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12 de Noviembre del 2013
Historias
Lectura: 19 minutos
12 de Noviembre del 2013
Juan Carlos Calderón

Director de Plan V, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano. 

Los delitos que no vemos

Foto: Gianna Benalcázar

Freddy Rivera es parte del proyecto regional Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada, Relasedor, que determina indicadores de corrupción compleja.

 

Freddy Rivera, experto de la Flacso en crimen organizado y presidente del Consejo Sectorial Ciudadano de Defensa Nacional, alerta sobre la ausencia de indicadores de corrupción compleja en el Ecuador.

Freddy Rivera es doctor en Ciencias Sociales con mención Sociología, por la  Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Magíster en Ciencias Sociales Flacso México. Profesor titular de Flacso Ecuador. Fue Subsecretario de Estado entre el 2008 y el 2010 en las áreas de Seguridad Interna y Política del Ministerio de Gobierno y Policía.

El GAFI ha pedido al Ecuador esfuerzos más concretos sobre el lavado de activos, ¿qué opina?

Uno de los pedidos del Gafisud es una legislación más punitiva y uno de los pedidos concretos de esta entidad es sobre el lavado de activos. No se han hecho los esfuerzos suficientes para desarrollar una institucionalidad que, científicamente, dé pruebas e indicadores sobre el lavado de activos. Tenemos todavía una legislación difusa, incongruente en ciertas áreas y que no ataca directamente ciertos puntos de la problemática.

¿Por ejemplo?

Se pone mucha atención sobre lo que es el lavado de activos de actividades provenientes del narcotráfico. Y de eso hay uno que otro indicador de la propia inteligencia policial y otras entidades como la Dirección de Inteligencia de la Dirección Antinarcóticos; otra es la Unidad de Inteligencia Financiera y la otra es la Unidad de Lavado de Activos.

¿Y los otros tipos de lavado de activos?

Estos básicamente son los que provienen del mercado ilegal de metales preciosos, oro básicamente, mucho de ello de la minería ilegal o informal e incluso de la artesanal, porque no se sabe cómo son los flujos del oro. Tenemos una debilidad y un hueco muy grande ahí. No hay datos de cuánto dinero es y cómo circula. Lo que se tiene son informes extraoficiales de la Inteligencia peruana, porque este problema se da básicamente en la frontera entre los dos países. Es una vulnerabilidad que no estamos atacando.

En lo otro, que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito privado, caerán al menos tres tipos de actividades que han estado presentes. La una es todo lo que se mueve alrededor del tráfico y trata de personas. Sobre eso hay poca claridad. No es suficiente lo que estaba vinculado con el Código Penal anterior, de usura, estafa, que son principalmente  de lo que acusaban a quienes caían por estos delitos. Al incorporar el delito de tráfico de seres humanos, eso va más allá de la estafa, del chulco, de estas actividades. Y lo último son todos los mercados ilegales en el tráfico de tierras, la reconcentración de tierras a veces de forma verbal.

¿Cómo se puede medir el impacto de todos esos procesos delincuenciales?

Todo esto tiene que ver con una lectura sistémica de lo que puede ser lavado de activos que está vinculado con otro tipo de cosas. Lo uno es la vulnerabilidad provocado por la debilidad de las instituciones. Y cuando hablo de ello me refiero a que el Ecuador no posee indicadores sobre corrupción compleja en el Ecuador, o no les ha dado la gana a las autoridades de construirlos. No basta, no es suficiente, y me parece demagógico e irresponsable que cada año las autoridades salgan a decir que no están de acuerdo con los datos de Transparencia Internacional. Es cierto, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esos datos, pero tampoco se ofrece una respuesta técnica, científica de medición e indicadores sobre corrupción compleja en el Ecuador, y eso no creo que sea muy difícil.

¿Y en manos de qué entidades del Estado está ese control?

