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27 de Enero del 2022
Historias
Lectura: 29 minutos
27 de Enero del 2022
Redacción Plan V
David Cordero: sobre la seguridad, el Gobierno construye una serie de falacias
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Fotos: Luis Argüello. PlanV

 

El saliente director de la Clínica de DDHH de la Pontificia Universidad Católica, PUCE, considera que el gobierno se equivoca en apoyar al policía Santiago Olmedo y cuestionar el contenido de la sentencia en su contra, y alerta sobre las falencias de un Estado que no protege a los ciudadanos de la violencia criminal y abunda en justificaciones y medidas inadecuadas.


El abogado especialista en defensa de derechos humanos y quien ha dirigido la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, PUCE, analiza las decisiones y discursos del gobierno y de la Policía Nacional en esta ola de violencia criminal que azota, sobre todo a Guayaquil, y la postura del gobierno y la justica en el caso de la condena al policía Santiago Olmedo. David Cordero-Heredia alerta sobre la política estatal y las respuestas coyunturales sobre un fenómeno que requiere más la aplicación de políticas públicas de prevención a la vez que se protegen los derechos humanos de la ciudadanía.

¿En la ola de violencia criminal, desatada sobre todo en Guayaquil, cuál es su lectura del discurso del gobierno de "mano dura" y carta blanca a la acción policial?

Políticamente el Gobierno está tratando de contruir un discurso del enemigo, que en determinado momento fue la Conaie y ahora es la delincuencia. Para esa construcción del enemigo, estos dos hechos, la muerte del policía en Guayaquil y sentencia del policía Olmedo, le cae muy bien para presentar una serie de falacias con respecto a los impedimentos la ley generaría al Gobierno y a la Policía Nacional para combatir de fora efectiva la delincuencia. Es preocupante, porque lo que pasó por el policía Olmedo es algo que se debe discutir jurídicamente y sobre los hechos. No me queda claro lo que pasó. He tratado de reconstruirlo leyendo noticias desde varios lados y aún no queda claro. Pero se manejan verdades absolutas de varios lados. 

En el tema de Olmedo y la muerte de estos dos presuntos delincuentes ¿dónde están los problemas más graves? Hay una decisión judicial que ha sido atacada por el Presidente, por la ministra de Gobierno y la Policía, la Corte y la Fiscalía han defendido el fallo, pero por las evidencias los tiros fueron por la espalda...

Los problemas más graves en este caso son los de los momentos. Muy parecido al caso de la tortura en la cárcel de Turi, en Cuenca. Era muy claro esta acción de la Policía de confundir las cosas, de mezclar el hecho de que el policía Olmedo, en efecto, detuvo un asalto y muy probablemente salvó la vida o la integridad de una persona, eso es una cosa; pero es no justifica lo que ocurre luego de ese hecho. Igual que en Turi, el hecho de que se hayan amotinado los presos y hayan atacado a la Policía no justificó lo los policías hicieron luego de que ya habían controlado a los presos. La principal dificultad de cara a la opinión pública es esta incapacidad de separar las dos cosas. Nadie niega la labor del policía Olmedo de detener el asalto y proteger al ciudadano, pero cuando ese evento concluye la obligación del policía es con el sistema penal y es la de capturar a las personas que habían cometido el delito, y de ahí está de por medio un tema de debido proceso y uso progresivo de la fuerza. Ahí es donde tenemos que analizar la actuación del policía, y este, lo que tiene que hacer es usar lo que se llama vencer la resistencia de la persona a la que hay que detener y ese "vencer la resistencia" en una persecución no significa dispararle de tal forma que la mate. Me cuesta tomar una postura definitiva en esto, porque realmente la información que circula, no es clara, no se ha accedido al expediente, pero si es que es verdad que el policía disparó hasta seis veces por la espalda a cada uno de los fallecidos, si eso es verdad, tendríamos que preguntar en qué parte del cuerpo les disparó, porque para detener a alguien que está huyendo y no está disparando contra el policía bastaba con dispararle en sitios no letales. ¿Pero descargarle el arma tiene el fin de eliminar a la otra persona? Esto solo podía hacer el policía si es que surge peligro para su vida o de la otra persona, solamente si es que para impedir un daño mortal al policía o a otra persona la única salida sea matarle. Mientras tanto debe buscar otras formas de disuasión. 

Era muy claro esta acción de la Policía de confundir las cosas, de mezclar el hecho de que el policía Olmedo, en efecto, detuvo un asalto y muy probablemente salvó la vida o la integridad de una persona, eso es una cosa; pero es no justifica lo que ocurre luego de ese hecho.

