Habrá una renovación de la Corte Nacional y sus denuncias quedarán en nada…
Lo grave del proceso de conformación de la Corte Nacional de Justicia y de las irregularidades que se cometieron es que –finalmente– los que son afectados por estas denuncias van a ir a reclamar a los estamentos internacionales. Y el Ecuador tendrá que pagar cientos de millones de dólares a cientos de personas afectadas por sentencias dictadas por jueces que nunca tuvieron jurisdicción ni competencia. Por jueces que para llegar a esos cargos hicieron trampa y les ayudaron a hacerla los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición, en el más escandaloso caso de corrupción judicial que registre la historia del Ecuador. Entonces, cualquier persona sentenciada por la jueza Yumbay o el juez Merino o por Veintimilla o Blacio, va a ir a las cortes internacionales y ahí va a reclamar.

¿Y cuál sería el argumento?
Que la juzgó un juez que no tenía jurisdicción ni competencia.

¿Y cómo va a demostrar eso?
Con mi libro y con las denuncias que están demostradas hasta la saciedad, recogidas, ratificadas  y replicadas por la Veeduría Internacional del proceso, y que jamás, con todo y su aparato de propaganda Correa ha podido desmentirlas. Nunca Correa ha podido desmentir que efectivamente su metida de mano en la justicia se cumplió. Porque él sabe que todo lo que he dicho está probado en documentos oficiales que tengo notarizados y que fueron entregados por el propio Consejo de la Judicatura.

¿Todos los 21 jueces nacionales pasan por el mismo problema?
No, son seis de los 21 jueces, es decir la tercera parte de la Corte. Los otros jueces han salvado sus muebles, porque son legítimos, cumplieron con los requisitos del  concurso y ganaron su postulación. No entran como parte de la denuncia. El problema es que Ramírez (Carlos, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ndlr.) no salió por los fueros de la Corte Nacional de Justicia. Él debió haber dicho: estos jueces no pueden estar en la Corte. Que vengan los que les corresponde estar. Pero Ramírez ha mantenido un silencio cómplice con todas estas irregularidades y esta corruptela. Y Ramírez se ha convertido en uno de los encubridores de este caso de corrupción judicial.

Video Justicia servil

Estos seis jueces han tenido los casos políticos más sonados y han fallado en favor del Gobierno, ¿su tesis es que fueron nombrados para eso mismo?
Sí claro, ellos sabían el trabajo que tenían que hacer. Wilson Merino dictó la sentencia que condenó al diario El Universo. Lucy Blacio dictó las sentencias del caso Palo Azul y la de Cléver Jiménez, Villavicencio y Figueroa. Ximena Veintimilla tiene el caso de Jamil Mahuad y otros casos, Wilson Andino tiene el caso de Chevrón y la doctora Mariana Yumbay ha participado en casi todos estos casos, no le han entregado ningún papel protagónico por obvias razones, pero ha firmado varias sentencias.

¿Y cuáles son estas razones obvias?
Porque de pronto no era una  de las jueces que mediáticamente pueda enfrentar, al menos un poco mejor que los otros, estos temas.

¿Qué va a pasar con la renovación de la Corte?
Primero, la renovación de la Corte se hace por insistencia de quien habla. Sobre la base de la norma constitucional y del régimen de transición le recordé al Presidente del Consejo de la Judicatura que tiene que proceder a renovar una tercera parte de la Corte. Porque ya llegó a mis oídos la versión de que iban a hacer espíritu de cuerpo y que Ramírez había insinuado que la Corte se mantendría como tal y que nadie se iría. Y que los jueces habían decidido que ninguno se va. Ya llegó eso a mis oídos, por eso envié una carta a Jalkh (Gustavo) diciéndole: cuidado, aquí hay una norma constitucional y del Régimen de Transición que tiene jerarquía constitucional porque fue aprobada en consulta popular, y por lo tanto estos jueces tienen que renovarse, y el Consejo de la Judicatura tiene que preparar los parámetros de evaluación de estos jueces. Esto ha provocado una rabieta a Ramírez, quien aún no ha respondido las cartas que le he mandado, recordándole la vigencia de las normas constitucionales, y diciendo que esperaba que no se hiciera espíritu de cuerpo para dejar dentro de la Corte a aquellos jueces chimbos que han salpicado al resto de jueces. Hasta ahora no me responde.

¿Cuándo envió las cartas?
En abril de este año. Porque dije al Presidente del Consejo de la Judicatura que tiene que preparar los parámetros. Y paralelamente tiene que hacerse un concurso para llamar a la integración de los siete jueces que van a salir, seis de los cuales están en funciones, uno ya salió destituido, el doctor José Suing. Obviamente espero que el Consejo de la Judicatura no considere la lealtad al oficialismo sino las pocas credenciales éticas de estos seis jueces.

