Back to top
24 de Marzo del 2014
Historias
Lectura: 11 minutos
24 de Marzo del 2014
Redacción Plan V
Las cifras de la represión en Venezuela

Foto: lapatilla.com

Más de mil personas en Venezuela están sindicadas por cargos de desacato contra la autoridad como consecuencia de las protestas. 

 

El Foro Penal Venezolano, un colectivo de penalistas, lleva la cuenta de los apresados hasta la fecha por las protestas en ese país. Hay dudas sobre la imparcialidad de la justicia y la fiscalía frente al conflicto político entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro. Entrevistamos desde Caracas al penalista Gonzalo Himiob Santomé.

Gonzalo Himiob Santomé

Es abogado penalista, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Es profesor de Derecho Penal. Forma parte del Foro Penal Venezolano. Ha defendido a opositores a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Por lo menos 85 personas continúan detenidas en Venezuela como consecuencia de las protestas en el país caribeño. Desde el inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, 1844 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado o retenidas por grupos paramilitares cercanos al régimen hasta el 24 de marzo del 2014. 

De estas 1844, actualmente se han iniciado procesos penales en contra de 1034, por cargos relacionados con delitos menores de desacato, bloqueo de vías, desobediencia a la autoridad, entre otros. Del total, siguen retenidas, sin fórmula de juicio, por lo menos 141 personas. 

Estas estadísticas son actualizadas minuto a minuto por la página web del Foro Penal Venezolano (http://www.foropenal.com), una organización no gubernamental que lleva la defensa de las personas detenidas en la reciente ola de protestas, que han dejado ya más de 30 muertos. 

Desde su oficina en Caracas, el abogado penalista Gonzalo Himiob Santomé, uno de los más destados dirigentes del Foro Penal, dialoga con PLAN V sobre la situación de los detenidos y el papel de la justicia venezolana en este conflicto político.

¿Qué balance hace usted de las detenciones y acciones legales que tienen lugar en Venezuela contra quienes protestan contra el gobierno?

Veo muy claramente un patrón definido de criminalización del ejercicio del derecho a la protesta, que se ha concretado no sólo en el número de detenciones. En mi criterio, la cifra más preocupante de todas es que hay 949 personas sometidas a procesos con medidas cautelares, que están en libertad condicionada, y hay 85 personas que actualmente están privadas de la libertad. Es evidente que se está criminalizando la protesta, pero esto no es nuevo: estamos trabajando en estos temas desde el año 2005 y ya son por lo menos 4000 las personas que han sido sometidas a este tipo de procesos, primero en el gobierno de Hugo Chávez y ahora en el de Maduro, por el simple hecho de protestar.

Es un dato interesante que entre esas 4000 personas no solamente hay opositores, sino personas que también eran militantes del oficialismo, que trabajaban en algunas de las empresas básicas como siderúrgicas o petroleras, que cuando protestaban por contratos colectivos o reinvindicaciones laborales eran criminalizadas y sometidas a procesos penales. Hay un esquema definido y evidente de criminalización del derecho a la protesta. 

"Tenemos 59 casos de torturas plenamente confirmados y otro tanto de tratos crueles, inhumanos y degradantes".

¿Está parcializada la justicia de su país a favor del gobierno? 

Sí, pero no solamente la justicia, también los cuerpos de seguridad del Estado que están usando a grupos armados civiles  de naturaleza paramilitar para contribuir a este clima represivo. Si usted analiza estas cifras se da cuenta de que no todas las personas que han sido detenidas han sido sometidas a procesos penales. A esta fecha tenemos 332 casos por verificar, hay detenciones ilegales. Muchas personas son detenidas sin fórmulas de proceso, son retenidas, por grupos irregulares hasta por 24 horas. Estos grupos paramilitares actúan de la mano de los cuerpos de seguridad y sus operaciones no son investigadas. Su complicidad es absoluta. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo al recibir denuncias de estos casos se están limitando a dar una apariencia de investigación que al final del día no conduce a nada. Tenemos 59 casos de torturas plenamente confirmados y otro tanto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. De todo esto tienen conocimiento la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y hasta ahora hay apenas cuatro personas investigadas por estos casos. No hay voluntad del gobierno de investigar, sino más de encubrir lo que pasa.

¿De qué se acusa a las más de mil personas que tienen ya abiertas causas penales?

Desde el 2 de febrero hasta acá están 949 sindicados actualmente en libertad y 85 detenidos. Se les acusa de obstrucción de la vía pública, incitación a la desobediencia de las leyes, destrucción de propiedad pública o privada, y en algunos casos de terrorismo y delitos graves. Son todos delitos vinculados al desacato. Se han procesado estudiantes por haber insultado a policías. 

¿Cuáles son las penas?

Las penas no son muy elevadas, salvo en el caso del terrorismo o de posesión de explosivos. Pero este tipo de delitos no debería conducir a procesos penales, ni a privación de libertad. Hay 85 personas que deberían ser juzgadas en libertad. 

"Las 18 muertes que han ocurrido en las manifestaciones, que nosotros tenemos verificadas, han sido tiros certeros disparados a la cabeza, desde las fuerzas de seguridad del Estado o los colectivos civiles armados".

Medios como Telesur difunden la versión de que quienes hacen barricadas son violentos y están afectando gravemente la vida cotidiana en Venezuela... ¿es así?

