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2 de Diciembre del 2019
Historias
Lectura: 17 minutos
2 de Diciembre del 2019
Redacción Plan V
Andrés Michelena: tenemos un retraso de 15 años en lo digital
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Fotos: Luis Argüello / PlanV

En su despacho del Ministerio de Telecomunicaciones, Andrés Michelena explica sus propuestas para la masificación de la tecnología. 

 

En ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, explica a los lectores de Plan V los planes hacia una ciudadanía digital. Este es el proyecto estrella del Gobierno.

El Gobierno se ha planteado un plan ambicioso: volver al Ecuador un país digital y llenar la brecha digital. El país tiene un retraso de 15 años respecto a vecinos como Colombia y Perú, y la segunda tarifa más cara de la región. Esto vuelve cuesta arriba estas metas, pero el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, explica cómo lo van a superar.

¿Por donde se empieza? ¿Cómo se valora esa realidad digital?

Creo que hemos generado dos momentos importantes: primero generar conciencia en el país de que hay que crear alianzas público-privadas dentro de una estrategia como nación. En la mayor parte de países del mundo la copartición en la infraestructura de las empresas es real. En Europa, por ejemplo, la inversión altísima en telecomucaciones no puede hacernos competitivos si los tres sectores invertimos construyendo carreteras que van al mismo lugar. Para qué hacemos los tres autopistas si podemos hacer una y la compartimos, y al final ¿quién gana? El que mejor precio da, el que mejor servicio tiene, el que mejor calidad de estructura tiene y el que es más creativo en los productos. Es importante en esto el hecho de que se hayan unido Claro, CNT y Telefónica para compartir infraestructura. Ese es un ahorro de casi el 50% de la operación de las empresas.

Al parecer es de sentido común, ¿por qué no se hizo antes?

Era un mundo distinto. Había mucho dinero para inversiones y se podía construir mucho, pero la necesidad tecnológica de cobertura exige cada vez más inversión.  Al final, cuando queremos hablar de 5G debemos poner miles de antenas en toda la ciudad y ninguna infraestructura va a alcanzar. Si queremos 5G en uno o dos años, tenemos que compartir. Lo mismo que se hizo con el Estado: tenemos una infraestructura gigante que es CELEC, que estuvo muchos años botada, cuando puede ser un distribuidor nacional. Entonces, hay tres momentos para la digitalización: la compra internacional de internet, la distribución local y la última milla, es decir del poste a la casa o al negocio. Entonces, en la compra internacional buscamos cubrir más demanda a menor precio, la distribución la tenemos compartida entre lo privado y lo público y en la última milla vamos a competir todos. Ahí vamos a competir porque tenemos la misma autopista y la competencia es en precios, atención al cliente y en calidad. Si no tengo esto, no tengo nada, porque el corazón de la tecnología, de la innovación es la conectividad.

¿Cómo resolver el tema del precio en esa conectividad, y cuál es la situación de la fibra óptica en el país?

Tenemos primero que ver cómo bajar los precios. En el artículo tercero de la reforma que hemos mandado a la Asamblea hemos puesto que la valoración del espectro sea internacional, y que se valoren muchos puntos, para ver lo que cuesta. No un precio que lo ponga el Gobierno o un funcionario determinado y vemos otros tipos de valoraciones. Queremos que venga la UIT, el organismo de telecomunicaciones del mundo y diga: el espectro vale tanto y se vende en tanto. Ahí es el inicio del proceso de asignación y con eso controlo el precio a escala internacional. Es como si quisiera vender el barril de crudo a 200 dólares y en el mercado está a 50. Nadie me va a comprar. Por eso estamos transparentando un precio a escala internacional. Sobre la fibra óptica, esto ha sido un negocio siempre, pero es un tema de compartición de infrestructura. Para qué me lanzo a fibra óptica si podemos hacerlo entre los operadores o los distribuidores, y solo en la última milla competimos todos. Es un negocio de muchos millones de dólares y si me ahorro como operadora ya no tengo que cobrar al usuario y el precio final será más barato. Ahora, a nivel internet fijo hemos logrado bajar de 22 dólares a 9,50. Esto entre 122 parroquias que están más atrasadas en el tema. Y a nivel móvil se van a lanzar planes de 5 a 7 dólares, para que tengan 4G con una capacidad de 1 Giga. Sobre todo en datos, ya la gente no se comunica en voz, sino con datos. Esto exige a las empresas operadoras que su capacidad de conexión sea más eficiente. El servicio de transferencia de datos es más complejo.

Queremos que venga la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo de telecomunicaciones de la onu, y diga: el espectro vale tanto y se vende en tanto.

En la reforma surgió una polémica al reducir el impuesto que la más grande operadora paga por poder de mercado.

