Esta semana se realizó en Quito la Cumbre Regional Andina sobre la conquista de los derechos LGBTI. Activistas, abogados y representantes de la diversidad sexual analizaron en los avances y retrocesos sobre los derechos de la comunidad en la región. Las diferencias entre las legislaciones y las sociedades de los países de América Latina, la influencia de grupos antiderechos e iglesias, y la posibilidad de acceso a la justicia fueron algunos de los temas analizados.

La abogada peruana Karen Anaya, secretaria técnica de la Red sin Violencia LGBT y de la Red de Litigantes LGBT, organizaciones que agrupan esfuerzos de la comunidad en varios países de Latinoamérica, analiza en esta entrevista la situación del colectivo en nuestros países.

¿Qué balance se puede hacer de la situación de los derechos de la comunidad LGBTI en la región, tomando en cuenta los matices que presenta cada país?

Creo que estamos avanzando en el reconocimiento y garantía de nuestros derechos como personas LGBTI y hay que reconocer que eso se debe al trabajo de organizaciones civiles. Al momento, uno de los principales logros en clave regional se refiere a la garantía de la identidad de género para personas trans, algo que tiene limitaciones, pues hay países en donde a pesar de haber leyes se realizan limitaciones para ese ejercicio de derechos.

Eso pasó en Bolivia donde una ley vigente permite el cambio de nombre y de sexo, pero la Corte Constitucional determinó que esas personas no pueden participar en espacios deportivos, políticos o familias que sean reconocidas.

En Argentina, en cambio, ya hay una ley de identidad de género desde hace muchos años y sin embargo se está peleando otros temas, como un proyecto de ley para reconocimiento de personas intersexuales, en donde aún hay algunas limitaciones. En Argentina también hay discriminaciones positivas como cupos laborales para personas trans. En Chile se está discutiendo la garantía de las uniones y las familias LGBTI, lo que se refiere también a adopción y filiación. 

Aún se mantienen limitaciones en las familias diversas, pues en Bolivia y en Colombia hay dificultades para reconocer a hijes de transmasculinos. Los estados siguen haciendo reconocimientos binarios de papá-mamá, hombre-mujer, una dinámica heterosexual que da lugar a una familia, no permite comprender que puede haber familias de hombres que tienen un proceso de gestación y que pueden tener una familia, así como de mujeres solas. Ese es un desafío actual.

Otro tema pendiente es cómo garantizar la identidad de género para personas de género no binario, algo que se ha reconocido ya en Colombia. En los documentos de identidad ya se ha reconocido la posibilidad de que se consigne un género no binario.

La discriminación  y la violencia persisten sobre todo en espacios públicos. Hay movimientos antiderechos, fundamentalismos religiosos, que además han  tomado espacios políticos en los poderes legislativos y ejecutivos de la región, lo que busca posicionar en la opinión pública que aún es posible sancionar a las personas LGBTI.

¿Cuáles son los principales agresores de la comunidad LGBTI en la región? ¿Siguen siendo las propias familias, las iglesias, las Fuerzas Armadas y de Policía?

Muchas veces la violencia empieza también el ámbito familiar. Se siguen aplicando terapias de conversión en iglesias o por parte de sicólogos o médicos que tienen el aval de la propia familia. Hay situaciones de violencia familiar, económica o sexual con la intención de corregir la identidad de género de sus hijes, que vienen de las propias familias de ellos. 

Hay agentes estatales, como policías nacionales o municipales, que atacan a personas trans cuando ejercen el trabajo sexual, mientras en el sistema de justicia se viven situaciones de revictimización.

Los propios jueces o fiscales no tratan a las personas trans de acuerdo con su identidad de género, y esa es una forma de discriminación institucionalizada. 

En los países del Caribe y Centroamérica hay gobiernos autoritarios que atentan contra los derechos de las personas y en especial de personas defensoras de los derechos de la diversidad sexual, quienes son vistos como críticos o enemigos del Gobierno. En Nicaragua están quitando la personería jurídica de toda organización que pretenda denunciar violaciones de derechos en instancias internacionales. El escenario ahí es distinto a la región andina o a Brasil. 

En Quito se realizó la Cumbre Regional Andina sobre la conquista de los derechos LGBTI

Debemos erradicar la percepción social de que agredir a la comunidad LGBT debe ser permitido. 

