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11 de Diciembre del 2017
Historias
Lectura: 26 minutos
11 de Diciembre del 2017
Fermín Vaca
Periodista político. Es editor de PLANV. Ha trabajado en los principales periódicos de Ecuador en la cobertura de política y actualidad. 
"El error inexcusable es un antídoto contra la falta de independencia": Gustavo Jalkh

Fotos: Luis Argüello

El abogado quiteño Gustavo Jalkh, proveniente de una familia de industriales textiles, inició su experiencia en la reforma judicial en el programa de Projusticia, financiado por Estados Unidos. 

 

Los procesos en donde opositores al correato como Mery Zamora, Manuela Picq o Salvador Quishpe obtuvieron sentencias favorables, son para el titular del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) la evidencia de que no se ha destituido jueces por consideraciones políticas en la institución que dirige. Jalkh presenta cifras de cómo han bajado las sanciones por error inexcusable en el país, y reitera que destituir a un juez no modifica las sentencias. También responde al asambleísta Esteban Bernal, que intentó un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional.

Atildado y circunspecto, un joven estudiante de Derecho entró el primer día de clases de 1989 a un aula de cuarto curso del Colegio San Gabriel, en Quito. Vestía de traje y corbata, pues ya era presidente de la Asociación Escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Era el nuevo profesor de Historia Universal. 

El joven se paró en el estrado, de espaldas al pizarrón, que nunca, a lo largo de todo el año, usaría. Y empezó su clase que abarcaba desde la Antigüedad hasta nuestros días. "Parecía que diera la clase frente al espejo. Aunque dominaba la materia, daba la impresión de que la clase era para él una forma de pulir su oratoria y sus argumentos", dice un ex alumno que lo recuerda.

"Era un hombre conservador, religioso, muy apegado a los curas. Siempre del lado de la autoridad y el poder", agrega. Jamás escucharon de él opiniones ni siquiera cercanas a las izquierdas de su tiempo. El joven, de maneras educadas, que nunca alzaba la voz pero solía ser firme cuando debía, no fue precisamente el profesor más popular. Provenía, recuerdan sus ex alumnos, de una influyente familia de industriales textiles. Su nombre es Gustavo Jalkh y actualmente ejerce la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). 

"Parecía que diera la clase frente al espejo. Aunque dominaba la materia, daba la impresión de que la clase era para él una forma de pulir su oratoria y sus argumentos", dice un ex alumno que lo recuerda.

Muchos años después, Jalkh ejercía la docencia en la Universidad San Francisco de Quito. Ya abogado de trayectoria, explicaba con voz pausada la estructura constitucional vigente antes de Montecristi. Al igual que en el Colegio San Gabriel, es recordado por no ser un hombre prepotente, pues no era de aquellos a los que les gustara hacer ostentación de su condición de profesor. 

Además de ejercer la cátedra, Jalkh tendría un papel en la implementación del Programa de Modernización de la Justicia de Projusticia, financiado por la cooperación de Estados Unidos y administrado por una importante fundación de Quito, en donde trabajaría junto con Nestor Arbito, uno de sus hombres de confianza que actualmente también es vocal del CNJ. Luego, con la conquista del poder por el correísmo, Jalkh se desempeñó como ministro de Gobierno, y en esa condición tuvo que enfrentar la revuelta del 30S en el Regimiento Quito. Mientras el ex presidente Correa se abría la camisa desafiante, Jalkh se colocaba discretamente detrás, como quien se protegía en el marco de la ventana. El entonces ministro, sin embargo, vivió la retención de Correa y su posterior rescate del Regimiento Quito. Se desempeñó también como secretario del Presidente en el Palacio de Gobierno, y en 2013, asumió el cargo de presidente del CNJ, que ejerce hasta la actualidad. 

Una hora con Jalkh

El pasado 7 de diciembre, en el piso 14 de la torre de oficinas que alberga al Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh recibe a PLANV para una entrevista. En las oficinas de la Presidencia del CNJ, hay una amplia sala de juntas. La torre está semi vacía, pues el colapso de la mitad del sistema de agua potable municipal tiene a la capital y al Gobierno trabajando a medio gas y se ha declarado un feriado. 

En la cabecera de la mesa, la bandera nacional en terciopelo ha sido colocada junto al pabellón blanco del CNJ. A Jalkh lo esperan, además de PLANV, su propio equipo de prensa, conformado por una periodista, un camarógrafo, un asistente, y también un asesor que ya tiene lista la computadora con la presentación de rigor en Power Point. 

