¿Cómo se ve una académica, experta en derechos constitucionales, en un organismo como la Corte Constitucional?

Si bien he estado vinculada a la academia en la Universidad San Francisco de Quito, he litigado en muchos casos de justicia constitucional, tanto en la justicia ordinaria como en esta Corte. De hecho, mi primera acción al asumir el cargo fue la de excusarme de las decenas de casos que tengo en esta Corte. Para mi es una oportunidad y desafío enormes, pero no es que no tenga experiencias en este tipo de organismos colegiados. Mi experiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la de levantar proyectos e informes para que un organismo colegiado como la Comisión, similar a lo que hace la Corte Constitucional, pueda resolver casos vinculados con los derechos individuales.

¿Cuáles son los desafíos fundamentales de esta Corte?

Esta Corte tiene desafíos, por un lado administrativos y por otro jurisdiccionales. En lo administrativo los desafíos están en ordenar una casa que recibimos desordenada, con un enorme despilfarro de dinero, que no fue usado para la misión de la Corte, que es hacer justicia constitucional, sino que fue gastado en lujos y excesos para ciertos jueces. En lo jurisdiccional pienso que el principal desafío tiene que ver con que la Corte anterior expandió su jurisdicción de una forma tal que es incompatible con una justicia constitucional que pretenda tener impacto, que sus sentencias generen impactos estructurales. 

¿Qué significa expandir la jurisdicción?

La jurisdicción es la facultad de decidir ciertos casos. La Corte Constitucional debiera ser siempre una instancia extraordinaria, únicamente, por ejemplo, en casos tan graves como que un juez viole derechos constitucionales en su propia sentencia. Las Cortes Constitucionales del mundo deciden muy pocos casos, casos que pueden tener alto impacto en la sociedad, los jueces y abogados pueden conocer su jurisprudencia y se puede aplicar. Si una Corte cree que por tener más poder lo que hace es revisar lo que hace la Corte Nacional, lo que hace la Corte Provincial, los fiscales, cualquier juzgado ordinario, cree que acumula poder, pero en verdad no lo hace; lo que hace es llenarse de causas y luego decidir cosas que no le competen. Y tiene miles de decisiones sin impacto. La gente no conoce las decisiones, no las entiende, son incoherentes. Eso es lo que hizo la Corte anterior, expandió su jurisdicción, buscó la manera de ser una cuarta instancia de todo lo que resolvía la justicia ordinaria y perdía impacto en sus decisiones. 

¿Pero eso tenía un sentido político? Porque de gusto no me voy a echar más trabajo encima...

Creo que fue un error en la interpretación de las funciones que tenía la Corte. Por supuesto, lamentablemente fue con criterio político. Bajo criterios muy laxos de admisión ante la Corte, se logró admitir casos sobre los que la Corte nunca debió pronunciarse, y la mayoría de pronunciamientos fueron a favor del Ejecutivo. Digo en la mayoría de casos, porque en lo jurisdiccional tampoco podemos criticar todo lo que hizo la Corte anterior; hay decisiones buenas, las hay pésimas, pero hubo personas que sí encontraron justicia, y es nuestra función como Corte actual hacer cumplir estas decisiones. Tampoco podemos revisar todo lo que hizo la Corte anterior, porque no nos corresponde. Distinto es que en un nuevo caso, nosotros podamos apartarnos de ese criterio. Los casos anteriores son cosa juzgada, y a pesar de ciertas expectativas, nosotros no tenemos la competencia para revisarlos. 

¿Cómo es el día a día de esta Corte, y el suyo como Vicepresidenta?

El día es absolutamente intenso, porque la responsabilidad asignada a cada uno de los jueces es muy grande. El número de casos pendientes es enorme. La Corte anterior nos dejó como herencia, más o menos el mismo numero de casos que esa Corte resolvió en los últimos diez años. Nosotros pretendemos ponernos al día lo antes posible. Trabajamos en ello de forma intensa, al mismo tiempo que tenemos la responsabilidad sobre los casos que llegan. Hemos tomado algunas medidas: sentencias más cortas, de alta calidad. Las sentencias anteriores tenían cientos de páginas, muchas innecesarias. También tomamos medidas para evitar que aquellos grupos con más poder obtengan resoluciones de la Corte, y aquellos menos aventajados, que no tienen contactos ni ejercen presiones políticas se vean perjudicados. Por eso nos vemos avocados a resolver las causas en orden cronológico. En nuestro despacho tenemos causas incluso bajo la Constitución anterior; causas del 98, recursos de amparo. Los jueces pasamos además mucho tiempo discutiendo los casos y debemos revisar todos los expedientes. 

¿Qué pasa con los temas de jurisprudencia de la Corte Constitucional?