¿Su propuesta es que los seis jueces que ha cuestionado salgan de la Corte?
Ellos debieron haber salido hace dos años. Que el Consejo aproveche para librarse de esta gente. Y que haya un concurso sin Tania Arias, Paulo Rodríguez ni Yavar de por medio, que son los que contaminaron este concurso y son los directos responsables de las irregularidades que se cometieron. Ahora la Corte puede revisar nuevamente las credenciales, los títulos, para que se den cuenta de que les regalaron los cargos.

¿Cómo cree que debiera hacerse este proceso de renovación?
Con el mismo reglamento. Tiene que llamarse a un concurso. Para mí tienen que salir todos los que fueron favorecidos en el puntaje: Lucy Blacio, a quien le regalaron 10 puntos en la presentación oral, teniendo 23 puntos en méritos, mientras que a Yolanda Yupanqui, que tenía 33 puntos en méritos y era la jueza mejor calificada de todos los concursantes, le pusieron 1,3 en la prueba oral y a Blacio le pusieron 10 para que esta jueza gane con una centésima por eso la doctora Yupanqui no llega a la Corte de Justicia; porque hay que recordar además que diseñaron el concurso de tal manera que permitiera la metida de mano en la justicia; ¿cómo hicieron el concurso? Poniendo al entrevista oral al final de todo el concurso, cuando ya se sabían las calificaciones de todas las instancias anteriores. Entonces ya sabían que tenían que poner bajas calificaciones a ciertos postulantes como a Jorge Mier, Yupanqui y varios otros profesionales a los cuales les calificaron con 2, 3, 4 sobre 10 en la entrevista personal. Mientras los jueces ponen 9 a Yumbay, a Veintimilla 9, a Íñiguez 9,5, a Blacio 10, porque sabían que con esas calificaciones iban a compensar la insuficiencia de méritos. No hay que olvidar que Blacio sube del puesto 46 al 21 y llega a ese puesto por la alternancia entre hombres y mujeres, y luego le pasaron la factura, porque obligaron a Blacio a dictar una sentencia contra un legislador a quien nunca se le levantó la inmunidad parlamentaria.

¿Le obligaron? ¿Un juez nacional puede ser obligado?
Cuando los jueces saben que les han ayudado en la trampa para llegar a sus posiciones, evidentemente saben que están comprometidos hasta el cogote para hacer cualquier tipo de irregularidad. Como por ejemplo que una jueza, saltándose todo lo legal, simplemente dicte una sentencia a un legislador sin habérsele levantado la inmunidad parlamentaria. Wilson Merino, al cual le reglaron no sólo 10 puntos por el título profesional, sino otros puntos porque ni siquiera tenía RUC. Le ayudaron seguramente en premio a la declaración que hizo diciendo que cuando él llegue a la Corte Nacional iba a provocar una metástasis constitucional. Seguramente lo consiguió. Mariana Yumbay, a quien regalaron seis puntos por su título y otros tantos en su prueba oral. Ximena Veintimilla, a quien regalaron cuatro puntos para calificarle el título profesional y otros en la prueba oral; Paúl Íñiguez a quien regalaron cuatro puntos al calificarle el título de especialista en Derecho Informático, que no tiene que ver nada con la sala a la cual se postuló que es la Penal. Y Wilson Andino, hermano del diputado Mauro Andino, a quien regalaron 8,5 puntos en una audiencia, para que pueda subir desde el puesto 33 al puesto 19 o 20. Estos son los favorecidos por la revolución ciudadana, los que en mi opinión deberían ser exhaustivamente examinados y despojados de su condición de jueces.

El problema surgiría porque estos jueces ya han dictado sentencia y en algún momento se va a revertir contra el Estado. El punto es si al hacer esto ¿se devuelve el prestigio a esta Corte?
No, porque esta Corte ya se dejó salpicar, porque el presidente Ramírez no tuvo una acción consecuente con el país. Él frustró el propósito de que por lo menos la Corte Nacional tuviera algún grado de autonomía e independencia; pero Ramírez es otro de los arrodillados ante este régimen.

Sobre este tema, el presidente Ramírez tuvo un pronunciamiento…
De este tema, el de los jueces, cuando llegó el informe de la veeduría internacional hizo una insólita publicación de prensa, diciendo que eso no correspondía juzgar a la Corte Suprema de Justicia sino al Consejo de la Judicatura y el Consejo es el que hizo el concurso para meterle la mano a la Justicia. Todos se lavaron las manos. Ramírez debió haber dicho que no podía presidir una Corte contaminada con jueces falsetas. No lo hizo, quedó debiendo de largo al país.