El presidente del CNJ aparece a los pocos minutos, ligeramente retrasado. Viste de impecable traje azul, la camisa blanca, la corbata a rayas. No tiene un cabello fuera de lugar, en la solapa luce un botón dorado con la figura de un árbol similar al emblema patrio de Líbano.

El presidente del CNJ aparece a los pocos minutos, ligeramente retrasado. Viste de impecable traje azul, la camisa blanca, la corbata a rayas. No tiene un cabello fuera de lugar, en la solapa luce un botón dorado con la figura de un árbol similar al emblema patrio de Líbano. En la muñeca izquierda, lleva un reloj de destacado acabado, en la derecha, una pulsera con los colores de la bandera nacional. Se nota cuando ingresa a la sala que usa una fragancia fresca y juvenil. 

Jalkh se sienta en la cabecera de la mesa en una cuidadosa puesta en escena. El funcionario saluda cordialmente, y durante media hora, con el aire docente que parece heredado de los tiempos correístas, pasa revista a sus argumentos cuidadosamente presentados en el Power Point que su joven asistente proyecta en dos pantallas. 

Jalkh ha preparado varios cuadros. En ellos se resumen sus cifras e indicadores en lo que considera sus logros en la reforma de la justicia. La primera lámina evidencia que, por cada juicio que un juez estaba tramitando antes de su gestión, tenía casi cuatro por despachar. Explica que había una "bola de nieve" en juicios que no eran tramitados, y que la situación era tan compleja que si en 2013 se cerraba la Función Judicial para atender lo represado se hubieran demorado dos años y medio en despachar.

En 2016, destaca Jalkh, se está despachando más de lo que entra, por lo que la tasa de congestión ha caído al 1.6, cuando debería ser de uno. En siete meses se pondría al día todos los trámites, destaca, si los juzgados se cerraron hoy. 

Los pilares de su reforma, sostiene Jalkh, son el aumento de jueces, la mejora de la infraestructura y la tecnología, el control disciplinario, los sistemas procesales más eficientes. 

El titular del CNJ destaca que no está interfiriendo en los aspectos judiciales, es decir, en las sentencias, pues al sancionar a los jueces no se cambia lo que sentenciaron. También destaca la necesidad del sistema disciplinario en la carrera judicial. 

Sobre ese sistema, Jalkh destaca que cuando la Corte Suprema de Justicia ejercía las medidas disciplinarias, y cuando se podía simplemente invocar una "negligencia o falta grave", para destituir un juez, estaba realmente comprometida la independencia judicial. Ahora, dice, hay criterios claros y estrictos. Sobre la competencia del CNJ, Jalkh cita la Constitución, que lo define como un órgano disciplinario. También asegura que la Consulta Popular del 2011 le dio la competencia al CNJ para el control disciplinario de los jueces. "Asambleístas muy críticos pero que saben de derecho, como Luis Fernando Torres (PSC-Tungurahua), reconocen nuestra competencia", destaca Jalkh, quien asegura que, en ese punto, el asambleísta por Azuay Estebal Bernal está equivocado. 

En su opinión, se está distorsionando lo que dice el artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sostiene que los jueces también pueden identificar un error inexcusable y remitirlo al CNJ para su sanción. "Esto no elimina la posibilidad de que lo hagan los ciudadanos directamente", dice el presidente del CNJ. "El señor Bernal se va a los medios a decir lo que sabe que no es verdad", asegura, y lee varias sentencias de algunos tribunales contenciosos del país, en donde se reconoce la competencia del CNJ, sin la necesidad de una condición presumarial. Desmiente que la aplicación del "error inexcusable" signifique que se cambian las sentencias. Al respecto, recuerda que se puede conocer las infracciones disciplinarias por medio de denuncias, de quejas de funcionarios o de oficio. 

Jalkh recurre también al derecho comparado, y asegura que la institución se aplica en España, en Colombia, en México y en Costa Rica, y funciona igual, permitiendo a los ciudadanos quejarse de los errores de los jueces. 

También cita a varios tratadistas de origen español, argentino y mexicano, en donde se describe que ningún juez puede actuar contra las normas expresas.  "El error inexcusable sería como que un panadero en vez de ponerle harina al pan le ponga arena, así es de grosero", destaca. 

Por todo ello, Jalkh dice que no se está cuestionando el criterio del juez, sino los errores que nadie con una mínima formación jurídica podría cometer. Se trata, dice, de combatir la ineptitud y el descuido. 