¿Cuál es la situación de la comunidad LGBT en los países más autoritarios de la región, como Cuba, Nicaragua o Venezuela?

En Venezuela es muy difícil obtener información sobre las violaciones de derechos y tampoco es posible recurrir a instancias internacionales, porque Venezuela se salió de la OEA y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las personas LGBT no tienen posibilidad de acceder a justicia en Venezuela ni a las instancias internacionales. Es particularmente grave el silenciamiento, y muchos han tenido que sumarse a la ola migratoria, en donde se producen nuevas violaciones de derechos en los países de acogida de venezolanos, en donde sufren una doble discriminación por ser migrantes y ser LGBTI.

En Nicaragua hay personas que salen perseguidas por su orientación sexual e identidad de género, y en muchas veces han intentado salir de ese país y han sido devueltos allá sin tomar en cuenta sus particularidades. 

En Cuba hay un avance que es la aprobación del matrimonio igualitario en el Caribe, que es una región altamente restrictiva en materia de derechos sexuales y reproductivos. Cuando una decisión cambia en un país puede tener influencia en determinada zona. En el Caribe aún hay leyes penales que sancionan las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo.

Pero en países que no son considerados como autoritarios, como Perú, se mantenían directivas municipales para la "erradicación de travestis y homosexuales de la vía pública" algo que no está en el Código Penal.

¿Qué ocurre con la participación en las Fuerzas Armadas y de Policía? Un ex presidente en Ecuador acaba de señalar que no es conveniente que formen parte personas LGBTI, dando a entender que no están preparados para la disciplina y el sacrificio requeridos?

En el caso de Flores-Freire contra Ecuador,  en la Corte Interamericana, se condenó a este país por haber sacado del Ejército a una persona acusada de homosexual, y se estableció que había faltas diferenciadas que no aplicarían a personas heterosexuales, lo que también es discriminatorio. 

En Panamá la Policía y los Bomberos destituyen y sancionan a los homosexuales, por lo que en la región sigue haciendo esa noción de que no son personas aptas para este tipo de servicio, pero eso no tiene justificación alguna y es contraria a los derechos humanos.

Se debe garantizar no solo que puedan acceder, sino que sean espacios seguros, pues la masculinidad hegemónica que se ejerce en Fuerzas Armadas y Policías lleva a sanciones y acosos contra hombres gais.

Hay que cambiar el discurso sobre dónde pueden estar las personas más allá de su orientación sexual e identidad de género. En Brasil acaban de elegirse dos diputadas trans, lo que es un gran logro para su agenda. Es relevante que haya visibilidad en la política y de llegar a espacios de toma de decisiones.

¿Cómo ve el rol de las iglesias, no solamente de la Católica, sino de las confesiones protestantes que suelen ser más agresivas, de sus gestiones de cabildeo y amenazas a la laicidad de los estados latinoamericanos?

Sobre las iglesias es verdad que hay algunas que se han aliado con grupos políticos y económicos que buscan captar espacios en los poderes legislativos para frenar o retroceder en procesos de derechos y levantar sus agendas sobre la familia y contra los derechos sexuales y reproductivos.

La democracia debe ser entendida como la garantía de derechos de las minorías y se deben establecer mecanismos que garanticen que estos grupos no pasen por encima de los derechos a pesar de mayorías legislativas. De ahí la importancia de litigar en los sistemas judiciales que tenemos, con demandas, pues ahora ya las iglesias no se oponen directamente sino que buscan nuevas actorías, como colectivos de "padres y madres de familia" que han presentado recursos en Perú.

En nuestro países el pastoreo del credo y la doctrina ha pasado ha ser el pastoreo de nociones como "no a la ideología de género" y " no al aborto" y actúan en colegios, espacios de salud y espacios políticos, lo que pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes LGBT que influencian a las familias, porque creen en este tipo de pastores y sus supuestas buenas intenciones. Hay que determinar la responsabilidad de estas iglesias en violaciones de derechos humanos.

Muchas de esas iglesias están vinculadas a hechos de corrupción política. Es cierto también que algunas iglesias, en cambio, favorecen espacios religiosos para la comunidad LGBT, pues también hay creyentes en la comunidad y el derecho de profesar una fe. El problema no son los credos sino las particularidades de algunas iglesias aliadas con grupos antiderechos en busca de obtener poder político y ecónomico. Esos son sus verdaderos intereses.