüello. PlanV

1. La muerte cruzada

La destitución del presidente (artículo 130 de la Constitución) o la disolución de la Asamblea Nacional (artículo 148 de la Constitución) son dos salidas constitucionales, sin duda. También puede ser una salida a la crisis política, sin duda también. Cuando el diálogo se agote o cuando se persista en mantener políticas excluyentes y con prioridades a cuestiones macroeconómicas que invisibilizan a los sectores más vulnerables, es una salida. 

La pregunta es si esta es la mejor salida para la demanda social y la institucionalidad del país.

Desde el lado de la demanda por una sociedad más equitativa e incluyente, me parece que, en el corto tiempo que se tiene hasta la designación de otras autoridades por elección popular, el gobierno no tendrá tiempo para rectificar ni de aprender las lecciones de este paro. Hasta quizá es un tiempo más de políticas liberales que favorecen a los actores más poderosos del mercado.

La energía popular de la protesta se diluirá y volveremos a tener la típica oferta de promesas, todas diciendo que representan el clamor del pueblo. Las maquinarias electorales otra vez en funcionamiento, no abrirán las puertas a las personas que mejor representen a las mayorías y comenzará la ofertilla de campañas. Populismo y punitivismo puro y duro volverán a escucharse.

Por otro lado, y no menos importante, el gran triunfador de esta salida será el correísmo (no la izquierda). No es casual que quienes promuevan esta salida sean quienes representan al movimiento liderado por el señor Correa. Uno quisiera no mencionarlo ni recordarlo, pero su presencia e influencia es real.

Si el correísmo llegara a capitalizar la energía popular de este momento y tendría la esperanza de volver al poder, sería una pesadilla. Por el lado de la institucionalidad, como ya lo hizo con el régimen de transición de la Constitución de Montecristi y con la reforma constitucional del año 2011, se tomarán todas las funciones del estado y también todos los órganos de control. Tienen experiencia para hacerlo. La independencia judicial, que tanto cuesta alcanzarla, daría mil pasos atrás. Comenzaría una cacería de brujas como pocas veces vista. En el poder lograron criminalizar a las personas que disentían. Si volverían, una de las primeras medidas sería indultar a las altas autoridades ahora condenadas por corrupción, comenzando por el mismo señor Correa. Destituirían a todas las personas operadoras de justicia (fiscalía y judicatura) que participaron en sus condenas y muy posiblemente acabarían presas. Chao Corte Constitucional, porque no soportan someterse a la Constitución ni los límites al poder. 

No se puede olvidar es política agresiva extractiva, la explotación del Yasuní, la indiferencia y hasta indolencia por los pueblos indígenas en aislamiento (Tagaeri y Taromenani), la división del movimiento social (estudiantil, sindical, indígena), la estigmatización y denigración a quienes disentían (incluso a los líderes indígenas, algunos muertos y muchos criminalizados. Incluso intentaron quitar la sede a la CONAIE), el control abusivo de los sistemas de inteligencia (no para investigar delitos sino para espiar a las personas disidentes), la intromisión en las universidades, la creación de un sistema penal altamente punitivo (del que fueron víctimas cuando perdieron poder) que se manifestó en mega cárceles y en el crecimiento de la población carcelaria, la creencia de que solo se puede dialogar con quien gana elecciones y cerrar la posibilidad de una democracia más inclusiva. En la Universidad Andina sufrimos la intolerancia por un informe sobre derechos humanos en el que se demostraba la criminalización a la protesta y luego varios años de intentos por controlar la universidad. Si bien uno podría reconocer una mejor inversión social, no se vencieron problemas como la desnutrición infantil y la inequitativa distribución de la riqueza, y qué decir de la corrupción… Mucho para no correr el riesgo de una muerte cruzada. 

Por lo dicho, si bien es constitucional esta salida, para mí no es la políticamente la más adecuada para salir de la crisis, y debe ser utilizada sólo como último recurso. Aún creo que existe la posibilidad del diálogo y la rectificación gubernamental. 

Foto: Luis Argüello. PlanV

2. El diálogo y la rectificación gubernamental 

No voté por el señor Lasso. Anulé mi voto. La razón fundamental es que no comparto la premisa de que la apuesta hay que hacerla por el mercado y los empresarios como actores fundamentales. En el mejor escenario liberal el estado se repliega y ese lugar ocupa, supuestamente, “la libre mano del mercado”. En una sociedad brutalmente inequitativa como la ecuatoriana esta propuesta es una estafa para las personas más pobres y en situación de vulnerabilidad, que no casualmente son los pueblos indígenas. 

Un año después de gobierno, con una perspectiva y con políticas liberales, las consecuencias fueron puestas en evidencia por la movilización indígena y por el paro nacional. 

Si uno mira las propuestas del movimiento indígena, más allá de la discusión de si son viables y las más adecuadas, tienen como premisas la inequidad y la ausencia de políticas públicas con enfoque en derechos. En otras palabras, la satisfacción de esas demandas requiere un Estado fuerte, con capacidad de regulación y de distribución de la riqueza, y de un modelo de desarrollo no extractivista. 

¿Será posible que un gobierno liberal pueda atender una agenda igualitarista? Uno podría ser escéptico y con razón. No hay gobierno desde el retorno de la democracia que haya podido escuchar y canalizar la demanda de los pueblos indígenas, y en particular desde el año 1990, se digan estos de derecha, centro o izquierda. Los levantamientos indígenas y de movimientos sociales populares han terminado en negociaciones, como con Rodrigo Borja y con Lenin Moreno; o en derrocamientos, como con Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. En ambos casos no se han dado soluciones a los problemas que motivaron las movilizaciones. 