Y en su defensa, pone ejemplos. La mayoría tomados de las destituciones de algunos de los cuarenta jueces de Guayaquil que alegan que fueron destituidos por presiones políticas, con el patrocinio del abogado Hernán Ulloa. Jalkh se refiere a ellos como "un cártel", y pone en duda que sean realmente cuatro decenas. 

Sin mencionar sus nombres, el titular del CNJ pasa al contraataque: en el caso de una jueza destituida en el Guayas por conceder un hábeas corpus al magnate Álvaro Noboa, Jalkh sostiene que esa institución está definida en la Constitución como una medida a favor de un privado de libertad, pero que el caso no aplicaba porque Noboa no estaba detenido sino fuera del país. No se puede usar el hábeas corpus contra un arraigo, sostiene. 

Menciona otro caso: un mujer que fue violada y asesinada al salir de su trabajo, y aunque se detuvo a tres personas y el fiscal de primera instancia se abstuvo de acusar, el juez destituido por el CNJ no esperó que el fiscal provincial se pronuncie, sino que ordenó la libertad de los indiciados. Para cuando el fiscal provincial decidió reiniciar el proceso, los implicados ya estaban prófugos. 

Habla también de otra destitución, en este caso, por no haber acatado una recusación, pues la jueza destituida siguió despachando durante tres meses más, a pesar de que ya no podía seguir actuando, en una demanda de herencias. 

En otro proceso, se trató de una violación a una menor por parte de su abuelo, y un ex juez de una provincia sustituyó contra norma expresa y sin audiencia una prisión preventiva, por lo que se le destituyó. Este ex juez, destaca Jalkh, también forma parte del "cártel" que lo denuncia en Guayaquil.

Otro ex juez, en vez de mandar a la capital un recurso de casación en tres días, se tomó doce meses, por lo que estima que también estuvo plenamente justificada la sanción en su contra. "Ese es uno de los más beligerantes, que dice que le hemos destituido por temas políticos", asegura Jalkh. 

LEA: Así fue la metida de mano en la justicia

Otro ex juez, en vez de mandar a la capital un recurso de casación en tres días, se tomó doce meses, por lo que estima que también estuvo plenamente justificada la sanción en su contra. "Ese es uno de los más beligerantes, que dice que le hemos destituido por temas políticos", asegura Jalkh.

Las cifras que Jalkh presenta sobre la aplicación del error inexcusable presentan una tendencia a la baja desde 2013. Aunque admite que en ese año se sacó a la Función Judicial a 61 jueces por error inexcusable, en 2017 de 360 quejas por error inexcusable se han aceptado solo cinco. Del total de jueces en todo el país se ha destituido a menos del uno por ciento. 

"El juez que comete error inexcusable es aquel que ha perdido independencia. Es un antídoto a la acción antijurídica. No cambiamos la sentencia sino que sancionamos la acción", precisa. 

En todos estos casos, destaca el titular de la Judicatura, no cabe el argumento de que pueda haber habido injerencia política alguna. 

El caso de Edgar Ugalde 

El presidente del CNJ sostiene que ha leído con atención las notas de este portal relacionados con la polémica por el error inexcusable y pide comentarlas.


LEA: El expediente Jalkh

Su atención se centra en el caso de Edgar Ugalde, un ciudadano de Cuenca que ganó una demanda al Estado en la que se ordenó el pago de más de USD 200 mil por el daño que el Estado le ocasionó a Ugalde al permitir que su hija menor de edad salga del país sin su autorización. El caso ha sido denunciado por el asambleísta azuayo Esteban Bernal, quien sostiene que como Jalkh ejercía el ministerio de Gobierno en esa época y era parte procesal del caso, debía excusarse de conocer la queja que luego se formuló contra los jueces que fallaron en contra del Estado y que fueron destituidos por el CNJ. 

"Esto ya se respondió en la Asamblea Nacional", dice Jalkh, y es "bochornoso que se siga repitiendo", asegura. "Es cierto que el economista Esteban Bernal es economista y no abogado, pero eso no le da el derecho de decir cualquier barbaridad jurídica". Bernal, asegura Jalkh, no le dió la cara en la Asamblea Nacional cuando él compareció ante el Legislativo para explicar esta denuncia. 

Jalkh recuerda que en junio de 2010, se recibió una queja en el Palacio de Gobierno de Edgar Ugalde, que fue remitida por la Presidencia al Ministerio de Gobierno, a la Policía, y a otras instituciones. Por ello, rechaza que haya sido parte del proceso civil que Ugalde, al no obtener respuesta, inició contra el Ministerio de Gobierno, la Cancillería y la Procuraduría. Al respecto, dice que el 15 de diciembre de 2010 llegó, probablemente a la ventanilla de documentos del Ministerio, la citación del juicio, pero que él renunció el 16 de diciembre de 2010 a esa cartera de Estado. 