Las tres autoridades responsables que tienen que dar la cara por esto son: la Secretaría de Transparencia y Gestión de Control. El secretario, Diego Guzmán, lleva en eso más de año y medio: señala que están en eso, que están construyendo aquello. Y eso lo digo porque presido el Consejo Sectorial Ciudadano de Defensa Nacional y me preocupa que no haya un indicador que podamos decir, internacionalmente, que  nuestro país posee tales indicadores. La otra institución es el Consejo de Participación Ciudadana. Está bien que saquen mucha propaganda sobre héroes y heroínas, pero creo que aquí están sacando el cuerpo sobre la responsabilidad de construir indicadores sobre corrupción compleja en el Ecuador, sea con la Secretaría de Transparencia o con la Contraloría, que es la tercera entidad responsable.

¿Cómo se entiende la corrupción compleja?

Por corrupción compleja se entiende la capacidad de medir la vulnerabilidad de instituciones como la Policía. Un indicador simple, no complejo, se construye por un dato a secas: el número de miembros dados de baja por un debido proceso, o investigados por Asuntos Internos… En el caso de un indicador de corrupción compleja, la pregunta a ser respondida en este caso sería: ¿Cómo se articulan las bandas y las redes de estas personas con actividades criminales, y eso juntado a los datos de corrupción judicial. Algunos datos estaba enviando el Consejo de la Judicatura, como el número de jueces sancionados. ¿Dónde están los indicadores sobre corrupción compleja en el Ecuador? Menciono esto porque estos huecos institucionales, estos observadores con un parche en el ojo sólo están viendo a un sector: en temas de política pública no quieren desarrollar indicadores que digan que así como bajamos o subimos en términos de pobreza u homicidios, bajamos o subimos en indicadores de corrupción. Y así dejamos la perorata populista y demagógica de que "no nos gusta Transparencia Internacional". Si no pueden hacerlo técnicamente busquen asesoría.

Entonces, ¿es una categoría mucho más amplia?

Va mucho más allá del soborno, la coima y el sobreprecio. Está articulada a la economía política del crimen organizado. Tiene formas de camuflarse, son agentes enquistados en organismos de seguridad del Estado, en los medios de comunicación o en las otras entidades. Todo esto se puede detectar con una nueva investigación. Por ejemplo, la Policía con el Consejo de la Judicatura acaban de desarmar una bandita de jueces corruptos en Guayaquil. ¿Un caso de esos es parte del lavado de activos, es producto del narcotráfico? no.

El concepto clásico de corrupción de compras públicas es la punta del ovillo. Son el abogado y la secretaria o amanuense de un juzgado. Ellos son testaferros, representan los intereses de otra persona, una especie de ventrílocuos de otros tipos de intereses. Nosotros nos hemos especializado en atrapar ventrílocuos, pero no atrapamos al que está manejando al monigote, con la corrupción compleja llegamos a atrapar al tipo que maneja el muñeco. Pero un ingrediente sustancial es manejar ese tipo de indicadores, pero eso implica modificar lo que en otras áreas se tiene. Por ejemplo, si la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que está a cargo de las cooperativas, no desarrolla un sistema de indicadores que le permitan tener alertas tempranas sobre quiebras verdaderas o ficticias de estas cooperativas y si está controlando con las mismas herramientas de hace 12 años seguro no va a obtener respuestas. A nuevas realidades nuevas metodologías. Partimos de la comprobación de que el Ecuador está ocupando un sitial estratégico en la lógica del crimen organizado trasnacional, no puedes abordar esta realidad con metodologías de hace una década. Aquí hay rezago, hay lentitud de las autoridades de control, por desidia, ignorancia, incapacidad, mientras que las realidades van a altísima velocidad.

"Recién estamos asistiendo al posicionamiento, por lo menos discursivo de que en Ecuador hay delincuencia organizada internacional".

Si el Ecuador no hace lo que tiene que hacer, ¿qué puede pasar en el mediano plazo?