De acuerdo, pero según la defensa de Olmedo había un tercero, que estaba esperando y había sacado un arma. 

Sí, pero ese es precisamente el punto de cómo se presenta la información.  Veía en un canal de televisión, respecto a la muerte del policía en Guayaquil, que hacían una reconstrucción en donde demostraban dónde tenía el arma, la trayectoria de la bala, y en el caso de Olmedo no se muestra nada de eso. Porque para la teoría del tercer asaltante, desde la Criminalística es muy fácil determinar si es verdad o no. Cuál era la posición de ese tercero, de tal manera que por dispararle a este tercero impacta a los otros dos por la espalda. ¿Es creíble o no respecto a la distancia entre el policía y las dos personas fallecidas? Y la posición en la cual supuestamente estaba este tercero. Y, ojo, aquí quiero hacer una reflexión, consciente de que la justicia se equivoca, consciente de que no siempre la Fiscalía hace su mejor trabajo. Hay que hablar, por ejemplo, de la reconstrucción del lugar de los hechos, informes de balística y todo eso y está dentro del proceso. Entonces, es un poco diferente cuando el momento ocurrió y especulábamos qué había pasado, con el momento actual en que ya sabemos qué pasó y tenemos una serie de funcionarios, no solo uno, que sostienen lo mismo: es la Fiscalía, el juez de garantías penales —que ya revisó el expediente— y luego un tribunal de garantías penales, que son tres jueces, que vuelven a conocer toda la evidencia y llegan a esas conclusiones. Y que se deben haber hecho preguntas como las que yo estoy haciendo: cuál era la posición, hacia dónde fueron los disparos, la distancia... Ellos no sostienen la postura del policía, no encuentran a un tercero y no encuentran que haya sido en defensa propia ni en defensa de un tercero. 

Pero al parecer para la opinión pública, los hechos no importan ni las evidencias...

Desde mi experiencia en defensa de derechos humanos, sabemos que es muy difícil, que realmente haya una tendencia contraria a lo que sostiene al Policía Nacional. Realmente es muy difícil que condenen a un policía. Realmente deba haber mucha evidencia y se debe estar en una situación donde no haya cómo debatir sobre los hechos para que exista una condena a un policía. En ese sentido, Fiscalía y jueces son muy propensos a encontrar la mínima ventana para proteger a policías que estén siendo acusados o denunciados. Que hayamos llegado a tener una sentencia de un tribunal penal (contra un policía) no es poca cosa. Toda esta reconstrucción que se pretenden hacer en la opinión pública el policía Olmedo y sus abogados, ya ocurrió frente a personas que se supone son técnicas en el tema y que revisaron todas las pruebas y que derminaron que eso no ocurrió así. Pueden fallar, pero hay que pensar que llegamos a ese punto luego del análisis de personas que sí leyeron todo el expediente, cosas que muchos periodistas y abogados que opinamos sobre el tema no hemos hecho.

Esto se convierte en caso mediatizado por el propio policía Olmedo, quien ha generado trabajo sistemático en su defensa y en redes sociales. Pero este discurso de Olmedo y su defensa, que puede ser legítimo, es comprado por el presidente de la República y la ministra de Gobierno, ¿qué piensa usted de eso?

Este es un discurso que beneficia al Gobierno. En política, siempre el discurso del enemigo es muy útil para distraer a la ciudadanía de problemas concretos. Por ejemplo, la clase media se siente impactada por una reforma tributaria que le impide tener mayor acceso a descuentos tributarios por educación, salud, entretenimiento... Ya estamos haciendo la declaración de gastos personales y la gente empieza a entender que le va a impactar el tema tributario. Es un tema importante. Está lo del covid y la inseguridad y hay muchas cosas que preocupan a la gente. Lo más estratégico para el Gobierno es desviar la atención. Decir: nosotros no tenemos nada que ver, si hay delincuencia es porque los jueces dejan salir a los delincuentes, porque las leyes impiden el trabajo de la Policía, y no me sorprendería, porque es parte del manual, que empiecen a atacar a defensores de derechos humanos, en el sentido de que "defendemos a los delincuentes". El trabajo profesional de la defensa del policía Olmedo, no me sorprendería que sea replicado por seguidores del Gobierno y de su partido político.

La sentencia contra Olmedo fue en primera instancia y eso irá a una Corte Provincial, pero pobres de los jueces que ratifiquen la sentencia en la Corte Provincial; ya el primer mandatario lo ha recibido en palacio, le ha dado su respaldo ¿no es un injerencia sobre el contenido de una sentencia que debería quedarse en los tribunales?