"Es cierto que el economista Esteban Bernal es economista y no abogado, pero eso no le da el derecho de decir cualquier barbaridad jurídica".

Para el 13 de enero de 2011 recién se contestó la demanda, por parte del ex ministro Alfredo Vera, quien ejerció Gobierno al momento de contestar la demanda. 

Por ello, Jalkh asegura que nunca fue parte procesal en esa demanda, y que tampoco tenía por qué excusarse en el caso cuando se conoció en el CNJ, pues las normas del Código Civil no son aplicables a su situación, ya que no tiene interés personal, ni era pariente de ninguno de los participantes, ni había dado ninguna opinión o consejo sobre ese juicio, así como tampoco ha sido parte en ningún momento de ese proceso. 

En criterio de Jalkh, no había causal alguna para que él se excuse en el proceso administrativo, que la Cancillería presentó contra los jueces para que se pagaran más de USD 200 mil a favor de Ugalde. Fue la Cancillería, destaca Jalkh, la que se quejó contra los jueces, pues estos ordenaron el embargo de una cuenta del Palacio de Najas en el Banco de Fomento,  que forma parte de la Cuenta Única del Tesoro, y que por prohibición legal expresa no se podía embargar. 

En el caso de Ugalde, dice Jalkh, hubo un craso error y no había ningún impedimento ni ético ni legal para sancionar a los jueces en el CNJ. 

Usted ha mencionado la acción de un "cartel" de ex jueces, pero también se han presentado audios de cómo una ex juez embarazada habría sido amenazada en su propia oficina por funcionarios del CNJ en Guayas, y hay declaraciones juramentadas que documentan estas presiones. ¿Qué validez tienen en su criterio?

Ninguna, no tienen ningún elemento. Me mencionan el audio del juez Marco Maldonado, pero este fue presentado por el fiscal general con cadena de custodia, fue presentado por una autoridad competente. Allá, en cambio, se habla de un audio que no se sabe cómo se obtuvo, y hay una investigación. Si hay evidencias de que ese audio sea real, tomaremos las medidas pertinentes. Sobre las declaraciones juramentadas, hay personas que pueden decir cualquier cosa. Hay un relato un tanto fabuloso de una ex jueza que además dice que le destituyeron por una nulidad y no es falso. Ella no menciona que fue el caso de Fondos Global, un lavado de activos por USD 50 millones de una empresa que fue acusada de lavado de activos. La ex jueza quería devolver esos USD 50 millones contra norma expresa, escondiendo el tema desde una aparente nulidad. Ella también tiene un juicio de prevaricato en su contra y por eso miente. 

La aplicación del error inexcusable, señala usted, no modifica las sentencias. ¿Pero qué pasa si en la formulación de esa sentencia hubo corrupción, tráfico de influencias, prevaricato? ¿A quién corresponde actuar en ese caso?

La Fiscalía debe actuar. Cuando hay indicios de un delito, las hemos mandado a la Fiscalía. El juez de alzada debe revisar el caso también.

Dada la idiosincracia de nuestros abogados, ¿no se está abusando de las denuncias por error inexcusable para apalancar ciertos casos perdidos en tribunales?

Hemos visto las estadísticas, de casi 400 quejas solo cinco han sido aceptadas. Hay denuncias infundadas, es cierto, pero solo hemos sancionado a doce el año pasado, y sostengo que no hay ningún tema político. Soy muy respetuoso de las opiniones, pero creo que hay que clarificar esas cosas que no son ciertas. Reitero que el error inexcusable existe en otro países, que la hemos aplicado con seriedad, por lo menos 14 abogados y los cinco vocales conocen cada caso, se hace un informe y sobre eso el pleno del CNJ toma decisiones serias. No hay un solo caso de destituidos por temas políticos. Por ejemplo, Mery Zamora fue declarada inocente y nadie destituyó a los jueces. En el caso de Manuela Picq la jueza prohibió su deportación, tampoco se sancionó a la jueza. Salvador Quishpe tiene tres procesos nulos por peculado y tampoco se ha sancionado por eso a los jueces. 

"Mery Zamora fue declarada inocente y nadie destituyó a los jueces. En el caso de Manuela Picq la jueza prohibió su deportación, tampoco se sancionó a la jueza. Salvador Quishpe tiene tres procesos nulos por peculado y tampoco se ha sancionado por eso a los jueces".