Los casos polémicos se centran en el área de lo Penal, pero ¿qué está pasado en otras áreas de la Justicia ecuatoriana?
Hay una enorme acumulación de causas, porque en Montecristi es donde comienza la metida de mano a la Justicia. Ahí reducen los magistrados de la Corte Suprema, de 31 a 21 y mucha gente se preguntaba por qué y si técnicamente era lo más apropiado. El antecedente es la Corte Suprema del 2005, la cual venía a asumir funciones de una Corte que estuvo sin funcionar durante casi un año, desde la caída de la Pichicorte. Cuando esta cayó, el Congreso aprobó un proyecto de ley, introducido por mí, para hacer una nueva Corte absolutamente independiente. Tanto fue que el observador de las Naciones Unidos, Leandro Despouy acogió ese proyecto y sugirió que se aprobara. Con eso tuvimos una Corte de alto nivel, independiente y despolitizada, la cual lo primero que hizo fue autodepurarse cuando llegaron denuncias de jueces que cometían irregularidades. Así se logró conformar una Corte.  Así que la primera metida de mano se da cuando cambian de 31 a 21 jueces en una Corte con un montón de causas acumuladas –por no haber funcionado un año– pero la única explicación posible es que es más fácil controlar 21 jueces que 31. Luego, quitaron su condición de Suprema y la convirtieron en Corte Nacional por tanto sus fallos dejaron de ser de última y definitiva instancia, y esa facultad pasó a la Corte Constitucional, que es corte incondicional, y esa Corte queda debiendo al país porque tiene casi veinte mil causas acumuladas. En la misma Corte Suprema, los asambleístas  de Montecristi deciden convocar  a un sorteo, para decidir quiénes se quedan,  y la mayoría de jueces se fueron por dignidad. Pero en todas partes hay una Judas y se quedaron tres a posibilitar que Montecristi forme la tristemente célebre Corchocorte, que fue la Corte armada por Fernando Cordero, que con una o dos excepciones era una Corte de ponerse a llorar, no sólo por la calidad de los jueces sino por los fallos que dictaban. Y luego llegó esta Corte Nacional, que en calidad de fallos está a la par, en algunas áreas ligeramente mejor.

¿Por qué esa calificación?
Porque no solamente es el tema de la politización de la Justicia, sino también de la desacreditación de la calidad de la Justicia, porque los fallos que se expiden en la Corte Nacional, algunos son de sentarse a llorar y ponerlos en un archivo que se llame El Bestiario.

¿La Corte es una Función del Estado, cómo debiera actuar frente al poder Ejecutivo?
Primero, bajo los preceptos generales: independencia y autonomía. Esta Corte no tiene ni independencia ni autonomía porque está politizada y subordinada al poder Ejecutivo.

¿A instancias del Consejo de la Judicatura, que cree que hace Gustavo Jalkh al respecto?
Jalkh hereda una institución desarticulada y podrida por dentro; la herencia del ingeniero Paulo Rodríguez, a quien le he detectado viajes al Brasil y a Perú. Una institución que bajo la administración de Rodríguez se gastó 320 millones de dólares en obras y donde las garantías estaban rendidas por unas cooperativas cuyo capital no alcanzaba ni a la quinta parte del valor de los contratos. Eso he comunicado ya por escrito al Presidente del Consejo de la Judicatura, y la Contraloría ha incorporado este dato en sus informes. Y es una institución que cuando Jalkh asume ni siquiera tenía archivos, habían desaparecido.  El nuevo Presidente hereda un doble problema: por un lado uno institucional y por otro político, que es su cercanía inocultable con el Presidente y su militancia en el oficialismo. Y claro, tenemos ahora un Consejo de la Judicatura en el cual cinco de cinco vocales son oficialistas, van a las convenciones, no les importa ni siquiera la imagen que proyectan. Es obvio de que hay un sesgo oficialista en la administración de la Justicia, que es inocultable. Cinco vocales son correístas, como sucede en todas las instancias del Estado.

¿Cómo reclamar algo del Presidente de la Corte Nacional de Justicia si finalmente el control absoluto lo tiene el Consejo de la Judicatura? Es más el propio Secretario Nacional Jurídico envía cartas advirtiendo o pidiendo sanciones  a los jueces y eso se acepta como algo natural…
Hay gente que por conservar el carguito vende su alma al diablo.  Hay gente que desgraciadamente se somete a ese tipo de situaciones que no tienen precedentes en la historia del país. Ahora han perdido la prudencia.