Evidentemente que haya protestas nacionales provoca que se generen molestias a la ciudadanía y eso es inevitable. No tengo la constancia directa de que haya actos de violencia de los manifestantes contra el poder. Además, hay un claro desbalance de fuerzas, no se puede decir que grupos de muchachos con piedras y bombas molotov tengan la misma capacidad de ejercer violencia que personas que tienen armas de fuego prohibidas por la Constitución venezolana. Las 18 muertes que han ocurrido en las manifestaciones, que nosotros tenemos verificadas, han sido tiros certeros disparados a la cabeza, desde las fuerzas de seguridad del Estado o los colectivos civiles armados. Puede haber habido un escenario donde haya manifestantes violentos, no lo puedo desconocer, pero no es ni de lejos el mismo tipo de violencia que están ejerciendo desde el Estado contra los ciudadanos. 

¿Cómo van las investigaciones de las muertes ocurridas durante las protestas?

El gobierno habla de 30 muertes, pero hay que tener cuidado con esa lectura. El gobierno está empeñado en crear una narrativa que hace pensar que la violencia es de lado y lado. Como le digo: hay algunos episodios de violencia menor contra propiedad pública, pero no han encontrado hasta ahora a nadie armado entre los manifestantes opositores. No se les han encontrado armas de fuego. Cuando el gobierno hace pasar personas muertas a manos del hampa como asesinadas por manifestantes, hay que aclarar que eso no es verdad. Se quiere construir una narrativa falsa de que la violencia es de los opositores y no de los oficialistas. En las cifras de muertos del gobierno hay casos que no tienen absolutamente nada que ver con las protestas. 

Hasta el 24 de marzo del 2014 el Foro Penal Venezolano ha realizado esta cuantificación sobre los privados de libertad en el marco de las protestas.

¿La Fiscalía está investigando estas muertes con eficiencia?

No. Hay un anhelo formal de hacernos pensar que están investigando. La Fiscal General recibió nuestras denuncias de los casos de tortura y otros, pero las investigaciones no pasan de las etapas preliminares. Hay casos como el de José Alejandro Márquez, quien fue detenido por la Guardia del Pueblo, un apéndice de la Guardia Nacional, y luego apareció en un hospital de Caracas con la base del cráneo fracturada. Todos los funcionarios que actuaron en esa detención están identificados pero ninguno está detenido. 

¿Cómo ve la respuesta de la comunidad internacional frente a lo que ocurre en Venezuela?

"La postura del presidente Juan Manuel Santos es decepcionante, es una vergüenza que decida no acatar las resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

Las reacciones internacionales son dispares. En el caso de ciudadanos como deportistas o artistas famosos o personas comunes hay una gran preocupación. Pero en el caso de los gobiernos de la región, siguen pensando más en sus intereses comerciales y económicos, que en los seres humanos. En la OEA acabamos de ver que pusieron los intereses económicos por encima de los derechos humanos. La postura del presidente Juan Manuel Santos es decepcionante, es una vergüenza que decida no acatar las resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Están primando consideraciones políticas por encima de los derechos humanos. Las instancias internacionales son clubes de presidentes montados para proteger a los presidentes y no a los pueblos. 

¿Cuál es el escenario entonces, si la comunidad internacional es indiferente frente a lo que ocurre en Venezuela y no hay una salida interna a la vista?

No puedo hablar como político puesto que no soy un operador político. Lo que nosotros hacemos es registrar los hechos, pues en algún momento todas las evidencias que estamos registrando y recabando se van a utilizar para obtener justicia. Estas son carreras de resistencia, no de velocidad. Las acciones para perseguir estas violaciones de derechos humanos no prescriben, por eso continuamos nuestra tarea en ese sentido. Esta labor ha obligado a la Fiscalía a reconocer que sí se han cometido abusos. Hay mucha incertidumbre sobre qué pueda pasar, pero puedo decir que los motivos originales de las protestas como son la inseguridad, la escasez, continúan intactos. Lo que ha motivado las protestas no ha desaparecido, pero hay mucha incertidumbre. Hay un espiral de miedo que no es desdeñable. Pese al miedo los motivos de las protestas siguen igual y Maduro no ha hecho nada para que desaparezcan. No se puede adelantar qué podría ocurrir.

¿Las detenciones de políticos, de alcaldes, de líderes opositores, terminarán por silenciar a la oposición venezolana?

Eso es lo que pretende el gobierno. Pero no creo que lo logren: las voces de los venezolanos son muchas y no van a silenciar a todos. Esa es la intención del poder: criminalizar la protesta pero no les ha funcionado en ocasiones anteriores. 

 

[RELA CIONA DAS]

Mujica, el apóstol
Fernando López Milán
Venezuela toca fondo entre las sombras del apagón; Guiadó acusa al chavismo
Redacción Plan V
La hipocresía regional
Guillermo Rovayo
Maduro o el poder de los infames
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Venezuela entre dos fuegos
Patricio Moncayo
GALERÍA
Las cifras de la represión en Venezuela
 

[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Así festejó el David indígena la derrota de Goliat
Fermín Vaca Santacruz
Las horas de terror en Quito
Susana Morán
La tormenta perfecta
Gustavo Isch
Lourdes Tibán: “La mayoría de los infiltrados son policías y militares indígenas”
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Cae otro accionista de Sky Jet con más de una tonelada de droga
Redacción Plan V
El campanazo carchense
Juan Cuvi
Quien busque la continuidad de Moreno y Correa, será golpeado con votos
Jean Cano
En Carchi se exige que la minería no dé la espalda a las comunidades
Susana Morán