Otro crítico de su gestión ha sido el académico peruano Luis Pásara, quien insiste en que su estudio del 2013 evidencia una aplicación abusiva del error inexcusable. ¿Qué opina usted sobre lo dicho por Pásara?

Pienso que Pásara no pone ningún ejemplo en concreto, solo da su opinión, eso puede hacerlo cualquier abogado. No pone ningún ejemplo de que se haya actuado de manera política. Cuando PLANV le pregunta por un ejemplo, dice con mala fe que yo he sancionado a los jueces del caso Central Técnico, por pedido del presidente Correa. Primero que no sanciono yo, y además que nunca se sancionó a esos jueces. No puede ser que alguien con el rótulo de académico diga algo y por eso debamos creerle. Eso es mentira, y su ejemplo es falso. No ha demostrado que el CNJ haya intervenido en esos casos. 

El doctor Pásara cuestionó también que usted haya sido ministro y secretario del ex presidente Rafael Correa como muestra de que usted no puede ser independiente, ¿qué le responde?


LEA: Jalkh fue el ejecutor de la voluntad de Rafael Correa

Que es su respetable opinión pero nada más que eso. No hay ningún argumento, yo soy un profesional serio, he pasado por la vida pública, la mayor parte de mi vida he sido un judicial, estuve en Projusticia, creé el Ministerio de Justicia, reformé la Policía desde la perspectiva de derechos humanos, reformé el Ministerio del Interior, se sentó una base muy importante. Tuve una gran experiencia administrativa en la Presidencia de la República y ahora he vuelto a mis fuentes, estoy trabajando en la reforma judicial. Pienso que esas son credenciales a favor, no en contra. No tienen ningún ejemplo, he actuado sin perseguir a nadie, respetando el debido proceso. 

Sobre la percepción del público frente al servicio de la justicia, ¿qué cifras manejan ustedes?

Hay una encuesta de la Universidad de Vanderbilt,  de Estados Unidos, que en 2014 evidencia que Ecuador tiene una confianza en la justicia en el segundo puesto, solo detrás de Uruguay. En 2017 estamos en primer lugar en confianza de que la justicia va a sancionar a los culpables de un delito. Ese es un estudio serio, no una encuesta sesgada con 80 personas como han sido otras. Es un estudio de más de 1500 casos. Hemos cambiado mucho y estudios serios nos están sacando de los peores lugares. Según el INEC estamos en el 51% de satisfacción, y en un estudio de usuarios tenemos el 70% de satisfacción. Debemos seguir mejorando, aunque tenemos un margen bastante alto.

"También se transparenta el ejercicio profesional del abogado, que ya no puede decirle cualquier cosa al cliente, van juntos a la audiencia y el cliente va a ver su actuación. Ahí se va a ver la calidad de los abogados, se transparenta la relación del abogado con el juez también".

Los propios abogados reconocen que han disminuido los tiempos de trámite de las causas. ¿Es atribuible a las reformas que han implementado?

Sí duda, no se trata de generación espontánea. Hemos implementado más jueces, estándares éticos, infraestructura, mediación, cultura de paz. Los tiempos procesales se han reducido de manera ostensible. Un juicio ejecutivo, que podía durar hasta dos años, ahora dura cuatro meses en promedio. El 30% de estos juicios se están conciliando. Hay una rebaja ostensible en el trámite de los juicios. Los jueces deben tomar las decisiones en la audiencia, ya no pueden estar dormidos. Hay justicia en la audiencia, hay transparencia en las decisiones, el juez debe decidir en público. También se transparenta el ejercicio profesional del abogado, que ya no puede decirle cualquier cosa al cliente, van juntos a la audiencia y el cliente va a ver su actuación. Ahí se va a ver la calidad de los abogados, se transparenta la relación del abogado con el juez también.

¿Cómo ve usted el escenario de la consulta popular? Esto podría significar la salida de su CNJ, ¿cómo podría afectar eso su proceso?

Somos funcionarios públicos y estamos aquí de manera transitoria. Nos parece que consultar al pueblo siempre es un acto democrático, esperemos los resultados de la consulta, nos someteremos a las evaluaciones que se consideren pertinentes. Tenemos un plan para el año que nos queda, hemos cumplido nuestro plan estratégico, y vamos a resolver todavía algunos temas pendientes. Esperamos terminar con el sistema escrito, consolidar la carrera judicial, nuevas infraestructuras y consolidar la oralidad procesal, lo haremos en el año que nos queda.

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