En la primera reforma lo que hicimos fue cambiar el modelo. Muchos asambleístas entendieron que estábamos reduciendo ese impuesto, pero estaba cambiando el modelo: ya no me pagues por número de usuarios sino por facturación. Es decir, yo tengo la mayor cantidad de usuarios, te pago. Ahora no, todos pagan de acuerdo a su facturación. Nosotros bajamos el porcentaje porque teníamos un problema real: la primera operadora del mercado nos decía que ya no quiere crecer más porque debe pagar más.  Sin embargo, para que esta ley pueda salir hemos eliminado ese artículo y lo que hemos propuesto es que ese monto de dinero, que ahora va al Estado, se devengue. Tenemos el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel, pero no se invierte nada. Lo que estamos haciendo es obligar al Estado que, en lugar de que esos USD 120 millones vayan a cualquier destino, vayan exclusivamente a desarrollo tecnológico. Estamos atrasados 15 años y si no invertimos ahora no vamos a alcanzar el ritmo de los demás países de América Latina. Lo que se pide a la Asamblea es que seamos flexibles y devenguemos hasta el 80% por lo pronto.

Se plantea que tenemos un déficit de 40% de demanda insatisfecha, no hay conectividad...

Hay 1024 parroquias en el Ecuador, de estas 392 no tienen conectividad alguna. Solo 400 tienen tecnología 4G. Es decir, tenemos muy poca conectividad de alta velocidad. Queremos duplicar esto, para que no solo 5 de cada 10 ecuatorianos tengan acceso a 4G sino 8 de cada 10. Si logro conectar con alta velocidad de internet, se puede implementar los proyectos que hemos propuesto: telemedicina, gobierno en línea, educación virtual. Estamos hablando de que las telefónicas pagan alrededor de 126 millones de dólares al año. Estas hacen dos pagos. El primero cuando sacas a concurso. El próximo año vamos a sacar a concurso tres bandas: la de 700, la 2.5 y la 3.5. La UIT me dirá cuánto vale. Ese momento las operadoras pagan el 50% del valor a la firma del título. Luego, todos los años pagan una cifra por explotación del espectro. Esos son los USD 126 millones y recibe USD 24 millones de pago por concentración de mercado. Unos 160 millones de dólares. De esta plata, en la reforma estamos diciendo: déjennos devengar hasta el 80%. Y con eso lograremos hacer tres cosas: que todas las escuelas tengan conectividad, que todos los hospitales la tengan, todas las carreteras, todas las casas que entrega el gobierno y luego podemos implementar la telemedicina, la educación virtual y la concetividad para las poblaciones más desposeídas.

¿Es posible una conectividad abierta en ciudades como Quito y Guayaquil? ¿Los municipios tienen propuestas?

Es complejo. Llegar a que sea un derecho para todos es complejo todavía, por los costos. Pero al menos dotar de conectividad, bajar las tarifas y luego subsidiar a los que no pueden pagar un solo dólar. Hay gente que solo puede pagar hasta 7 dólares. Por eso hemos bajado las tarifas y con eso incorporamos a la red de conectividad a unos dos millones de ecuatorianos más. Y los que no tiene cómo, el Estado tiene que dar gratuidad.

¿Conectividad para qué? Lo que tenemos son más de cinco millones de personas con rezago educativo, son contar con la brecha digital.

Aquí hay una ley de simplificación de trámites, para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Tengo 4300 trámites burocráticos y de esos tengo que simplificar, otros eliminar y los demás digitalizar. Entonces puedo tener al 2021 el 80% de los trámites en línea. Eso lo puedo hacer, pero al final del día solo se benefician 5 de cada 10 ecuatorianos. Los más rezagados, los más olvidados, seguirán haciendo crecer la brecha digital. Tenemos una altísima demanda insatisfecha de educación. Debemos dotar de conectividad a todas las escuelas y a los jóvenes que no puedan por A o B motivo ir a una escuela, que tenga su conectividad y puedan entrar a capacitación virtual. Lo mismo en capacitación técnica y universidad virtual. A través del Senescyt estamos trabajando en estos niveles; tal vez no por ahora las grandes carreras, pero sí en educación técnica según la zona geográfica, para que la población se capacite de acuerdo a su sector de producción y sus líneas de negocio. Con eso vamos reduciendo una brecha no solo digital, sino social. Con eso cumplimos con tres preceptos: incluir a todos los ecuatorianos en la ola tecnológica; generar la equidad y permitir el desarrollo.

Si vamos a ir a un mundo digital, nuestro país referente es Estonia, que es un país netamente digital. Estamos siguiendo los mismos pasos.

¿Cuáles son las condiciones más importantes para que todo esto se cumpla?

Por ahora, que la Asamblea apruebe las reformas. Con eso lograríamos tener esos recursos para poder invertir. Lo otro es hacer una buena valoración del espectro, y tercero, pulir toda la normativa para que el Ecuador sea competitivo, para que las empresas inviertan como un negocio a largo plazo con atención de calidad.