Creo que la academia tiene una deuda, porque no se ha dedicado a revisar, estudiar o criticar la jurisprudencia de la Corte. Los fallos de la Corte tampoco facilitan esta labor; su jurisprudencia es tan amplia, farragosa, dispersa, que no permite que se pueda estudiarla.

¿Eso síntoma de qué es?

Hay varias cosas. En lo interno, vemos que la Corte no actuaba como un organismo colegiado. La práctica anterior parece ser que los jueces eran prácticamente islas, que no se hablaban mucho entre ellos o no lo suficiente ni tampoco sus despachos, su personal. Y cuando un juez ponente presentaba un proyecto de sentencia, los otros se dedicaban a hacerse observaciones, a criticarse, más que sacar adelante los casos como un cuerpo colegiado. Nosotros hemos cambiado completamente la práctica. Como jueces estamos trabajando, discutiendo, estamos llegando a acuerdos, resolviendo nuestros desacuerdos y resolviendo los casos en conjunto. Lo mismo en cuanto al personal, que trabaja en conjunto con otros despachos. 

¿Y en lo externo?

Realmente, el Gobierno anterior no le dio la importancia, la independencia y autonomía que una Corte Constitucional requiere para actuar. Y eso se ve desde temas tan visibles como el edificio, el presupuesto. Es un tema de cultura constitucional, de respetar las decisiones de la Corte. Muchos ministerios, por ejemplo, no cumplían las decisiones de la Corte anterior y tampoco esta tuvo el valor de aplicar la Constitución y aplicar sus atribuciones, que le permiten por ejemplo destituir a aquellos ministros o funcionarios que incumplan las decisiones de la Corte Constitucional. El Ejecutivo se acostumbró a ser favorecido en la mayoría de las causas y en aquellas que no era favorecido simplemente incumplirlas sin que haya consecuencias. Eso generó una falta de cultura constitucional. El conjunto de las personas no sabe lo que hace la Corte. La importancia de sus decisiones, la relevancia de su actuar. Será para nosotros un desafío enorme construir esa cultura constitucional.

Con un nuevo Consejo de Participación, la situación de la Corte Constitucional podría no estar clara. ¿Cuál son sus argumentos para defender esta Corte en su origen y conformación?

No puedo adelantar criterios sobre un tema que podría llegar a conocimiento de la Corte Constitucional. Lo que podría decir es que cualquier persona podría revisar claramente las facultades extraordinarias que la consulta popular otorgó al Consejo de Participación Transitorio que está en funciones, versus las facultades claras y limitadas —frente al Consejo Transitorio— que tiene el Consejo de Participación Ciudadana según la Constitución. Cualquier ciudadano, al revisar la Constitución, podrá comprender la diferencia entre un Consejo con facultades extraordinarias y las facultades que otorga la Constitución. El nuevo Consejo ya no tendrá facultades extraordinarias, que la consulta otorgó al Transitorio, sino las asignadas en la Constitución.

La jueza constitucional y vicepresidenta, Daniela Salazar, posa junto a al Dr. Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional. Las principales autoridades de la CC recibieron a Plan V en sus despachos.

¿Extraña la academia?

No hay un día que no extrañe las aulas. Para mi la docencia es una pasión; es ahí donde encuentro la razón de lo que hago. No la he dejado por completo, y he llegado un acuerdo con la Universidad para dar al menos una clase este semestre; yo daba cinco clases. Pero pienso que está es una oportunidad de servir al país, que para mi será muy importante por el impacto que se pueda tener en lo jurídico; pero también en lo personal pienso que, eventualmente, cuando pueda regresar a las aulas, el aprendizaje que obtengo acá será puesto al servicio de mis nuevos estudiantes. 

¿Cuál es la misión de esta Corte en esta transición?

En parte corregir muchos de los criterios de la Corte anterior, que generaron que la Corte Constitucional no pudiera cumplir ese rol que tienen las Cortes Constitucionales en el mundo, el de tener un impacto en sus decisiones; sobre temas como la desigualdad, la falta de acceso a los derechos. También activar varias de las facultades que la Corte tiene y que la Corte anterior no usó. Por ejemplo, esa facultad de seleccionar ciertos casos. La Corte está obligada a revisar todas las sentencias de acciones de protección, acceso a la información, habeas data... y seleccionar aquellas que le permitan generar jurisprudencia vinculante. En la Corte anterior, desde el 2008 se aplicó esta facultad solo en ocho casos. Eso no puede ser, se emiten miles de sentencias, sé que es un trabajo fuerte, pero esa es una de las facultades que esta Corte tiene. Muchos de esos casos no llegan acá y solo tienen aplicación para el caso en concreto, pero se lo puede seleccionar para decir a todos los jueces cuál es el precedente vinculante. La Corte está obligada a revisar todas las sentencias y a seleccionar aquellas donde pueda emitir jurisprudencia o revisar el precedente.