Hay que ver el momento político. En diciembre se dieron dos sentencias: una de la Corte Constitucional y otra de la Corte Provincial que determinaron que el Consejo de la Judicatura hizo mal al evaluar y destituir a los jueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2019. Esas dos sentencias señalan que ellos tienen derecho a una reparación. Hay un pedido de juicio político contra el Consejo en la Asamblea, pero el CNJ amenazó a los jueces de la Corte Provincial, y salieron en todos los medios que pudieron diciendo que esto era ilegal, incluso atacaron a una de las juezas de la cual dijeron que estuvo de vacaciones y las suspendió para firmar la sentencia... Pero hay un transfondo de todo esto. A diferencia de hace diez años cuando discutíamos temas de derechos humanos y los periodistas no tenían claro esto de la repetición, ahora lo tienen clarísimo. Cada vez que se habla de violación a los derechos humanos, la pregunta siguiente es ¿y la repetición? Y es de lo que ha  preocupado a estos vocales del Consejo de la Judicatura y ellos, en este momento, necesitan quien les defienda. En este contexto, los jueces de la Corte Provincial no solamente pueden tener miedo a que el Presidente les mande un tuit, sino que el CNJ les siga un proceso y destituya, y el Consejo va a estar muy abierto a complacer al presidente de la República, tomando en cuenta que necesitan en la Asamblea algún movimiento político que les apoye en el juicio político, pero también porque el presidente Lasso ha dicho que quiere eliminar el Consejo de la Judicatura a raiz de estos problemas con la Corte Provincial. Entonces el CNJ está en la posición de mostrarse útil al presidente de la República. El escenario de que exista un juicio imparcial en la Corte Provincial (en el caso Olmedo) es remoto; hay demasiados factores para que exista injerencia en una probable decisión de la Corte Provincial. Yo no confío en que vaya a ser un juicio libre de interferencia.

el CNJ está en la posición de mostrarse útil al presidente de la República. El escenario de que exista un juicio imparcial en la Corte Provincial (en el caso Olmedo) es remoto; hay demasiados factores para que exista injerencia en una probable decisión de la Corte Provincial. 

¿Y si la Corte Provincial ratifica la sentencia?

Si a pesar de eso se ratifica la sentencia, estamos ante un escenario donde se ratificaría lo que actuaron previamente los otros jueces y vemos entonces que muchas personas han revisado los hechos y están de acuerdo en que no existió un uso proporcional de la fuerza.  Pero ahí entramos en otra discusión, si realmente actuó mal de acuerdo a las leyes que tenemos, entonces se pedirá que reformemos las leyes para que esté bien actuar de la manera que lo hizo el policía Olmedo, que es ahora el discurso del presidente Lasso. Es algo extremadamente peligroso.

Hace más de diez años tuvimos el mismo escenario. A partir del 30S hubo una grave crisis de la Policía, luego aparece la ola de violencia criminal, la crítica contra los jueces penales que "liberaban a los delincuentes", y finalmente, el llamado de Correa justificando con todo eso la metida de la mano a la Justicia. ¿Lasso está repitiendo el guión de Correa?

Los políticos ecuatorianos ven la utilidad de tener a las cortes en un momento de su período. Tenemos una altísica inestabilidad de las cortes gracias a eso. Muy pocas han terminado sus períodos, y luego estas crisis terminan en juicios internacionales en contra del Estado, como el caso de Quintana Coello  y Camba Campos por la destitución de Lucio Gutiérrez en el 2005. Este es un modus operandi del político ecuatoriano. Lo hizo Correa en su momento, llegó al poder y se dio modos de sacar al  Tribunal Constitucional, que le estorbaba para la Constituyente, mediante esa reforma constitucional se bajó a la Corte Suprema de Justicia, luego puso la Corte Nacional y luego tenemos a Lenín Moreno  con la consulta, también descabezando a la Corte Constitucional e indirectamente a la Corte Nacional en el 2019... Este es algo recurrente. Los políticos nuevos sienten que tienen que tener "sus" jueces y la única forma de hacerlo es con esos movimientos políticos. Y más allá de si se va a poner mejores jueces, es un riesgo porque la independencia judicial no se termina de consolidar. Y los jueces que entran, aunqee ganen concursos, suponiendo que estos concursos son independiente y legales, esas personas miden los riesgos del cargo, ya saben cómo funciona ser juez y saben que si alteran ciertos poderes del Estado eso les va a costar el puesto y si quieren mantenerse ahí empiezan a hacer compromisos con el poder sin siquiera el presidente o el secretario jurídico los llamen, sino por el simple hecho de que saben que irse en contra de esos grupos de poder implica poner el riesgo el cargo.