Me parece que para el gobierno es un imperativo dialogar y llegar a compromisos que deban ser cumplidos efectivamente, por varias razones. 

Primero, tiene tres años aún para terminar su período. No aprender de esta movilización significa dejar latente el problema, que puede estallar en cualquier momento. Y cualquier momento significa que, en los años que restan de este gobierno, si es que se mantiene, no puede gobernar a espaldas del movimiento indígena y de sus demandas sociales. 

En segundo lugar, no se trata de que el gobierno claudique de su ideología liberal, se trata de cumplir la Constitución. Si uno mira en clave de derechos las demandas de la CONAIE, uno podría traducir sus propuestas en derechos laborales, de la naturaleza, colectivos de los pueblos indígenas, a la salud, a la educación, a vivir en una sociedad libre de violencia, a la soberanía alimentaria. O sea, se pide que se cumpla que el más alto deber del Estado es garantizar los derechos (artículos 3.1 y 11.9 de la Constitución). No se trata, pues, de traicionar el ideario liberal sino de cumplir con la Constitución.

En tercer lugar, si una piensa en la institucionalidad del país, es más aleccionador para quienes representan al Estado resolver los conflictos sociales que postergarlos o derivarlos a otras autoridades. Resolver el conflicto, si se logra, significará fortalecer una institucionalidad que ha sido siempre débil o al servicio del grupo de interés por el que gobierna el partido o movimiento político de turno. 

Finalmente, desde la lógica de construir un Estado plurinacional, la visibilidad actual del movimiento indígena demuestra su existencia, sus problemas y sus protagonismos. El poder no solo debe ser encaminado a satisfacer sus necesidades sino también ser compartido. No digo necesariamente que tenga que existir una cuota de personas indígenas en el ejercicio del poder en un gobierno liberal, sino que siempre que se tome decisiones que afecte al movimiento indígena, se tenga que escuchar su opinión. Eso se llama aplicar el derecho a la consulta. 

Se han podido escuchar ya algunas voces desde el gobierno (en particular del ministro Holguín) que ya reconoce que hay problemas y que las soluciones ofrecidas por el gobierno no han sido suficientes. Esto es una esperanza de que el gabinete no solo hay voces que llaman a la fuerza o, como la de la cadena nacional de las 22h00 del día domingo 26 de junio, cuando el presidente vuelve, dando un puñetazo en el escritorio, a hablar de paz sin justicia social y generalizar de que quienes protestan son violentos. 

Falta todavía la voluntad de diálogo genuino y dejar de pensar que toda persona que protesta es un estorbo. Quienes protestan son actores políticos, no criminales. No reconocerlos puede significar prolongar la movilización y el paro, a corto plazo; y dejar latente un problema que más tarde puede acumular una fuerza popular inimaginable, a mediano y largo plazo. 

El diálogo es uno de los medios para lograr la tan anhelada democracia participativa. Si se logran acuerdos y se establece una agenda gubernamental, no solo que la institucionalidad pasaría una prueba de fuego sino que se fortalecería también la democracia. 

Foto: Luis Argüello. PlanV

3. ¿Otros escenarios?

Hay tres vías más que me parece que podrían presentarse. 

La una, indeseable, es que exista una desmovilización indígena y de los movimientos sociales sin un acuerdo. Esto me parece que fue la intención del gobierno al utilizar la fuerza y el estado de excepción. Se pretendió que los indígenas no tengan un líder visible (detención del señor Iza), que no entren a Quito, que no utilicen la Casa de la Cultura, que tenga que ser la movilización, sin distinción si es pacífica o no, reprimida. Las personas y los pueblos indígenas no se desmovilizaron. Pero igual no se debe desconocer que mantener una movilización en el tiempo requiere mucha energía, recursos, apoyos, paciencia, organización, perseverancia. No es fácil. 

La otra es que el diálogo se produzca por delegación a otros actores sociales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se delega de la CONAIE a lideresas como Mayra Chala o Zenaida Pasacana, y a la ministra María Brown? Me parece que es importante apostar a nuevos y distintos liderazgos. 

La CONAIE no es el señor Iza, como tampoco el gobierno debería reducirse al señor Lasso. Nos hacen falta refrescar las voces, que representen la diversidad del movimiento indígena y de los movimientos sociales, por un lado, y que reflejen a los distintos sectores sociales y miradas políticas, desde el lado del gobierno. Al final, el gobierno es del Ecuador y no solo de un partido político. 

Si la muerte cruzada se realiza, en ese escenario se debe promover un movimiento popular diverso, con todos los colores de nuestras nacionalidades, ecologista, post-extractivo, que pueda disputar a todas las maquinarias electorales que se activarán

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Cualquiera sea la salida, nunca hay que olvidar que lo más importante es atender las demandas sociales que provocaron la movilización, y que los pueblos indígenas y los movimientos sociales populares que han sumado sus demandas exigen otra democracia (más allá que la representativa y que sea participativa y comunitaria) y otro modelo de desarrollo (que supere el extractivismo destructor de la naturaleza).

Si no se garantizan los derechos de los pueblos indígenas y de las personas más pobres del país, volveremos a tener octubre del 2019 o junio del 2022, salvo que quizá la próxima vez sea más violenta por la represión o porque quienes protestan prefieran morir luchando a morir de hambre.