Con un poco de prospectiva, vamos a tener en términos legales una cosa durísima, como es el Código Integral Penal, pero no vamos a tener con qué medir. Hay un montón de figuras penales, pero hay otras encubiertas. Pero cómo se dan a luz los delitos encubiertos si no tenemos un instrumental de medición científica que dé razón de esto. Si no se hacen las preguntas pertinentes, seguro se harán con análisis de delincuencia de hace cuatro o cinco años. Recién estamos asistiendo al posicionamiento, por lo menos discursivo de que en Ecuador hay delincuencia organizada internacional y opera de tal o cual forma. Pero eso ya se lo dijo hace tres años en la academia. Y eso que en las entidades vinculadas a la seguridad ha existido continuidad. Si no pueden hablar entre ellos la ciudadanía debe reclamar, es la tarea de las autoridades, para eso se las puso ahí. ¿Por qué no se hacen estas investigaciones, por qué no tenemos indicadores sobre corrupción compleja en el Ecuador? Cuando ya tengamos esto, estaremos atacando al menos la mitad de la problemática. Si como país pudimos hacerlo con el SRI, ¿no se puede hacer en el sector? Y sí hay voluntad política del Gobierno, entonces no se están escogiendo bien los cuadros responsables de esas políticas.

¿Cómo atamos todo esto con el Gafisud?

El GAFI es una medida internacional. Soberanamente podemos decir sí o no. Pero hay ciertos parámetros en que la gente se ha puesto de acuerdo y se está viviendo un programa. Unos cumplen otros no cumplimos. Mi pregunta es ¿por qué no cumplimos nosotros? Hay algunos temas que no cumplimos por clara incapacidad técnica y profesional. Y otras razones son políticas. Por ejemplo, el Gafisud presiona vía la Cicte (Comisión Interamericana Contra el Terrorismo) por el tema del financiamiento al terrorismo. Y el Ecuador, ¿qué tiene que ver con el terrorismo? Nada. Porque a nosotros no nos meten esa goleada de asociar lavado de activos con terrorismo. Doctrinariamente, decir no es lo correcto. Eso díganle a Colombia, ni siquiera al Perú ahora. ¿Pero a Ecuador, Uruguay, Chile? Eso es pura presión estadounidense o de un sector europeo.

¿Cuáles son algunos temas de corrupción compleja en el Ecuador y que no estamos viendo?

Uno de los temas es el mercado de metales preciosos (USD 1287 la onza de oro, precio al 11 de nov. Ndlr). Informes de inteligencia de hace más de dos años detectaron la situación sobre este tráfico de metales preciosos vinculados al lavado de dinero. Se ha multiplicado la cantidad de sitios donde se compra oro. ¿Todo el mundo está dedicado a la joyería? ¿En Esmeraldas, en Zamora?  El negocio ilegal funciona cuando los capitales pagan a los mineros, por lo general ilegales, y hay toda una lógica de la delincuencia organizada: minería ilegal, trata de personas que contiene desde redes de prostitución y hasta trabajo semiesclavo adolescente e infantil, extranjeros indocumentados, controles armados porque como bien preciado se debe cuidar el oro ante l ausencia de autoridades estatales, redes de aprovisionamiento de químicos, daño ambiental… No estamos viendo en conjunto, estamos agarrando cosa por cosa. Nosotros tenemos narcotizada la lógica del análisis, narcotizada la legislación, narcotizado el desempeño institucional. Con todo ese recurso de minerales preciosos se logran hacer pequeños capitales y eso se “invierte” en especulación de tierras, que no tiene asideros formales. Estas son lógicas que se meten en zonas de disputas o zonas que en principio no tienen valor turístico pero que puede ser potencial. Eso ya pasó en Punta Sal y en una parte de Tumbes, en el Perú. Los informes de inteligencia dicen en este aspecto que Santa Elena es un queso gruyere súper porosa. Baja o reciente institucionalidad, corrupción, sistema judicial débil, fíjese en las dos últimas avionetas que aterrizaron fue por ahí, la Policía desarmó una banda de traficantes de armas. Así continúa: tierra, infiltración en entidades de control. Un ejemplo: por qué se emite el triple de permisos municipales de operación para hostales en una zona donde no hay turismo. Eso, para nosotros, es un dato que alimenta un indicador de corrupción compleja, que está articulada con tráfico de personas.  Y por qué se apaga la luz en determinado sitios entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, en un cantón donde hay que revisar las autorizaciones de zarpe. Esas son labores de inteligencia. Es un instrumento para las autoridades de control. Con esos indicadores, por ejemplo, la Contraloría tendría buenas preguntas a los funcionarios. El otro elemento importante es la continuidad del tráfico de combustibles en fronteras y puertos. Pasa que los pescadores obtienen sus autorizaciones de zarpe y regresan con el combustible vacío. Lo más probable es que a la tercera o cuarta milla ese combustible sea vendido a un barco nodriza. Un pescador que pertenece a determinada cooperativa o asociación de pesca artesanal, se dispara en la adquisición de combustible en un mes determinado, al mismo tiempo que se ve que la pesca cae por temporada, y al mismo tiempo la cámara de pesquería tiene los datos sobre capturas en el mismo período, entonces algo pasa: si usted no captura nada, si no puede pescar nada…