¿Cree que Guillermo Lasso podrá repetir eso?

Me parece complicado que Guillermo Lasso lo logre. No lo veo con el poder político para obtener lo que busca. Pero posiblemente me equivoque, porque siendo las consultas mediciones de popularidad, el escenario que teníamos el año pasado no es el mismo que el de ahora. Y si es que Lasso juega bien sus cartas, manteniendo viva esta percepción de inseguridad y logra sostener esto lo suficiente como para montar una consulta popular, podríamos enfrentarnos nuevamente a una destitución masiva de jueces, de los vocales del CNJ...

Si es que Lasso juega bien sus cartas, manteniendo viva esta percepción de inseguridad y logra sostener esto lo suficiente como para montar una consulta popular, podríamos enfrentarnos nuevamente a una destitución masiva de jueces, de los vocales del CNJ.

En la perspectiva de los derechos humanos, la ola de crímenes que se da en Guayaquil, con récords de más de 70 muertos solo en enero, ¿es extraño?, ¿es demasiada conincidencia?, ¿es rentable políticamente esto de la inseguridad?

Indudablemente hay un beneficio político. Ya había pasado la ola de las vacunas, luego vinieron las masacres en las cárceles, lo que generó críticas al gobierno y creo que la popularidad del Gobierno estaba disminuyendo; pero en estos días el Gobierno ha logrado transferir, de forma muy exitosa, la responsabilidad del Gobierno a los jueces, que no actúan,  y a las leyes, además de forma ambigua. Y el Gobierno dice: no es nuestra culpa, tanto es así que nuestros policías mueren tratando de proteger a los ciudadanos. Hay un beneficio político con esta nueva ola de preocupación por la delincuencia Ahora, si es o no casualidad, no lo sé. Creería que es un tema de aprovechar el momento, pero eso tampoco lo sabemos. Debieramos saber sí, cuando hay tantas muertes, qué se está haciendo para investigar esto. Si es que son bandas que se disputan el territorio o es crimen organizado, entonces también la Policía debería hacer inteligencia sobre qué hacen estas bandas, y lo que vemos hasta ahora es que (solo) están reaccionando, y tarde. 

¿Una visión del gobierno y de parte de la sociedad que deja fuera el contexto donde se da la violencia y los actos criminales?  

Hay una discusión de fondo que empezaba a surgir con el tema de las cárceles y que otra vez quedó enterrada. Es la respuesta a por qué pasa esto. Y tiene que ver con que el tema de violencia se da en ciudades con profundas desigualdades sociales, en donde participa gente joven y sobre la cual no nos preguntamos qué tipo de oportunidad real tiene, en los barrios marginales, de tener una vida diferente, fuera de la que les ofrecen las bandas y los grupos delincuenciales. Hasta qué punto hemos mejorado el alcantarillado, el agua potable, el acceso a la educación en Guayaquil; hasta qué punto estamos generando trabajo y oportunidades para la gente de esos barrios. Un niño que crece en este ambiente ¿qué posibilidad tiene de llegar a tener un trabajo que le alcance para cubrir la canasta básica? Ahí están las razones por las cuales tenemos cada vez más gente que se inclina por llegar a estos actos; gente a la que la sociedad le está fallando, le niega oportunidades y, por tanto,  la sociedad pierde fuerza moral para juzgar a esta gente que actúa fuera de la legalidad.

Hay una discusión de fondo que empezaba a surgir con el tema de las cárceles y que otra vez quedó enterrada. Es la respuesta a por qué pasa esto. Y tiene que ver con que el tema de violencia se da en ciudades con profundas desigualdades sociales.

Ese discurso también es criticado por quienes creen que con el tema de la desigualdad, la pobreza o la falta de oportunidades se está justificando la violencia, el crimen, la delincuencia; porque hay millones de pobres en este país que no se dedican a matar ni a robar. 