¿El estado puede asumir estos procesos de capacitación? Hay mucho miedo, y es generacional, a lo digital. Por ejemplo, los bancos, el SRI, dan más servicios en línea y eso genera dificultades a muchas personas.

Eso significa una educación digital, que no tenemos. Y la debemos hacer de la mano de la conectividad y he hablado de eso con el Presidente. Si vamos a ir a un mundo digital, nuestro país referente es Estonia, que es un país netamente digital. Estamos siguiendo los mismos pasos. El primer trimestre del próximo año vamos a lanzar la cédula digital y el pasaporte digital con autentificación facial. Estamos dando los pasos para una ciudadanía digital. Yo estoy trabajando con protección de datos del Estado, con todas las bases de datos de los ecuatorianos: protección social, educación y salud. Estoy haciendo interoperabilidad porque no existe: cada uno va por su lado, tenemos un Estado desconectado en sí mismo. Nuestras políticas públicas son deficitarias por eso, porque no tenemos interoperatividad. El programa se llama La Huella Social Digital. Con esto puedo dar un seguimiento por cada centavo que invierto, puedo saber el día que llega la vacuna a un niño. Por eso hemos crecido en el porcentaje de desnutrición infantil, porque no sabemos cuándo llega. Como no hay un seguimiento, nuestro política en salud es deficitaria. En educación lo es, en protección social lo es. Con la Huella Digital, me voy a la base de datos de interoperatividad, genero la identificación facial y genero la tramitología on line.

¿Cómo funcionarán la cédula y el pasaporte digitales?

Ya tienes el chip en la cédula y en este debe estar cargado con toda la información. Antes no porque no había esta base de datos. Ecuador tenía toda la información dispersa en millones de carpetas del Estado. Ahora mi información va a estar digitalizada, cargada en mi cédula, con identificación facial. Ni siquiera necesito cargar la cédula. Entonces puedo focalizar subsidios, tarjetas de transporte público en un proceso avanzado. Hay un trámite que es el pago de servicio por salida del país. Se piden 17.000 trámites al año. Están cerca de 120 burócratas haciendo eso y le cuesta al país 250 mil dólares al año. Si solo ese trámite lo hacemos en línea tenemos decenas de trabajadores del Estado que pueden hacer otros servicios más sociales. De esos hay más de 4000 trámites que pueden hacerse en línea. La burocracia tiene que ser más eficiente. Ya tenemos un 20% de trámites en línea. En la plataforma www.gob.ec están todos los trámites del gobierno. Algunos procesos son costosos y queremos hacer alianzas estratégicas, por ejemplo matricular autos, algo que está descentralizado. Queremos hacer una alianza estratégica con la empresa privada. Entonces el ciudadano tiene dos opciones: o hace el trámite en minutos y en línea y le cuesta cinco centavos más o hace dos días de cola y paga diez centavos menos. En eso puede participar la empresa privada. Igual con los temas de registro mercantil. 

Hay un problema ahí con la seguridad digital. En un país donde la clase política da mal ejemplo de espionaje, te pinchan teléfonos, te hackean correos, tarjetas de crédito. 

Estamos trabajando con asesoría de algunos países, del BID, la CAF. Y justamente si creamos este ecosistema digital le damos legalidad con la estrategia de cíberseguridad, que blinde todos los procesos para que no haya violentación. Y lo otro es la fuga de bases de datos. Entonces hemos enviado la Ley de Protección de Datos. Puedo tener toda una infraestructura e infranqueable. Pero en Estados Unidos, con lo que es, hubo un señor Snowden que se sacó información y violó todo el proceso de seguridad. Intervino la mano humana. Eso se protege con la ley de protección de datos personales. Con eso dejamos sin piso la libre circulación de datos de los ecuatorianos a menos que tengan la autorización de los mismos. 

Los datos personales son un negocio. El hecho mismo de dejar tu número de cédula o tu cédula en un edificio a un guardia desconocido ya te vuelve vulnerable.

Por eso hemos implementado el proceso. Es duro porque hay que devolverle al ecuatoriano su identidad y responsabilizarlo por ella. La ley va a dar una metodología de tratamiento de los datos personales.  Para tener un guardia en la garita pidiendo la cédula tengo que capacitarle, bajo la responsabilidad del sector público y privado. Si una empresa de mercadeo, que tiene base de datos, ha llamado a un cliente sin su aceptación habrá sanciones escalonadas. Es un proceso severo y tiene un tiempo de implantación de dos años. Las empresas deben tener un jefe de seguridad de datos que es el responsable. Con eso se acabaron las bases de datos, porque ya no sirve tener a todos los ecuatorianos en un chip si no tengo su autorización. 

 

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