"Me estoy quejando de esa falta de iniciativa o de falta de profesionalismo o falta de voluntad política".

¿Qué pasa con los cupos que otorga la Agencia de Control de Hidrocarburos para esas zonas?

Acá las preguntas tienen que ver con por qué se asignan cupos al cantón, por ejemplo, Río Verde, San Lorenzo o Eloy Alfaro, cuando la capacidad de almacenaje es menor a la autorización y despacho de combustibles en gasolina de pesca artesanal, diésel y gasolina extra. Las autoridades tienen que dar razón de esto.

Pero no dan razón…

No lo quieren hacer, porque la Secretaría Nacional de control de Transparencia tiene la potestad para ir al jefe de la Agencia Nacional de Control de Hidrocarburos, y pide que le deje ver las autorizaciones a escala provincial en los cantones de: San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde en los últimos doce meses. Y se va también a los cantones de la frontera Sur y puertos. Y mira cuántas cooperativas están adscritas o registradas… Cruce de datos. Me estoy quejando de esa falta de iniciativa o de falta de profesionalismo o falta de voluntad política, o están amenazados, observados, condicionados, o sus jefes o los directivos no procesan eso ni preguntan, y si es así qué hace la Asamblea Nacional en el área energética… Esa es la corrupción compleja que en muchos casos es impunidad compleja: dejo de actuar, dejo de ver, me hago el loco. En el crimen organizado hay una especialización del trabajo y eso es lo que no se quiere ver. Una de las características del crimen organizado es la especialización del trabajo para camuflar sus actividades, donde tenemos un hueco en términos jurídicos. Hemos tenido nosotros la culpa, porque hemos hecho una lógica de prueba-error. Hasta ahora estamos con el Código de Seguridad ciudadana  congelándose en la Asamblea. No hemos modificado la Ley de Defensa. Hay ahí un bodrio conceptual. Mientras la Ley de Seguridad Pública del Estado te habla de humanismo, de garantías y derechos, la Ley de Defensa te sigue hablando de combate al enemigo interno.

Lo curioso de todo esto es que tanto el Consejo de Participación Ciudadana, como la Secretaría de Transparencia y control de Gestión no tienen una autonomía responsable.  Tienen una autonomía irresponsable por la ausencia de indicadores nacionales sobre corrupción compleja. El tema del lavado va por el lado de las economías informales, las cuales no se visualizan, pero que -de alguna manera- van a parar al sector financiero. Tiene que ver con el tráfico del oro y metales preciosos, porque con una buena organización tienes menos riesgo, pues todos están poniendo los ojos en el narcotráfico, y tienes menos competencia, y es más seguro porque los corredores de tránsito de la cocaína tienen mucho tráfico y eso es un mayor riesgo, así que como nadie discute del tema, porque la prensa y las autoridades están narcotizadas…

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