Sí, pero es más que justificar. Porque en este momento el Estado y la Policía tienen que proteger a la ciudadanía, no hay otra opción. Lo otro es hacerse de la vista gorda sobre la violencia y los crímenes, que son reales. Pero, como sociedad no podemos quedarnos en la actitud reactiva, de pensar solamente en los crímenes de ahora, porque supongo que lo que esperamos como sociedad es tener cierto nivel de tranquilidad y eso no lo vamos a conseguir ni con más policías ni con más armas. Lo vamos a conseguir atacando las causas, enfocándonos en esos niños y adolescentes, que están en esos barrios y que en este momento aún no han cometido delitos y a esas personas darles un futuro y oportunidades. Y la respuesta llegará en diez años. Si no nos planteamos eso, simplemente no va a pasar nada y la violencia aumentará, porque si algo está comprobado es que endurecer las penas y meter más gente a la cárcel no va a solucionar el problema de la delincuencia y la inseguridad. Ahí tenemos un reto como sociedad. Mientras estamos pensando en cómo prevenir y proteger a los ciudadanos de la violencia actual, también debiéramos estar pensando en cómo hacer que en diez o veinte años tengamos otro tipo de sociedad donde podamos vivir en paz, entendiendo la paz como algo mucho más que la ausencia de conflicto, es decir donde todas las personas tengan una vida digna. 

El presidente Lasso ha propuesto reformas al COIP y otras medidas; la policía vuelve a repetir el argumento de recursos; Estados Unidos ha retirado las visas de varios ciudadano ecuatorianos, una suerte de castigo moral, y la pregunta es si no se pretende eludir el tema central, que son las graves deficiencias del sistema de investigación criminal, de la inteligencia, de la Policía Nacional y del sistema de justicia penal.

Estoy de acuerdo. Hay muchas falencias en la investigación; también hay una falta de conocimiento de la fiscalía y de la Policía del sistema penal. He buscado pistas de hacia dónde quieren apuntar las reformas al COIP, y cada vez escucho algo como lo que dijo la ex comandante de la Policía. Ella dijo que tenían identificado a uno de los sicarios que cometió uno de los delitos  en Guayaquil, pero que no podía detenerle sino que tenía que esperar a que cometiera un nuevo delito para atraparlo in fraganti.  Eso nos hace ver cómo piensa la Policía. La Policía piensa que la única forma en que puede atrapar a alguien que comete un asesinato es si está presente para atraparlo ese momento. Cuando atrapan a una persona que comete un asesinato en el lugar de los hechos, la investigación está resuelta. Entonces, lo que nos está diciendo la ex comandante de la Policía es que ignora por completo el procedimiento penal, y nos muestra esta idea de la Policía de no querer investigar, sino que la única forma que tienen para procesar a un delincuente es capturarlo en el momento de los hechos. Peor aún cuando estamos hablando de supuestas mafias, de bandas de sicarios, de narcotráfico. Para eso se necesitan procesos de inteligencia. Vemos cómo operan las policías de Chile, de Italia, de Estados Unidos que para capturar esas redes pasan varios meses de labores de inteligencia hsata tener un caso bien conformado. Ahí hay un trabajo de investigación profundo. 

Pero es la Fiscalía la que dirige una investigación criminal.

Por supuesto, pero es la Policía la que ejecuta las disposiciones de la Fiscalía. Supongo que la Policía pretende saltarse la etapa de la investigación y de la Fiscalía porque también puede estar viendo a los fiscales como ineficaces. Pero todo esto requiere un grado de coordinación y de trabajo técnico, que siento que ni la Fiscalía ni la Policía Judicial están preparadas para afrontar y ahí hay reformas importantes que hacer, pero no a la ley, porque una ley buena o mala no hace la diferencia. Uno puede trabajar decentemente con normas malas si es que se tiene la preparación y se quieren hacer las cosas. Modificar la ley no cambia nada si luego la ley tiene que ser aplicada por la misma gente que no hace eficientemente su trabajo. Ahí hay graves problemas. Este endurecimiento de las penas busca dar a la población la falsa percepción de que se está haciendo algo; porque además es muy efímero, porque mañana se impone la pena de muerte y una parte de la población va a estar convencida de ya con esto nadie va a salir a cometer delitos. Y nos vamos a dar cuenta que por más duras que sean las penas, la persona que comete un delito no está con el COIP abierto para saber qué pena le cae, esto no es así. Hay mucha irresponsabilidad de por medio, mucho cálculo político, y ahí hay vidas y estan en riesgo los derechos humanos de toda la población, no solo de las personas víctimas de la delincuencia sino también de las que cometen algún delito y pueden ser víctimas de uso desproporcionado de la fuerza; como también los derechos de la Policía que no tiene entrenamiento y equipos. En la década de los 80 y 90, con el caso de los hermanos Restrepo, la gente se dio cuenta que una vez instalado un aparato de Policía que no tiene que rendir cuentas a nadie y que tiene carta blanca para usar la violencia, al principio la gente dijo "perfecto", porque eso significaba que van a atacar a la delincuencia, pero cuando se dio el caso Restrepo y se vio que no le rendían cuentas a nadie y podían hacer lo que quisieran, la gente entendió que no era así.

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