Su libro donde denuncia todo esto se ha convertido en una fuente sobre el tema…
El libro ha sido traducido al inglés, he producido un documental sobre el tema, que tiene más de diez mil visitas. Pero esto lo hago empíricamente porque no tengo cómo sustentarlo. Es un tema sobre el cual la gente no termina de darse cuenta: es un tema que nos atañe a todos. Porque el más sencillo juicio puede ir a dar en manos de estos jueces chimbos, que vaya coincidencia todos están en las salas de lo Penal, que es donde se juzga a los legisladores, a los periodistas, a los opositores, a los críticos, a los que protestan, a los que el 30 de septiembre quebraron un vidrio y ahora les dicen que son terroristas. Voy a seguir en esta batalla porque además estoy documentando todo esto, porque finalmente esta gente tendrá que pagar algún día en las Cortes internacionales. Y cuando un día pase esta pesadilla, el Estado tiene que ejercer el derecho de repetición en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura que posibilitaron estas irregularidades y en contra de cada uno de estos jueces, que tienen que ser enjuiciados, conminados a devolver al Estado las millonarias cantidades que tendrá que pagar el Estado ecuatoriano en concepto de indemnizaciones.

Pero eso no pasa: el Estado ecuatoriano ya fue condenado por temas de la Justicia; la Corte destituida por el Congreso en el tiempo de Lucio Gutiérrez ya obtuvo una orden de indemnización de la Corte Interamericana de Justicia, y nada ha pasado.
Eso es lo que hay que preguntar al asambleísta Mauro Andino. El proyecto de ley sobre el Derecho de Repetición duerme desde hace tres años en la Comisión de Justicia. Esta ley fue aprobada en primer debate y en el informe para segundo debate cuestionamos por qué no pusieron al Presidente de la República encabezando a los funcionarios que tienen que responder por sus actos. ¿No dice que es el jefe de todo el Estado? Entonces tiene que encabezar la nómina de los responsables del Estado. Hay que preguntar a Andino por qué no presenta en el seno de la Asamblea para el segundo debate.
Parece que, de todas maneras, en el exterior se piensa que Ecuador tiene una justicia independiente.
En el entorno internacional hay una creciente conciencia de que la del Ecuador es una justicia politizada, maniatada, contaminada por las injerencias directas del poder Ejecutivo. Eso está demostrado, no hace falta agregar nada. En el Ecuador podemos aparentar que tenemos una justicia independiente, neutra e imparcial; pero afuera no.

¿Cómo sería el proceso de renovación parcial de la Corte Nacional, en enero del 2015?
Ya tiene que iniciarse, porque en enero tienen que entrar en funciones los siete jueces nuevos. Hay señales de que el Consejo de la Judicatura está haciendo que se cumpla la norma y no se ha sometido a los caprichos de Ramírez y de la mayoría de jueces aliados. Bajo ningún argumento un grupo de jueces puede decidir quedarse en el cargo por encima del mandato constitucional. Pero en este país se prostituyen las normas y se interpreta el Derecho a conveniencia. Sé de buenas fuentes que esos jueces ya estaban cocinando los argumentos para quedarse.

Parece que a nadie más o a muy pocos en la Asamblea o el país le interesa el tema de la Corte, ¿se siente solo en esta pelea?
Yo creo que la gente no entiende la dimensión del problema de la Justicia en el Ecuador. Como no lo entienden no saben qué hacer con esto que se ha convertido en una papa caliente. En mi libro hago un examen de la histórica injerencia de la política en la justicia ecuatoriana. Pero en medio ese desierto hubo un espacio donde la justicia fue realmente independiente. Hablo del año 2005 hasta mediados del 2008, cuando Alianza País liquidó a la última Corte Suprema de Justicia en Montecristi bajo el título de cambios. En ese período excepcional hubo un compromiso cívico del entonces presidente Alfredo Palacio, para posibilitar el proceso; hubo un compromiso de las fuerzas políticas dentro del Congreso, para no intervenir en ese concurso, y hubo un compromiso de la comunidad internacional, el gobierno de Chile, la Unión Europea.

¿Por qué no reclamaron, como usted, los aspirantes a jueces nacionales que fueron perjudicados por lo que usted llama trampas?
Algunos de ellos fueron nombrados conjueces, algunos siguen en su rol de jueces, es gente de carrera, saben que no pueden ser despojados de la misma. Sería deseable que a estos jueces se los reivindique y califique de manera apropiada. Espero que en el nuevo concurso Jalkh elimine ese sistema de dar 10 puntos en una entrevista personal, que no fue sino una alcahuetería para las incorreciones del Consejo de la Judicatura de Transición. Pero cómo será esto que estos seis jueces favorecidos que están ahora en la Corte Nacional, jamás han podido desmentir lo que he dicho, nunca han podido decir el asambleísta Páez miente y vamos a seguirle un juicio por injurias, o vamos a probar que está mintiendo, porque ellos saben que están ahí gracias  a una trampa.